Itagüí, Antioquia: Diego León Torres Sánchez, de 95,84 en el examen del Estado pasó a 6,8/10 🟡 REGULAR en su gestión

Análisis forense de la gestión municipal 2024-2025 del alcalde Diego León Torres Sánchez. Calificación final: 6,80/10, Regular 🟡

Por Hipólito Palencia, corrupcionaldia.com

«La corrupción se disecciona antes de denunciarse.»

Apertura

Nos encontramos en el municipio de Itagüí, la ciudad más densa del Valle de Aburrá y una de las más densas de América Latina: 17.594 habitantes por kilómetro cuadrado, unos 302.000 vecinos apretados en 17 kilómetros cuadrados al sur de Medellín, donde las fábricas de Pilsen y de licores conviven con barrios que tienen 1,3 metros cuadrados de espacio público por persona, menos de la undécima parte de los 15 que recomienda el estándar. Vamos a auscultar la gestión municipal de Itagüí, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Diego León Torres Sánchez (Partido Conservador, coalición «Itagüí Somos Todos»), elegido el 29 de octubre de 2023 con 45.847 votos (34,42 %). Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana: los formularios CUIPO y FUT del CHIP, el Índice de Desempeño Institucional de la Función Pública, el SECOP II, el Plan de Desarrollo «Itagüí Somos Todos 2024-2027» y la prensa regional y nacional.

Itagüí tiene fama de ciudad bien administrada y la fama tiene papeles: puesto 18 entre 1.099 alcaldías en el FURAG 2025, calificación crediticia AAA de Fitch desde abril de 2025, quinto mejor Índice de Desempeño Fiscal del país en 2024. Cualquier tablero de control la pondría en verde. Y aun así, cuando se abre el SECOP II, aparece otra ciudad: en 2025 la Alcaldía firmó 247 contratos por $ 437.999 millones y 241 de ellos (97,6 %), que suman el 99,1 % del dinero, se adjudicaron sin licitación. Hubo una licitación pública en todo el año, por $ 2.940 millones. Un tercio del valor contratado en 2025 fue a parar a una sola entidad: la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí (ADELI), la misma que El Espectador bautizó en 2023 como «el contratadero» del entonces senador Carlos Andrés Trujillo, padrino político de este alcalde.

Torres no llegó solo. Fue secretario de Gobierno de José Fernando Escobar (2020-2023), que a su vez sucedió a León Mario Bedoya (2016-2019), que sucedió a Trujillo (2012-2015). El Colombiano lo llamó «el ungido» y tituló sin rodeos: «El trujillismo gobernará cuatro años más». Es el cuarto periodo seguido del mismo grupo. Ganó con un tercio de los votos: el 65,6 % de los votos válidos fue para otros candidatos. Un Consejo de Estado confirmó su elección en mayo de 2024 tras una demanda por doble militancia.

La tesis de este análisis cabe en una línea: Itagüí aprueba con honores el examen de procesos y lo reprueba en competencia. La alcaldía mejor ordenada del sur del Valle de Aburrá decidió que la mejor forma de ejecutar es no competir. Adelantamos el resultado: 6,80 sobre 10, Regular 🟡. Un FURAG de excelencia no alcanza para compensar una contratación que, en los números, dejó de ser pública.

Cruzamos seis fuentes independientes: CHIP-CUIPO y FUT (Contaduría General de la Nación, insumos consolidados aportados para este análisis), FURAG 2025 (Función Pública, 17 de junio de 2026), SECOP II (datos abiertos jbjy-vk9h, NIT 890980093), el Plan de Desarrollo y los informes de rendición de cuentas de la Alcaldía, el Índice de Desempeño Fiscal del DNP y la prensa (El Colombiano, El Espectador, Blu Radio, Infobae, La República, Teleantioquia). Cada cifra tiene fuente.

El municipio y el plan «Itagüí Somos Todos»

Itagüí es una ciudad de primera categoría (Ley 617 de 2000), sin regalías relevantes y sin territorios PDET. Su riqueza viene de la industria y el comercio: más del 92 % de su población es urbana, el NBI es de apenas 3,9 % (censo 2018) y el IPM de 10,9 %. Su problema no es la pobreza extrema; es la ciudad apretada: déficit de vivienda de 18,72 % sobre 85.341 hogares, 15.974 viviendas por mejorar, cobertura de acueducto de 84,18 % según el propio programa de gobierno, autopista Sur congestionada y quebradas como Doña María que se desbordan cada invierno.

