Análisis forense de la gestión municipal 2024-2025
Por Hipólito Palencia — corrupcionaldia.com
«La corrupción no solo se denuncia, se disecciona.»
Apertura
Nos encontramos en el municipio de San José de Cúcuta, capital de Norte de Santander, la mayor ciudad colombiana sobre la frontera con Venezuela, con casi 800.000 habitantes y una deuda histórica con su propia gente: la de ser la puerta de un país y sentirse, todavía, la puerta de atrás del suyo. Vamos a auscultar la gestión municipal de Cúcuta, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense,el trabajo del alcalde Jorge Enrique Acevedo Peñaloza (movimiento Todos por Cúcuta), posesionado el 1 de enero de 2024 tras imponerse con 89.759 votos (28,47%) en las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023, en la elección más reñida de todas las capitales: apenas 2.314 votos de diferencia sobre José Leonardo Jácome. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.
Este no es un balance complaciente. Tampoco es un libelo. Es la lectura conjunta de 36 formularios oficiales del CHIP (CUIPO, FUT deuda pública, FUT vigencias futuras y Sistema General de Regalías de las vigencias 2024, 2025 y el primer semestre de 2026), el Índice de Desempeño Institucional de Función Pública, la contratación registrada en SECOP II, más de veinte fuentes periodísticas independientes y la única encuesta ciudadana seria de la ciudad. La pregunta que guía estas líneas no es nueva, pero en Cúcuta tiene filo: ¿gobernar es solo no robar, o es también cumplir? Porque este alcalde llegó prometiendo una ciudad “perseverante, segura y productiva”, y a mitad de camino los cucuteños tienen simultáneamente la mejor percepción de su ciudad en años —68,56% de imagen favorable— y los cinco problemas que más los aquejan exactamente igual que como los encontraron, con un agravante: el agua.
El veredicto, como adelanto de responsabilidad con el lector: calificación final 6,28/10 — Regular (🟡 VIGILAR), con un componente de transparencia en la contratación que cae hasta 3,5/10 y que obliga, por regla metodológica, a examinar si las omisiones documentadas configuran el delito de prevaricato por omisión del artículo 414 del Código Penal. Cada cifra de este artículo puede verificarse en las fuentes citadas al pie. Los números, esos testigos mudos que nunca mienten, ya declararon; lo que sigue es la transcripción de su testimonio.
El municipio y el plan «Cúcuta Perseverante, Segura y Productiva»
Cúcuta es un municipio de primera categoría (Ley 617 de 2000), con proyecciones de población DANE 2025 en el rango de 777.000 a 815.000 habitantes, núcleo de un área metropolitana de más de un millón. Es ciudad fronteriza bajo el régimen especial de la Ley 191 de 1995, con la presión fiscal y social continua de la migración venezolana, y uno de los epicentros del conflicto armado residual del Catatumbo. Gobernarla no es gobernar un municipio cualquiera: es administrar una aduana humana.
El alcalde. Jorge Enrique Acevedo Peñaloza (Cúcuta, 1976), ingeniero industrial de la Universidad Libre, especialista en finanzas y magíster en administración, hijo del recordado compositor Carlos Acevedo Ferrer. Antes de ganar en su quinta aspiración popular —cayó en 2015 con 87.441 votos y en dos campañas a Cámara, por Centro Democrático y luego por el Partido Liberal—, fue secretario de Desarrollo Social (2008-2011) y director de Bienestar Social. Llegó al poder con el movimiento Todos por Cúcuta y con respaldos que La Silla Vacía documentó con precisión incómoda: el del exalcalde condenado Ramiro Suárez Corzo y el del gobernador William Villamizar. Es su primer mandato. Su esposa, Yirley Vargas Torrado, fue gestora social de la ciudad y en 2026 resultó electa senadora con 123.731 votos, 66.470 de ellos en Cúcuta. Ese dato doméstico dejará de ser doméstico más adelante.
El plan de desarrollo. «Cúcuta Perseverante, Segura y Productiva» 2024-2027, adoptado mediante el Acuerdo municipal 017 del 7 de junio de 2024, aprobado por unanimidad en el Concejo el 30 de mayo previo, tras encuentros ciudadanos con más de 8.000 asistentes. Seis pilares, 28 componentes, 46 proyectos estratégicos, un presupuesto previsto de $6,1 billones. En su arquitectura fina, las prioridades declaradas fueron: compromiso social con inclusión y derechos ($5,40 billones), ordenamiento sostenible del suelo ($813.271 millones), vías para la movilidad ($262.465 millones), seguridad y convivencia ($103.474 millones), eficiencia administrativa ($136.631 millones) y garantía de trabajo ($67.255 millones). Los cucuteños, cuando les preguntaron en la encuesta del programa Cúcuta Cómo Vamos qué exigían, dijeron casi lo mismo en otro idioma: salud (58,3%), empleo (51,1%) y seguridad (36,8%). El plan, en el papel, escuchó.
El problema no fue el papel. Fueron los dos años siguientes.
