Cuando los guardianes del engaño prefieren hundirse con el barco antes que admitir su complicidad
El gobernador Eduardo Verano de la Rosa finalmente lo dijo: la situación del rector de la Universidad del Atlántico es «insostenible«. Qué palabra tan conveniente. Tan elegante. Tan diplomática. Una palabra que suena a preocupación institucional cuando en realidad es la confesión de un encubridor que ya no sabe cómo sostener la mentira.
Porque eso es exactamente lo que acaba de hacer el gobernador: reconocer públicamente que sostuvo a un rector a sabiendas de que no cumplía con los requisitos legales para el cargo. Que sabía de las irregularidades. Que tuvo toda la información sobre el fraude. Y aun así, decidió mirar hacia otro lado hasta que el gobierno nacional le puso el pie en el cuello y anunció la posible remoción de cuatro miembros del Consejo Superior, todos los vicerrectores, la secretaria general y la jefe jurídica de la institución.
Bienvenidos a la radiografía de un poder que prefiere la complicidad antes que la dignidad institucional.
El Consejo Superior: Un casting perfecto para la impunidad
Para entender por qué la Universidad del Atlántico se hundió en esta crisis sin que nadie moviera un dedo, basta con mirar quiénes conforman su Consejo Superior. No es un órgano de gobierno universitario: es una obra de teatro donde cada actor conoce su papel y todos responden al mismo director de escena.
Eduardo Verano de la Rosa: El presidente que reconoce su prevaricato
Preside este espectáculo en su tercer mandato como gobernador, respaldado por Cambio Radical y—aunque lo niegue con vehemencia—orientado por la casa Char. Estudiantes y profesores no le creen «ni cinco«, según se escucha en los pasillos de la universidad.
Y con razón: cuando un gobernador admite que algo es «insostenible«, está reconociendo que sostuvo lo insostenible. Es la confesión disfrazada de preocupación. Más grave aún: admitir que sostuvo a un rector ilegal a sabiendas es reconocer el delito de prevaricato y fraude procesal. No fueron inducidos a cometerlos: estaban advertidos de la falsificación ideológica desde el principio.
Melisa Obregón Lebolo: La voz silenciosa del gobierno nacional
Representante del Presidente de la República, socióloga egresada de Uniatlántico y militante de Colombia Humana, llegó a este cargo desde la gerencia de Prosperidad Social en el Atlántico. Su silencio durante la crisis ha sido tan elocuente como su ausencia de propuestas. Cuando el gobierno nacional finalmente decide intervenir, su posición en el Consejo queda expuesta: observadora pasiva de un naufragio anunciado.
Ricardo Moreno Patiño: El Legado de los Errores Ministeriales
Representante del Ministerio de Educación, carga con el lastre de haber sido asesor de la ex ministra Aurora Vergara, quien ya tiene su propia historia de equivocaciones con la rectoría de la Universidad Nacional. Licenciado en Ciencias Sociales, militante de Colombia Humana, su papel en este consejo ha sido más decorativo que decisivo. Las propuestas del Ministerio han sido sistemáticamente neutralizadas en el Consejo, y su presencia no ha logrado revertir esta dinámica.
Miguel Antonio Caro: El operador que destruye las propuestas
Representante de las directivas académicas, matemático y actual vicerrector de investigaciones, es descrito como «ficha del ex rector Danilo Hernández«. Militante de Cambio Radical, su ascenso político ha sido posibilitado por la casa Char. Según fuentes internas, su misión principal ha sido «destruir las propuestas del Ministerio en el Consejo Superior». Un trabajo que, aparentemente, ha cumplido con eficiencia quirúrgica.
Wendell Archibold: El Hijo Putativo que Cambió de Bando
Representante de los profesores, contador público y docente del programa de Contaduría, es descrito como «hijo putativo del ex rector Danilo Hernández» y socio del mismo en empresas particulares. Su carrera política la debe a Cambio Radical y a la casa Char, quienes le pusieron los votos para llegar al Consejo Superior.
Hoy, estratégicamente distanciado de Cambio Radical en su disputa con Leyton Barrios, su lealtad parece ser tan flexible como las circunstancias lo requieran. La representación profesoral convertida en pieza de ajedrez de intereses políticos.
