Caicedo (Antioquia): La gestión REGULAR de Yúber Felipe Molina (5,16/10 🟡) con serios cuestionamientos

Análisis forense de la gestión municipal 2024-2025 del alcalde Yúber Felipe Molina Murillo. Calificación final: 5,16/10, Regular 🟡

Por Hipólito Palencia, corrupcionaldia.com

«La corrupción no solo se denuncia, se disecciona.»

Apertura

Nos encontramos en el municipio de Caicedo, en el Occidente antioqueño, a 97 kilómetros de Medellín por una carretera de montaña donde, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, los asaltantes atravesaban ramas y alambre para detener a los carros. Un pueblo cafetero de 8.870 habitantes, 22 veredas y 2.305 hectáreas de café, que el mundo conoce desde abril de 2026 como el «primer municipio noviolento» de la Red Internacional de Ciudades Noviolentas. Vamos a auscultar la gestión municipal de Caicedo, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Yúber Felipe Molina Murillo (coalición «Por el Caicedo que queremos», con aval del Partido Conservador y coavales del Centro Democrático y Colombia Renaciente), posesionado el 1 de enero de 2024 tras imponerse con 2.474 votos (56,30 %) en las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana: los veinte formularios CUIPO, FUT y SGR del CHIP, el Índice de Desempeño Institucional de la Función Pública, el SECOP, el Plan de Desarrollo «El Caicedo que queremos 2024-2027» y la prensa regional.

Este no es un balance complaciente. Tampoco es un libelo. En enero de 2024, cuando Molina apenas llegaba al despacho, este portal advirtió que ni el Concejo ni la Alcaldía de Caicedo tenían al día su página web. Treinta y dos meses después, el 1 de octubre de 2026, la ficha «Despacho del Alcalde» del portal oficial sigue mostrando a Germán Darío Zapata Ferraro, con fecha de posesión del 1 de enero de 2016. La sección de rendición de cuentas está vacía. El Plan de Desarrollo vigente no está publicado; lo encontramos en el repositorio de la ESAP. Una alcaldía que no le cuenta a su pueblo quién la gobierna difícilmente le contará en qué gasta la plata. Por eso fuimos a los formularios.

¿Gobernar es solo no robar, o es también cumplir? En Caicedo la pregunta tiene cifras. Mientras el déficit de vivienda del municipio llega al 69,77 %, el producto «vivienda de interés social mejorada» recibió $ 8,0 millones en 2024. Ese mismo año, la Alcaldía comprometió $ 2.703,4 millones en un proyecto que el presupuesto registra como «sedes mantenidas» y que el SECOP identifica como la construcción del Museo de la Noviolencia, contratado de forma directa por $ 2.627,2 millones; y pagó $ 395,7 millones por la tarima, el sonido y los artistas de las fiestas de noviembre. En el examen del Estado, el FURAG 2025, la Alcaldía sacó 38,44 sobre 100: puesto 1.072 entre 1.099 alcaldías del país, 119 entre 125 de Antioquia, casi veinte puntos por debajo de los 57,9 que tenía en 2022. Adelantamos el resultado: 5,16 sobre 10, Regular 🟡. Y como la nota cae por debajo de 7,0, este análisis incluye el examen jurídico del prevaricato por omisión.

Cruzamos cinco fuentes independientes: los formularios CHIP de la Contaduría General de la Nación (CUIPO, FUT de deuda, FUT de vigencias futuras y SGR, vigencias 2024 y 2025, descargados por corrupcionaldia.com), el reporte FURAG 2025 de la Función Pública, el SECOP I a través de datos.gov.co y colombialicita.com, el Plan de Desarrollo 2024-2027 y el programa de gobierno del alcalde (repositorio ESAP), y la prensa regional y departamental (Gobernación de Antioquia, Hora 13 Noticias, Minuto30, El Colombiano, Semana, DiariOriente). Una advertencia de método: los dos resúmenes financieros que circularon antes de este análisis contenían errores graves, como pagos de inversión de $ 898,8 millones en 2024 que no existen en el formulario oficial. Los descartamos. Cada cifra de este artículo sale de los formularios originales.