Metodología: cómo calificamos la gestión municipal
La calificación final es un promedio ponderado de seis componentes, cada uno evaluado de 0 a 10: FURAG/IDI (25%), ejecución presupuestal CUIPO (20%), avance del Plan de Desarrollo sobre los cinco problemas comunitarios (20%), transparencia en contratación SECOP (15%), cumplimiento de ODS (10%) y percepción ciudadana (10%).
| Rango | Calificación | Indicador |
|---|---|---|
| 0,0-2,9 | PÉSIMO | 🔴 CRÍTICO — posible prevaricato por omisión |
| 3,0-4,9 | MEDIOCRE | 🟠 PREOCUPANTE |
| 5,0-6,9 | Regular | 🟡 VIGILAR — requiere seguimiento ciudadano |
| 7,0-8,4 | Bueno | 🟢 BIEN |
| 8,5-10,0 | Excelente | 🟢 BIEN — referente regional o nacional |
La escala no es absoluta: evalúa la gestión en relación con el punto de partida del municipio y sus recursos, aunque los estándares mínimos de transparencia y respeto por la ley son igualmente exigibles en cualquier categoría. Si la calificación final es igual o inferior a 6,9, la metodología exige desarrollar el análisis jurídico del prevaricato por omisión (Art. 414, Ley 599 de 2000). Si es 7,0 o más, el análisis penal se omite por lógica metodológica. Cúcuta quedó en 6,28: habrá análisis jurídico.
Componente 1 (25%): FURAG — la maquinaria funciona, la marcha no
El Índice de Desempeño Institucional que mide Función Pública con los datos del FURAG 2025 le asignó a la Alcaldía de Cúcuta 85,03 puntos sobre 100.
Contexto, porque un número sin contexto es un testigo sin declaración:
| Referencia | IDI 2025 |
|---|---|
| Cúcuta | 85,03 |
| Bucaramanga (la capital vecina) | 95,17 |
| Medellín | 93,93 |
| Los Patios (su vecina metropolitana) | 85,59 |
| Villa del Rosario (su vecina de frontera) | 86,80 |
| Ibagué | 85,84 |
| Valledupar | 85,24 |
| Pereira | 84,02 |
| Armenia | 72,70 |
| Villavicencio | 73,85 |
A nivel nacional, 1.093 alcaldías reportaron; Cúcuta ocupa el puesto 908 en el orden ascendente, es decir, dentro del 17% superior del país, donde solo 186 superan 85 puntos y 22 alcanzan 95. Dentro de Norte de Santander es la 12ª de 40 por puntaje, por encima de Ocaña (82,69), Pamplona (84,63) y Sardinata (84,51), pero por debajo de sus vecinas metropolitanas Los Patios y Villa del Rosario, y muy por debajo del referente regional que es Bucaramanga.
Traducción forense: la alcaldía rinde cuentas, diligencia formularios y tiene capacidad institucional — eso mide el FURAG—. No miden el FURAG ni una gota de agua ni un contrato único oferente. La maquinaria administrativa funciona; la pregunta es para quién marcha. Que una ciudad con la planta institucional de una capital quede por debajo de Villa del Rosario en desempeño institucional es un dato incómodo que la propia administración debería explicar.
Calificación componente 1: 8,50/10 — Bueno (IDI 85,03 ÷ 10).
Componente 2 (20%): CUIPO — la contabilidad que canta bonito
Los formularios CUIPO del CHIP cuentan una historia de apariencia impecable. Vayamos por partes, que la contabilidad, como los testimonios, se rompe por los detalles.
De dónde viene el dinero
| Fuente | 2024 | % | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|
| Salud SGSSS/ADRES (recursos administrados) | $ 640.166 M | 25,0% | $ 666.578 M | 24,9% |
| SGP Educación | $ 535.613 M | 20,9% | $ 611.875 M | 22,9% |
| SGP Salud (régimen subsidiado) | $ 622.697 M | 24,3% | $ 374.576 M | 14,0% |
| Ingresos tributarios propios | $ 378.340 M | 14,8% | $ 383.548 M | 14,3% |
| Participaciones departamentales | $ 76.648 M | 3,0% | $ 128.210 M | 4,8% |
| Otras transferencias | $ 74.319 M | 2,9% | $ 79.779 M | 3,0% |
| Otros no tributarios | $ 64.244 M | 2,5% | $ 68.297 M | 2,6% |
| Crédito interno | — | — | $ 140.750 M | 5,3% |
| Recursos de capital (balance y otros) | $ 167.585 M | 6,5% | $ 220.618 M | 8,2% |
| Total recaudo | $ 2.559.612 M | 100% | $ 2.674.230 M | 100% |
(Cifras verificadas contra los formularios B_EJECUCION_DE_INGRESOS del CHIP; las sumas cuadran al peso.)
Dos lecturas obligatorias. Primera: la dependencia de transferencias (SGP + ADRES + participaciones + otras transferencias del nivel nacional) fue del 79,2% en 2024 y 74,4% en 2025: tres de cada cuatro pesos que administra la alcaldía los manda Bogotá. El esfuerzo tributario propio —14,8% y 14,3%— es razonable para una capital, con un recaudo tributario que creció apenas 1,4% nominal entre los dos años ($ 378.340 M → $ 383.548 M), por debajo de la inflación del período: en términos reales, la ciudad recaudó menos en 2025 que en 2024. Segunda: en 2025 apareció una fuente nueva y gruesa, el crédito interno por $ 140.750 M, que anticipa el hallazgo de la sección de deuda.
