Bucaramanga (Santander): Jaime Andrés Beltrán Martínez, el alcalde que bajó a 6,9/10 🟡 (REGULAR) por el caso de la chatarra, perdió el cargo y enfrenta investigación penal

El alcalde que bajó a 6,9 por el caso de la chatarra y perdió el cargo: radiografía forense de Bucaramanga 2024-2025

Jaime Andrés Beltrán dejó la capital santandereana con el tercer mejor FURAG del país, una deuda pública de $342 mil millones, una elección anulada y una investigación penal por la desaparición de bienes públicos avaluados en $ 46,6 mil millones; hoy es ministro de Vivienda y arrastró parte de su gabinete al ministerio.

Nos encontramos en el municipio de Bucaramanga. Vamos a auscultar la gestión municipal, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, el trabajo del alcalde Jaime Andrés Beltrán Martínez. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana. Porque las alcaldías no se juzgan por sus pancartas: se juzgan por sus planillas.

Este artículo cruza cinco fuentes independientes —los formularios CUIPO del sistema CHIP de contratación y ejecución presupuestal, el Índice de Desempeño Institucional FURAG del Departamento Administrativo de la Función Pública, el registro SECOP, los informes del Ministerio de Hacienda y la prensa nacional y regional— para responder una pregunta simple que los bumangueses merecen tener respondida con números: ¿cómo le fue realmente a la ciudad que se vendió como «el Bukele colombiano» en la alcaldía? La respuesta es incómoda para todos los bandos: la gestión puntúa 6,9 sobre 10 (REGULAR) una vez ponderada la investigación penal por el caso de la chatarra, y ese promedio esconde una deuda que creció 22,9% en un año, $75 mil millones pagados en intereses en dos vigencias, un sistema masivo de transporte en quiebra operativa y un mandatario que gobernó apenas 20 de los 24 meses evaluados porque la justicia le anuló la elección el 21 de agosto de 2025.

El mecanismo expuesto: la plata de los bumangueses y sus rutas ocultas

Empecemos por el tablero de entrada: los ingresos. Según los formularios de ejecución de ingresos del CUIPO descargados del sistema CHIP para las vigencias 2024 y 2025, la caja bumanguesa se alimenta de un cóctel de rentas propias —Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), sobretasa bomberil, sobretasa de alumbrado público, sobretasa ambiental de las CAR y la contribución sobre contratos de obra pública—, más las transferencias condicionadas del Sistema General de Participaciones (educación, propósito general y alimentación escolar), recursos del balance de libre destinación y de destinación específica, retiros y rendimientos del FONPET y otros rendimientos financieros. Sobre el papel, ese es el retrato de una ciudad financieramente autónoma: el ICLD es la renta que el alcalde puede mover sin pedirle permiso a la Nación.

Pero aquí está el primer hallazgo forense, y es de los que no salen en los actos públicos: en las planillas de desagregación presupuestal que la propia administración publica, la gran mayoría de los rubros aparecen en cero o bajo la etiqueta «No aplica». Los valores absolutos de recaudo por renta individual no están desagregados en los formularios revisados: el ciudadano que quiera saber cuánto entró exactamente por sobretasa bomberil en diciembre de 2025 tendrá que confiar, o escribir cartas. La transparencia formal está; la transparencia útil, esa que permite el control ciudadano línea por línea, brilla por su ausencia. Un formulario en cero no es opacidad a medias: es una vitrina vacía con el cartel de «todo en orden».

