La revolución anticorrupción de Petro terminó donde empezaron todas: en el bolsillo de los congresistas
La Fiscalía General acaba de imputar cargos a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, exministros de Hacienda e Interior respectivamente, por coordinar desde las más altas esferas del gabinete un esquema de corrupción que convirtió la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) y el Invías en supermercados de contratos. El precio de cada producto era simple: tu voto a favor de las reformas del gobierno. El catálogo incluía 79 contratos por 612.237 millones de pesos. De esos, solo se firmaron 7, pero la intención criminal estaba completísima.
Qué ironía tan brutal. El presidente que llegó al poder prometiendo acabar con las «mafias» que han gobernado Colombia terminó usando exactamente el mismo manual de operaciones que sus predecesores. Gustavo Petro, el abanderado de la transparencia, el enemigo declarado de la corrupción tradicional, el que señalaba con dedo acusador a cada gobierno anterior, construyó su propia maquinaria de sobornos con la eficiencia de quien lleva décadas perfeccionando el oficio. Solo que esta vez, el discurso venía envuelto en retórica progresista.
El Mecanismo: Viejo conocido con nuevo eslogan
Aquí viene lo verdaderamente grotesco del asunto. Este gobierno, que se vendió como la ruptura con el establecimiento corrupto, utilizó exactamente los mismos engranajes que venían oxidándose desde hace décadas en el Congreso. Los congresistas extorsionadores de siempre —esos que Petro denunciaba en sus discursos incendiarios cuando era oposición— encontraron en su administración a un comprador dispuesto.
¿Cómo funciona este «mecanismo invisible» que permite perpetuar la corrupción bajo nuevas banderas ideológicas? Es simple, elegante en su perversión: el gobierno necesita aprobar reformas (Salud, Pensional, operaciones de crédito público), los congresistas tienen el poder de bloquearlas o aprobarlas, y en medio aparece un intermediario —en este caso, dos ministros— que convierte recursos públicos en monedas de cambio político.
La Fiscalía lo dice sin eufemismos: Bonilla y Velasco coordinaron el direccionamiento de contratos para favorecer a congresistas a cambio de su aval. Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Diego Muñoz, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo. Nombres que se repiten en cada escándalo de corrupción del Congreso colombiano. Pero ahora, en lugar de negociar con el «enemigo neoliberal«, negociaban con el «gobierno del cambio«.
¿Ven la trampa? La corrupción no tiene color político. No le importa si el discurso es de izquierda o derecha, progresista o conservador. Solo necesita dos cosas: poder para ofrecer y ambición para recibir.
Los Actores: Ministros con memoria selectiva
Ricardo Bonilla, desde su púlpito de ministro de Hacienda, declaró ante la jueza con la indignación perfectamente ensayada de quien se sabe atrapado pero confía en que el sistema lo protegerá: «Nunca he tenido un peso de la actividad ilícita«. Claro que no, Ricardo. Los corruptos sofisticados nunca tienen «un peso» directamente. Para eso están los intermediarios, las triangulaciones, los contratos fantasma y toda esa ingeniería criminal que convierte el saqueo en «gestión pública«.
Luis Fernando Velasco, por su parte, cerró con broche de oro: «No tengo nada que ver«. Por supuesto que no. Fue ministro del Interior, coordinaba la relación con el Congreso, pero cuando 79 contratos se direccionaban para comprar votos en las comisiones que debían aprobar las reformas de su gobierno, él estaba mirando para otro lado. O quizás estaba muy ocupado defendiendo la «paz total» como para notar que su administración estaba en guerra total contra la decencia.
Ambos niegan los cargos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Ambos se refugian en la narrativa de «persecución política» que tanto criticaban cuando la usaban otros. Ambos olvidan que fueron parte de un gabinete que prometió ser diferente.
El Impacto Real: Cuando las reformas se compran con dinero público
Aquí está el verdadero crimen que debería indignar a cada colombiano: las reformas a la salud y pensional, esas que supuestamente iban a «proteger» a los más vulnerables, se negociaron con los mismos métodos que este gobierno denunciaba en campaña. Cada voto a favor no fue producto de la convicción ideológica ni del debate democrático. Fue el resultado de una transacción comercial donde los recursos que deberían atender emergencias (UNGRD) o construir vías (Invías) se convirtieron en sobornos disfrazados de contratos.
¿Cuántas vidas no se salvaron porque esos $612.237 millones de pesos no llegaron a su destino legítimo? ¿Cuántas carreteras no se construyeron? ¿Cuántas comunidades vulnerables siguieron vulnerables porque su presupuesto terminó en el bolsillo de congresistas que vendieron su voto al mejor postor?
Este es el «impacto oculto» que la propaganda oficial nunca menciona: cada peso desviado es una oportunidad de desarrollo que se evapora, es una familia que sigue en la pobreza, es un hospital que no se construye, es una carretera que sigue siendo trocha.
El Sistema que lo permite: La conexión perdida entre promesa y realidad
El caso UNGRD no es un incidente aislado ni el resultado de «manzanas podridas» en el gabinete. Es la expresión más cristalina de un sistema político colombiano que funciona con la misma lógica desde hace décadas, independientemente de quién gobierne. La «conexión perdida» aquí es entre el discurso transformador de campaña y la realidad corrupta del ejercicio del poder.