A dónde va el dinero (vigencia actual, Administración Central)
| Concepto | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Funcionamiento (2.1) | $ 152.423 M | $ 179.481 M |
| Servicio de la deuda (2.2) | $ 49.520 M | $ 46.603 M |
| Inversión (2.3) | $ 1.897.287 M | $ 2.365.957 M |
| Total compromisos VA | $ 2.099.231 M | $ 2.592.040 M |
El 90,4% del gasto de 2024 y el 91,3% del de 2025 aparece como “inversión”. Antes de aplaudir, el bisturí: dentro de esa sección 2.3 viajan los giros administrados de salud y educación que el municipio no decide, solo canaliza. En 2025, de los $ 2.365.957 M de “inversión”, $652.136 M son recursos ADRES de salud, $ 587.630 M son SGP de prestación del servicio educativo y $ 364.535 M son SGP del régimen subsidiado: $ 1.604.301 M (el 67,8%) pasan por la contabilidad cucuteña pero se ejecutan conforme a reglas nacionales. La inversión que la administración realmente gobierna —recursos propios, propósito general, crédito, balance— ronda los $ 700.000-760.000 M por vigencia, y su composición sí es evaluable: malla vial ($ 64.844 M comprometidos en 2025 en “vía urbana rehabilitada”), intercambiador y calles 20-cuatro vientos ($ 51.500 M), espacio público ($ 35.748 M), canchas ($ 16.155 M), parques ($ 22.250 M), acueductos ($ 7.537 M).
La efectividad del gasto sí es un punto de orgullo contable: pagos/obligaciones del 98,3% en 2024 y 98,9% en 2025 en vigencia actual, muy por encima del umbral del 95%; las reservas y cuentas por pagar se ejecutan en más del 94%, sin montañas de pasivos exigibles acumulándose de forma anómala. El cierre fiscal está ordenado.
Deuda pública: el dato que no estaba en la campaña
El formulario FUT de deuda pública registra un salto que debería encender todas las alarmas del Concejo:
| Concepto | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Saldo deuda cierre vigencia anterior | $ 164.132 M | $ 138.537 M |
| Desembolsos en la vigencia | $ 17.674 M | $ 238.689 M |
| Amortizaciones pagadas | $ 34.086 M | $ 13.095 M |
| Saldo de deuda al cierre | $ 138.537 M | $ 352.795 M |
La deuda viva se multiplicó por 2,5 en un solo año. Entre octubre y diciembre de 2024 —es decir, al cierre del primer año del mandato— la administración firmó una batería de créditos con banca comercial (Banco de Bogotá, BBVA, Banco de Occidente) por más de $ 240.000 millones: $ 90.000 M (dic/2024), $ 66.000 M (nov/2024), $ 37.000 M (dic/2024), $ 34.000 M (oct/2024), $ 11.689 M y $ 9.205 M, casi todos destinados al sector transporte (“vías-equipamiento urbano”), a plazos de 120 meses y con pignoración del impuesto predial y de la contribución de valorización. En 2025 se desembolsó el grueso y el saldo saltó a $ 352.795 M, con servicio de la deuda proyectado en torno a $ 55.000-65.000 M anuales entre 2026 y 2029.
¿Es legal? Probablemente. ¿Es prudente? Depende de que las obras existan. Un municipio que duplica su deuda para tercerizar la ejecución vial en una sociedad mixta de Bucaramanga (véase el componente SECOP) está apostando la mitad de su capacidad futura de inversión a que el “contratadero” funcione. La renta pignorada, por cierto, es el predial de los cucuteños: el riesgo lo firma la ciudadanía.
Vigencias futuras y regalías
Las vigencias futuras están formalmente ordenadas: autorizaciones vigentes por $ 41.338 M (2024, con cargo a 2025-2028, Acuerdo 2528 de 2017, educación) y $ 12.693 M adicionales autorizados en el último trimestre de 2025 para 2026-2027 (Acuerdo municipal 53 del 29 de diciembre de 2025: educación, inclusión social y fortalecimiento institucional). Hay acto administrativo, hay plan plurianual, hay firma del Concejo. Correcto.
Las regalías, en cambio, son marginales para una ciudad que no es productora: asignaciones directas del SGR por $ 6.762 M (2024), $ 6.350 M (2025) y $ 6.653 M (primer semestre de 2026), giradas a proyectos de cultura y centros comunitarios. El compromiso de ejecución es del 100% en cada vigencia. No hay paraíso regalífico que auditar aquí; tampoco hay despilfarro.
Calificación componente 2: 7,30/10 — Bueno con esquinas (efectividad del gasto y cierre fiscal correctos; dependencia estructural sin corrección, recaudo propio decreciente en términos reales y una deuda que se multiplica sin contrapeso ciudadano).
La deuda y el silencio del Concejo: interludio forense
Hay un patrón que atraviesa los hallazgos financieros y contractuales de esta gestión, y conviene nombrarlo antes de seguir: las decisiones de largo plazo se toman rápido, de noche y sin el Concejo. La renovación del contrato del relleno sanitario con Veolia por 20 años, la cesión de la operación del acueducto a Veolia Aguas del Norte (anunciada primero como asunción directa por la EIS Cúcuta y revertida semanas después), y el ingreso del municipio como socio de E-desarrollo se aprobaron o ejecutaron sin consulta plena a la corporación, que tuvo que ejercer control político a posteriori. En un sistema de pesos y contrapesos, el contrapeso que se entera por la prensa no es contrapeso: es decoración. El silencio institucional, cada silencio se interpreta, y este interpreta prisa.
