Sin sorpresas los barranquilleros que conocemos el caso del raponeo de su empresa de acueducto, alcantarillado y aseo vimos el debate propuesto por el Senador Jorge Robledo en la Comisión V. Hay que agradecer al destacado congresista su permanente preocupación en este álgido tema y a su vez rectificarle que en esta ciudad muchos si conocemos los intríngulis y vericuetos de esta empresa. Sirva de ejemplo más de 20 reportajes alrededor de diversos matices de estos negociados expuestos en Corrupción al Día.

El debate sirvió para afianzar varios ejes de líneas investigativas periodísticas:

  1. Las maniobras nada claras e ilegales para capturar las acciones del Distrito de Barranquilla en la capacidad accionaria de la empresa.
  2. El desbarajuste administrativo y su correlacionada corrupción.
  3. La complicidad –por acción u omisión- de varios Alcaldes de Barranquilla. Hoyos; que salió mal librado al acusarlo Robledo de propiciar en medio de la ola neoliberal de privatización del estado a través de macropolíticas del Banco Mundial y después de prorrogar, sin estudio ni excusa valedera, el contrato de concesión hasta 2033; Edgar George que crea una serie de accionistas nuevos, mampara utilizada para abrirle la puerta al apoderamiento gradual de las acciones con un 35%, Guillermo Hoegnisberg que ante un pedido de la insaciable Inassa para aumentar su número de acciones, decidió impetrar una demanda y después la gestión nada clara en el primer mandato de Alex Char cuando amenaza de boca a los españoles, estos llegan a Colombia para que Álvaro Uribe interceda por ellos, los filman entregando bolsas con supuestas coimas en Cartagena, hechas eco por la prensa hispana que aseguraron que Char fue negociado y, efectivamente, decidió en acto administrativo, desistir de la demanda colocada por su antecesor Hoegnisberg sobre Inassa y Triple A.
  4. La complicidad por acción u omisión de la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría. Nunca vieron nada raro ni torcido en todo el proceso.
  5. Los mitos y leyendas construidos sobre la eficiencia administrativa de la Triple A, repetidas como loros por medios de comunicación aceitados convenientemente por su poderoso departamento de Comunicaciones.
  6. La exculpación de ciertos pecadillos veniales de la administración con la excusa que el servicio mejoró ostensiblemente.
  7. El ensalzamiento y elogios desmedidos hacia los administradores concesionarios españoles, presentados con un know how impresionante, con ínfulas de inversionistas que venían con toda su carga de experiencia a enseñarnos la forma en que se maneja una empresa de servicios públicos. Esto fue desmontado cuando en la Asamblea del Ayuntamiento de Madrid, un miembro de la cúpula de Canal Isabel señaló que “ni un solo peso se invirtió en las aventuras empresariales fuera de España”. El senador Robledo dijo además, y es rigurosamente cierto, que muchas de las obras aparentemente emprendidas por la empresa fueron subsidios otorgados por el gobierno colombiano en el marco de sus planes de desarrollo y política ambiental. Según Robledo, entre gobierno y distrito, la Triple A recibió más de 1.36 billones de pesos.

Las apreciaciones del gerente Guillermo Peña Bernal

El presidente de la Comisión V del Senado, José David Name, que por cierto estuvo solo una parte de la sesión, presentó una denuncia que involucra al gerente de la Triple A, Guillermo Peña en contratos de transporte y la presencia de una inhabilidad sobreviniente que fue respondida por el acusado indicando, palabras más, palabras menos, que se trata de una estrategia de algunos sectores en Barranquilla para crear una atmósfera negativa en torno a la gestión de la Sociedad de Activos Especiales que fue, por tener en su poder por proceso de extinción de dominio con el 85%, quién lo nombró en el cargo.

