El festival de contratos que enreda a los Gnecco en la Gobernación del Cesar

Este entramado de contratación incluye la construcción de un distrito de riego, por más de 6.700 millones, entregada directamente a un contratista que se declaró en quiebra. Empresas de varios amigos y personas cercanas al gobernador designado Andrés Meza han recibido contratos de la gobernación y de varios municipios.

Un proyecto de riego para 400 hectáreas tiene divididos a los campesinos de la vereda El Toco, en el municipio de San Diego, situado a una hora de Valledupar. El problema de la falta de agua para los cultivos está relacionado con la contaminación del río Cesar, que arrastra todo lo que desecha la capital del departamento. “Si dejamos que el ganado beba agua del río, los becerros nacen sin pelo. Tuvimos que poner cercas. Por eso necesitamos una fuente de agua que no sea el río”, comentó Miguel Ricardo, representante legal de la Asociación Comunitaria de Parceleros de El Toco (Asocomparto).

Miguel representa a un grupo de familias que lleva varios años en un proceso de restitución de tierras, pues fueron desplazadas en 1997 por los paramilitares del Bloque Norte. Se llaman a sí mismos los “primeros ocupantes” porque cuando retornaron a sus tierras, muchos de ellos se encontraron con que estaban bajo la posesión de los “segundos ocupantes”.

Algunos tuvieron que malvender su tierra e irse, pero la tensión entre los primeros y segundos ocupantes que se quedaron en El Toco nunca se resolvió. Cuando la gobernación llegó a presentar el proyecto Agricel y anunció que esta vereda había sido seleccionada para instalar las primeras cuatro células agrícolas, se encontró con esa tensión entre los campesinos.

Entre los primeros ocupantes, la opinión general sobre Agricel tampoco es unánime. Hay quienes creen que la Gobernación va a cumplir con el proyecto y les va a instalar el distrito de riego, aunque se demore un poco. Otros, como Miguel Ricardo, han decidido no participar del proyecto y temen que se convierta en la razón por la que deban abandonar sus tierras de nuevo.

Miguel Ricardo, representante legal de Asocomparto y uno de los primeros ocupantes de El Toco. Foto: Camila Granados.

Agricel, la promesa de renovación del campo

El 7 de agosto de 2021, ante un auditorio compuesto en su mayoría por políticos de la región, alcaldes y candidatos a las alcaldías y también a la asamblea departamental, el entonces gobernador Luis Monsalvo Gnecco presentó a la comunidad el llamado proyecto Agricel.

Ese día también estuvo la madre del mandatario, Cielo Gnecco, cacica electoral del Cesar, conocida como la “primera dama” del departamento. Un título que ha sido reconocido incluso en documentos oficiales por su hijo, Monsalvo Gnecco (ver documento pág. 2). De hecho, se comenta que ella fue el verdadero poder detrás de las administraciones de tres de sus familiares en la Gobernación del Cesar. Cielo Gnecco pasó a encabezar este poderoso grupo político tras el asesinato de su hermano, Jorge Gnecco, cometido por las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar con el que colaboraba, según estableció la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla.

Para Miguel Ricardo, la participación de la comunidad en ese evento del 7 de agosto fue marginal. “Vimos un evento político porque había candidatos a alcaldías y alcaldes de otros municipios. La desconfianza que tenemos con los políticos es muy grande y uno siempre piensa que de eso tan bueno no dan tanto”, comentó.

«La revolución agrícola del campo cesarense», fue presentada ese día por Monsalvo Gnecco como la instalación de cuatro células agrícolas, cada una con un sistema de pivote central, un brazo mecánico de 50 metros que gira en círculos y riega cien hectáreas, aproximadamente. En el mismo acto, el gobernador agradeció especialmente a su secretario de ambiente, Andrés Meza, quien estuvo encargado de estructurar el proyecto.

