La noticia produjo sorpresa. La poderosa compañía constructora Valores y Contratos, Valorcon, del ingeniero Julio Gerlein fue admitida en un proceso de reorganización empresarial por parte de la Superintendencia delegada de procedimientos de insolvencia de la Supersociedades. En palabras más claras, se encuentra con obligaciones vencidas por más de 90 días, por la suma de $39.027, acreencias que alcanzan el 10.71% de su pasivo total que llega a la suma de $364.497 millones.
Resulta increíble que se exponga la carencia de recursos en una tropilla política ingenieril conocida por sus alardes de dinero y que colocaba en sus tiempos de gloria senadores, representantes, diputados, concejales y de vez en cuando algún ministro y reina del carnaval; cuasi dueña del agua, del control del río y de la circulación de aeronaves por los espacios.
Podría argumentarse que le sucedió el viejo refrán popular: “El que mucho abarca poco aprieta” y que por esas ganas de estar en todas ha quedado en una aparente cuerda floja desencadenada por el descalabro del Consorcio Navelena, empresa donde Valorcon tenía una participación del 13% en el contrato de APP del río por Cormagdalena, cuyo socio Odebrecht terminó golpeándolo cuando se desató el escándalo internacional de corrupción que dio al traste el cierre financiero de la empresa. Todos los bancos huyeron ante las perspectivas de un crédito con tantas complicaciones jurídicas. El único que se le midió, con funcionarios investigados en un préstamo irregular fue el Banco Agrario, en donde la casa Gerlein tuvo control en diversos tiempos y que fue objeto de debates en los medios de comunicación y en el senado.
Pero hay que hacer otras sumas de la crisis de Valorcon y particularmente de su propietario Julio Gerlein vinculado por la fiscalía a la operación criminal de corrupción electoral de su amiga Aida Merlano que desde la cárcel amenaza algunos días con suicidarse y otros con contar todas las verdades de sus alianzas en las pasadas elecciones. Otra suma es la carencia de flujos de caja ante los procesos de medidas cautelares –embargo de cuentas- por parte de la Contraloría General de la Nación dentro del proceso de investigación fiscal por posible detrimento patrimonial al estado en el caso Navelena.
El caso de Navelena no es el único con problemas. En el proyecto del aeropuerto Ernesto Cortissoz el desarrollo del contrato iniciado con la firma en 2015 ha tenido altibajos, pues ante la critica cierta que se trataba de unos empresarios locales de construcción (Valorcon –Gerlein- con el 41.5% y Equipos Universal- Navarro- con el 41.5% con el agravante que esta última se encontraba en ese momento en proceso de reestructuración financiera, la misma situación que ahora arrostra Valorcon) carecían de experticia técnica en el manejo de aeropuertos para lo cual contrataron a las volandas a un especialista extranjero. Ante dilaciones en el inicio de las obras pactadas en el contrato, fueron obligadas a asumir la obligación de reparcheo de la pista y el cierre perimetral y de contera, una peluquería ha frenado la obra del terminal de pasajeros que lleva 3 años en anda, casi el mismo tiempo que los chinos construyeron el nuevo aeropuerto de Pekín, el más grande del mundo. Ese es el estilo. Negociar concesiones con obligaciones y luego ladinamente dilatarlas o cambiarlas en su totalidad por obras de menor especificación. Lo cierto es que cada vez más los barranquilleros se embarcan en el Rafael Núñez de Cartagena ante los costos del Ernesto Cortissoz.
El 6 de febrero de 2019, en el proceso de responsabilidad fiscal impulsado por la Contraloría General de la Nación contra el incumplimiento del consorcio Navelena, este ente estatal solicitó secuestro y embargo de varios activos de Valorcon, la empresa subcontratista del consorcio. Esta situación implica que todos los flujos de caja de esta empresa quedaban detenidos con el consecuente impacto sobre las finanzas y la continuidad de las obras. Precisamente por esta situación es que las empresas y sociedades a las que se les decreta la caducidad de un contrato con el estado quedan inhabilitadas para participar en otros, lo que no sucedió con Valorcon en su calidad de socia de Navelena, pues desde la fecha en abril de 2017 ha seguido contratando obras como es el caso del corredor vial El Platanal cuyo contrato se publicó en el SECOP ((Sistema Electrónico de Contratación Pública) el 13 de diciembre de 2017. Ese mismo día el gobernador Verano de la Rosa en declaraciones sostuvo que el costo de la inversión total (corredor vial y distribuidor de transito) ascendía a la suma de $95.000 millones de pesos y que su propósito era “descongestionar la calle 30”.