Angelly Cordero: La Estudiante que No Habla, No Opina, Solo Vota
Representante de los estudiantes y estudiante de economía, fue elegida con el apoyo irrestricto del ex rector Danilo Hernández y los votos de Cambio Radical. Hoy alejada de Danilo pero «en el corazón de la casa Char«, su participación en el Consejo se resume brutalmente en una frase que circula en la universidad: «No habla, no opina, solo vota siguiendo un libreto«.
La representación estudiantil reducida a un sello de goma con rostro humano. Miles de estudiantes representados por alguien que ha renunciado al ejercicio de la palabra y el pensamiento crítico.
Abraham Scoll: Cuando los Argumentos se Resuelven a Puñetazos
Representante de los egresados, químico de Uniatlántico, llegó al cargo con el apoyo de Cambio Radical bajo la tutela del hermano de la ex gobernadora Elsa Noguera Carbonell. En la memoria institucional queda registrado un episodio que define su temperamento: en 2016 le rompió la cara a golpes al representante de los estudiantes ante el Consejo Superior, Jonathan Camargo, por ser de izquierda.
Violencia política como método de argumentación. Este es el perfil que representa a los egresados en el máximo órgano de gobierno universitario.
Manuel Fernández Ariza: El Sector Privado que Vive del Sector Público
Representante del sector productivo, economista de Los Andes, ha transitado por múltiples cargos públicos de la mano de Cambio Radical y del alcalde Alejandro Char: secretario de hacienda, gerente de Transmetro, y actualmente director de la Cámara de Comercio, controlada por la organización empresarial Olímpica.
El sector privado representado por alguien que ha construido su carrera en el sector público. La ironía sería cómica si no fuera tan reveladora del sistema de poder que controla la institución.
Guillermo Rodríguez Figueroa: El centenario que avala el presente
Representante de los ex rectores, ingeniero químico de Uniatlántico que recientemente cumplió 100 años de edad, fue elegido con los votos de los ex rectores bajo la dirección del ex vicerrector de bienestar Álvaro González, del partido Cambio Radical y de la casa Char.
Un centenario que avala con su prestigio histórico las decisiones de quienes controlan la institución en el presente. La memoria institucional puesta al servicio de la captura contemporánea.
El Sistema Silencioso: Cuando todos saben y nadie actúa
Este Consejo Superior no es una anomalía: es el resultado perfecto de un sistema diseñado para la captura institucional. Cuando el gobernador Verano dice que la situación del rector es «insostenible», no está descubriendo un problema nuevo. Está admitiendo que sostuvo conscientemente a un rector que engañó a todos los comités, engañó al Consejo Superior, engañó a la ciudadanía.
Y aquí está la verdad incómoda que nadie quiere pronunciar: fueron advertidos. Todos. Desde el principio. Las irregularidades en la documentación del rector Leyton Barrios no eran un secreto. La falsificación ideológica no era una hipótesis. Era un hecho conocido, documentado, evidenciado.
Entonces, ¿por qué lo sostuvieron? Porque en este sistema, sostener al corrupto es más conveniente que exponer la corrupción. Porque admitir el error es reconocer la complicidad. Porque cada miembro de este Consejo tiene algo que perder si se destapa la olla completa.
La Red Subterránea: Todos los caminos llevan a la Casa Char
Si hay un patrón que atraviesa esta historia como un hilo rojo, es la presencia ubicua de la casa Char y Cambio Radical. No importa desde qué ángulo se mire el Consejo Superior: todos los caminos conducen a las mismas estructuras de poder.
El gobernador, aunque lo niegue, es orientado por la casa Char. El representante de las directivas académicas debe su ascenso político a Cambio Radical y la casa Char. El representante de los profesores llegó con los votos de Cambio Radical. La representante de los estudiantes está «en el corazón de la casa Char«. El representante de los egresados fue elegido bajo la tutela del hermano de la ex gobernadora Char. El representante del sector productivo ha construido su carrera de la mano de Alejandro Char.
No es una conspiración. Es simplemente así como funciona el poder cuando nadie lo cuestiona: se infiltra en cada espacio, coloniza cada representación, controla cada decisión. Y cuando llega la crisis, todos miran hacia otro lado porque todos tienen algo que proteger.