Componente 3 (20%): el Plan de Desarrollo contra el sentir de la gente
La metodología mide el plan de desarrollo donde debe medirse: contra los cinco problemas que más preocupan a los habitantes, aquellos que el alcalde se comprometió a resolver. La encuesta del programa Cúcuta Cómo Vamos (Universidad Libre, La Opinión, Fundación Barco, Sigma Dos y Cámara de Comercio) y las protestas documentadas del período permiten construir la lista con evidencia. Este es el corazón débil de la gestión.
Problema 1: Seguridad y violencia armada — 4,0/10
El compromiso. “Cúcuta Perseverante, Segura y Productiva”: el adjetivo está en el nombre del plan, con $ 103.474 millones del pilar de seguridad.
La realidad. Cúcuta figura en el puesto 39 del ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. El 19 y 20 de febrero de 2025, cuatro artefactos explosivos del ELN estallaron en plena ciudad: seis heridos, toque de queda de 48 horas, 3.200 policías y 2.000 militares desplegados. Y el 1 de agosto de 2026, un camión bomba contra el comando de la policía dejó once a catorce heridos —ocho de ellos uniformados—, un ataque sin precedentes en la capital nortesantandereana, en el contexto del escalamiento del Catatumbo que en enero de 2025 dejó cerca de 80 muertos en la región y una crisis humanitaria que la propia ciudad atendió con solidaridad ejemplar. En la encuesta 2025 la seguridad sigue siendo la primera preocupación y el atraco callejero el delito que más afecta; la novedad negativa es que el temor creció dentro de los propios barrios.
Lo que sí hizo la administración. El centro de monitoreo con 2.000 cámaras operando 24/7, la estrategia “Cúcuta Territorio Seguro” con golpes reales al Clan del Golfo (27 fusiles y 4.000 cartuchos incautados en una sola operación), 40 a 70 capturas semanales y consejos extraordinarios de seguridad. La inversión existe; el Estado respondedor existe.
El balance. El homicidio común asociado a estructuras criminales no cedió, la amenaza terrorista escaló hasta el ataque más grave en años, y la percepción de inseguridad empeoró donde más duele: en el barrio. Contra un problema que excede al municipio (el ELN no es un problema de alumbrado público), la gestión local desplegó lo que tenía; no logró lo que prometió. 4,0.
Problema 2: Agua potable — 3,0/10
El compromiso. El plan promete ordenamiento sostenible y acueducto optimizado; el discurso de campaña fue directo: “Aguas Kpital se acaba y vamos a manejar nosotros el negocio del agua”.
La realidad. Desde el 28 de enero de 2024 (Resolución 027 de Corponor, fenómeno de El Niño) la ciudad vive con restricciones. Los sistemas Pamplonita y Zulia producen por debajo de la demanda y los barrios Aeropuerto, La Concordia, Colinas del Tunal y otros acumularon quince días y hasta un mes sin servicio, con bloqueos viales documentados en Navarro Wolf (Anillo Vial Oriental), Colinas del Tunal (vía a Puerto Santander) y El Progreso. La Procuraduría abrió indagación previa por el mal servicio de EIS/Aguas Kpital. La Contraloría General dejó ejecutoriado en octubre de 2025 un fallo con responsabilidad fiscal contra Aguas Kpital (herencia del contrato 030 de 2001-2004) y en julio de 2026 entregó la auditoría al Proyecto Acueducto Metropolitano de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios con hallazgos fiscales por $ 121.264 millones —el mayor, de $ 120.948 M, por un subproyecto con cuatro tanques de distribución construidos, entregados y sin poder operar—, además de seis hallazgos con presunta incidencia disciplinaria.
Lo que hizo la administración. Anunció que la EIS asumía el acueducto; semanas después, la EIS cedió la operación a Veolia Aguas del Norte desde diciembre de 2026, sin consulta plena al Concejo. El anuncio principal de su gestión hídrica —“manejamos nosotros el negocio del agua”— duró lo que dura un comunicado.
El balance. La crisis del agua es estructural y viene de dos décadas de desidia de todas las administraciones; no nació con Acevedo. Pero su gestión prometió tomar el control, no lo tomó, delegó el problema en una multinacional con la puerta giratoria de siempre, y los $ 121.264 millones de hallazgos fiscales del Acueducto Metropolitano cayeron en plena vigencia de su responsabilidad de corrección. Dos años de sequía administrativa. 3,0.
Problema 3: Movilidad, vías y transporte — 5,0/10
La realidad. 71,2% de insatisfacción con la malla vial en la encuesta 2024; 44 calles dañadas denunciadas por la sola comuna 8 (barrio El Progreso, que bloqueó el Anillo Vial Occidental ocho horas en marzo de 2026); pasaje urbano subido a $ 2.600 desde enero de 2025 y un paro de transportadores que la alcaldía tuvo que desactivar a puro diálogo.