Diez días después, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra Monsalvo por irregularidades en la contratación del Plan de Alimentación Escolar durante su primer mandato, entre 2012 y 2015. En esas circunstancias, los partidos que conformaron la coalición que avaló a Monsalvo (Liberal, de la U y Cambio Radical) enviaron una terna al ministerio del Interior. El entonces ministro Daniel Palacios escogió a Andrés Meza como gobernador encargado y el proyecto Agricel quedó a salvo.

Gobernador por encargo


Fue precisamente Andrés Meza quien firmó el estudio previo del proyecto que supera los $6.700 millones de pesos, más de un millón de dólares. En ese estudio quedó establecido que el operador, es decir, el contratista, fuera el Centro de Desarrollo Tecnológico del Cesar (CDT Ganadero) y la administración Monsalvo le encargó su ejecución sin pasar por un proceso plural de selección con múltiples oferentes. Esto está permitido por la ley que contempla la contratación directa con entidades de características particulares, como las entidades sin ánimo de lucro (ESAL).

El contratista escogido, el CDT Ganadero, es una ESAL creada por la misma gobernación en 2009, con participación de la alcaldía de Valledupar, los gremios del departamento, sobre todo ganaderos, y algunas universidades. Según los documentos, ese año la firma estaba en proceso de reestructuración económica tras acogerse a la ley de quiebras en 2019. De acuerdo con información de la Cámara de Comercio de Valledupar, CDT Ganadero enfrenta además tres embargos y continúa en proceso de reestructuración y reorganización.

La Secretaría de Agricultura del departamento informó que, a pesar de que CDT Ganadero se declaró en quiebra, lo consideró un socio idóneo para desarrollar el proyecto Agricel porque cuenta con maquinaria y personal calificado para las labores previstas. Pero la maquinaria que opera CDT Ganadero no es propia, pertenece a la Gobernación, aunque esta le ha entregado contratos de comodato para que la utilice, no solo en el proyecto Agricel sino también en la ejecución de otros convenios que CDT tiene con la administración departamental.

Los campesinos parceleros no sabían que la empresa CDT estaba enfrentando un proceso de reestructuración económica mientras adelantaba la obra. Blaidemir Riobó, uno de los primeros ocupantes que ejerce la veeduría sobre el proyecto, dijo que la comunidad no tuvo ninguna participación en esa selección del operador y que “cuando ellos llegaron a presentar Agricel, ya tenían definido que CDT lo iba a ejecutar”.

Juan Felipe Orozco, actual gerente del CDT Ganadero, comentó a este diario que, aunque no cuenta con experiencia previa en la instalación de distritos de riego, sí tiene las capacidades para ejecutar las actividades que requiere este proyecto. Por eso, las actividades iniciaron el 15 de junio de 2021. Se tenía previsto que duraran seis meses y 15 días, pero el convenio ya se ha prorrogado en tres oportunidades y supera los 15 meses de ejecución. Los aplazamientos, según la fuente consultada, obedecen a diversas razones.  

El primer cuello de botella, explicó Orozco, fue la compra y entrega de los pivotes que se compraron a la empresa estadounidense Valmont. De acuerdo con esa explicación, la crisis mundial de suministros originada por la pandemia causó que Valmont no despachara esos materiales en la fecha prevista. Los pivotes solo llegaron al país hasta el 30 de julio de 2022.

La empresa CDT está instalando el primer pivote de los cuatro que van a instalar en la vereda El Toco, en Valledupar (Cesar).

Interventoría de bolsillo

Además del convenio para la construcción del distrito de riego, la Gobernación adjudicó la interventoría a través de un concurso de méritos que recibió solo una propuesta: la del consorcio Interagricel. No es claro cuáles son las empresas que componen este consorcio. Mientras que en la resolución de adjudicación se lee que Interagricel está compuesto por las firmas Bioprojects S.A.S. Zomac e ING Proyectos y Soluciones LTDA (ver resolución pags 1 y 2), en el contrato de interventoría se puede constatar que al final se firmó con un consorcio compuesto por Proarquimas S.A.S. Zomac en lugar de Bioprojects (ver contrato pag 1)

La Secretaría de Agricultura no pudo explicar por qué se firmó la interventoría con un consorcio diferente al que se ganó el concurso de méritos. Además, el certificado de existencia y representación legal del consorcio Interagricel no aparece en los registros de la Cámara de Comercio de Valledupar ni en el Registro Único de Proponentes. La unidad investigativa de El Espectador intentó comunicarse con el representante legal de Interagricel, sin respuesta. Una comunicación enviada al correo electrónico del consorcio, el mismo correo de Proarquimas, tampoco fue contestada.

