Cada gobierno entrega un expediente contra el anterior. Ninguno escribe que la corrupción es el único partido que jamás pierde el poder en Colombia.
Por Hipólito Palencia · 22 de agosto de 2026
Nos encontramos en Colombia, un país que recibió en la misma semana dos noticias que parecen opuestas y son la misma. El 10 de agosto un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el Chocó y golpeó catorce departamentos, con cientos de muertos y pueblos enteros bajo los escombros. Nueve días después, el 19 de agosto, el gobierno de Abelardo de la Espriella llevó al búnker de la Fiscalía un documento de 135 páginas titulado El Libro de la Verdad, con más de ochenta casos de presunta corrupción del gobierno saliente de Gustavo Petro. Un país que no alcanza a enterrar a sus muertos ya está enterrado en expedientes. Más allá de los titulares, hay una verdad que ningún libro blanco ha escrito, porque ningún gobierno la firma: la corrupción en Colombia no cambia de dueño, solo cambia de turno.
El rito del libro blanco
El Libro de la Verdad no es un invento de este gobierno. Es un rito. Cada administración que llega abre los cajones de la anterior, encuentra el desorden previsible de un aparato estatal saqueado durante décadas, y lo empaqueta como si fuera un hallazgo arqueológico. Petro lo hizo con sus antecesores. Otros lo hicieron antes que él. Y el propio Petro, al responder, recordó que en Antioquia hubo un libro blanco parecido que, en sus palabras, terminó sin acusados. Ahí está el mecanismo entero, confesado por uno de sus protagonistas en un solo trino.
El informe reúne cifras que aturden. Dice que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ejecutó apenas el 4,3% de los 15,3 billones de pesos que tenía asignados. Habla de cerca de 900.000 contratos de prestación de servicios, las llamadas nóminas paralelas, por unos 15 billones que hoy quedan como pasivo. Menciona 521.269 contratos por 32,88 billones suscritos antes de la Ley de Garantías, según una alerta de la propia Contraloría. Números de otra galaxia. Y aun así, la pregunta incómoda no es cuánto suma la lista. Es por qué la lista, por escandalosa que sea, no cambia nada.
La respuesta está en la cabeza del lector, no en el expediente. El sesgo de confirmación hace el trabajo sucio: quien odia a Petro leerá el libro como sentencia, quien lo defiende lo leerá como venganza, y nadie leerá las 135 páginas completas. La acusación viaja en segundos, la refutación llega tarde y cansada. Producir el escándalo cuesta un trino. Desmentirlo con rigor cuesta meses de trabajo forense que casi nadie hará. Esa asimetría no es un accidente. Es el combustible del ciclo.
Y hay una capa más honda que la ley y que la cifra: la cultura. En Colombia se normalizó una frase que es la partida de nacimiento de todo saqueo, así son las cosas. Quien la repite ya perdió. Esa resignación no es inocente, es el permiso social que el corrupto necesita para operar sin ruido. El que llega a un cargo no encuentra un contrato en blanco, encuentra una concepción heredada del recurso público, la de que gobernar es repartir y administrar es aprovechar. Se roba porque se puede, y se puede porque el de al lado lo hizo antes y nadie lo tocó. La corrupción, antes de ser un delito, es una costumbre con buena prensa.
Todos acusan, nadie condena
Los actores de este teatro ya están en sus marcas. El presidente De la Espriella entregó el expediente y aclaró, con prudencia calculada, que no le corresponde señalar responsabilidad penal de nadie, que esa función es de la justicia. El vicepresidente José Manuel Restrepo salió a debatir en televisión. Del otro lado, el expresidente Petro respondió que los hechos señalados son políticas públicas defendibles y no delitos, y sentenció que el libro terminó sin acusados. La exvicepresidenta Francia Márquez lo llamó show mediático y cortina de humo, y deslizó que el documento se habría redactado con inteligencia artificial. Hasta una exfuncionaria del propio gobierno anterior, Sandra Ortiz, reapareció para decir que su proceso fue la cortina de humo que tapó el verdadero saqueo de la Unidad del Riesgo.