Tabla 1. Fuentes de financiación identificadas en el CUIPO de Bucaramanga (vigencias 2024-2025)

Vengamos ahora a la deuda, el termómetro que no miente. Los formularios FUT_DEUDA_PUBLICA del CHIP muestran que Bucaramanga abrió la vigencia 2024 con $278.739 millones de saldo y la cerró con $342.484 millones: un incremento de $63.745 millones en un solo año, equivalente a 22,9%, impulsado por desembolsos de crédito por $88.039 millones. En 2025 la administración cambió de disco: cero desembolsos nuevos, amortizaciones de capital por $43.001 millones y una baja de los intereses pagados de $40.017 a $34.981 millones. El crédito activo está pignorado —o sea, hipotecado— sobre el Impuesto Predial Unificado, el Impuesto de Industria y Comercio y la sobretasa a la gasolina, y su destino programático son las áreas de transporte, infraestructura y equipamiento, con una participación menor en educación.

Tabla 2. Indicadores de deuda pública de Bucaramanga según el CUIPO (millones de pesos)

Figura 1. Comportamiento de la deuda pública de Bucaramanga, vigencias 2024 y 2025 (millones de pesos). Fuente: elaboración propia con formularios FUT_DEUDA_PUBLICA del sistema CHIP.

$75.000 millones pagados en intereses entre 2024 y 2025: suficiente para reponer el doble de las estaciones de Metrolínea que hoy están cerradas. La deuda no es mala; la deuda sin memoria sí.

¿Y el contexto? El Concejo de Bucaramanga aprobó además un empréstito por $538.611 millones a diez años —con tres de gracia y desembolsos graduales—, que convertiría a la próxima administración en la que pague la fiesta. El Ministerio de Hacienda, en su vigilancia fiscal, ya había registrado un déficit fiscal de $150.741 millones para el municipio a diciembre de 2023. Nada de esto es ilegal: es aritmética. Pero la aritmética tiene una consecuencia que el bumangués siente cada mañana: los tres impuestos que respaldan la deuda —predial, ICA y gasolina— son exactamente los que la ciudad necesita sanos para no depender de Bogotá. Cada peso de renta pignorada es un peso que la próxima administración no podrá mover. En regalías, Bucaramanga es de los pocos municipios que no puede culpar a nadie más: no recibe giros significativos y no pertenece al PDET. Su destino fiscal es, enteramente, de fabricación local.

Los actores y sus roles: un pastor con estilo Bukele, un tribunal con memoria y un rebaño que emigra

Jaime Andrés Beltrán Martínez no era un político de oficio: es pastor evangélico, abogado y se presentó como un gestor joven con métodos de mano dura, al que la prensa internacional apodó «el Bukele colombiano». Se posesionó el 30 de diciembre de 2023 en la Calle de los Estudiantes con un gabinete renovado y un relato de ciudad emprendedora. El Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, adoptado con el nombre «Bucaramanga Avanza Segura», prometió atacar los cinco males que el propio diagnóstico reconoce: inseguridad, ilegalidad, delincuencia, caos en la movilidad y desempleo, con una caja plurianual de $5,1 billones. Hasta ahí, la democracia municipal de manual.

Lo que vino después es la parte que ningún acto protocolario menciona. El 12 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de su elección por doble militancia en la modalidad de apoyo —había respaldado candidatos al Concejo de un partido distinto al propio—. Beltrán apeló y gobernó durante ocho meses más bajo la espada de Damocles, hasta que el 21 de agosto de 2025 la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la nulidad y lo destituyó del cargo. Dos años evaluados, veinte meses de gobierno efectivo: el resto lo administró el encargado Eduard Sánchez y, más tarde, Cristian Portilla. En una democracia seria, perder el cargo por violar la ley de partidos no es una anécdota: es la portada del expediente.

Y entonces llegó el final feliz, al estilo de las carreras políticas colombianas. En julio de 2026, Jaime Andrés Beltrán fue nombrado ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, saltando de una alcaldía con elección anulada al gabinete nacional. El portal Cuestión Pública documentó el fenómeno con precisión quirúrgica en su investigación «El rebaño del pastor Beltrán»: funcionarios de su administración municipal migraron con él al ministerio, consolidando en un año y nueve meses una maquinaria que se trasladó de la regional a la nacional. La pregunta que este periodismo formula sin eufemismos es simple: ¿cómo se convierte una destitución por doble militancia en un ascenso ministerial? Mientras alguien responde, el rebaño ya pastó y se mudó.