Lo que sí hizo. La recuperación vial empezó en diciembre de 2024 (polígono centro, 7,3 km) y en 2025 se intervinieron 11.300 metros de malla vial —la cifra es verificable en CHIP: $ 64.844 M comprometidos en “vía urbana rehabilitada” en esa vigencia—, se transfirieron $ 31.000 M a la Gobernación para el intercambiador de Pinar del Río y se ejecutaron los estudios y diseños de las intersecciones críticas ($ 31.000 M el intercambiador y $ 20.500 M la intersección urbana en CHIP 2025). Hay obra física, con nombre, bache y placa huella.
El balance. Avance real, ejecución real, plata contable y en la calle —pero tercerizada vía E-desarrollo con los vicios del componente SECOP, y con una percepción ciudadana que a mitad de 2026 todavía bloquea vías por el mismo motivo de 2024. 5,0.
Problema 4: Empleo y economía — 4,0/10
La realidad. Desempleo del 12,5% en el primer trimestre de 2025 (DANE), casi cuatro puntos por encima del promedio nacional; 71,3% de los encuestados considera difícil conseguir trabajo; 45,3% dice que su economía hogareña empeoró. La informalidad fronteriza es un océano.
Lo que hizo. Programas de emprendimiento (Ruta de Fortalecimiento Emprendedor), impulso a la Zona Franca Cúcuta/Puerto Plata —1.315 empleos directos reportados a noviembre de 2025—, y una apuesta cultural y turística en serio: las Ferias de Cúcuta de 2025 movilizaron 400.000 asistentes y 12.000 artistas, y el alumbrado navideño piloto se ampliará.
El balance. La Feria es real y la zona franca también, pero el desempleo doble dígito no cedió y la percepción económica hogareña es mayoritariamente negativa. Gobernar es elegir, y aquí se eligió el evento sobre el empleo estructural. 4,0.
Problema 5: Basuras, aseo y alumbrado — 4,0/10
La realidad. La crisis de marzo de 2025 dejó cerca de 1.000 toneladas diarias de basuras sin recoger con el relleno sanitario bloqueado por el paro arrocero; sectores enteros acumularon hasta quince días sin recolección y emergencia sanitaria declarada. En 2026 siguen las quejas por barrido ausente y alumbrado público deficiente —la protesta de El Progreso lo puso en el acta: falta de alumbrado vinculada por la comunidad a hurtos y homicidios en la parte alta del barrio—. En CHIP, el PGIRS (plan de gestión de residuos) se ejecutó: $ 6.455 M (2024) y $ 9.551 M (2025); el alumbrado, $ 60.285 M y $ 54.613 M, cifras robustas.
Lo que hizo. Renovó el contrato del relleno sanitario con Veolia por 20 años —otra decisión de larguísimo plazo tomada sin consulta previa al Concejo— y firmó el compromiso de valorización de residuos orgánicos hacia economía circular.
El balance. El contrato de dos décadas se firmó con la puerta cerrada; el servicio, con la puerta abierta, sigue generando protestas. 4,0.
La tabla del desencanto
| Problema comunitario | Compromiso del plan | Avance 2024-2025 | Calificación |
|---|---|---|---|
| Seguridad y violencia | Pilar “Segura”: cámaras, estrategia territorial | Cámaras y capturas reales; atentados ELN feb/2025 y camión bomba ago/2026; percepción empeora | 4,0 |
| Agua potable | “Manejar nosotros el negocio del agua” | Restricciones desde ene/2024; 15+ días sin agua; $ 121.264 M en hallazgos fiscales; operación cedida a Veolia | 3,0 |
| Movilidad y vías | 11.300 m de malla vial, intercambiador | Obra vial ejecutada y verificable; tercerizada en E-desarrollo; protestas persisten | 5,0 |
| Empleo y economía | Zona franca, emprendimiento, ferias | Zona franca (1.315 empleos) y Ferias (400.000 asistentes); desempleo 12,5% sin ceder | 4,0 |
| Basuras y alumbrado | PGIRS, economía circular | Crisis de 1.000 t/día (mar/2025); contrato 20 años sin Concejo; quejas persistentes | 4,0 |
| Promedio | 4,0/10 |
Con el ajuste metodológico por avances parciales documentados en malla vial, seguridad y gestión social (la atención de la crisis humanitaria del Catatumbo merece registro aparte y elogio), el componente se fija en 4,60/10 — Regular bajo.
Calificación componente 3: 4,60/10 .
Componente 4 (15%): Transparencia SECOP — el capítulo que incomoda
Si la ejecución presupuestal es la cara presentable de esta gestión, la contratación es el sótano. Y al sótano hay que bajar con linterna.
El mecanismo: E-desarrollo
En abril de 2025, el Concejo aprobó en tres semanas —y el alcalde sancionó— el Acuerdo municipal 009 de 2025, que facultó al municipio para entrar como socio accionista (25,5%) de E-desarrollo SAS, una sociedad mixta con sede en Bucaramanga constituida, según la investigación del medio Metropolitano, por el alcalde condenado de El Playón (Luis Ambrosio Alarcón) y un contratista señalado en el caso del estadio de Bucaramanga. Desde entonces, el paquete principal de obras públicas de Cúcuta —más de $ 150.000 millones en menos de un año— se contrató mediante convenios interadministrativos con esa sociedad, por fuera de los procesos de licitación pública de la Ley 80, bajo el manual interno de la empresa y con “objeto genérico y amplio” de gestión de proyectos de infraestructura “sin importar la tipología societaria”. La frase, tal cual, es un contrato de obra con pasamontañas.