El Gobernador sin pantalones: La cobardía institucional
Eduardo Verano de la Rosa enfrenta ahora el momento definitivo de su tercer mandato. El gobierno nacional ha decidido intervenir, lo más probable es que remueva a cuatro miembros del Consejo Superior, todos los vicerrectores, la secretaria general y la jefe jurídica. La pregunta que resuena en los pasillos de la universidad y en los círculos políticos de Barranquilla es devastadoramente simple: ¿por qué tuvo que llegar el gobierno nacional a hacer lo que el gobernador debió hacer desde el principio?
La respuesta es igual de simple: porque Verano no tiene los pantalones para tomar decisiones que pongan fin a una crisis que él mismo ayudó a crear. Porque sacar al rector que ellos mismos eligieron, a pesar de los fraudes que cometió Leyton Barrios y que ahora son materia de investigación, sería admitir públicamente su propia complicidad.
Y aquí está el núcleo del problema: la impunidad de los gobernantes no es solo un tema de leyes débiles o procesos judiciales lentos. Es, fundamentalmente, una cuestión de cobardía institucional. Es la incapacidad de asumir las consecuencias de las propias decisiones. Es preferir sostener la mentira hasta que alguien más venga a limpiar el desastre.
Verano intentó defender lo indefendible hasta el último momento. Cuando ya no tuvo más remedio que reconocer que la situación era «insostenible», lo hizo con la retórica de quien lamenta una tragedia inevitable, no con la honestidad de quien reconoce su responsabilidad en causarla.
El Concierto para Delinquir: Todos deben irse con Leyton
La lógica es implacable: si el rector debe irse por fraude, todos los directivos que participaron en el «concierto para delinquir» deben irse con él. No se trata de un error administrativo. No es una irregularidad menor. Es un fraude sistemático, conocido, advertido y sostenido por quienes tenían el deber de impedirlo.
El gobernador Verano reconoció públicamente que sostuvo a un rector ilegal a sabiendas. Eso es prevaricato. Los miembros del Consejo Superior que votaron a favor de mantenerlo en el cargo teniendo conocimiento de las irregularidades son cómplices de fraude procesal. Los vicerrectores, la secretaria general y la jefe jurídica que operaron bajo esta rectoría fraudulenta son parte del mismo entramado.
No es venganza. Es consecuencia. Cuando un sistema institucional colapsa por corrupción, no basta con remover al cabecilla. Hay que desmontar la estructura completa que hizo posible y sostuvo la corrupción.
La Pregunta que nadie quiere responder
¿Cómo es posible que en una universidad pública, con mecanismos de control, con representación de diversos sectores, con veedurías ciudadanas y organismos de fiscalización, un rector pueda llegar al cargo mediante fraude y sostenerse durante meses mientras todos los que debían impedirlo miraban hacia otro lado?
La respuesta está en cada uno de los perfiles que conforman el Consejo Superior. Está en la captura institucional. Está en la red de complicidades que se tejen cuando el poder político coloniza los espacios de la academia. Está en la resignación de quienes saben pero callan. Está en la violencia de quienes prefieren los puñetazos antes que los argumentos. Está en la representación estudiantil reducida a un libreto. Está en la cobardía de un gobernador que necesitó que el gobierno nacional le dijera lo que debió hacer desde el principio.
El Ciclo que Debe Romperse
Esta no es la primera crisis de la Universidad del Atlántico. No será la última si no se rompe el ciclo. Porque el problema no es solo Leyton Barrios. El problema es el sistema que hizo posible a Leyton Barrios. El problema es un Consejo Superior diseñado no para gobernar la universidad, sino para controlarla. El problema es una estructura de poder que convierte la educación pública en botín político.
Mientras el gobernador Verano y los miembros del Consejo Superior que participaron en este fraude no enfrenten consecuencias reales—no solo la vergüenza pública, sino procesos judiciales y sanciones políticas—, el mensaje que se envía a futuros gobernantes es claro: pueden sostener la corrupción todo el tiempo que quieran, hasta que alguien más venga a limpiar el desastre. Y cuando ese momento llegue, bastará con decir que la situación era «insostenible», como si fueran víctimas de las circunstancias y no los arquitectos del desastre.