Alrededor del alcalde, el tablero de actores completa la foto: un Concejo que aprobó presupuestos de $1,6 billones para 2025 y el empréstito multianual; el Área Metropolitana y la Gobernación de Santander, socios del transporte; Metrolinea S.A., el operador del sistema estructural, cuya propia gestión institucional —retratada en el FURAG con un índice de 60,30— cuenta mejor que cualquier editorial la crisis que venía; y una ciudadanía que, como veremos, aplaudió fuerte al principio y moderó el aplauso al final.

El caso de la chatarra: $ 46,6 mil millones que salieron de las bodegas

Hay un hecho que pesa sobre toda la calificación y que ninguna planilla CUIPO muestra. En 2023, la administración anterior contrató estudios para chatarrizar más de 70 toneladas de bienes remanentes del alumbrado público almacenados en bodegas municipales; las propuestas económicas resultaron insuficientes y el proceso no se ejecutó. En febrero de 2024, ya con Beltrán en la alcaldía, el material empezó a salir paulatinamente de las bodegas. Según la reportería de Corrillos, fotografías satelitales muestran las bodegas llenas antes del 12 de febrero de 2024 y vacías después, sin un procedimiento público documentado. Un debate de control político en el Concejo, en marzo de 2024, lo puso sobre la mesa.

El informe final del auditor de la Contraloría, de noviembre de 2024, documentó la desaparición de más de 27.000 luminarias y 760 postes, con un detrimento inicial de más de $ 23 mil millones. En marzo de 2026 la Contraloría abrió el proceso de responsabilidad fiscal y recalculó el daño en $ 46.626.991.717,93. Esa cifra se valora a costo de adquisición de los bienes, no al precio de venta, y por eso la discusión sobre el valor real de la chatarra sigue abierta: BluRadio reportó que la chatarra que desapareció se iba a subastar por $ 167 millones. La distancia entre los $ 167 millones de la subasta prevista y los $ 46,6 mil millones del daño fiscal es el centro del debate técnico.

En lo penal, la Fiscalía investiga peculado por apropiación y la causa sigue en indagación. El expediente pasó a la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en agosto de 2026, un día después de la posesión del nuevo gobierno, porque el investigado es hoy ministro y tiene fuero. Los otros cinco investigados son Jorge Alejandro García Henao, Iván José Vargas Cárdenas, María del Rosario Torres, Robin Albeiro Castro y John Fernando Larrota. Nadie ha sido imputado ni condenado. Beltrán responde: «No soy responsable de ninguno de los hechos que han querido atribuirme».

El impacto real: lo que la ciudad siente cuando las planillas no cuadran

Si la deuda y los ceros del CUIPO suenan abstractos, Metrolínea los vuelve carne. El sistema de transporte masivo de Bucaramanga —la obra más costosa y simbólica de las últimas dos décadas— entró en colapso operativo durante este periodo: estaciones cerradas, flota diezmada, corredores paralizados y una ciudad atrapada en trancones históricos. La situación llegó a tal punto que en septiembre de 2025 un tribunal ordenó, en sentencia, garantizar el restablecimiento del servicio en un plazo de seis meses. La recuperación se licitó con un alcance reducido —de cinco estaciones originales a dos—, con obra física proyectada hasta diciembre de 2026 y retorno del corredor solo hacia enero de 2027. Traducción: el bumangués que depende del bus troncal lleva años pagando el pasaje con impuestos y también con horas de vida. Esa es la factura real de una gestión que en los papeles «avanza segura».