La licitación pública para los posibles contratantes se cerró el 14 de febrero de 2018. Un mes después, el 16 de marzo de 2018, fueron adjudicadas las obras divididas en 9 grupos. El llamado Grupo II incluía la obra del corredor vial El Platanal a un costo de $29.992 millones, adjudicado a la Unión Temporal Caribe integrado por las empresas Valores y Contratos (Valorcon) con una participación del 60% e Inversiones Jacur con el 40%. El representante legal de la unión temporal es Jaime Massard, también representante legal de la empresa Valorcon.
Total que el equipo jurídico de Valorcon ante el embargo y secuestro de sus activos radicaron un incidente de nulidad asegurando que el debido proceso se encontraba viciado, según manifiesta el abogado Roberto Núñez, pues “la Contraloría arranca un proceso de responsabilidad fiscal en función de un informe de hallazgos de 2017, advirtiendo que un subcontratista de la sociedad Navelena es responsable fiscal, pero eso no es cierto, porque este subcontratista no es gestor fiscal”. Curiosa forma de interpretar la corresponsabilidad societaria en una APP y que graduaría o eximiría –tal es la tesis del abogado Núñez- en responsabilidades fiscales según la capacidad accionaria del socio.
Ante ese escenario jurídico, Valorcon solicita en julio del año 2019 ante la Superintendencia de Sociedades un proceso de reorganización empresarial por pasivos de $364.497 millones lo que le permitirá “blindarse” contra embargos y secuestros tal como el planteado por la Contraloría General de la Nación y los futuros que sobrevengan desde el caso Navelena, aunque más parece una estratagema legal para evitar el cese de pagos por incumplimientos que otra cosa. Para que no se crea que le cargamos los dados a esta empresa barranquillera, señalaremos que es una de las megacontratistas del distrito de Barranquilla en las dos administraciones Char, especialmente desde el 2014. Fue noticia nacional en un reportaje del portal Las 2 Orillas. Actualmente ejecuta las obras del malecón y avenida del río en sus etapas IV y V.
La empresa tiene 50 años de ejercicio de ingeniería en toda Colombia con ventas de $228.000 millones en el solo año 2016, aumentando su patrimonio en 16.7% pasando de $313.000 a $365.000 millones, curiosamente los mismos pasivos que aduce tener Valorcon cuando se acogió a la reestructuración financiera ante la Superintendencia de Sociedades, encargándose de promotor de la operación a Ricardo Echeverri López.
De estos episodios se deducen varias líneas:
- No es cierto que Valorcon como entidad empresarial de sociedad anónima se encuentre “quebrada”. Por el contrario, todas las indagaciones muestran que debe tener sólidos estados financieros.
- Se trata de una maniobra para eludir responsabilidades fiscales y contractuales.
- La capacidad de contratación de Valorcon en los últimos 10 años ha crecido en forma vertiginosa lo que representa ingresos operacionales iguales.
- Todos estos problemas administrativos y jurídicos de Valorcon explican, a manera de ejemplo, el singular retraso de las obras del aeropuerto Ernesto Cortissoz. A ello se le agrega que el otro socio, Equipos Universal, tiene o tenía la misma situación de reestructuración lo que lleva a la inevitable explicación sobre el estado actual de retraso del proyecto .
Valorcon, en una maniobra para la que no se encuentran diseñados los mecanismos de reestructuración empresarial financiera, acude a esta figura en una clara estrategia de evadir las responsabilidades que le competen dentro de su objeto social.