El Concejo aprobó el Plan de Desarrollo el 31 de mayo de 2024 (Acuerdo 03 del 5 de junio de 2024): cuatro dimensiones, 17 líneas estratégicas, 74 programas y 343 acciones, con un plan plurianual de inversiones de $ 2.803.776 millones. La Alcaldía lo vendió como «el presupuesto más alto de la historia». Los compromisos concretos que usamos como vara de medida: 3 intercambios viales (dos sobre la autopista Sur y uno hacia San Antonio de Prado), más de 1.800 soluciones de vivienda, 100 cámaras nuevas sobre las 692 existentes, 11 sedes educativas ampliadas o mejoradas, 10.000 becas de educación superior y más de 100 escenarios deportivos y culturales.

Tabla 1. Fuentes de financiación del plan plurianual 2024-2027 (millones de pesos)

Fuente: Alcaldía de Itagüí, primer informe de rendición de cuentas (150 días). Nota: la suma de las fuentes publicadas da $ 2.801.558 millones; la diferencia de $ 2.218 millones con el total anunciado no se explica en el documento.

El SGP pesa 29,9 % del plan; los recursos propios, 31,1 %. Itagüí está lejos de depender en un 100 % del gobierno central: es de los pocos municipios del país que podría vivir de su predial y su industria y comercio. Por eso la vara es más alta.

Metodología: cómo calificamos la gestión municipal

Aplicamos la metodología de corrupcionaldia.com, la misma de Toluviejo, Agua de Dios, Abejorral y La Vega. Seis componentes, cada uno de 0 a 10, ponderados según su peso. La escala no es absoluta: evalúa la gestión según el punto de partida y los recursos disponibles. Un 7,0 en un municipio de sexta categoría no equivale a un 7,0 en Itagüí, pero la transparencia y la legalidad se exigen igual en todas partes.

Tabla 2. Escala de calificación

Tabla 3. Componentes y pesos

Regla del Prevaricato por Omisión: si la calificación final es igual o inferior a 6,9, desarrollamos el análisis jurídico del artículo 414 del Código Penal como ejercicio periodístico. Si es igual o superior a 7,0, lo omitimos.

Componente 1 (25 %): FURAG, el cuarto mejor de Antioquia

El Índice de Desempeño Institucional 2025, publicado por la Función Pública el 17 de junio de 2026, mide 1.102 alcaldías (1.099 con puntaje). La Alcaldía de Itagüí obtuvo 95,84 puntos.

• Puesto 18 entre 1.099 alcaldías del país. El promedio nacional es 70,19: Itagüí está 25,7 puntos por encima.
• Puesto 4 entre 125 alcaldías de Antioquia (promedio departamental 66,14), detrás de Sabaneta (98,74), Fredonia (98,09) y Envigado (97,63), y por delante de Rionegro (94,03) y Medellín (93,93).
• Puesto 6 entre las 85 alcaldías de su grupo par (Grupo 2), cuyo promedio es 81,69.
• En 2024 había obtenido 95,7 y el puesto 3 de su grupo. Sube en puntaje y baja tres puestos en el grupo: los vecinos mejoraron más rápido.

Tabla 4. IDI 2025 en el Valle de Aburrá (alcaldías)

Fuente: Función Pública, Resultados de Desempeño Institucional 2025, territorio.

El ecosistema institucional acompaña: ADELI 94,39, Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita (ESE municipal) 94,16, Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte 88,29. La nota discordante es el Hospital San Rafael de Itagüí, con 59,99, una ESE de orden departamental que a enero de 2026 acumulaba más de $ 27.000 millones en cartera y 460 empleados con salarios atrasados. No es responsabilidad directa del alcalde, pero sí de la red de salud que sirve a sus ciudadanos. Personería y Concejo no reportan puntaje en el archivo oficial.

El FURAG mide si la entidad tiene procesos, controles, planeación, gestión documental y transparencia funcionando según el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Un 95,84 dice que la Alcaldía de Itagüí sabe responderle al Estado. Lo que el FURAG no pregunta es si los contratos se ganan compitiendo. El archivo MD aportado contiene el índice consolidado; el desglose por las 19 políticas MIPG está en el xlsx completo de 104 columnas, que no hizo parte de los insumos.

Calificación componente 1: 9,58/10, Excelente.

Componente 2 (20 %): CUIPO, ejecución presupuestal línea por línea

Tabla 5. Ejecución de gastos del presupuesto ordinario (millones de pesos)

Fuente: CHIP-CUIPO, D_EJECUCION_DE_GASTOS, DIC A DIC 2024 y 2025.

