Más allá de los titulares, la muerte de Jhon Jairo Torres Torres, alias Jhon Calzones, dice poco sobre un hombre y mucho sobre un país. El 29 de septiembre dos sicarios en moto llegaron a su finca del corregimiento de Morichal, en Yopal, y le dispararon. Uno de ellos tiene 17 años, viene de Armenia, Quindío, y quedó en manos de los vecinos cuando se estrelló al huir. El hombre que ganó la alcaldía en 2015 desde la cárcel La Modelo y paseaba en un jeep con una ametralladora inservible pero ruidosa se volvió caricatura nacional. La caricatura sirvió para no mirar lo esencial: ofreció a más de 10.000 familias un lote con agua, luz y gas en una ciudad donde el Estado no les daba nada de eso. Cuando un delincuente presta mejor servicio público que la alcaldía, la gobernanza criminal del Casanare ya ganó. Y Casanare es apenas el caso visible.
El mecanismo es simple y se repite. Un actor ilegal ocupa el espacio que el Estado deja libre, entrega lo que la gente necesita y cobra con lealtad. En Yopal, capital de un departamento que se vendió como ícono de la bonanza petrolera, faltaba el agua potable. Torres lo vio. Montó Ciudadela La Bendición, vendió lotes en cuotas módicas con alumbrado, gas y una planta de tratamiento de agua, y levantó una ciudad donde el ordenamiento urbano nunca llegó. Según el editorial de El Espectador, los terrenos pertenecían a un predio incautado por la SAE a socios del narcotráfico como Germán Sánchez, alias Coletas, y a tierras compradas a la familia Pérez Barreto. La Fiscalía lo procesó por captación ilegal y urbanización informal. A los compradores les importó poco. Tenían un lote a la vista y un Estado que solo aparecía en los discursos.
Ese es el sistema silencioso. Nadie anuncia que el Estado fue reemplazado. El agua llega por otra puerta y la gratitud hace el resto: el cerebro cobra lo inmediato y perdona el origen del lote. Hobbes lo explicó hace cuatro siglos: la obediencia se le entrega a quien protege. Weber agregó que el Estado es quien conserva el monopolio legítimo de la fuerza. En Yopal, el monopolio del servicio lo tuvo un privado. La ley lo destituyó y lo condenó, pero la dinámica ya estaba sembrada. Ante la inacción del ordenamiento urbano, el municipio terminó obligado a comprar y legalizar lo que un particular al margen de la ley edificó. El Estado pagó la cuenta de una ilegalidad que no supo evitar.
Los actores no caben en un apodo. Está el constructor que se hizo alcalde: ganó en 2015 estando preso, bautizó con el nombre La Bendición sus propiedades y su propia colectividad política, y prometió legalizar el suelo desde el despacho. Está el Estado ausente, que dejó sin agua a la capital de un departamento petrolero. Y están las élites. Según El Espectador, Óscar Wilches, Óscar Raúl Iván Florez, Nelson Ricardo Mariño Velandia, Willman Celemín y Efrén Hernández han pasado por la cárcel por delitos que van de la corrupción a la parapolítica. Cinco nombres de un mismo departamento ya no son una anécdota, son una costumbre.
Falta el actor sin nombre: quien ordenó el crimen. Las autoridades investigan si la orden vino de alguien privado de la libertad y exploran posibles conexiones con la estructura La Cordillera o con órdenes desde la cárcel de Cómbita. Son hipótesis, no condenas. La Gobernación de Casanare ofrece 50 millones de pesos y la Alcaldía de Yopal 30 millones: 80 millones en total por información. Meses antes, Torres dio en una entrevista los nombres de sus supuestos enemigos, según El Universal. Tenía un esquema privado de seguridad, pero estaba sin protección en el momento del ataque, según El País. La advertencia existió. La recompensa llegó después.
El impacto se mide en gente concreta. Más de 10.000 familias entraron al proyecto. Según el editorial, el entramado de urbanizaciones piratas, administrado mediante empresas de papel y extendido incluso al Vaupés, deja hoy a miles de familias en el limbo financiero y jurídico sobre quién responderá por su dinero y por sus casas. Muerto el vendedor, queda el recibo. Quien pagó cuotas por un lote con agua, gas y alumbrado no sabe a quién reclamarle, y el Estado que debería responder es el mismo que no llegó a tiempo. El costo de oportunidad es directo: cada peso que el municipio gasta en comprar y legalizar lo que otro construyó es un peso que ya no está disponible para un acueducto público.
Y está el niño. Un adolescente de 17 años llegó en moto a una finca de Morichal, se estrelló al huir y los vecinos lo retuvieron hasta que llegó la Policía. Un juez de garantías ordenó su internamiento preventivo en un centro especializado, bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, por homicidio agravado y porte ilegal de armas. El editorial lo conecta con el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá: las estructuras criminales aprovechan los vacíos del sistema penal para adolescentes y la falta de oportunidades para convertir a menores en asesinos. Más de tres décadas después de que Alonso Salazar retratara en No nacimos pa’ semilla a una juventud que aprendía a matar sin perder el sueño, la premisa sigue intacta en vastas regiones de Colombia, según el editorial.
El sistema que lo permite tiene tres patas. La primera es la informalidad: donde el ordenamiento, el catastro y el acueducto fallan, quien vende lotes con agua gobierna más que el alcalde. La segunda es la impunidad de las élites: un departamento con políticos presos por corrupción y parapolítica sigue siendo un territorio donde un hombre preso ganó la capital. La tercera es la fábrica de sicarios: sin oportunidades para los menores, el crimen siempre encuentra mano de obra barata y con vacíos legales a su favor. Ninguna de las tres se corrige con una captura. Casanare no es la excepción, es el adelanto. Lo que allí tiene apodo, jeep y ametralladora, en otras regiones tiene nombres más discretos, mejores abogados y la misma ventaja: un Estado que llega tarde.
Jhon Calzones ya no responderá por nada. Las más de 10.000 familias seguirán preguntando quién responde por el lote, el agua y el recibo. Esa es la pregunta que importa. La gobernanza criminal avanza por lo que el Estado omite: un acueducto, una oficina de planeación, una escuela abierta a tiempo. Mientras el país se ríe del jeep y de la ametralladora inservible, el Estado sigue sin llegar a otras calles de otros municipios. Más allá de los titulares, ¿cuántos Yopales necesita Colombia para entender que cada servicio público que no se presta lo presta alguien más, y que ese alguien cobra? La pregunta no es si hubo corrupción. Es si vamos a seguir permitiéndola.