El municipio y el plan «El Caicedo que queremos»

Caicedo es municipio de sexta categoría, ZOMAC y no PDET. Tiene 224 kilómetros cuadrados, 3.115 viviendas (757 urbanas y 2.378 rurales) y una economía que depende del café: el 93,6 % de su población trabaja en la informalidad, según el diagnóstico del propio Plan de Desarrollo. El NBI rural es de 18,82. El municipio tiene 72 kilómetros de vías terciarias, «de las cuales pocas están en buenas condiciones»; la vía a Anzá suma 61 kilómetros en mal estado. Hay 15 acueductos veredales con unos 2.025 suscriptores y «desafíos significativos» de legalización y gestión técnica. La cobertura de alcantarillado o pozo séptico en la zona rural es de apenas el 10 %, frente al 97 % urbano. El déficit de vivienda es de 69,77 %. La mortalidad por homicidio, la diabetes y el cáncer de cuello uterino superan la tasa departamental.

El alcalde Molina se presentó en campaña como tecnólogo en comunicación social, cofundador de una emisora comunitaria y líder social desde los 14 años, con experiencia en acueductos veredales y acciones comunales. Prometió donar un millón de árboles de café y 10.000 frutales, invertir $ 160 millones en emprendimiento, traer una sede de universidad digital y aumentar el pie de fuerza.

El Plan de Desarrollo «El Caicedo que queremos 2024-2027» tiene cinco líneas: Caicedo Sorprende; Seguridad Humana para la Protección de la Vida; Educación Inclusiva y Justicia Social; Infraestructura y Equipamiento Estratégico para la Paz; y Gobierno Abierto y Transparente para la Paz. Proyecta $ 61.110 millones de inversión en el cuatrienio. El diagnóstico participativo reunió a unas 1.700 personas en mesas urbanas y veredales. No encontramos el número ni la fecha del Acuerdo que lo adoptó: no está en el portal municipal ni en el del Concejo. La quinta línea se llama «Gobierno Abierto y Transparente». Guardemos ese nombre.

Metodología: cómo calificamos la gestión municipal

Aplicamos la metodología de corrupcionaldia.com, la misma de Toluviejo, Agua de Dios, Abejorral y La Vega. Seis componentes, cada uno de 0 a 10, ponderados por su peso. La escala no es absoluta: un 7,0 en Caicedo no equivale a un 7,0 en Medellín, pero la transparencia y la legalidad se exigen igual en todas partes.

Tabla 1. Escala de calificación

Tabla 2. Componentes y pesos

Regla del Prevaricato por Omisión: si la calificación final es igual o inferior a 6,9, desarrollamos el análisis jurídico del artículo 414 del Código Penal. Si es igual o superior a 7,0, lo omitimos.

Componente 1 (25 %): FURAG, el sótano del país

El Índice de Desempeño Institucional 2025, publicado por la Función Pública el 17 de junio de 2026, califica a 1.099 alcaldías. La Alcaldía de Caicedo obtuvo 38,44 puntos. Para dimensionarlo:

• Puesto 1.072 entre 1.099 alcaldías del país. Solo 27 alcaldías sacaron menos. Solo 36 están por debajo de 40.
• Puesto 119 entre 125 alcaldías de Antioquia, el departamento que tiene a Sabaneta (98,74), Fredonia (98,09) y Envigado (97,63) en el podio nacional.
• Puesto 303 entre 317 alcaldías de su grupo par (Grupo 5), cuya mediana es 68,52.
• La mediana nacional es 71,27; la de Antioquia, 66,16. Caicedo está 32,8 puntos por debajo del país y 27,7 por debajo de su propio departamento.
• En el Occidente antioqueño, sus vecinos de montaña y presupuesto parecido sacaron mucho más: Giraldo 89,65, Dabeiba 83,04, Armenia 83,94, Cañasgordas 80,63, Buriticá 78,09, Anzá 60,31. Solo Urrao (36,58) y Abriaquí (30,04) quedaron por debajo.

El dato que convierte la cifra en hallazgo está en el propio Plan de Desarrollo. En la página 178, la Alcaldía de Molina escribió su línea base: 57,9 puntos en 2022, y su meta para el cuatrienio: 70. Dos años después, el índice no subió doce puntos; cayó 19,46. La administración quedó 31,56 puntos por debajo de la meta que ella misma se fijó.

El FURAG no mide obras. Mide si la entidad tiene planeación, talento humano, control interno, gestión documental, transparencia, servicio al ciudadano y rendición de cuentas funcionando bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), obligatorio desde el Decreto 1499 de 2017. Un 38,44 significa que la Alcaldía de Caicedo no tiene en orden los procesos con los que se controla a sí misma. Es coherente con lo que vimos en su portal: un alcalde de 2016 en la ficha del despacho y una sección de rendición de cuentas sin contenido. El archivo de la Función Pública que tenemos trae el índice consolidado; el desglose de las 19 políticas de gestión está en el libro de 104 columnas que la entidad publica aparte, y ese detalle queda como tarea pendiente de este expediente.