Tabla 6. Principales ingresos tributarios 2025 (millones de pesos)

Fuente: CHIP-CUIPO, B_EJECUCION_DE_INGRESOS, DIC A DIC 2025.

Cuatro lecturas forenses:

Primera: el músculo tributario es real. Predial e industria y comercio sumaron $ 151.521,6 millones en 2025, equivalentes al 26,3 % de todo lo comprometido en el año y a cerca de $ 500.000 por habitante. Pocos municipios del país pueden mostrar algo así. La efectividad de recaudo, según la Alcaldía, ronda el 95 %. El DNP la premió con un Índice de Desempeño Fiscal de 75,05 en 2024, quinto del país y primero de Antioquia. Letra menuda: en 2023, último año de Escobar, el índice fue 79,46 y el puesto 3. En el primer año de Torres el indicador cayó 4,4 puntos, y la Alcaldía lo celebró como logro sin mencionar la caída.

Segunda: lo que se compromete se paga, casi siempre. El 85,8 % de lo comprometido en 2024 y el 88,2 % en 2025 se pagó dentro de la vigencia. Es un nivel sano para una ciudad con obra pública en curso.

Tercera: la ejecución perfecta que no existe. En 2024 las obligaciones coinciden peso a peso con los compromisos: $ 557.410.961.654 en ambas columnas. Cero reservas presupuestales en un año con obras de infraestructura, cámaras y espacio público. En 2025 la diferencia es de apenas $ 24,6 millones. ¿Cómo se ejecuta obra pública al 100 % el 31 de diciembre? La explicación más plausible está en el modelo de contratación: cuando la Alcaldía firma un convenio interadministrativo con ADELI y le gira los recursos en «administración delegada», el dinero sale del presupuesto municipal como obligado aunque la obra apenas empiece. El presupuesto central queda impecable y la ejecución real se traslada a la contabilidad de una agencia que los ciudadanos no vigilan. No es ilegal. Sí es una caja negra que el Concejo y la Contraloría Municipal deben abrir.

Cuarta: la nómina que baja mientras los sueldos suben. Los gastos de personal comprometidos bajaron 6,1 % (de $ 111.185,8 a $ 104.405,5 millones). Pero los rubros de diciembre de la planta permanente se mueven al revés:

Tabla 7. Factores salariales de la planta permanente, diciembre (millones de pesos)

Fuente: CHIP-CUIPO, D_EJECUCION_DE_GASTOS.

Dos preguntas documentadas. La primera: si el sueldo básico de diciembre sube 15,6 %, por encima del incremento del salario mínimo de 2025 (9,54 %), ¿cómo baja el gasto anual de personal 6,1 %? La respuesta puede estar en vacantes, en reclasificaciones o en el traslado de funciones a contratistas (la oposición estima en $ 22.000 millones el costo de los 18 asesores del despacho en el cuatrienio). La segunda: el auxilio de transporte de diciembre equivale al 44 % del sueldo básico del mismo mes. Ese auxilio solo corresponde a quienes ganan hasta dos salarios mínimos. Un registro de esa magnitud exige una explicación contable que la Alcaldía debe publicar.

Puntaje: base 6,0; pagos superiores al 85 % (+1,0); IDF top 5 nacional y calificación AAA (+1,5); caída de 4,4 puntos en el IDF (-0,3); deuda creciente con intereses proyectados al alza (-0,5); ejecución al 100 % por transferencia a ADELI (-0,3); formularios SGR y vigencias futuras no disponibles para verificar (-0,3); inconsistencia en gastos de personal (+0, se anota). Total: 7,6.

Calificación componente 2: 7,60/10, Bueno.

Deuda pública, renta pignorada y vigencias futuras: la cuenta que paga el próximo alcalde

Tabla 8. Movimiento de la deuda pública (millones de pesos)

Fuente: CHIP-FUT_DEUDA_PUBLICA, CREDITOS, ENE A DIC 2024 y 2025. El saldo de cierre de 2024 y la amortización de ese año se reconstruyen por cuadre aritmético a partir del saldo final 2025, los desembolsos y las amortizaciones reportadas; el saldo inicial de $ 215.871,1 millones coincide con el que la Alcaldía reportó a diciembre de 2023 en su informe de 150 días.