Los contratos que cuenta el acta
| Obra | Valor | Modalidad | Oferentes |
|---|---|---|---|
| Malla vial urbana 2025, 5 lotes (OBR-SLC-001-2025) | $ 35.000 M | Convocatoria E-desarrollo | 1 por lote |
| Malla vial 2025, paquete 2 (OBR-SLC-002-2025) | $ 23.000 M | Convocatoria E-desarrollo | 2 |
| Escenarios recreodeportivos 2025 | $ 14.181 M | Convocatoria E-desarrollo | 2 |
| Canal Bogotá (OBR-SLC-001-2026) | $ 28.853 M | Convocatoria E-desarrollo | 1 |
| Glorieta Silla Coja, diseños y obra (OBR-SLC-002-2026) | $ 42.791 M | Convocatoria E-desarrollo | 1 |
| Acueductos rurales 2026 (Contrato 012 de 2026) | $ 6.823 M | Convenio | 1 |
Detalles que el lector debe llevarse: anticipos del 40% en los paquetes viales (~$ 14.000 M en el primero); el anticipo de $ 11.541 M del Canal Bogotá se giró el 16 de febrero de 2026, tres semanas antes de las elecciones legislativas; el contrato de la Glorieta Silla Coja se firmó el 24 de febrero de 2026, doce días antes de los comicios, y el de acueductos rurales, tres días antes. En conjunto, ~$ 88.000 millones adjudicados en plena Ley de Garantías, cuando la esposa del alcalde era candidata al Senado. Solo en enero de 2026 —el mes previo a la veda— la Alcaldía celebró más de 4.000 contratos directos por $ 88.762 millones, casi el volumen de todo 2025 (5.117 contratos directos por $ 200.275 millones), más 3.997 contratos de prestación de servicios de los cuales 883 (22%) figuran como “modificados” poco después de firmados.
El contexto disciplinar
No es un dato aislado. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria al alcalde el 24 de octubre de 2025 por presunta participación indebida en política —presión a contratistas para asistir a reuniones y firmar listas de apoyo a la precandidatura de su esposa, y uso de instalaciones oficiales en horario laboral—. Y en noviembre de 2025 un abogado presentó ante la DEA una denuncia por presuntos nexos con el “Cártel de los Soles” que el alcalde rechazó como persecución política: una denuncia privada sin cargos probados a la fecha, que este artículo registra por rigor y no por convicción.
El gabinete, mientras tanto, giró en carrusel: renuncia protocolaria solicitada a todo el gabinete en diciembre de 2024 y salidas documentadas de al menos cinco secretarios en 18 meses (privado, infraestructura, gobierno, hacienda, entre otros).
Calificación componente 4: 3,50/10 — Preocupante. La publicación en SECOP existe (los datos citados son públicos), pero la arquitectura de tercerización vía sociedad mixta con único oferente, los anticipos electoreros y la avalancha de contratación directa en veda desmontan el principio de competencia. La transparencia es el componente donde esta gestión pierde el futuro.
Componente 5 (10%): Cumplimiento ODS — avance medio, brújula correcta
Seis ODS priorizados para una capital de frontera, con evidencia de programa y ejecución:
| ODS | Evidencia 2024-2025 | Calificación |
|---|---|---|
| 1 Pobreza | Subsidios de consumo de servicios públicos ($ 43.158 M ejecutados en 2025) y ayuda humanitaria al Catatumbo | 7,0 |
| 3 Salud | Afiliaciones y UPC subsidiadas ejecutadas al 99,9% ($ 1.065.019 M); pero 29,06% de evaluación negativa a EPS | 6,0 |
| 4 Educación | PAE ($ 78.065 M) y transporte escolar ejecutados; servicio educativo $ 620.480 M | 7,0 |
| 6 Agua | SGP agua potable ejecutado ($ 29.041 M 2025) y $ 7.537 M a acueductos; crisis de servicio persistente | 4,5 |
| 11 Ciudades | Malla vial, espacio público, parques, canchas, PGIRS; contrato basuras 20 años opaco | 6,5 |
| 16 Paz y justicia | Cámaras, capturas, golpes al Clan del Golfo; atentados y contratación en veda como contrapeso | 5,0 |
| Promedio | 6,0/10 |
Calificación componente 5: 6,50/10 (con el reconocimiento de la atención humanitaria del Catatumbo, que puso la ciudad del lado correcto de la historia).
Componente 6 (10%): Percepción ciudadana — el milagro y la grieta
Aquí está el dato más fascinante —y más deliberadamente exhibido— de este gobierno: según la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 de Cúcuta Cómo Vamos, la imagen favorable del alcalde saltó del 34,4% (2024) al 68,56% (2025), con 46,7% calificando su gestión como “buena” y 10,76% como “muy buena”; la percepción del rumbo de la ciudad pasó del pesimismo del 71,6% a un optimismo mayoritario, y la Alcaldía no pierde ocasión de recordar que Invamer lo ubicó entre los diez alcaldes de capitales mejor evaluados del país en junio de 2025.