El segundo impacto es contable y silencioso. De una muestra forense de diez ejecuciones de gasto bajo el concepto de adquisición de bienes y servicios con situación de fondos, por $1.602,7 millones comprometidos, solo el 58,1% ($931,1 millones) quedó efectivamente pagado; un contrato de $616,1 millones amaneció con obligación registrada y pago en cero, y otro de $514,3 millones quedó a medio pagar con $30,5 millones en el aire. Cuatro de cada diez pesos comprometidos no habían salido de la caja al cierre del corte. No es corrupción probada; es gripa administrativa crónica: compromisos que anuncian acción y pagos que no llegan, el mecanismo perfecto para que la gestión se vea más rápida en el discurso que en la obra.

Figura 2. Estado de pago de una muestra de contratos de adquisición de bienes y servicios con situación de fondos. Fuente: elaboración propia con formularios D_EJECUCION_DE_GASTOS del sistema CHIP.

Y mientras el bus no llega, la ciudad se pinta de verde y dorado: la administración anunció una inversión cercana a los $40.000 millones para intervenir más de 43 parques, la foto perfecta del progreso urbano. No hay que ser apocalíptico: los parques importan y el FURAG de 2025 ratificó que la maquinaria institucional bumanguesa funciona —el Instituto de Cultura y Turismo puntuó 95,40 y el INVISBU 90,64—. Pero el contraste manda el mensaje metodológico de esta investigación: la plata de los bumangueses fluye con más facilidad hacia lo que se puede fotografiar en un acto público que hacia lo que sostiene la vida cotidiana, como un sistema de transporte que funciona o un contrato que se paga a tiempo.

Figura 3. Aprobación ciudadana de la gestión del alcalde Beltrán durante 2025 según mediciones de opinión (Invamer, encuesta regional de junio y medición recogida por Semana). Fuente: elaboración propia.

La percepción ciudadana cuenta la misma historia con otra voz. En febrero de 2025, la encuesta de Invamer le daba a Beltrán un 59% de respaldo y lo ubicaba en el podio nacional de alcaldes; en junio, una medición regional le registró 65,5% de aprobación, segundo mejor alcalde de Colombia; y para el cierre del año, una medición recogida por la revista Semana lo mostraba en el filo del equilibrio, con 50% de aprobación frente a 46% de desaprobación. La luna de miel duró lo que dura siempre: hasta que el trancón se volvió costumbre y la noticia judicial, titular. Un político puede sobrevivir a una nulidad electoral; lo que no sobrevive fácil es la paciencia de quien espera el bus que no llega.

El sistema que lo permite: la paradoja del mejor FURAG con el alcalde destituido

Aquí está el hallazgo que convierte este caso en un ejemplo nacional. En la vigencia 2025, la Alcaldía de Bucaramanga obtuvo en el Índice de Desempeño Institucional (FURAG) del Departamento Administrativo de la Función Pública una puntuación de 95,17 sobre 100, la tercera mejor entre todas las capitales del país —solo por encima de ella Bogotá (98,63) y Cartagena (97,09), y por delante de Cali (94,96) y Medellín (93,93)—, dentro del selecto Grupo 1 de alcaldías y en el top 3% de las 1.102 alcaldías medidas. En Santander quedó a años luz de Floridablanca (86,60), la segunda del departamento. El índice mide planeación, gestión administrativa y financiera, talento humano, información y transparencia: y en todo eso, Bucaramanga es, objetivamente, una referencia.

Figura 4. IDI FURAG vigencia 2025: Bucaramanga frente a las principales capitales de Colombia. Fuente: elaboración propia con datos del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Tabla 3. Radiografía FURAG 2025 de la familia institucional de Bucaramanga (IDI sobre 100)

La paradoja bumanguesa se lee así: el sistema de medición del Estado premia la diligencia documental —informes puntualmente cargados, planes estructurados, oficinas de control articuladas— y no mide legitimidad de origen ni calidad de vida. Por eso una ciudad puede tener el tercer mejor FURAG de las capitales y, en paralelo, un alcalde destituido por doble militancia, un sistema estructural de transporte con el operador más débil de toda la familia institucional (60,30) y formularios de ejecución presupuestal llenos de ceros que el índice no castiga. El FURAG no está mal: está incompleto. Y los alcaldes lo saben.