La deuda creció $ 41.602,7 millones (+19,3 %) en dos años. En SECOP II quedan los contratos de crédito del periodo, todos por contratación directa como manda la ley para estas operaciones: Bancolombia $ 70.000 millones (agosto de 2024, a 2034), IDEA $ 30.000 millones (junio de 2025, a 2033) y Bancolombia $ 24.995,8 millones (septiembre de 2025, sustitución de deuda). Esa sustitución explica el salto de las amortizaciones de 2025: se pagó deuda vieja con deuda nueva. Descontado ese efecto, el endeudamiento neto de 2025 fue de unos $ 20.798 millones.

Los intereses bajaron en 2025 (-6,7 %), pero el FUT proyecta $ 33.422,3 millones para 2026: un salto de 40,5 %. Casi uno de cada seis pesos de predial e industria y comercio de 2025 se fue en intereses (15,7 %); en 2026 serán más de uno de cada cinco si el recaudo no crece al mismo ritmo.

Tabla 9. Calendario de amortización proyectado (millones de pesos)

Fuente: CHIP-FUT_DEUDA_PUBLICA.

El dato político es este: $ 114.343,7 millones de capital vencen entre 2028 y 2030, en el gobierno siguiente. Torres paga menos de lo que endeuda y le deja al sucesor la parte más empinada de la curva. Es una práctica común en las finanzas territoriales colombianas; que sea común no la vuelve inocua.

Renta pignorada. Varias obligaciones registran pignoración del 130 %. Aclaramos lo que en otros análisis hemos señalado como anomalía: aquí no es un error aritmético, es la cobertura que exigen los bancos, rentas comprometidas por 130 pesos por cada 100 de servicio de deuda. Todos los créditos del periodo dicen en su objeto «empréstito y pignoración de rentas». Lo que el formulario resumen no deja ver es cuáles rentas quedaron amarradas y cuánto margen de libre destinación le queda a la ciudad. Las tasas pactadas van de DTF + 1,20 % a IBR + 2,40 %.

Ley 358 de 1997. La calificación AAA(col) de Fitch, subida desde AA+ en abril de 2025, es la mejor prueba externa de que Itagüí está lejos del semáforo rojo. Los indicadores de solvencia y sostenibilidad no estaban en los insumos; los dejamos como tarea pendiente para la Contraloría Municipal.

Vigencias futuras. El formulario FUT_VIGENCIAS_FUTURAS no hizo parte de los insumos. La vigencia futura más visible del periodo es nacional: el Invías financia el intercambio vial de Fábricas Unidas con vigencias hasta 2028 y ya giró $ 28.000 millones. La obra nunca empezó (ver componente 3).

Regalías y PDET. Itagüí no es municipio PDET ni productor de hidrocarburos o minerales. Los formularios SGR no fueron aportados y en los registros del SECOP II revisados el campo de financiación por regalías aparece en cero. Las regalías son marginales en una ciudad que recauda más de $ 150.000 millones en dos impuestos.

Componente 3 (20 %): el Plan de Desarrollo, cinco problemas y cinco veredictos

Identificamos los cinco problemas que la comunidad puso sobre la mesa cruzando la consulta del Plan de Desarrollo (5.001 participantes: movilidad y transporte, educación, bienestar social, desarrollo económico, vivienda e infraestructura) con la encuesta de Pronósticos y Jaramillo Luján de abril de 2024 (inseguridad 36,7 %, desempleo 12,5 %, costo de vida 9,9 %).

Tabla 10. Los cinco problemas comunitarios: compromiso, evidencia y calificación

Fuentes: Alcaldía de Itagüí (boletines y rendición de cuentas de 18 meses), El Colombiano, La FM, Tránsito de Itagüí, ICFES, DANE, SECOP II.

Seguridad: el logro que la Alcaldía cuenta a medias. 2025 cerró con 11 homicidios, el año menos violento de la historia de Itagüí. La Alcaldía lo celebra con razón. Lo que el boletín omite: en 2024, primer año de Torres, los homicidios subieron de 13 a 15. Y el boletín de 2025 enumera la caída de hurto a comercio, motos, vehículos, residencias y bicicletas, pero calla sobre el hurto a personas, el delito de mayor volumen en cualquier ciudad metropolitana. La red de cámaras avanza más lento de lo que sugiere la propaganda: había 692 cámaras al inicio y a finales de 2025 había 715 instaladas, es decir, 23 nuevas frente a una meta de 100. Las 353 en proceso, financiadas en su mayoría por el Ministerio del Interior, harían que la meta se supere con creces si entran en operación antes de 2027. Detalle forense: los dos contratos grandes de CCTV ($ 63.068 millones entre 2024 y 2025) fueron a ADELI por contratación directa.