Calificación componente 1: 3,84/10, MEDIOCRE 🟠.

Componente 2 (20 %): CUIPO, ejecución presupuestal línea por línea

Los números, esos testigos mudos que nunca mienten, cuentan una historia de dependencia y de cierres de año apurados.

Tabla 3. Ingresos recaudados por fuente (millones de pesos)

Fuente: CHIP, CUIPO B_EJECUCION_DE_INGRESOS (DIC A DIC 2024 y 2025) y SGR EJECUCION_DE_INGRESOS. Suma de las cuatro columnas de recaudo.

Primera lectura: el esfuerzo propio crece, pero sobre un piso de arena. Los ingresos propios pasaron de $ 2.829,3 millones a $ 3.756,6 millones (+32,8 %). El predial subió 48,6 %, un dato que merece reconocimiento. Pero el predial de todo un año, $ 319,0 millones, equivale a lo que la Alcaldía pagó por las fiestas de 2024 menos $ 76,7 millones. Y la renta propia más gorda no es un impuesto a la riqueza local: son las estampillas ($ 1.117,4 millones en 2025), que se descuentan de los mismos contratos que firma la Alcaldía. Más contratación produce más estampilla; eso no es autonomía, es un espejo del gasto.

Segunda lectura: la dependencia. Las transferencias (SGP, ADRES, Gobernación y participaciones) más las regalías representan el 88,0 % de los ingresos corrientes en 2024 y el 85,8 % en 2025. El esfuerzo propio pesa el 12,0 % y el 14,2 %. Caicedo vive de lo que le giran Bogotá y Medellín. La Gobernación de Antioquia pasó de girarle $ 2.479,0 millones a $ 4.128,3 millones; solo el Departamento transfirió $ 3.890,2 millones en 2025. Esa plata, con destinación específica, financió buena parte de las obras grandes del período.

Tabla 4. Ejecución de gastos, vigencia actual, todas las secciones (millones de pesos)

Fuente: CHIP, CUIPO D_EJECUCION_DE_GASTOS, sección Vigencia Actual (Administración Central, Concejo, Personería y Servicios Públicos).

La inversión representa el 84,6 % del gasto en 2024 y el 89,5 % en 2025. Pero hay que depurarla. Del total, $ 10.847,1 millones (2024) y $ 11.420,5 millones (2025) corresponden a la afiliación al régimen subsidiado de salud, plata que llega de la Nación y sale hacia las EPS sin que el alcalde decida nada. Descontado ese paso, la inversión real fue de $ 8.622,2 millones en 2024 (70,8 % del gasto depurado) y $ 14.491,1 millones en 2025 (82,6 %). Para un municipio de sexta categoría, donde la inversión alta es la norma y no un mérito, la cifra está dentro del rango esperado. El funcionamiento bajó de 13,0 % a 9,5 % del gasto, y el indicador de Ley 617 de 2024 fue de 67,75 % frente a un tope de 80 %, según el informe de viabilidad fiscal de la Gobernación. Los pagos cubren el 99,0 % (2024) y el 97,4 % (2025) de lo obligado.

El hallazgo del cierre: las obras grandes se firman en el último trimestre. La diferencia entre compromisos y obligaciones al 31 de diciembre es la plata que queda «reservada» para pagarse al año siguiente. En 2024 fueron $ 2.424,8 millones; en 2025, $ 2.834,8 millones. Dos proyectos explican casi todo:

• En 2024, el proyecto BPIN 2023051250033, registrado como «Sedes mantenidas», comprometió $ 2.703,4 millones con recursos del balance de transferencias de otras entidades, y al cierre solo había obligado $ 474,4 millones. En 2025 la sección de reservas muestra el pago de los $ 2.228,9 millones restantes. Cruzado con el SECOP, el valor coincide con el contrato CIA-002-2024, firmado el 1 de octubre de 2024 con la Empresa de Desarrollo Urbano de Dabeiba (EDURHA) para construir el Museo de la Noviolencia, por $ 2.627,2 millones (los rubros de $ 2.378,7 millones y $ 248,1 millones suman $ 2.626,9 millones). Un museo registrado en el presupuesto como mantenimiento de sedes. Le pedimos a la Alcaldía que confirme o desmienta este cruce.
• En 2025, el proyecto BPIN 202500000040888, «Cancha mejorada», comprometió $ 2.363,8 millones y al 31 de diciembre había obligado cero pesos. En el SECOP corresponde al contrato CIA-012-2025, firmado el 6 de noviembre de 2025, por contratación directa con la Empresa de Desarrollo Urbano de Andes (EDUAN), a diez meses.