Petro llegó prometiendo romper con las prácticas tradicionales de la politiquería. Su diagnóstico era correcto: Colombia estaba podrida de corrupción, los congresistas funcionaban como mercaderes de votos, las instituciones estaban capturadas por intereses privados. Pero su solución fue convertirse en un cliente más del mismo mercado que prometía desmantelar.
¿Por qué sucede esto? Porque el sistema está diseñado para perpetuarse. La estructura política colombiana, con su compleja red de clientelismo, su financiación oscura de campañas, su Congreso fragmentado en docenas de microempresas electorales, y su cultura de impunidad judicial, genera incentivos perversos donde la única forma de gobernar parece ser negociando con los corruptos de siempre.
Este es el «ciclo secreto» que se repite: llega un gobierno nuevo con promesas de cambio, se enfrenta a un Congreso hostil que exige su tajada, el ejecutivo tiene dos opciones (no gobernar o pagar el peaje), elige la segunda, y cuando estalla el escándalo, todos fingen sorpresa. Luego viene otro gobierno con las mismas promesas, y el ciclo vuelve a empezar.
La Pregunta Incómoda: ¿Cuál es la diferencia?
Seamos brutalmente honestos: ¿En qué se diferencia este esquema de corrupción de los que protagonizaron Ernesto Samper con el Proceso 8000, Álvaro Uribe con la parapolítica y las chuzadas, o Juan Manuel Santos con Odebrecht? La respuesta es dolorosa: en nada sustancial. Solo en el discurso que lo acompañaba.
Cada uno de esos gobiernos también llegó con promesas. Samper prometía justicia social, Uribe seguridad democrática, Santos paz y prosperidad. Todos terminaron enlodados en escándalos de corrupción porque todos decidieron que el fin justificaba los medios. Y ahora Petro, el crítico más feroz de todos ellos, repite el patrón con una precisión que resultaría cómica si no fuera tan trágica.
La falsa ilusión aquí es creer que cambiar el color ideológico del gobierno cambia la naturaleza del poder en Colombia. No la cambia. El poder colombiano funciona con la lógica de la extorsión institucionalizada: el Congreso extorsiona al ejecutivo, el ejecutivo soborna al Congreso, y el pueblo paga la cuenta mientras ambos se reparten el botín.
Las defensas predecibles: Manual de supervivencia del político atrapado
Las defensas de Bonilla y Velasco son tan predecibles que podrían haberse escrito con inteligencia artificial. «Cumplí cabalmente con mis funciones«, «nunca tuve un peso«, «defenderé mi inocencia«, «cuando escuchen mis pruebas la visión del país será otra«. Es el mismo libreto que han usado todos los políticos colombianos acusados de corrupción en las últimas tres décadas.
Lo fascinante es que estos dos exministros parecen genuinamente creer que son víctimas de una persecución. No aceptan que haber sido parte de un gabinete que prometió transparencia les exigía estándares más altos, no más bajos. No entienden que la traición a la confianza pública es más grave cuando quien la comete llegó al poder prometiendo acabar con ella.
Velasco incluso cerró la puerta a negociar con la Fiscalía. ¿Traducción? No hay preacuerdo, no hay confesión, esto se va a alargar años en el sistema judicial colombiano, y para cuando haya una sentencia firme (si es que alguna vez la hay), todos habremos olvidado de qué se trataba el caso. Así funciona la impunidad estructural en Colombia: no negando los hechos, sino diluyéndolos en el tiempo hasta que pierden relevancia.
El Veredicto de la Historia: Otro capítulo del mismo libro
Un año y nueve meses después de que estallara el escándalo, la Fiscalía finalmente imputó a dos exministros. Ya van más de 12 funcionarios imputados en este entramado. Y la pregunta que debería atormentar a cada colombiano que votó por el «cambio» es: ¿Para esto era el cambio?
El gobierno de Petro no solo no acabó con la corrupción tradicional. La refinó, la adaptó a su discurso, la vistió con retórica progresista y la ejecutó con la misma eficiencia criminal de siempre. La diferencia es que esta vez, cuando estalle completamente, no podrán culpar a las «oligarquías» ni a los «enemigos del cambio«. Tendrán que mirarse al espejo y reconocer que ellos mismos se convirtieron en aquello que prometieron destruir.
¿Es posible un gobierno diferente en Colombia? La pregunta ya no es retórica. Después de ver cómo hasta el abanderado más radical de la anticorrupción termina replicando los mismos esquemas, la duda razonable es si el sistema mismo está diseñado para corromper a quien lo gobierne.
La corrupción no se acabará cambiando personas en el poder. Se acabará cuando el poder mismo deje de ser un negocio y vuelva a ser un servicio. Pero para eso, necesitamos algo más que discursos indignados y promesas de campaña. Necesitamos un pueblo que deje de aplaudir al corrupto solo porque habla bonito o porque coincide con nuestra ideología. Porque al final, el corrupto de izquierda y el corrupto de derecha se parecen mucho más entre ellos que cualquiera de los dos a un ciudadano honesto.