El gerente, con toda la calma del caso, igual al que se encuentra inmerso en oración profunda, señalo las graves anormalidades que encontró en la empresa. Por ejemplo, en mayo de 2018 la Asamblea de Accionistas contrata una auditoría. Sin embargo, llega la SAE y no encuentra a este importante y fundamental funcionario. Nunca lo hubo a pesar que tiene un claro mandato legal en el sentido de contar con Revisoría Fiscal y Auditoría a lo largo del proceso de administración por parte de Inassa y los españoles. Veamos la exigencia al respecto en la Ley 142 de 1994:

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ARTÍCULO 51. AUDITORÍA EXTERNA. <Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 689 de 2001. Aparte subrayado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE. El nuevo texto es el siguiente:> Independientemente del control interno, todas las Empresas de Servicios Públicos están obligadas a contratar una auditoría externa de gestión y resultados permanente con personas privadas especializadas. Cuando una Empresa de Servicios Públicos quiera cambiar a sus auditores externos, deberá solicitar permiso a la Superintendencia, informándole sobre las causas que la llevaron a esa decisión. La Superintendencia podrá negar la solicitud mediante resolución motivada.

Sigamos con los hallazgos del gerente Peña que denuncia que no había objetividad en materia de contratación ni criterios al respecto. Citó el truco de esperar la fecha límite del vencimiento de los contratos, para acudir a la urgencia decidiendo sobre hechos cumplidos, tal como sucedió en el contrato con Aseo Técnico. No existía manual de contratación ni estudios de los contratos y habilidad o inhabilidad de los contratistas, desconocimiento y evasión del régimen fiscal, permisibilidad en los contratos al no encontrase bajo la lupa de auditoría, contratos sin consulta ni aprobación con la Junta Directiva de la empresa algunos por más de $50.0000.

Algo más. A los socios minoritarios no solo se les pagaba su dividendo, sino que se le adjudicaban contratos por más de $284.000 millones. Esta cifra, entrecruzadas entre la administración Char y Noguera dio cifras de $35.000 millones que según su criterio, era un entrecruce de operaciones clientelistas, hecho que reafirmó el senador Robledo sugiriendo que igual que Odebretch, en estos pagos se camuflaban financiamientos de campañas electorales.

María Victoria Torres Cristancho.

El turno de María Virginia Torres, Presidenta de la Sociedad de Activos Especiales

La señora Torres describió el estado caótico de la administración de la Triple A asegurando que en Barranquilla había grupos de la élite interesados en causar pánico en torno a la SAE y la custodia por vía de extinción de dominio recordando que ellos tienen la calidad jurídica de secuestre y solo deben velar por la estabilidad y producción del bien pero sin inmiscuirse en procesos de ventas o de resolver la propiedad final del accionariado. Es que en Barranquilla, reitero la presidenta de la SAE, hay sectores de la élite político económica de la ciudad aliados de las acciones de los españoles, avalados, remató, “con medios de comunicación con gente de alto nivel” que disfrazan la realidad de la empresa, pues tienen intereses comunes en el retorno al desorden administrativo sin ningún control que tenía esta empresa que, como se mencionó, se le creó una matriz mediática de altamente eficiente en sus procesos, pero que según la señora Torres de la SAE, fue una falla total del gobierno corporativo.

Una curiosidad que no se practica en ninguna empresa del mundo. Ni privada ni publica fue otro hallazgo mencionado por la Presidente de la SAE en el sentido que se aceptaban “ofertas”, asimilándolas a contratos definidos y firmados interpartes y que como tal se pagaban.

Conclusiones del senador Jorge Robledo

No hay excusas posibles para el desbarajuste administrativo de la Triple A situados en la aparente cobertura y calidad del servicio que en gran parte fueron hechas por los gobiernos nacional y distrital en sus políticas públicas de saneamiento ambiental. Una conspiración de corrupción a gran escala débil o nulamente controlada que movió gruesos capitales en maniobras jurídicas financieras dolosas, rematando con que esas ganancias bien podían ingresar a las arcas del distrito de Barranquilla para planes sociales o rebajando tarifas para hacer la ciudad competitiva para los inversionistas.

Nada de lo anterior pareció interesarle al Alcalde Char que decidió no concurrir al debate, a pesar que estaba citado y se le había enviado un cuestionario ni envió a ningún representante suyo. No le importan pues, que el 85% de las acciones puedan eventualmente retornar al poder la ciudadanía barranquillera de la cual es su representante legal.

Sigue la película de la Triple A con su carga de acción, robos, testaferros, coimas y un sinnúmero de delitos en contra de la administración pública. Todavía no hay desenlace.

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