Las reservas se pagan: la de 2024 se ejecutó al 97,9 % en 2025. No hay ejecución en papelería. Lo que hay es un patrón: la plata de destinación específica llega, se queda quieta casi todo el año y se compromete en octubre o noviembre con una empresa de otro municipio, sin licitación. Ese patrón es el corazón del componente de transparencia.

Puntaje: base 5,0; inversión superior al 75 % (+1,5); pagos sobre obligaciones superiores al 95 % (+1,0); deuda dentro de los límites legales (+0,5); vigencias futuras con acto administrativo (+0,5); dependencia de transferencias superior al 85 % (-1,0); reservas recurrentes por obras firmadas al cierre (-0,5); inconsistencias en el reporte de deuda (-0,3). Total: 6,70.

Calificación componente 2: 6,70/10, Regular 🟡.

Deuda pública, vigencias futuras y regalías: la retroexcavadora a crédito

Deuda. Caicedo heredó $ 1.186,3 millones de deuda al cierre de 2023: cuatro créditos con el IDEA (volqueta, motoniveladora, vías y puente) y uno con Bancolombia para alumbrado público. En 2024 la administración amortizó $ 400,6 millones, pagó $ 131,6 millones de intereses, canceló dos créditos y bajó el saldo a $ 920,6 millones. Bien hecho. En 2025 volvió a endeudarse.

Tabla 5. Créditos vigentes al cierre de 2025 (millones de pesos)

Fuente: CHIP, FUT_DEUDA_PUBLICA, formularios CREDITOS, CREDITOS_POR_SECTOR y RENTA_PIGNORADA, 2024 y 2025.

El saldo subió 66,0 % en un año. En términos de solvencia no es grave: equivale al 5,8 % de los ingresos corrientes de 2025 y el servicio proyectado para 2026 es de $ 278,6 millones. La pregunta es de prioridades. La retroexcavadora, firmada con el IDEA el 5 de diciembre de 2024, aparece en el presupuesto de 2025 como «Banco de maquinaria dotado» por $ 750,9 millones, y en el SECOP como el contrato CIA-005-2025 con Renting de Antioquia (RENTAN), por contratación directa, por $ 750.893.524. La Alcaldía empeñó el SGP de libre inversión hasta 2031 para comprar una máquina; del crédito de $ 900 millones para mitigación y placa huella firmado en agosto de 2025 apenas se desembolsaron $ 80,4 millones.

Tres inconsistencias del reporte, menores pero reveladoras de un control interno débil: el crédito de vías aparece en 2024 firmado el 13 de septiembre de 2021 por $ 891,2 millones y en 2025 firmado el 22 de julio de 2020 por $ 900 millones; el crédito de mitigación reporta un desembolso acumulado de $ 80.197.000 y un desembolso en la vigencia de $ 80.409.597; y el CUIPO registra recursos de crédito por $ 780.197.500 mientras el FUT reporta $ 780.409.597. Diferencias de $ 212.000 que un contador corrige en una tarde. Que lleguen así a la Contaduría habla del 38,44.

Vigencias futuras. Dos autorizaciones con acto administrativo, ambas modestas y ordenadas: $ 275,7 millones para educación con cargo a 2025 (acto 012 del 26 de noviembre de 2024, proyecto BPIN 2024051250015, infraestructura educativa) y $ 335,2 millones con cargo a 2026 (acto 008 del 30 de octubre de 2025: $ 266,5 millones para salud pública y $ 68,8 millones para el sistema carcelario). Nada que objetar.

Regalías. Caicedo no es PDET; no recibe giros del OCAD Paz ni de la Agencia de Renovación del Territorio. Su relación con el SGR es la asignación para la inversión local. En 2024 recibió $ 1.729,2 millones y comprometió $ 1.833,7 millones, casi todo en el proyecto BPIN 2022051250051, una cancha construida formulada en la administración anterior: $ 1.439,7 millones registrados bajo un rubro de transferencias de funcionamiento y $ 344,1 millones como inversión. Un proyecto de infraestructura deportiva clasificado como funcionamiento es un error de clasificación que distorsiona cualquier lectura de eficiencia. Los $ 50 millones de estufas ecoeficientes de 2024 se comprometieron y no se obligaron; en 2025 se ejecutaron. En 2025 el SGR trajo $ 402,3 millones: $ 352,3 millones para placa huella y $ 50 millones para estufas, pagados al 100 %. Las regalías que llegaron se gastaron. La mayor parte, en otra cancha.