Todos tienen una parte de razón. Ahí está la trampa. Cada quien usa la corrupción del otro como escudo de la propia. Presunción de inocencia para todos los nombrados, porque en Colombia acusar es gratis y condenar es casi imposible: no hay una sola sentencia en firme detrás de estas 135 páginas, solo denuncias entregadas a organismos que llevan años demostrando su talento para archivar. Los nombres que aparecen en el informe son señalamientos, no condenas. Y el gobierno que hoy señala será señalado mañana por el que venga. Eso no es una amenaza. Es la única regularidad estadística confiable de la política colombiana.
El propio informe nombra el mecanismo sin querer: lo llama captura contractual y concentración del poder operativo. Traducido, es esto: cuando un puñado del presupuesto se ejecuta pero los contratos de prestación de servicios se firman por millares, el Estado no gobierna, reparte. Buena parte de esos contratos, dice el documento, sostuvieron una nómina paralela que ató favores a lealtades. Ese no es un vicio del petrismo. Es la gramática con la que se administra Colombia, la misma que usaron los que estaban antes y usarán los que vienen. El nombre del partido cambia. El verbo, repartir, no.
Del billón al barrio
Bajemos del billón al barrio, que es donde la cifra se vuelve carne. Quince billones de pesos, la magnitud que el informe atribuye a las nóminas paralelas, darían para construir del orden de cien mil viviendas de interés social, o para llevar acueducto a miles de veredas que hoy toman agua de aljibe. Los 15,3 billones asignados a la gestión del riesgo, ejecutados en un mísero 4,3%, eran plata destinada, entre otras cosas, a prevenir y atender desastres. Desastres como el que enterró casas en el Chocó el 10 de agosto. Léase despacio: el dinero para la emergencia existía en el papel y se quedó en el papel.
Mientras los billones flotan en los expedientes, alguien concreto paga la cuenta. La madre que espera en la fila de un hospital sin insumos. El pelao de la vereda que camina dos horas hasta una escuela sin agua. El anciano del programa Colombia Mayor, cuyo bono, según el mismo informe, se habría quedado sin fondos entre agosto y diciembre. La corrupción no es una abstracción jurídica. Es un cálculo frío que decide, en una oficina con aire acondicionado, quién vive con dignidad y quién apenas sobrevive.
El costo no es teórico, es de este mes. El mismo informe advierte un déficit de la Fuerza Pública de 14 billones y un país con las arcas apretadas justo cuando el Chocó pide auxilio. Un Estado que dilapidó su capacidad de respuesta llega tarde al desastre, y el que paga la demora no es el funcionario que firmó, es la familia que espera bajo una carpa. Esa es la cadena completa: la concepción del erario como botín, el contrato de favor, el presupuesto que no se ejecuta, y al final del hilo, un pueblo del Pacífico contando muertos que la prevención pudo evitar.
El problema es el ecosistema
Aquí llega la única verdad que anunciamos. El problema no es Petro, ni De la Espriella, ni el ministro de turno. El problema es el ecosistema. En cada oficina del Estado colombiano, desde la alcaldía del pueblo más pequeño hasta el ministerio más blindado, opera una concepción depravada del recurso público: la idea de que el erario es un botín y el cargo, una oportunidad. James Buchanan, premio nobel de economía, lo explicó hace medio siglo. Los políticos no son ángeles ni demonios, son actores que maximizan su interés dentro de las reglas que encuentran. Si las reglas premian el saqueo y castigan la honestidad, el resultado no depende de quién gane las elecciones. Depende del diseño. Y el diseño colombiano lleva dos siglos premiando lo mismo.
Alejandro Nieto lo llamó el desgobierno de lo público: un Estado capturado por una clase que dejó de servir para parasitar. No es corrupción de casos aislados. Es corrupción estructural, integrada en el funcionamiento normal de la máquina. Bastiat lo dijo más corto: el Estado es esa gran ficción por la cual todos pretenden vivir a costa de todos. Cambiar el gobierno sin cambiar el ecosistema es cambiar de arriero sin cambiar de mula. La mula sigue cargando el mismo saco.