En clave de Objetivos de Desarrollo Sostenible, el balance es de contrastes. El ODS 16 (instituciones sólidas) muestra la doble cara: procesos institucionales de élite con una legitimidad electoral erosionada por sentencia judicial. El ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles) queda herido por el colapso de Metrolínea —ninguna ciudad es sostenible si su gente no se mueve—, aunque se apoya en la inversión en espacio público. El ODS 3 (salud y bienestar) es el punto más alto, con ISABU y el Hospital Universitario en niveles sobresalientes. El ODS 8 (trabajo decente) es el rezagado: el instituto que debería empujar el empleo es la segunda entidad más débil del portafolio municipal con 69,71. Y en materia de regalías y PDET, Bucaramanga juega en otra liga: no recibe giros minero-energéticos significativos ni pertenece a zonas PDET, lo que significa que cada peso de su gestión sale del bolsillo bumangués y que cada ineficiencia no tiene a quién culpar más que a sí misma.

Cinco indicadores de gestión frente a los cinco problemas ciudadanos

El corazón del método corrupcionaldia es conectar lo que la gente siente con lo que la administración mide. Bucaramanga Avanza Segura comprometió metas contra cinco problemas que el propio plan reconoce como los que más preocupan a las comunidades: inseguridad, ilegalidad, delincuencia, caos en la movilidad y desempleo. Este es el marcador a dos años de gobierno, con indicadores verificables y estado de avance documentado:

Tabla 4. Cinco indicadores de gestión frente a los cinco problemas que preocupan a los bumangueses

La calificación: 6,9 sobre 10, REGULAR

La calificación final de la gestión 2024-2025 se calcula como promedio ponderado de seis componentes, cada uno en escala de 0 a 10, con la metodología transparente y replicable de corrupcionaldia.com. La escala no es absoluta: evalúa la gestión contra el punto de partida del municipio y los recursos disponibles, pero los estándares mínimos de transparencia, eficiencia y respeto por la ley son igualmente exigibles en Bogotá que en Bucaramanga.

Tabla 5. Calificación ponderada de la gestión del alcalde Jaime Andrés Beltrán (2024-2025)

Figura 5. Radar de calificación: desempeño obtenido frente al umbral «Regular» (6,0) en los seis componentes ponderados. Fuente: elaboración propia.

El promedio ponderado es 6,9 sobre 10: un REGULAR (rango 5,0-6,9). Sin el caso de la chatarra del alumbrado público, el promedio habría sido 7,5 (BUENO). Al ponderar la investigación penal, la transparencia cae de 7,4 a 4,5 y arrastra a la baja la ejecución, el plan de desarrollo, los ODS y la percepción (el promedio exacto es 6,88, redondeado a 6,9). Esta corrección no declara culpable a nadie: la Fiscalía está en indagación y no hay imputación. Evalúa lo que sí consta en documentos oficiales: bienes municipales por $ 46.626,99 M salieron de las bodegas sin un procedimiento público documentado durante esta administración. Sigue en pie lo bueno: una maquinaria institucional de primera línea y una corrección fiscal prudente en 2025. Tampoco se perdona el colapso del transporte estructural, la opacidad de los formularios ni el quiebre de legitimidad del gobernante. Es una gestión con cuatro anclas que la tironean hacia abajo: el bus que no llega, el contrato que no se paga, la chatarra que desapareció y el voto que la justicia invalidó.

