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Ante un gobierno “sordo, ciego, represivo e injusto”, un Parlamento arrodillado alimentado con “mermelada” y una justicia indolente y corrupta, ¿Qué hacer?

Pareciere que la olla de presión ante lo dicho anteriormente, dió su primer pitazo. Los colombianos ante la represión desmedida por parte de la Policía a los ciudadanos, se atrevió a salir a las calles a protestar en las principales ciudades del país, protesta que fue rechazada con más violencia hasta el punto que arrojó la muerte de 11 compatriotas cuyo único pecado fue salir a reclamar, con todo derecho, la brutalidad de la policía que golpeó un detenido y sin compasión le aplicaron descargas eléctricas hasta producirle la muerte.

Por supuesto que no compartimos los actos de violencia contra el patrimonio público, esos nos pertenece a todos, son sagrados y por eso debemos cuidarlos, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista presupuestal de que no se los roben.

La violencia genera más violencia, y le facilita a un gobierno represivo utilizar toda la fuerza pública para golpear y detener a quienes se atrevan a salir a las calles a protestar, hasta el punto que Álvaro Uribe Vélez, desde su encierro, consciente de su capacidad de influir en las decisiones presidenciales, regañó a Iván Duque, ordenándole decretar el “toque de queda” y sacar el ejército a las calles para reprimir las marchas.

Nuestro “congreso” no hace sino aprobar leyes sin los debates respectivos, escondido en una “Congreso Virtual”, alimentado con “mermelada”. Prueba de ello fue la negativa para aprobar la “Renta Básica” a las familias más vulnerables del país, que ante la situación económica que estamos viviendo, cada día aumentan más, al punto que hablamos de 10 millones de familias, o sea, 32 millones de colombianos que no tienen con qué vivir y alimentarse bien, que a duras penas tendrán un comida diaria.

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Esta es otra forma de “castrar, porque un pueblo mal alimentado y sin una buena salud, vivienda y recreación no puede rendir en la educación, ni puede ser productivo.

El gobierno y el congreso prefieren favorecer a los ricos antes que a los pobres, no solo con el hecho más aberrante como fue la de salir a los medios a informar que le concedían un préstamo a la empresa extranjera ”Avianca” de US$370 millones; decisión que irritó al pueblo colombiano por injusta y corrupta, pero que, gracias a Dios, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se pronunció desautorizando el préstamo, debido a que nuestra constitución prohíbe prestarle a empresas extranjeras.

Acaso eso no tenía que saberlo el presidente Duque y su Ministro de Hacienda Carrasquilla. Claro que lo sabían, pero es que la hermana del presidente de Colombia es vicepresidente de “Avianca”.

En anteriores reflexiones denunciamos los actos de posible corrupción en la “venta del oro” de nuestras reservas, la disminución de los encajes bancarios para favorecer a la banca, los créditos aprobados a la grandes empresas y no a las pequeñas y medianas, las inversiones de Ecopetrol en los Estados Unidos por US$1500 millones, para explotar petróleo a través del francking, con una empresa OXY de la familia “Bush” que está quebrada, la de la planta de Etanol Bionergy, donde perdimos US$700 millones, la de Reficar, donde perdimos US$4.000 millones. También el negociado que se ha hecho, con Electricaribe y los que se seguirán haciendo en los dos años que le hacen falta al gobierno actual.

Qué decir de nuestros “padres de la patria”, que acaban de aprobar el presupuesto de la Nación para el año 2021, sin importarles el hambre que están pasando los pobres de este país.  $314 billones, de los cuales el 24.2% ($76 billones), lo destinan a pagar el servicio de la deuda, sin haberle exigido al gobierno que se sentara con la banca nacional e internacional y el Banco Mundial, BiD y FMI, CAF, a renegociar la deuda externa, ante la misma solicitud que habían hecho unos 40 parlamentarios. Tampoco utilizaron como instrumento la “Renta Básica” que teóricamente tiene el respaldo de 60 parlamentarios, para aprobar el presupuesto. Desaprovecharon esa oportunidad.

Es un despropósito utilizar el 24.2%, para el pago de la deuda, mientras para la inversión solo se destina el 17%, y más despropósito destinar el 58.8%, para gastos de funcionamiento.

Los “ladrones de cuello blanco” se siguen robando al país, sin ensuciarse las manos, pero les niegan a las familias vulnerables una Renta Básica de un salario Mínimo mensual. Les duele legislar y administrar para los pobres.