Componente 3 (20 %): el Plan de Desarrollo, cinco dolores y cinco veredictos

El diagnóstico participativo de 1.700 personas no publicó su ranking de problemas; lo reconstruimos con los diagnósticos sectoriales del propio plan, la prensa y el programa de gobierno. A cada problema le contrastamos lo que muestran el CHIP y el SECOP. No existe informe público de avance de metas: ni rendición de cuentas, ni plan de acción, ni evaluación de la Gobernación disponible. El silencio también se califica.

Tabla 6. Los cinco problemas comunitarios: compromiso, evidencia y calificación

Vías: la máquina llegó, los kilómetros no se cuentan. La administración compró una retroexcavadora, firmó convenios con la Federación de Cafeteros y con las juntas de acción comunal, y gastó $ 2.495,7 millones en dos años. Es la forma correcta de mantener vías rurales. Pero ninguna fuente pública dice cuántos de los 100 kilómetros prometidos se intervinieron. Y el 26 de febrero de 2026 fue el propio alcalde quien denunció ante Hora 13 Noticias que la vía principal Santa Fe de Antioquia-Caicedo se había vuelto ruta de asaltos: «no lo pueden hacer en la noche, pero en el día viajan con temor».

Agua: plata urbana para un problema rural. El dolor de Caicedo está en las veredas, donde el saneamiento llega al 10 %. Los $ 472 millones en unidades sanitarias van en esa dirección. Pero el contrato más grande del sector, $ 1.553,0 millones con adición, repone redes del casco urbano, que ya tenía 97 % de cobertura de alcantarillado. Puede haber razones técnicas (redes vencidas, pérdidas de agua); la Alcaldía no las ha publicado.

Vivienda: el dolor más grande, la partida más pequeña. Siete de cada diez hogares de Caicedo viven en déficit habitacional. En 2024 el producto de vivienda recibió $ 8,0 millones. Con lo que costaron las fiestas de ese año ($ 395,7 millones) se habrían financiado 49 veces esa partida. Con lo que costó el museo, 328 veces. Ese contraste resume las prioridades reveladas del período.

Educación: la apuesta más clara, con una pregunta. La inversión educativa se duplicó y llegó a 30 sedes. El PAE se contrató por licitación, que es lo correcto. Pero hay una cifra que no cuadra: el 4 de noviembre de 2025, la Gobernación anunció que la nueva sede del C.E.R. El Chochal costó $ 325 millones ($ 275 millones del municipio y $ 50 millones del departamento). En el SECOP, el contrato 25-12-14290362 para la «reposición del C.E.R. El Chochal» con EDURHA vale $ 1.364,97 millones. ¿Son obras distintas, etapas de la misma obra o una diferencia de $ 1.040 millones que alguien debe explicar? Se lo preguntamos a la Alcaldía.

Empleo rural: la promesa del millón de árboles. El gasto agropecuario bajó 28,2 % entre 2024 y 2025. En un municipio donde el café es casi toda la economía y el 93,6 % trabaja en la informalidad, el programa de gobierno prometió un millón de árboles de café. No encontramos contrato, convenio ni reporte que lo acredite.

Calificación componente 3: 5,30/10, Regular 🟡.

Componente 4 (15 %): transparencia en la contratación pública

La Alcaldía de Caicedo (NIT 890.984.224-4) contrata en el SECOP I; en el SECOP II aparece un solo registro. Según colombialicita.com, firmó 159 procesos por $ 7.037,7 millones en 2024 y 162 por $ 11.011,2 millones en 2025. La contratación directa pesó el 45,3 % del valor en 2024 y el 55,2 % en 2025. Esa fuente no incluye varios contratos interadministrativos grandes. En los datos crudos de datos.gov.co, que tienen filas duplicadas y deben leerse con cautela, la contratación directa llega al 51,0 % del valor en 2024 y al 73,7 % en 2025.

Tabla 7. Los contratos que definen el período (SECOP I)

Fuente: datos.gov.co (SECOP I, f789-7hwg) y colombialicita.com, consulta del 1 de octubre de 2026.

Lo que se ve bien: el PAE va por licitación pública en los dos años. No encontramos sanciones de Colombia Compra Eficiente ni pliegos de cargos contra la Alcaldía.