Y al mismo tiempo: bloqueos viales por agua en 2025 y 2026, bloqueo del Anillo Vial Occidental por basuras, vías y alumbrado en marzo de 2026, el 46,9% que cree que la corrupción se mantiene igual, la evaluación negativa de las EPS (29,06%) y un informe que también advierte caída del orgullo cucuteño y “sentimiento de resignación”. La aprobación del alcalde coexiste con la protesta contra los servicios: la gente puede querer al médico y odiar la enfermedad.
Metodológicamente, la percepción es el único componente donde esta gestión brilla, y hay que reconocerlo con la misma precisión con la que se critica el sótano contractual: 68,56% de imagen favorable a mitad de mandato es un capital político real, construido con obras visibles, gestión social y una comunicación hábil. Las protestas documentadas (tres olas con bloqueos: agua 2025, agua enero 2026, El Progreso marzo 2026) y la crisis de servicios restan. La nota base 7,0 de “sin escándalos” no aplica: hay investigaciones disciplinarias abiertas y titulares críticos; pero la aprobación subyacente es medible y seria.
Calificación componente 6: 6,00/10 .
Radar integral: la calificación final ponderada
| Componente | Puntaje | Peso | Producto |
|---|---|---|---|
| FURAG (IDI 85,03) | 8,50 | 25% | 2,1250 |
| Ejecución CUIPO | 7,30 | 20% | 1,4600 |
| Plan de Desarrollo (5 problemas) | 4,60 | 20% | 0,9200 |
| Transparencia SECOP | 3,50 | 15% | 0,5250 |
| Cumplimiento ODS | 6,50 | 10% | 0,6500 |
| Percepción ciudadana | 6,00 | 10% | 0,6000 |
| TOTAL | 6,2800 |
Calificación final: 6,28/10 — Regular (🟡 VIGILAR)
La lectura del radar es nítida: una administración institucionalmente sólida (8,5) y fiscalmente ordenada (7,3) que ejecuta presupuesto con eficacia contable, pero que en los problemas que la gente prioriza (4,6) y en la manera de contratar (3,5) actúa por debajo del estándar mínimo exigible a una capital. La ciudad aprueba al alcalde; la metodología, con la letra pequeña de la Ley 80 y del agua, no.
Análisis jurídico: el Prevaricato por Omisión (Art. 414 CP)
Por regla metodológica, la calificación 6,28 obliga a examinar si las omisiones documentadas configuran el delito de prevaricato por omisión, tipificado en el artículo 414 de la Ley 599 de 2000: “El servidor público que omita, retarde o rehúse la realización de un acto propio de sus funciones” — pena de 48 a 108 meses, multa de 13,33 a 150 SMMLV e inhabilidad de 80 a 180 meses, cuando se causare daño o lesión.
Este análisis no acusa: examina; no condena: indaga. Es un ejercicio metodológico que exige acción de Procuraduría y Fiscalía, no un veredicto.
Elementos del tipo
| Elemento | Verificación con la evidencia |
|---|---|
| Tipicidad (conducta omisiva de acto propio funcional) | Deberes legales de garantizar la prestación del servicio de agua (Ley 142), de garantizar la competencia y selección objetiva (Ley 80, Ley 1150) y de velar por el uso eficiente de recursos públicos (Ley 617) |
| Antijuridicidad (daño a la administración o a los asociados) | Daños documentados: hallazgo fiscal por $ 121.264 M en acueducto con tanques sin operar; ruptura del principio de competencia en contratación >$150.000 M |
| Culpabilidad (dolo o culpa grave) | Excede el análisis periodístico; varios hechos cuentan con investigaciones disciplinarias en curso que determinarán el elemento subjetivo |
| Relación causal (vínculo omisión-daño) | Se examina caso por caso abajo |
Omisiones documentadas que merecen examen disciplinario y penal
1. El agua de dos décadas. Omisión de corrección efectiva de la crisis estructural del acueducto: restricciones vigentes desde enero de 2024 (31 meses al corte de este análisis), barrios con 15-30 días sin servicio, y una decisión final —la cesión a Veolia— que delega el deber legal de asegurar la prestación. El hallazgo fiscal de $ 121.264 M (Auditoría de Cumplimiento CGR, julio de 2026) por infraestructura de acueducto entregada y sin poder operar es el indicio objetivo de que la omisión de supervisión tiene precio: lo pagó el usuario.
2. La competencia eludida. Omisión de aplicar los deberes de selección objetiva del Estatuto de Contratación, sustituidos por convenios con una sociedad mixta con “objeto genérico” y procesos que terminaron con un solo oferente en contratos de hasta $ 42.791 M. La pregunta jurídica es sencilla y brutal: ¿puede un municipio eludir la Ley 80 entrando como socio de una empresa que contrata por él? La Ley 1150 de 2007 y la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre intervinientes no autorizan la tercerización de la política pública contractual. Ya hay control político del Concejo; falta el disciplinario.
3. La veda usada. Adjudicación de ~$ 88.000 millones y firma de contratos en los días inmediatamente anteriores y durante la campaña electoral de marzo de 2026, cuando la esposa del alcalde era candidata, con 883 CPS modificados tras la firma y una investigación disciplinaria abierta por la Procuraduría (octubre de 2025) por presunta presión política a contratistas. Si la Procuraduría halla dolo, la omisión del deber de neutralidad institucional deviene conducta activa sancionable.