¿Quién es quién en este entramado?

Según la documentación, el representante legal del consorcio interventor es Carlos Alberto de la Ossa Lacouture, un ingeniero civil que fue socio del Andrés Meza en QM Ingenieros S.A.S., empresa fundada en 2015 por el hoy gobernador y su amigo Efraín Quintero. De hecho, la empresa lleva las iniciales de sus fundadores: Quintero y Meza. En julio de 2019, Efraín Quintero le vendió sus acciones precisamente a Carlos de la Ossa (ver documento pág 3). Luego, a finales de ese mismo año, Meza también vendió su participación, justo antes de posesionarse como secretario de Ambiente por segunda vez.   

En términos generales, Bioprojects y Proarquimas son dos empresas que han participado en varios procesos de contratación con la Gobernación del Cesar y otras entidades del departamento. A veces lo hacen como contratistas, a veces como interventores, y otras tantas en la dupla contratista-interventor. Por ejemplo, en agosto de 2021, al tiempo que se adjudicó la interventoría del proyecto Agricel, las firmas Bioprojects y Proarquimas conformaron el consorcio Interambiente Manaure que recibió otro contrato de interventoría entregado por el Instituto Departamental para el Desarrollo del Cesar, entidad adscrita a la gobernación (ver contrato).

El negocio más llamativo fue un contrato que obtuvo Bioprojects en mayo de 2021 para el manejo, conservación y protección del arbolado urbano de Valledupar.   La Secretaría de Ambiente del entonces secretario, y ahora gobernador, Andrés Meza, abrió una licitación pública que recibió ofertas durante poco más de un mes, y solo recibió una: la de Bioprojects (ver resolución de adjudicación).

A pesar de que no constituye una prueba de corrupción, una licitación con una única propuesta es una de las alertas rojas que ha identificado la organización internacional Open Contracting Partnership, que promueve las buenas prácticas en contratación pública. De acuerdo con la organización, esto puede indicar que los pliegos de condiciones limitan la participación de múltiples oferentes.

La comunidad de El Toco, en zona rural de San Diego, Cesar, denuncia que esta máquina lleva varios meses varada en el fondo del primer reservorio. Foto: Camila Granados.

Los documentos de constitución señalan que Bioprojects es una empresa creada en 2019 por Camilo Andrés Venecia Pineda y Héctor José Carrillo Saavedra. Es decir, apenas tenía dos años de existencia cuando recibió el contrato para el manejo de los árboles de Valledupar. Por eso, para acreditar la experiencia que hacía falta y que exigía el pliego de condiciones de esa extraña licitación, el ingeniero Carlos de la Ossa, el mismo que fue interventor de Agricel, prestó su firma y abonó la propuesta de la empresa de Venecia Pineda (Ver documento).

El Espectador  conoció fotografías que demuestran que Andrés Meza, gobernador designado, Efraín Quintero, secretario de Obras Públicas de Valledupar y Camilo Venecia Pineda, accionista de Bioprojects, se conocen y además tienen una relación cercana desde hace varios años. Este diario intentó en múltiples ocasiones obtener respuesta del gobernador Meza sobre su relación con las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero el gobernador se abstuvo de comentar al respecto.

Andrés Meza (1) y Efraín Quintero (2) fueron socios en QM Ingenieros S.A.S. Camilo Venecia (3) es socio de Bioprojects, empresa que ha recibido contratos de la Secretaría de Ambiente de Meza y de la Secretaría de Obras Públicas de Quintero.