Lo que merece examen:

1. El circuito de las EDU. Cuatro empresas de desarrollo urbano de otros municipios (Dabeiba, Remedios, Andes y San Carlos) recibieron $ 10.058 millones por contratación directa interadministrativa; con RENTAN y VIVA la cifra llega a $ 11.170 millones. El contrato interadministrativo es legal. También es la vía que esquiva la licitación: la EDU recibe la plata y subcontrata sin que el pueblo vea quién construye ni a qué precio. En agosto de 2026, la Contraloría General de Antioquia reportó un posible «hueco» de $ 15.983 millones en 31 EDU del departamento, con $ 6.980 millones atribuidos a la de Dabeiba, la misma que construyó el museo y los dos colegios de Caicedo. El informe no menciona a Caicedo; la coincidencia obliga a preguntar.
2. Ninguna interventoría visible. Más de $ 10.000 millones en obras por administración delegada y no aparece un solo contrato de interventoría entre los cien de mayor valor de cada año. Si la supervisión la hizo un funcionario de planta, el expediente debe mostrarlo.
3. Mínimas cuantías al peso exacto del tope. Cinco contratos de $ 36.400.000 en 2024 y seis de $ 39.858.000 en 2025: justo el 10 % de la menor cuantía de cada año. Es una señal clásica de fraccionamiento posible. No afirmamos que lo haya; señalamos que el patrón es verificable.
4. Objetos vagos. «Suministro de bienes y servicios asociados al cumplimiento del plan de desarrollo… acciones estratégicas de impacto e inversión social» ($ 248,2 millones, IDEAR) y «apoyar la gestión de materiales» ($ 360,5 millones, VIVA). Un objeto que no dice qué se compra no se puede vigilar.
5. Publicación a medias. SECOP I en lugar de SECOP II, portal institucional detenido en 2016, sin rendición de cuentas publicada. La Ley 1712 de 2014 no es opcional.

Puntaje: base 6,0; obras mayores por contratación directa interadministrativa sin interventoría visible (-1,0); objetos vagos y mínimas cuantías al tope (-0,5); publicación deficiente en SECOP I y en el portal (-0,5). Total: 4,00.

Calificación componente 4: 4,00/10, MEDIOCRE 🟠.

Componente 5 (10 %): cumplimiento de los ODS

Tabla 8. ODS priorizados y evidencia

Caicedo cumple los ODS en la medida en que el departamento y la Nación le giran plata con destinación específica: salud, educación, agua. Falla donde el alcalde tiene libertad de decidir: vivienda, empleo rural e instituciones.

Calificación componente 5: 5,50/10, Regular 🟡.

Componente 6 (10 %): percepción ciudadana

No encontramos protestas, paros ni plantones contra la administración en 2024, 2025 ni en lo corrido de 2026. No encontramos investigaciones de la Procuraduría, la Fiscalía o la Contraloría que nombren al alcalde Molina; la nota de El Colombiano de abril de 2026 sobre alcaldes del Occidente investigados se refiere a Sopetrán y Uramita. La Defensoría del Pueblo no incluyó a Caicedo en sus alertas tempranas recientes.

Encontramos inseguridad en la vía de acceso, denunciada por el propio alcalde, y un consejo de seguridad presidido por el gobernador Andrés Julián Rendón en Caicedo el 4 de noviembre de 2025, con recompensas contra cabecillas del Frente 34 de las disidencias y del Clan del Golfo que operan en la región. Encontramos el reconocimiento de Caicedo como municipio noviolento en abril de 2026, que honra a la comunidad y no a una alcaldía en particular. Y encontramos un silencio institucional que pesa: sin rendición de cuentas publicada, el ciudadano no tiene cómo opinar sobre lo que no conoce.

Puntaje: base 7,0; participación ciudadana documentada en el diagnóstico del plan (+0,5); opacidad informativa del portal y ausencia de rendición de cuentas publicada (-1,0). Total: 6,50.

Calificación componente 6: 6,50/10, Regular 🟡.

Radar integral: la calificación final ponderada

Tabla 9. Cálculo desarrollado

Veredicto: 5,16/10, Regular 🟡. Sin redondeo editorial. Caicedo no es un municipio quebrado: paga lo que obliga, cumple la Ley 617, su deuda es manejable y las reservas se ejecutan. Lo que lo hunde son tres cosas que dependen del alcalde y de nadie más: una alcaldía que reprueba el examen de desempeño institucional con la nota más baja de su historia reciente, una contratación que canaliza las obras grandes por la puerta directa de empresas de otros municipios, y unas prioridades que pusieron $ 2.627 millones en un museo y $ 8 millones en vivienda el mismo año.