Movilidad: el puente que nunca fue. El intercambio vial de Fábricas Unidas, en la Pilsen con autopista Sur, iba a costar $ 120.000 millones ($ 78.870 millones de obra, unos $ 42.000 millones de predios). ADELI lo adjudicó en 2023 a un oferente único, el Consorcio Conexión Vial CONVIAL 2023, tras un proceso con ocho días hábiles para ofertar que la Cámara Colombiana de la Infraestructura cuestionó por precios entre 35 % y 140 % por encima de las referencias del Invías. El arranque se aplazó en 2024, a comienzos de 2025 y en septiembre de 2025. El 21 de noviembre de 2025 se publicó en SECOP la terminación por caducidad debido a incumplimientos graves del contratista. Dos años de gobierno, cero metros de puente, $ 28.000 millones de la Nación girados. De los tres intercambios prometidos, ninguno existe. Mientras tanto, la ciudad sí aprendió a cobrar: el cobro coactivo de multas de tránsito pasó de $ 9.438 millones en 2023 a $ 24.120 millones en 2025, con 341.380 procesos y embargos de cuentas que llegaron a la prensa. Una sola cámara de la autopista Sur generó 453.000 fotomultas en cuatro años y medio. Las muertes viales bajaron 25 %, y eso se reconoce. Pero el ciudadano que esperaba un puente recibió un embargo.

Empleo: el indicador que nadie mide. El DANE no publica desempleo para Itagüí sino para el área metropolitana, donde la tasa bajó de 8,1 % a 7,0 %. Atribuirle ese resultado al alcalde de un municipio de diez sería deshonesto en cualquier dirección. Lo verificable a nivel municipal es modesto: 1.073 personas colocadas y 17 ferias de empleo en 2025.

Educación: la apuesta más sólida. Saber 11 estancado en 273, sí, pero 14 puntos por encima del promedio nacional, con el mejor puntaje de Antioquia en un colegio público (I.E. San José) y el mayor crecimiento del país en colegios oficiales rurales (de 248 a 272). Los grupos de jardín infantil casi se duplicaron. El PAE se contrató por licitación pública. Aquí la promesa tiene huella.

Vivienda: la deuda más grande. 376 soluciones de 1.800 prometidas en la mitad del cuatrienio. Para cumplir, la Alcaldía tendría que entregar más de 1.400 en dos años, casi cuatro veces lo hecho en los primeros dos. En la ciudad más densa de Colombia, con 15.974 viviendas por mejorar, el programa de gobierno prometía 1.000 mejoramientos; van 148.

Calificación componente 3: 5,88/10, Regular.

Componente 4 (15 %): transparencia en la contratación pública (SECOP II)

Aquí está el corazón de este análisis. La Alcaldía de Itagüí opera casi por completo en SECOP II: un solo contrato en SECOP I en 2024 y uno en 2025.

Tabla 11. Contratos de la Alcaldía de Itagüí en SECOP II por año (NIT 890980093)

Fuente: datos.gov.co, SECOP II Contratos Electrónicos (jbjy-vk9h). Excluye los contratos del Concejo, que comparte NIT.

Tabla 12. Contratación por modalidad, 2024 y 2025 (millones de pesos)

Fuente: datos.gov.co (jbjy-vk9h), cortes del 2 de enero al 31 de diciembre, incluye contratos del Concejo.

En 2024 la Alcaldía todavía licitó lo grande: vigilancia (Búho Seguridad, $ 107.390 millones), PAE (Nutriser Colombia, $ 89.419 millones), aseo (Asear, $ 30.229 millones) y seguros. En 2025 desapareció la competencia: una licitación de $ 2.940 millones frente a $ 434.103 millones sin licitar.

Tabla 13. Los diez contratos más grandes de 2025

Fuente: SECOP II.

Tres hallazgos:

1. ADELI, la alcaldía paralela. 19 contratos por $ 187.284 millones en 2024 (25,8 % del valor) y 12 por $ 158.340 millones en 2025 (33,6 %): $ 345.624 millones en dos años, casi tres veces el costo total del intercambio de Fábricas Unidas. ADELI fue anulada por los tribunales en 2017 y 2021 y recreada en 21 días. En febrero de 2023 la Procuraduría la incluyó entre 19 entidades investigadas por contratación directa: 28 convenios interadministrativos por $ 259.485 millones. La contratación interadministrativa es legal (Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 4, literal c). El problema es el efecto: la obra pública de la ciudad sale del régimen de licitación de la Alcaldía y entra al régimen de una agencia que subcontrata con sus propias reglas. El ciudadano pierde la vista del proceso competitivo justo donde más dinero hay. El único proceso grande de ADELI que conocemos en detalle, Fábricas Unidas, terminó con oferente único y caducidad.

