Hace 10 días, le llegó a la Procuraduría y a la Fiscalía una carta de los apoderados de la española Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa).
En efecto, evidencia en poder de la Procuraduría y de la Fiscalía señala que se realizaron millonarios contratos ficticios, con el visto bueno de Ramón Navarro, presidente de la Triple A por 11 años, llamado a juicio disciplinario. Además, que Inassa recibió pagos irregulares por 237.000 millones de pesos, que salieron de las arcas de la empresa barranquillera por un contrato de asistencia técnica que nunca se ejecutó.
Decenas de testimonios de ejecutivos de la Triple A así lo señalan. Y este diario tiene en su poder un informe pericial inédito, de noviembre de 2017, –atribuido a la empresa de auditoría Grant Thornton–, en el que se llega a la misma conclusión: al personal de Triple A “no les consta que existe documentación alguna que acredite de forma expresa la prestación de esa asistencia técnica”.
No obstante, Inassa insiste en que sí prestó dicho apoyo e incluso lo soportó en más de 500 documentos emanados de esa misma auditora, en fechas posteriores. Pero ahora le está proponiendo a la Procuraduría un arreglo que, si bien está en estudio, algunos investigadores califican de entrada como impositivo y desventajoso.
La oferta
Los abogados César Barrero Berardinelli y Mario Pérez Torres, apoderados de Inassa, dicen que, a cambio de que cesen todas las investigaciones y demandas en su contra, que cursan en Colombia, ofrecen renunciar al polémico contrato de asistencia técnica, que tiene vigencia hasta el 2033.
Esto significa que Barranquilla deberá retirar la demanda civil que les interpuso; la Procuraduría debe terminar anticipadamente la acción popular y la Fiscalía, archivar la investigación penal en su contra y el proceso de extinción sobre las acciones de Inassa en la Triple A.
Para convencer a los entes de control y a Barranquilla, Inassa ofrece la realización de varias inversiones –adicionales a las que la Triple A debe hacer–, por un monto de 175.000 millones de pesos. Eso incluye una planta de tratamiento de agua, un tanque de almacenamiento y una nueva línea de aducción de 5 kilómetros.
Pero aquí está la primera salvedad que preocupa a algunos funcionarios que ya conocen la oferta. Si bien Inassa advierte que entregará la titularidad sobre las obras y equipos resultantes de las llamadas inversiones voluntarias, lo que promete invertir no cubre la totalidad del dinero del que, según las autoridades colombianas, se apropió irregularmente.
Y EL TIEMPO estableció que el monto de la inversión que ofrecen podría disminuir en caso de que Inassa detecte algún deterioro en los estados financieros de la empresa desde que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumió su control, en octubre de 2018.
Para ello, exigen hacer una auditoría de contraste entre los resultados del último informe de la junta directiva (en la que ellos participaron) con los resultados actuales.
Borrador, listo
Otra condición de los españoles consiste en que la Fiscalía les devuelva de inmediato su calidad de accionistas mayoritarios de la empresa barranquillera por un tiempo que estará ligado a la ejecución de las inversiones que están ofreciendo.
Y si bien con eso dicen estar garantizando que harán las obras que exige la Procuraduría en la Acción Popular –en caminadas a mejorar la infraestructura de servicios, garantizando su acceso–, hay otra lectura sobre ese punto.
“Esas inversiones no son voluntarias. La prestación del servicio las exige y son prácticamente obligatorias”, asegura un experto en el caso.
Y agrega que los españoles están atando su permanencia en Colombia a esas inversiones, anotando que si bien estiman que se ejecutarán en un plazo de 3 a 5 años, también dicen tener “necesidades proyectadas e identificadas por Inassa para un horizonte temporal cercano a los 20 años”.
En otro de los puntos de la propuesta se habla de que los españoles entregarán las garantías necesarias en las que consta que cuentan con las fuentes de financiación para ejecutar las inversiones.
Sin embargo, aún nadie conoce ni el monto de las garantías, ni en qué consisten, ni cuál es su duración. A pesar de esos vacíos, EL TIEMPO confirmó que hace unos días hubo una reunión confidencial en la que se discutió la oferta de Inassa.
De hecho, ya existe un borrador del llamado “Acuerdo de Conciliación, ofrecimientos, términos y condiciones de un proyecto de acto de cumplimiento” que implica a Inassa, a la Fiscalía General de la Nación, al Distrito Especial de Barranquilla y a la Procuraduría .
Llama la atención el hecho de que ya esté confeccionado el documento en Colombia a pesar de que los apoderados de Inassa advierten claramente que aún necesitan el visto bueno de las máximas instancias de su casa matriz.
En efecto, dicen que el acuerdo “está sujeto a que se cumplan los procedimientos para la aprobación por parte del Canal Extensia, S.A.U., Canal Isabel Segunda S.A., así como los órganos competentes de la Comunidad de Madrid”.
Finalmente, advierten que con este ofrecimiento no están aceptando o reconociendo responsabilidad alguna por los cargos que se le han hecho en Colombia. Incluso, dicen que, el 10 de mayo, radicaron un documento de respuesta al fallo de la Acción Popular emitido por el Tribunal de Cundinamarca.
Este jueves, está prevista una junta directiva de la Triple A, en la que seguramente se ventilarán los puntos de la oferta española. Y para el próximo martes, el senador del Polo, Jorge Robledo, tiene citado un debate de control político en el que, entre otras cosas, quiere que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, explique por qué el distrito pasó de tener el 50 por ciento de las acciones de la Triple A, a tan solo el 15 por ciento.
Además, cuáles fueron las medidas que se tomaron para evitar las apropiaciones irregulares, que la Procuraduría estima en más de 100 millones de dólares.
En cualquier caso, antes de aceptar la oferta de Inassa, se tiene que contar con el visto bueno de la Procuraduría, la Fiscalía y del Distrito de Barranquilla.
Además de Navarro, por este caso ya han sido llamados a responder los también exgerentes de la Triple A Francisco Olmos, Luis Fernando Arboleda, Carlos Ariza y Ramón Hemer.
El caso va a debate de control político
El próximo martes se llevará a cabo un debate de control político en el Senado sobre el caso de corrupción en la Triple A. Entre los citados está el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño.
Dentro de las preguntas que se le formularán a Char está cómo y por qué razón el distrito de Barranquilla pasó de tener el 50 por ciento de las acciones de la poderosa Triple A a solo el 15 por ciento. Además, le pedirán que explique qué medidas tomó la alcaldía para evitar las apropiaciones de más de 100 millones de dólares y, también, acerca de la ejecución de estrategias para evitar que estas prácticas se sigan repitiendo.
Por otro lado, le exigirán una presentación del balance de las utilidades que ha tenido la empresa desde su fundación, año por año, identificando cuánto dinero ha recibido el distrito por su participación.
TOMADO DE EL TIEMPO. UNIDAD INVESTIGATIVA
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