Análisis jurídico: el Prevaricato por Omisión (Art. 414 CP)

La calificación de 5,16 activa, por regla metodológica, este examen. Advertimos lo que advertimos siempre: este análisis no acusa, examina; no condena, indaga. La presunción de inocencia del alcalde Molina está intacta, y la demostración del dolo excede lo que puede hacer el periodismo.

Tipificación. El artículo 414 del Código Penal (Ley 599 de 2000) dice: «El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses», con las penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. Es un delito de mera conducta: basta la omisión dolosa de un deber concreto, legal y exigible.

Tabla 10. Elementos del tipo frente a la evidencia

Omisión documentada 1: la transparencia activa. La Ley 1712 de 2014 obliga a publicar en el portal la estructura de la entidad, sus directivos, el presupuesto, los planes y los informes de gestión. El 1 de octubre de 2026, el portal de Caicedo muestra como alcalde a Germán Darío Zapata Ferraro, posesionado en 2016; el Plan de Desarrollo 2024-2027 no aparece; las secciones de rendición de cuentas y de planeación están vacías. La omisión es continuada, verificable por cualquier ciudadano y fue advertida públicamente en enero de 2024.

Omisión documentada 2: la rendición de cuentas. La Ley 1757 de 2015 obliga a las administraciones territoriales a rendir cuentas de forma permanente y a publicar sus informes. No encontramos un solo informe de rendición de cuentas de la vigencia 2024 ni de la 2025. La consecuencia es concreta: los 8.870 habitantes de Caicedo no tienen cómo saber cuántos kilómetros de vía se arreglaron, cuántas viviendas se mejoraron o qué compró la Alcaldía con $ 360,5 millones de «gestión de materiales».

Omisión documentada 3: el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. El Decreto 1499 de 2017 obliga a implementar el MIPG. La administración escribió en su propio plan que el índice debía pasar de 57,9 a 70. Lo dejó caer a 38,44. Cuando el servidor fija la meta, conoce el deber; cuando el indicador se desploma, la pregunta por la omisión es legítima.

Omisión documentada 4: la vigilancia de las obras. El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 obliga a vigilar cada contrato mediante supervisión o interventoría, y el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 exige interventoría en los contratos de obra que resulten de licitación. Las obras de Caicedo no pasaron por licitación: se entregaron por contrato interadministrativo a empresas de otros municipios, por más de $ 10.000 millones, y no aparece una interventoría en el SECOP. Si la supervisión existe, la Alcaldía debe mostrarla. Si no existe, hay un deber incumplido sobre la plata pública más grande del período.

Abuso de autoridad y favorecimiento ilícito. No encontramos evidencia de abuso de autoridad. Sobre favorecimiento, solo hay indicios que requieren verificación: la concentración de $ 10.058 millones en cuatro EDU foráneas por contratación directa, la coincidencia con la EDU de Dabeiba que la Contraloría General de Antioquia señala por $ 6.980 millones, y las mínimas cuantías al tope exacto. Nada de esto prueba un delito. Todo esto justifica una auditoría.

Conclusión. Las cuatro omisiones descritas tienen deber legal claro, conducta verificable y daño institucional medible: una comunidad que no puede ejercer control social sobre $ 51.982,5 millones comprometidos en dos años. Corresponde a la Procuraduría Provincial examinar la dimensión disciplinaria, a la Contraloría General de Antioquia auditar los contratos interadministrativos con EDURHA, EDUAN, IDEAR y EDESAN, y a la Fiscalía valorar si hay mérito penal. El dolo, si existe, no se demuestra en un artículo; se demuestra en un proceso.

Lo que hizo bien / Lo que falta

Lo que hizo bien. Pagó el 99,0 % y el 97,4 % de lo que obligó. Ejecutó las reservas al 97,9 %. Bajó la deuda en 2024 y canceló dos créditos. Cumplió la Ley 617 con margen. Subió el predial 48,6 %. Duplicó la inversión educativa y contrató el PAE por licitación. Puso $ 472 millones en unidades sanitarias rurales. Gestionó ante el Departamento transferencias por $ 3.890,2 millones en 2025. Autorizó vigencias futuras con acto administrativo y para fines sociales.