Tabla 6. Escala de calificación aplicada por corrupcionaldia.com

Análisis jurídico: prevaricato por omisión (artículo 414 del Código Penal) y el caso de la chatarra

La regla del método es explícita: si la calificación final es igual o inferior a 6,9, se desarrolla el análisis jurídico del delito de prevaricato por omisión (artículo 414 del Código Penal colombiano, Ley 599 de 2000). Bucaramanga obtuvo 6,9 y la regla se activa. Este portal examina; no acusa. La presunción de inocencia (artículo 29 de la Constitución) cobija a Jaime Andrés Beltrán Martínez, quien niega toda responsabilidad y atribuye las denuncias a la oposición política. Lo que consta en fuentes verificables es lo siguiente: la desaparición de bienes del alumbrado público (760 postes, 27.102 luminarias, 431 reflectores y un transformador) con un daño fiscal calculado en $ 46.626,99 M; un proceso de responsabilidad fiscal abierto por la Contraloría en marzo de 2026; y una investigación penal por peculado por apropiación (artículo 397 del Código Penal) en fase de indagación, hoy en la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por el fuero que le da su cargo de ministro de Vivienda. Hay seis investigados, entre ellos el exalcalde.

Tipicidad. El artículo 414 sanciona al servidor público que omite, retarda, rehúsa o deniega un acto propio de sus funciones. En un municipio, la custodia, el inventario y la baja de bienes es un deber funcional del alcalde y de sus secretarios; las bodegas de la Secretaría de Infraestructura no se vacían sin una decisión administrativa. La pregunta jurídica es si el deber de custodia se omitió, o si hubo una acción de disposición (la baja y venta de los bienes), caso en el cual la figura pertinente es el peculado por apropiación y no el prevaricato por omisión. Corresponde a la Fiscalía y al juez establecerlo.

Antijuridicidad, culpabilidad y nexo causal. La antijuridicidad exige lesión del bien jurídico de la administración pública; el daño fiscal de $ 46.626,99 M, si el juez lo confirma, la satisface. La culpabilidad exige dolo, y esa es la parte que la indagación no ha probado. El nexo causal debe vincular a cada investigado con la salida concreta de los bienes, algo que el expediente aún no establece para el alcalde.

Omisiones documentadas. De fuentes públicas constan dos: la ausencia de un procedimiento público de baja o venta de los bienes, señalada por el control político del Concejo y por la reportería regional; y el informe de la Contraloría de noviembre de 2024, que documentó la desaparición del material bajo esta administración. Este portal exige a la Alcaldía que publique el inventario de bienes dados de baja, el acto administrativo que los autorizó, el precio de venta y el comprobante de ingreso del dinero a las arcas municipales.

Exigencia de acción. La Procuraduría General de la Nación debe examinar la responsabilidad disciplinaria de la cadena de funcionarios; la Fiscalía debe pasar de la indagación a la imputación o archivar con motivación pública; y la Contraloría debe cerrar el proceso fiscal con una cifra definitiva. Dos años de indagación sin imputados, con el auditor de la Contraloría que firmó el informe declarado insubsistente en enero de 2026, exigen explicaciones públicas. Este portal registra los hechos y no los une en una conclusión que la evidencia aún no autoriza.

Cierre potente

Bucaramanga deja una lección que ningún cartel electoral registra: una ciudad puede hacer bien los procesos y mal las decisiones; puede presumir el tercer mejor índice institucional del país y, al mismo tiempo, pedirle a un tribunal que le devuelva su sistema de transporte. La maquinaria funciona; el rumbo, a veces, no. Y cuando el gobernante que se equivocó en la ley de partidos termina firmando decretos nacionales en un ministerio, con parte de su equipo municipal bajo el brazo, el mensaje que recibe el país es perverso: equivocarse no cuesta el futuro, cuesta el ascenso.