Más Allá de los Titulares: Lo que Esta Crisis Revela
Esta historia va más allá del caso específico de la Universidad del Atlántico. Es un espejo en el que se reflejan las dinámicas de poder que operan en instituciones públicas de todo el país. La captura institucional no es un concepto abstracto: tiene nombres, apellidos, partidos políticos y estructuras de poder identificables.
Cuando miramos al Consejo Superior de Uniatlántico, no vemos individuos aislados tomando decisiones autónomas. Vemos un sistema perfectamente engrasado donde cada pieza cumple su función: sostener el poder de quienes controlan la máquina política regional.
Y cuando ese sistema colapsa—porque eventualmente todos colapsan—, la reacción no es asumir responsabilidades, sino buscar culpables externos, minimizar el daño, sostener al corrupto hasta que sea imposible seguir haciéndolo, y finalmente retirarse con la retórica del lamento institucional.
La Pregunta Final: ¿Quién Pagará?
Al final, como siempre, la pregunta es: ¿quién pagará por este desastre? ¿Enfrentará el gobernador Verano consecuencias legales por prevaricato? ¿Serán investigados y sancionados los miembros del Consejo Superior que sostuvieron a un rector ilegal a sabiendas? ¿O simplemente pasaremos la página, con algunos removidos de sus cargos pero sin consecuencias reales, listos para ocupar nuevos espacios de poder en el próximo ciclo electoral?
La historia reciente de Colombia sugiere que la impunidad ganará nuevamente. Que habrá indignación pública, artículos de prensa, declaraciones oficiales, y luego… nada. El sistema se reacomodará, los mismos actores encontrarán nuevos roles, y la corrupción continuará operando con la misma eficiencia de siempre.
Pero existe otra posibilidad: que esta crisis se convierta en el punto de quiebre. Que la ciudadanía, los estudiantes, los profesores, los egresados que sí se toman en serio la universidad, exijan no solo la remoción de los responsables, sino un cambio estructural en la forma en que se gobierna la institución.
Que se cuestione el diseño mismo del Consejo Superior. Que se exija transparencia real en los procesos de elección. Que se sancione penalmente a quienes cometieron fraude procesal y prevaricato. Que se investigue a fondo las conexiones entre el poder político regional y la captura de la universidad pública.
La Decisión es Ahora
El gobernador Verano enfrenta una decisión que definirá su legado: puede seguir intentando sostener lo insostenible, protegiendo a un rector investigado por fraude y a los directivos que participaron en el concierto para delinquir. O puede hacer lo que debió hacer desde el principio: asumir su responsabilidad, reconocer su complicidad, y facilitar la limpieza completa de una institución que ha sido secuestrada por el poder político.
No necesita pantalones. Necesita decencia institucional. Necesita entender que el cargo de gobernador no es una franquicia del poder regional, sino una responsabilidad con la ciudadanía. Necesita comprender que cada día que sostiene a Leyton Barrios y a su equipo directivo es un día más en el que confirma su propio prevaricato.
Pero si la historia sirve de guía, Verano seguirá haciendo lo que mejor sabe hacer: esperar a que alguien más tome las decisiones difíciles, para luego lamentarse públicamente de que la situación era «insostenible».
Y mientras tanto, la Universidad del Atlántico seguirá pagando el precio de tener un Consejo Superior diseñado no para gobernar, sino para controlar. Para sostener el poder de quienes ven la educación pública no como un derecho, sino como un botín.
La corrupción no solo se denuncia. Se disecciona. Y cuando se disecciona con precisión, revela exactamente lo que este caso muestra: un sistema podrido desde la raíz, sostenido por la cobardía de quienes tienen el poder de cambiarlo pero prefieren la comodidad de la complicidad.
¿Seguirá Colombia permitiendo que sus universidades públicas sean capturadas por maquinarias políticas regionales? ¿O finalmente entenderemos que la educación pública merece ser gobernada por quienes creen en ella, no por quienes la ven como escalón de sus carreras políticas?
La respuesta está en construcción. Pero por ahora, lo único claro es que el gobernador Verano y el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico han demostrado que cuando se trata de enfrentar la corrupción que ellos mismos ayudaron a crear, prefieren hundirse con el barco antes que admitir que nunca debieron embarcar.