Zonas Libres de Corrupción, la única salida
Por eso en corrupcionaldia.com no proponemos otro libro blanco. Proponemos cambiar los incentivos. Es lo que hemos estructurado en la estrategia Zonas Libres de Corrupción: no más normas encima de las mil que ya se incumplen, sino un ecosistema donde robar sea difícil, costoso y visible. Cinco pilares. Formación ética real para funcionarios, no talleres de firma y refrigerio. Veeduría ciudadana organizada y con dientes. Un portal de transparencia donde cada peso quede rastreable. Coordinación técnica dentro del despacho. Y un Índice ZLC que mida, publique y avergüence. La Etapa 1 es VIGI, la aplicación que convierte al vecino en auditor del recurso público. Todo cabe en la Ley 1474 de 2011, artículos 76 y 77, que ya obliga a cada entidad a tener su plan anticorrupción. La ley existe. Falta la voluntad, y falta el ciudadano encima.
No es utopía costosa. Es aritmética. Si una entidad reduce apenas en un cinco por ciento el daño anual por corrupción, el ahorro multiplica varias veces lo que cuesta montar el control. Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda no derrotaron la corrupción con más cárcel ni con más discursos. La derrotaron haciendo que el ciudadano viera cada gasto en tiempo real y que el funcionario supiera que alguien lo miraba. Transparencia radical y vigilancia constante. Lo demás, incluido este Libro de la Verdad, es ruido bien producido.
Auditar al que manda hoy
El Libro de la Verdad se sumará al archivo de los libros que nadie leyó hasta el final. Dentro de cuatro años, otro gobierno llegará con su propio expediente contra este, y así seguiremos, hasta que decidamos que la verdad no es un documento que un poder entrega contra otro, sino un sistema que la ciudadanía impone sobre todos. La corrupción no se cura señalando al de enfrente. Se cura cambiando la mesa donde todos juegan. En corrupcionaldia.com no denunciamos para indignarnos un día. Diseccionamos para entender y desarmar. La pregunta, entonces, no es quién dice la verdad sobre la corrupción del otro. Es cuándo vamos a dejar de aplaudir el libro del vencedor de turno y empezar a auditar, todos los días, al que manda hoy.
El debate de los tres expertos
Tres marcos, una misma pregunta: por qué el Libro de la Verdad no cambiará nada.
James Buchanan (elección pública)
El error de fondo es tratar la corrupción como un problema de personas malas. No lo es. Es un problema de reglas. Yo lo llamé elección pública: el funcionario responde a incentivos igual que el comerciante. Ustedes redactan un expediente contra los jugadores y dejan intacto el tablero. Las reglas del juego se pactan antes de jugar, no después de perder. Mientras el diseño premie al que saquea, cambiar de gobierno es cambiar de nombre en la misma silla.
Alejandro Nieto (captura institucional)
Y hay algo peor, profesor Buchanan. El expediente lo produce la misma máquina que denuncia, y lo recibirán los mismos organismos capturados que archivan. Yo describí el desgobierno de lo público: un Estado tomado por una casta que parasita el recurso común. El Libro de la Verdad no es la cura, es un síntoma más elegante de la enfermedad. Un poder documentando el saqueo de otro poder, para legitimarse él mismo. La captura no se denuncia a sí misma.
Alberto Brandolini (asimetría del bullshit)
Ustedes dos discuten el fondo. Yo les hablo de la forma, que es donde se pierde la guerra. Formular una acusación cuesta un trino. Refutarla con rigor cuesta un año. Esa es la asimetría. Un informe de 135 páginas hecho con mil voluntarios y algo de inteligencia artificial produce más afirmaciones de las que cualquiera podrá verificar. Y del otro lado, la respuesta es una sola frase: cortina de humo. Dos ejércitos lanzando humo. El ciudadano, en medio, respira humo y llama a eso estar informado.
Cierre del debate
Buchanan: entonces la salida no es otro informe, es rediseñar los incentivos de cada oficina. Nieto: y devolver el control a quien no vive del presupuesto, el ciudadano. Brandolini: con una regla simple, menos humo y más dato rastreable. Lo que no se puede verificar, no se publica.
La corrupción no solo se denuncia, se disecciona.