2. Solu AS SAS: la Secretaría de Hacienda tercerizada a dedo. $ 21.951 millones en 2024, $ 24.385 millones en 2025 y $ 28.387 millones el 1 de enero de 2026: unos $ 74.723 millones en tres contratos directos bajo la figura de «servicios profesionales y apoyo a la gestión», para gestión tributaria y cobro coactivo. Es el mismo periodo en que el cobro coactivo de multas de tránsito creció 156 % y llegaron los embargos. ¿Qué empresa privada administra el cobro coactivo de los itagüiseños, cómo se le remunera y por qué un servicio de $ 25.000 millones al año no se somete a concurso o licitación? Son preguntas que la Alcaldía debe responder con documentos.

3. El modelo descentralizado. Itagüí firma apenas unos 190 contratos al año en la administración central, una cifra baja para 300.000 habitantes. El resto vive en entidades con NIT propio: ADELI, el Instituto de Cultura, el Hospital del Sur. Lo que en el SECOP de la Alcaldía aparece como un convenio, en la realidad son cientos de subcontratos que este análisis no alcanza a ver. Ahí está la caja negra.

Lo que se reconoce: la publicación en SECOP II es completa y oportuna, los créditos públicos se registran, y en 2024 los grandes servicios recurrentes fueron a licitación.

Puntaje: base 6,0; contratación sin competencia del 99,1 % del valor en 2025 (-2,0); concentración de un tercio del valor en ADELI (-1,0); tercerización tributaria directa a Solu AS (-0,5); caso Fábricas Unidas con oferente único y caducidad (-0,3); publicación completa en SECOP II (+0,5); licitaciones de vigilancia, PAE y aseo en 2024 (+0,5). Total: 3,2.

Calificación componente 4: 3,20/10, Mediocre.

Componente 5 (10 %): cumplimiento de los ODS

Tabla 14. ODS priorizados y evidencia

Itagüí cumple en educación y salud, sostiene la seguridad y falla en el ODS que define a una ciudad apretada: el 11. Una ciudad sostenible necesita vivienda y espacio público, y ahí el balance de mitad de periodo es de rezago.

Calificación componente 5: 6,25/10, Regular.

Componente 6 (10 %): percepción ciudadana

La única encuesta pública es la de Pronósticos y Jaramillo Luján, a los cien días de gobierno: 74,2 % de aprobación, sin ficha técnica publicada. No encontramos mediciones de Invamer, CNC ni Polimétrica para Itagüí en 2025.

La prensa local afín (Itagüí Hoy, Panorama Político, Minuto30) narra una ciudad en ascenso. La prensa regional y nacional registra otra agenda: los embargos por fotomultas (El Colombiano), el intercambio que nunca empezó, el asesor del despacho con sueldo cercano a $ 10 millones que viajó a Estados Unidos sin licencia y fue declarado insubsistente en octubre de 2024 (Blu Radio), la pérdida de investidura de dos concejalas de la coalición del alcalde por conflicto de interés (confirmada por el Consejo de Estado en octubre de 2024 y revertida por la Corte Constitucional en 2026). A eso se suma, fuera del periodo pero imposible de ignorar, el testimonio de Misael Cadavid en septiembre de 2026, en el proceso contra Miguel Quintero: el excomandante de Bomberos Voluntarios de Itagüí habló de una presunta «nómina de la corbata» con devolución de comisiones y mencionó reuniones con el alcalde y su secretario de Gobierno. Son señalamientos de un testigo, no hechos probados, y no hay investigación formal anunciada contra el alcalde. Los registramos sin computarlos en la nota.

Puntaje: base 6,0; aprobación inicial alta aunque sin ficha técnica (+0,5); reconocimientos verificables, AAA, IDF y Alta Gerencia (+0,5); polémica de embargos por multas (-0,5); escándalos de asesores y concejalas de la coalición (-0,5). Total: 6,0.

Calificación componente 6: 6,00/10, Regular.

Radar integral: la calificación final ponderada

Tabla 15. Cálculo desarrollado

Veredicto: 6,80/10, Regular 🟡. Sin redondeo editorial. Itagüí tiene la nota institucional de una alcaldía excelente y la nota contractual de una mediocre. El FURAG, que pesa un cuarto, la sostiene; el SECOP la hunde. Si la contratación de 2025 hubiera tenido el nivel de competencia de 2024, la ciudad estaría en el rango Bueno. No lo tuvo.

Análisis jurídico: el Prevaricato por Omisión como ejercicio periodístico

La calificación es inferior a 7,0 y la regla metodológica obliga a examinar el artículo 414 del Código Penal: «El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de dos a cinco años, multa de diez a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco años». Presentamos el análisis como lo que es: un ejercicio periodístico que identifica posibles fundamentos para que la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía examinen los hechos. No es una acusación y se rige por la presunción de inocencia.

El tipo exige cuatro elementos: sujeto activo calificado (el alcalde lo es), un acto propio de sus funciones, la omisión o el retardo de ese acto, y dolo, es decir, conocimiento y voluntad. Examinamos tres hechos.

Hecho 1. El retardo en Fábricas Unidas. El contrato se adjudicó en 2023, antes de Torres, pero toda su fase de incumplimiento ocurrió en este gobierno. El inicio se aplazó tres veces entre 2024 y septiembre de 2025, con $ 28.000 millones de la Nación ya girados, y la caducidad llegó en noviembre de 2025. La declaración de caducidad y la exigencia de las garantías son actos propios de la entidad contratante, en este caso ADELI, entidad descentralizada del municipio sobre la cual el alcalde ejerce control de tutela. La pregunta jurídica es si durante casi dos años se retardó un acto que los incumplimientos hacían exigible desde antes. Si la Contraloría encuentra que el retardo agravó el daño patrimonial (sobrecostos, predios adquiridos sin obra, anticipos), los datos sugerirían una omisión que merece examen disciplinario y penal. Si la caducidad se tramitó en tiempo razonable tras el debido proceso, el hecho se agota en una mala gestión contractual heredada.

Hecho 2. La meta de vivienda. El Acuerdo 03 de 2024 convirtió en norma la meta de más de 1.800 soluciones de vivienda. A mitad del cuatrienio el avance es de 20,9 %, en una ciudad con recursos propios abundantes, calificación AAA y $ 150.000 millones de crédito previstos en el plan. El Plan de Desarrollo no es un catálogo de buenas intenciones: es un acuerdo municipal de obligatorio cumplimiento. Pero el rezago en metas a mitad de periodo es, por regla general, materia de control político y fiscal, no penal, mientras el plazo del cuatrienio no venza. El examen penal solo tendría base si se demostrara que existían recursos apropiados para vivienda que deliberadamente no se ejecutaron. Esa verificación corresponde a la Contraloría Municipal.

Hecho 3. La competencia que desapareció. El 99,1 % del valor contratado en 2025 sin licitación no encaja, en rigor, en el prevaricato por omisión. Si alguna conducta penal pudiera derivarse de una contratación directa indebida, el tipo pertinente sería el contrato sin cumplimiento de requisitos legales (artículo 410 del Código Penal) o el interés indebido en la celebración de contratos (artículo 409), y solo si se probara que los convenios con ADELI o con Solu AS se usaron para eludir los procesos de selección exigidos por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. Lo que sí configura un deber omitido, en el plano disciplinario, es el principio de selección objetiva y el de transparencia (artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y artículo 5 de la Ley 1150 de 2007). La Procuraduría ya investigó a ADELI en 2023 por este patrón. La pregunta es por qué el patrón creció.

Conclusión jurídico-periodística. Los datos no muestran el cuadro de un alcalde que abandona sus funciones; muestran el de un alcalde que las ejerce por vías que esquivan la competencia. El riesgo jurídico de esta administración está menos en el artículo 414 que en los artículos 409 y 410 y en el régimen disciplinario de la contratación. Corresponde a la Contraloría Municipal de Itagüí auditar los convenios con ADELI y los contratos con Solu AS; a la Procuraduría Regional de Antioquia, examinar la selección objetiva en 2025 y el manejo de la caducidad de Fábricas Unidas; y a la Fiscalía, valorar el testimonio rendido en septiembre de 2026 sobre la presunta «nómina de la corbata».

Lo que hizo bien / Lo que falta

Lo que hizo bien. Sostuvo el FURAG en el top 20 nacional. Obtuvo la calificación AAA de Fitch. Recaudó más de $ 151.000 millones en predial e industria y comercio en 2025. Pagó el 88,2 % de lo comprometido dentro de la vigencia. Cerró 2025 con 11 homicidios, el mínimo histórico. Bajó las muertes viales 25 %. Casi duplicó los grupos de jardín infantil. Licitó la vigilancia, el PAE y el aseo en 2024.

Lo que falta. Una licitación pública de obra con más de un proponente. Un puente, uno de los tres prometidos. Mil cuatrocientas soluciones de vivienda en dos años. Una explicación pública del contrato de cobro coactivo con Solu AS. Un informe de ADELI, contrato por contrato y subcontrato por subcontrato, de los $ 345.624 millones que recibió. Un dato de hurto a personas. Y una explicación de por qué la nómina de diciembre sube 15,6 % mientras el gasto anual de personal baja.

Cierre periodístico: la pregunta que queda

Itagüí demuestra que una ciudad colombiana puede tener los papeles en orden, las finanzas calificadas como las mejores del país y la seguridad en mínimos históricos. Lo decimos con la misma precisión con la que contamos los contratos. Pero una alcaldía que obtiene 95,84 en el examen de procesos y adjudica sin competir el 99,1 % de lo que contrata en un año está enviando un mensaje: la excelencia administrativa puede convivir con la renuncia a la licitación. El Secop no miente: dice quién ganó, cuánto y, si se lee bien, por qué casi siempre gana el mismo.

¿Para qué le sirve a Itagüí una alcaldía que el Estado califica entre las mejores del país, si la plata de sus obras ya no se disputa en público sino que se entrega, convenio tras convenio, a la misma agencia de siempre?

Anexo: fuentes, metodología y limitaciones

Fuentes oficiales – CHIP, Contaduría General de la Nación: CUIPO B_EJECUCION_DE_INGRESOS y D_EJECUCION_DE_GASTOS (DIC A DIC 2024 y 2025); FUT_DEUDA_PUBLICA CREDITOS y RENTA_PIGNORADA (2024 y 2025). https://www.chip.gov.co/inicio/consulta/ciudadano – Función Pública, Resultados de Desempeño Institucional 2025, territorio, 17 de junio de 2026. – SECOP II Contratos Electrónicos, datos.gov.co (jbjy-vk9h), NIT 890980093. – Alcaldía de Itagüí: Plan de Desarrollo «Itagüí Somos Todos 2024-2027» (Acuerdo 03 de 2024), informe de rendición de cuentas de 150 días, rendición de 18 meses, boletines de seguridad, educación y desempeño fiscal. https://www.itagui.gov.co – DNP, Índice de Desempeño Fiscal 2023 y 2024. – El Espectador, «El contratadero que vincularía a Carlos Andrés Trujillo» (marzo de 2023). – El Colombiano: elección de Diego Torres; intercambio de Fábricas Unidas (2024 y 2025); fotomultas y embargos (2025); homicidios 2023; crisis del Hospital San Rafael (2026). – La República, resultados electorales 2023, Itagüí. – Blu Radio, asesor del alcalde sin licencia (2024). – Infobae, Teleantioquia y Noticias AMPM, testimonio de Misael Cadavid (septiembre de 2026). – La FM y RCN Radio, tasa de homicidios 2025.

Limitaciones 1. Los insumos financieros se aportaron como dos análisis consolidados de los formularios CHIP y no como los formularios crudos. Uno de ellos presenta una inconsistencia: reporta $ 111.185,8 millones como «pagos» de 2024, cifra que el otro documento y la estructura del formulario identifican como gastos de personal. Usamos la versión coherente con el formulario. 2. Los insumos no incluyen el total de ingresos recaudados ni el desglose de SGP por vigencia; la dependencia de transferencias se estima con la estructura del plan plurianual. 3. No se aportaron los formularios RESERVAS y CUENTAS POR PAGAR, FUT_VIGENCIAS_FUTURAS ni SGR. 4. El saldo de deuda de 2024 y la amortización de ese año se reconstruyen por cuadre aritmético. 5. El desglose del FURAG por políticas MIPG no estaba en el archivo MD aportado. 6. Los informes de seguimiento del Plan de Desarrollo 2024 y 2025 de la Alcaldía no fueron accesibles; el avance se construye con boletines oficiales, rendición de cuentas y prensa. 7. SECOP II registra contratos de la administración central; los subcontratos de ADELI y del Instituto de Cultura quedan por fuera. 8. Los hechos de 2026 se citan como contexto y no se computan en la nota.

«La verdad también tiene forma.» corrupcionaldia.com, Hipólito Palencia.