Los bumangueses hicieron su parte: pagaron el predial que hipoteca la deuda, pagaron el pasaje que no llegó y pagaron con paciencia un trancon que se volvió idioma local. La calificación de 6,9 les pertenece tanto a ellos como a la administración: es la nota de una ciudad que resiste a pesar de todo. La próxima vez que un funcionario le prometa una ciudad «que avanza segura», el ciudadano tiene derecho a hacerse la pregunta que este artículo deja sobre la mesa: si la gestión fue tan buena, ¿por qué la justicia tuvo que anular la elección del que la dirigía, un tribunal tuvo que ordenar que le devolvieran el bus a la ciudad y la Fiscalía investiga adónde fue a parar la chatarra del alumbrado público? La verdad no solo se lee; se siente. Y en Bucaramanga se siente en el asiento vacío de la estación cerrada.

Fuentes y verificación: cruce de cinco fuentes independientes

La metodología de esta casa es transparente y replicable: cualquier ciudadano puede rehacer este análisis siguiendo el mismo circuito de fuentes. Se listan, en orden, los grupos documentales consultados con sus fechas.

1. Formularios CUIPO del sistema CHIP (chip.gov.co): B_EJECUCION_DE_INGRESOS, D_EJECUCION_DE_GASTOS (vigencia actual, reservas y cuentas por pagar), FUT_DEUDA_PUBLICA (créditos, créditos por sector y renta pignorada), FUT_VIGENCIAS_FUTURAS (autorizaciones) y Sistema General de Regalías (ejecución de ingresos y gastos), vigencias DIC A DIC 2024 y 2025. Análisis forense línea por línea provisto en los informes financieros anexos a esta investigación.

2. Departamento Administrativo de la Función Pública: resultados FURAG vigencia 2025 (reporte del 17 de junio de 2026), Índice de Desempeño Institucional de alcaldías y entidades territoriales.

3. Tribunal Administrativo de Santander, sentencia del 12 de diciembre de 2024 (nulidad de la elección por doble militancia); Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 21 de agosto de 2025 (confirmatoria y destitución).

4. Prensa nacional y regional: El País América («El Consejo de Estado destituye al alcalde de Bucaramanga», 21-08-2025); El Colombiano; W Radio; RTVC Noticias; Infobae (22-08-2025 y julio de 2026); El Tiempo (aprobación del presupuesto 2025 de $1,6 billones); El Frente (proyecto de $1,77 billones y licitación de recuperación de Metrolínea); El Nuevo Siglo (plan de $5,1 billones); Vanguardia («Sentencia obliga a mejorar el transporte», 14-09-2025); Semana (medición de aprobación de alcaldes).

9. El Frente: «Ayer chatarra, hoy millonario detrimento para Bucaramanga: así es el proceso contra el exalcalde Jaime Andrés Beltrán» (elfrente.com.co).

10. Vanguardia: «¿Por qué el proceso de la chatarra llegó a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia?» (vanguardia.com, 15 de septiembre de 2026).

11. Rio Grande: «Cómo entender el escándalo de la chatarra que salpica al designado ministro de Vivienda» (riogrande.com.co, 12 de julio de 2026).

12. BluRadio: «Chatarra de la Alcaldía de Bucaramanga que desapareció se iba a subastar en $167 millones» (bluradio.com).

5. Cuestión Pública: «El rebaño del pastor Beltrán que aterrizó en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio» (investigación sobre el traslado de funcionarios de la alcaldía al ministerio).

6. Ministerio de Hacienda y Crédito Público: informe de Vigilancia Fiscal del municipio de Bucaramanga (déficit fiscal de $150.741 millones a diciembre de 2023).

7. Alcaldía de Bucaramanga: Plan de Desarrollo Municipal «Bucaramanga Avanza Segura» 2024-2027; Informe de Gestión 4T-2025; anuncios oficiales de inversión en parques ($40.000 millones, más de 43 parques); Concejo de Bucaramanga (empréstito de $538.611 millones).

8. Mediciones de opinión: Invamer Poll (febrero de 2025, 59%); encuesta regional del 7 al 16 de junio de 2025 (65,5%); medición de cierre de 2025 recogida por Semana (50% aprobación, 46% desaprobación).