4. Los cuatro tanques. El hallazgo mayor de la CGR ($ 120.948 M, subproyecto 4 del Acueducto Metropolitano) no nació en esta gestión, pero la auditoría cubre las vigencias 2024-2025 y la omisión de exigir la operatividad de la infraestructura construida —el acto propio funcional de un alcalde frente a una obra pagada y muerta— es de este mandato.
Abuso de autoridad y favorecimiento ilícito
¿Hay evidencia de abuso de autoridad o favorecimiento ilícito? La investigación de la Procuraduría por participación indebida en política y el patrón de adjudicaciones con único oferente a favor de un vehículo societario específico constituyen indicios que ameritan investigación, no pruebas de conducta punible. Este artículo no afirma que el alcalde haya cometido delito alguno; afirma que hay omisiones documentadas, con daño cuantificado, que merecen examen disciplinario y penal exhaustivo de las autoridades competentes. La demostración del dolo y del favorecimiento excede lo periodístico y pertenece a la Procuraduría y la Fiscalía.
Lo que hizo bien / Lo que falta
Lo que hizo bien:
- Eficacia contable verificable: pagos/obligaciones del 98% y cierre fiscal limpio en las dos vigencias.
- Obra vial real: 11.300 metros de malla vial en 2025, verificables en CHIP y en la calle.
- La respuesta humanitaria al Catatumbo: la ciudad entera, y su administración, estuvieron a la altura.
- Ferias de Cúcuta y apuesta cultural: 400.000 asistentes, economía naranja con resultados.
- Centro de monitoreo con 2.000 cámaras y golpes documentados al crimen organizado.
- Desempeño institucional sólido (IDI 85,03) y capacidad de convocatoria social.
Lo que falta:
- El agua: 31 meses de restricciones sin plan estructural propio; cuatro tanques muertos y $ 121.264 M en hallazgos.
- La Ley 80: desmontar el atajo de E-desarrollo y volver a la licitación pública, o explicar ante el Consejo de Estado por qué no.
- El recaudo propio: cae en términos reales; la dependencia del 74-79% no se corrige con eventos, se corrige con catastro y fiscalización.
- La deuda: $ 352.795 M que se pagan con el predial de los cucuteños hasta 2034; exige veeduría permanente del Concejo.
- La neutralidad: un gabinete estable y una contratación que no florezca en veda electoral.
Cierre periodístico: la pregunta que queda
Cúcuta aprobó con 68,56% de imagen favorable a un alcalde que la endeudó hasta 2034 para tercerizar sus obras en una empresa de Bucaramanga fundada por un alcalde condenado, mientras el agua de los barrios altos sigue llegando en carrotanques. Esa frase, que parece una paradoja, es en realidad la definición exacta de la gestión Acevedo: eficacia para ejecutar, opacidad para contratar, impotencia para lo esencial.
La calificación 6,28 —Regular, VIGILAR— no es una condena: es una cita con la vigilancia. El alcalde tiene dos años para convertir las cámaras en agua, el convenio en licitación y la aprobación en resultados. La ciudadanía tiene la misma cita: pedirle al Concejo que ejerza el control que la puerta giratoria le negó, y a la Procuraduría que termine lo que empezó.
¿Gobernar es solo no robar, o es también cumplir? En Cúcuta, la respuesta sigue cayendo gota a gota.
Anexo: fuentes, metodología y limitaciones
Fuentes financieras (archivos oficiales): Formularios CHIP de San José de Cúcuta: CUIPO B y D (dic 2024, dic 2025, mar y jun 2026), FUT deuda pública CRÉDITOS/CREDITOS_POR_SECTOR/RENTA_PIGNORADA (2024-2025), FUT vigencias futuras AUTORIZACIONES (2024-2025), SGR ejecución de ingresos y gastos (2024-jun 2026). 36 formularios analizados; las cifras de las tablas cuadran al peso contra los formularios.
FURAG: Resultados de Desempeño Institucional 2025 (Función Pública, reporte del 17 de junio de 2026): 1.093 alcaldías reportantes; cálculos de posición propios sobre el archivo oficial.
Fuentes periodísticas y oficiales (mínimo 5 independientes): La Opinión de Cúcuta (encuestas Cúcuta Cómo Vamos 2024 y 2025, gabinete, balance 2025, protestas), La República (resultados electorales), La Silla Vacía (perfil del alcalde), Metropolitano (investigación E-desarrollo), Procuraduría General de la Nación (investigaciones disciplinarias), Contraloría General de la República (auditoría acueducto), Infobae/AP/France24 (atentados), E-desarrollo.gov.co (convocatorias), Cúcuta Cómo Vamos y Alcaldía de Cúcuta (cifras oficiales), DANE (mercado laboral), Concejo de Cúcuta (control político del agua).
Limitaciones: (1) La “inversión” del CUIPO incluye gasto social administrado (ADRES, SGP educación/salud); se reporta la separación correspondiente. (2) Los formularios de gastos de 2026 cubren solo el primer semestre. (3) La encuesta de percepción cubre la zona urbana (10 comunas). (4) Las cifras de contratación agregada provienen de datos abiertos SECOP II reprocesados por el medio Metropolitano. (5) Las denuncias sin resolución (DEA, Procuraduría) se registran como indicios, no como hechos probados.
«La verdad también tiene forma.» / corrupcionaldia.com — Hipólito Palencia