En el grupo de amigos también figura Andrés Arturo Fernández, director del Área Metropolitana de Valledupar, entidad que también ha entregado varios contratos a Bioprojects y Proarquimas. Como uno suscrito en septiembre de 2021 para la interventoría de otro contrato de pago por servicios ambientales (ver contrato). En Valledupar se comenta que Fernández, sobrino de Cielo Gnecco y primo del exgobernador Monsalvo, será el próximo candidato del grupo político para mantener el control de la administración departamental

Pero ni la Gobernación del Cesar ni el Área Metropolitana de Valledupar han sido tan generosas con Bioprojects como lo ha sido la Secretaría de Obras Públicas de esa ciudad. Ese mismo mes de septiembre de 2021, Efraín Quintero le entregó un contrato para la recuperación de zonas verdes por casi $1.500 millones de pesos a un consorcio conformado por Bioprojects, con un 80% de participación (Ver contrato).   

Hay un patrón que se repite: el control sobre el contrato principal y sobre la interventoría, para que la ejecución, la supervisión y la vigilancia queden en manos amigas. Por ejemplo, en el contrato que la Secretaría de Ambiente adjudicó en 2021 a Bioprojects para el manejo de los árboles de Valledupar, la interventoría se le entregó a Consorcio Ciudad Verde, conformado por Proarquimas, con 70% de participación (ver documento). Es decir, la misma empresa interventora del proyecto Agricel, tras reemplazar a Bioprojects en la ejecución del contrato.

Proarquimas fue constituida en 2018. Su socia mayoritaria fue Andrea Carolina Ricardo Peláez (ver documento pag 8). El 21 septiembre de 2020, Andrea Ricardo fue contratada por la Secretaría de Ambiente de Andrés Meza (ver contrato solo pag 1) y un día después cedió sus acciones en Proarquimas. Ese contrato se ha renovado varias veces. El último que tuvo se acabó el pasado septiembre. Eso indica que la empresa que ahora se encarga de la interventoría de Agricel fue propiedad de una contratista de la Secretaría que estructuró ese proyecto.

Esta vinculación es extraña pues Proarquimas no aparecía originalmente en los documentos previos al contrato. En la evaluación técnica y en el acta de adjudicación se habla de Bioprojects, no de Proarquimas.

Es mejor tener amigos que tener plata

Camilo Venecia Pineda, accionista de Bioprojects, es también contratista de la Secretaría de Obras Públicas de Valledupar gracias a que Efraín Quintero le entregó un contrato de prestación de servicios para el que solo le pidió presentar diploma de bachiller. No tuvo que certificar experiencia (Ver contrato).

En la misma oficina trabaja, también como contratista, Carlos de la Ossa, el interventor del proyecto Agricel. Efraín Quintero, quien le vendió sus acciones en QM Ingenieros, luego lo contrató en su secretaría (ver documento).   De la Ossa es una ficha clave porque firma los informes de interventoría que la Gobernación utiliza de soporte para hacer los desembolsos al CDT Ganadero, el contratista de las células agrícolas. Un informe del Consorcio Interagricel que cubre el periodo entre julio y diciembre de 2021, certificó que CDT llevaba un avance de 79,51% en el sistema de pivote (ver documento pag 1, 21 y 25 señalados en rojo).

Aquí surge otro interrogante: ¿cómo pudo el interventor certificar, a diciembre de 2021, un avance casi del 80% del sistema de pivote, cuando los primeros pivotes llegaron a Colombia en julio de 2022? Tanto la Secretaría de Agricultura como CDT Ganadero coinciden en afirmar que la adquisición de los pivotes era el rubro con mayor peso en el presupuesto y que comprarlos implicó una ejecución financiera alta, pero el convenio indica que el CDT debía presentar informe de avances de ejecución tanto financiera como técnica.