EL FALLO DEL JUEZ PRIMERO ESPECIALIZADO DE BARRANQUILLA

No podemos pasar por alto, la decisión tomada el 7 de septiembre de este año, por el Juez Penal Especializado del Circuito de Barranquilla “Jorge Luís Torregoza Monsalve”, en el caso del robo de $28.000 millones, a la empresa Triple A, por parte del señor Ramón Navarro Pereira, al imponerle una pena de 55 meses, por los tres delitos que se le investigaba, los cuales reconoció: 1) Enriquecimiento ilícito de particulares con una pena de 96 a 180 meses, 2)Administración desleal cuya pena es de 48 a 96 meses y, 3)Falsedad en documento privado de 16 a 108 meses.

Ramón Navarro capturado por el CTI.

Los argumentos del Juez, para imponerle esa sanción a Ramón Navarro, se basó en: 1) No tener antecedentes judiciales, 2) Haberse declarado culpable, 3) No constituir un peligro para la sociedad, 4) No haberse beneficiado del robo porque toda la plata la recibió INASSA S. A.

Es bueno aclarar que la denuncia del robo a la empresa fue hecha por los españoles que contrataron a una firma auditora, quién detecto falsedad en 54 órdenes de servicio y en dos estudios contratados, con firmas perteneciente a INAASA y proveedores de la empresa que prestaron sus firmas para legalizar el robo por $28.000 millones.

El juez , fue muy benévolo con su sanción a ramón Navarro, porque no es cierto que él no tenga antecedentes penales, cuando aparece registrado en los “Papeles de Panamá”, que implica el delito de evasión de impuestos y fuga de capitales. Incluso con su actuación en el robo, a parte de estafar a los accionistas, lo hizo también con la DIAN, al pagar menos impuestos que lo que legalmente le correspondería.

Tampoco es cierto que no se haya apropiado de parte de la plata robada, cuando en unas declaraciones registradas el 4 de abril del 2018, por la cadena Caracol había prometido resarcir al Distrito de Barranquilla con la suma de $3.080 millones, correspondiente a su participación accionaria del 14.5%, sobre una suma de $22.000. Pero la  conciliación se llevó a cabo  el 9 de mayo de 2018, y ofreció resarcir a las víctimas con  $900 millones, los cuales pagó en efectivo, para poder tener la casa por cárcel.

En mayo 16 del 2018, publique en “Rueda la Prensa” un artículo sobre este tema titulado “La Burla de la Triple A e Inassa a los Barranquilleros”, haciendo referencia a la conciliación realizada con Ramón Navarro Pereira que no había denunciado a las personas que de una u otra forma lo acompañaron en el robo.

Solo el juez Jorge Luís Torregoza Monsalve, es el único ingenuo que se creyó el cuento que el señor Ramón Navarro robo para terceros sin beneficiarse él, e igual hicieron las firmas que prestaron su nombre para cometer el ilícito. El juez no tuvo en cuenta que el señor Ramón Navarro no denunció a sus cómplices, porque solo no podía robarse esa plata. Tampoco averiguó ni él, ni la Fiscalía y Procuraduría el papel jugado por la Junta Directiva de la Empresa a sabiendas que el gerente estaba violando el estatuto de contratación de la empresa.

Lo peor del fallo, es que el único que no apeló la sentencia fue el Distrito  que era la víctima en este pleito, lo que  amerita una explicación del alcalde Jaime Pumarejo a los barranquilleros.

DOS DECISIONES JURÍDICAS IMPORTANTES

Para finalizar debo señalar dos hechos importantes que se dieron recientemente, el primero el fallo de la CIDH, afirmando que la Procuraduría NO puede sancionar a funcionarios elegidos por elección popular y el segundo la sentencia de la Corte suprema de Justicia de admitir la “segunda Instancia” para los procesos fallados entre el 2014 y el 2018.

El fallo de la CIDH, implica que el país debe darle estricto cumplimiento e igualmente pensar que hacer con la Procuraduría, ya que se le quita el principal diente que tenía para castigar a los funcionarios públicos elegidos popularmente por actos de corrupción. Es importante tener en cuenta que la Procuraduría con las funciones que tiene solo existe en Colombia, en ninguna parte del mundo hay Procuraduría. Ello amerita un debate en el Congreso de la República, como en la academia y por supuesto en el gobierno de turno.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia, debe explicarse con un mayor detalle, ya que en el mismo fallo relacionado con la oportunidad dada a “Uribito”, dicen que debe ser extensiva a los demás, para respetar el derecho a la igualdad, pero deciden que solo los casos fallados entre el 30 de enero de 2014, y el 17 de enero de 2018.  Fijando el plazo para apelar hasta el 20 de noviembre del 2020.

Es justo, ese fallo, no vulnera el derecho a la igualdad de los condenados desde el año 2003, o desde 1,991. Ojala la Corte Suprema aclare esta providencia.

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