Lo que falta. Un portal que diga quién es el alcalde. Un informe de rendición de cuentas. El número del acuerdo que adoptó el plan. Una explicación de por qué un museo figura en el presupuesto como «sedes mantenidas». La diferencia entre los $ 325 millones que anunció la Gobernación y los $ 1.365 millones del contrato de El Chochal. Las interventorías de las obras de las EDU. Un proyecto de vivienda a la altura de un déficit de 69,77 %. El millón de árboles de café. Y una estrategia para devolver al índice de desempeño institucional los veinte puntos que se perdieron.

Cierre periodístico: la pregunta que queda

Caicedo le enseñó a Colombia, durante veinticinco años, que una comunidad puede decidir no responder a la violencia con violencia. El mundo lo reconoció en 2026. Esa misma comunidad tiene hoy una alcaldía que paga sus cuentas, pero que no le cuenta a nadie en qué las gasta; que levantó un museo para la noviolencia mientras siete de cada diez familias esperan una casa digna; y que reprobó, con 38,44, el examen con el que el Estado mide si una alcaldía funciona. La noviolencia también es exigir. Sin gritos, con los formularios en la mano.

¿De qué le sirve a un pueblo ser ejemplo de paz para el mundo si su propia alcaldía no le rinde cuentas a su gente?

Anexo: fuentes, metodología y limitaciones

Fuentes oficiales

• CHIP, Contaduría General de la Nación, entidad 212505125 Caicedo: CUIPO B_EJECUCION_DE_INGRESOS y D_EJECUCION_DE_GASTOS (Vigencia Actual, Reservas y Cuentas por Pagar), DIC A DIC 2024 y 2025; FUT_DEUDA_PUBLICA CREDITOS, CREDITOS_POR_SECTOR y RENTA_PIGNORADA, 2024 y 2025; FUT_VIGENCIAS_FUTURAS AUTORIZACIONES, OCT A DIC 2024 y 2025; SGR EJECUCION_DE_INGRESOS y EJECUCION_DE_GASTOS, DIC A DIC 2024 y 2025. https://www.chip.gov.co/inicio/consulta/ciudadano
• Función Pública, Resultados de Desempeño Institucional vigencia 2025, territorio, 17 de junio de 2026.
• Plan de Desarrollo «El Caicedo que queremos 2024-2027» y programa de gobierno de Yúber Felipe Molina Murillo, repositorio ESAP. https://repositoriocdim.esap.edu.co/items/2879885d-ff6e-4e4d-adbd-0bd334e0eae2
• Resultados electorales 2023, colombia.com. https://www.colombia.com/elecciones/2023/resultados/alcaldia.aspx?C=AL&D=1&M=67
• SECOP I, datos.gov.co (f789-7hwg), NIT 890984224-4; colombialicita.com, entidad 1562.
• Gobernación de Antioquia: informe de viabilidad fiscal vigencia 2024; boletines del 4 de noviembre de 2025 (sede educativa El Chochal, hospital, consejo de seguridad).
• Portal de la Alcaldía de Caicedo, consultado el 1 de octubre de 2026. https://www.caicedo-antioquia.gov.co
• Hora 13 Noticias (26-feb-2026 y 17-mar-2026), Minuto30 (18-mar-2026), El Colombiano (24-abr-2026; nota de la Contraloría sobre las EDU, 10-ago-2026), Semana (30-abr-2026), DiariOriente (29-ago-2025), UNGRD (alerta del 19-feb-2025).
• corrupcionaldia.com, «Caicedo», 29 de enero de 2024. https://corrupcionaldia.com/caicedo/

Limitaciones

1. El reporte FURAG disponible trae el índice consolidado; el desglose por políticas de gestión no se analizó.
2. No existe informe público de avance físico del plan; las notas del componente 3 se basan en ejecución presupuestal, contratos y prensa.
3. Los totales de contratación del SECOP I difieren entre colombialicita.com y datos.gov.co, que trae filas duplicadas; se reportan ambos y se usan solo como orden de magnitud.
4. La identificación del proyecto «Sedes mantenidas» con el Museo de la Noviolencia es un cruce de valores entre CHIP y SECOP hecho por corrupcionaldia.com; la Alcaldía puede confirmarlo o desmentirlo.
5. No se tuvo acceso al número ni la fecha del Acuerdo que adoptó el Plan de Desarrollo.
6. Los hechos de 2026 se citan como contexto y no se computan como logro ni como falla del período 2024-2025.

«La verdad también tiene forma.» corrupcionaldia.com, Hipólito Palencia.