El Espectador visitó la vereda El Toco y pudo confirmar que, aunque el primer pivote ya está en proceso de armado, no se ha instalado ninguno hasta hoy. Los dos primeros pivotes ya están en el sitio de la obra y los otros dos se encuentran en la sede de CDT.

CDT estima que necesita cuatro meses más para terminar de instalar los cuatro pivotes. Foto: Camila Granados.

La estructura de pagos

El convenio entre la Gobernación y CDT establece que el primer desembolso debía hacerse por el 40% del total del proyecto, más de 2.500 millones de pesos. Con ese dinero, el CDT compró los pivotes y pagó su nómina por los meses de ejecución del convenio, que ha tenido varias prórrogas. Para las dos primeras, el interventor certificó el argumento del contratista para justificar la demora: que la crisis mundial de suministros había hecho que los pivotes no llegaran cuando se esperaban y hasta ese momento no había nada que instalar. 

Eventualmente, CDT Ganadero se quedó sin dinero para seguir cubriendo sus gastos de operación y le pidió a la Gobernación aumentar el segundo desembolso que había sido pactado inicialmente al 20% del total, cerca de 1.270 millones. La Gobernación aceptó y le adicionó 638 millones. Para cobrar ese segundo desembolso, ahora del 30% del valor del proyecto, CDT utilizó el informe de interventoría firmado por De la Ossa, quien certificó tanto el 79% de avance en el sistema integral de pivotes como la demora en esos mismos pivotes.

En palabras de Óscar Hernández, director para América Latina de Open Contracting Partnership, ese cambio en la estructura de pagos sugiere una falta de planeación financiera adecuada. La Secretaría de Agricultura insiste en que la planeación fue adecuada pero se presentaron imprevistos fuera de su control.

Debido a las demoras, algunos campesinos han decidido no participar del proyecto y el primer pivote ya no podrá regar las 100 hectáreas que estaban planeadas inicialmente. Foto: Camila Granados

Vienen más prórrogas

A finales de octubre pasado, la Gobernación extendió el plazo del convenio por dos meses. CDT le dijo a este diario que necesita cuatro meses más para terminar las cuatro células agrícolas que construye en El Toco, siempre y cuando las condiciones climáticas sean favorables. Por eso, es probable que el convenio deba ser suspendido en diciembre próximo y prorrogado de nuevo en enero de 2023. 

La confianza que muchas personas tenían en este proyecto ha venido disminuyendo con los atrasos. Uno de los campesinos que aceptó participar de la primera célula agrícola ya no quiere saber nada de Agricel. Por ese desistimiento, CDT tuvo que modificar el trazado de esa célula, que ya no podrá regar las 100 hectáreas, como estaba planeado, y el pivote tendrá que devolverse cuando llegue a esa parcela.

Uno de los temores de los campesinos que decidieron no participar del proyecto Agricel es que se convierta en un elefante blanco que les imposibilite seguir cultivando sus parcelas y tengan que malvender. Este equipo periodístico volverá a preguntar por el avance del proyecto Agricel dentro de cuatro meses.

La Gobernación planea construir muchas más de estas células agrícolas, lo que representaría una inversión de 75.000 millones de pesos. Foto: Camila Granados.

Coordinación de la investigación: David Riaño Valencia 
Reportería y apoyo de investigación: Silvia Corredor, Nicolás Achury, Daniela Quintero 
Producción audiovisual y fotografía: Camila Granados 
Diseño Multimedia: Eder Leandro Rodríguez y Mario Fernando Rodríguez
Estrategia de distribución: Natalia Piza y Yennifer Rodríguez 
Edición y asesoría editorial: Jorge Cardona, Natalia Herrera y Nelson Fredy Padilla.

¿Te gustó el articulo? Tomate un momento para apoyar la lucha contra la corrupción en Patreon.

Me gusta esto:

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Abrir chat
1
Hola, estas conectado con Corrupción al día ¿en que te podemos ayudar?
Powered by
A %d blogueros les gusta esto: