“Los administradores corruptos, devotos del dios soborno, cometen un «pecado grave contra la dignidad» y dan de comer «pan sucio» a sus propios hijos. Yo al pecado no le tengo miedo, le tengo miedo a la corrupción, que te va viciando el alma y el cuerpo. Un corrupto está tan seguro de sí mismo que no puede volver atrás. Es la destrucción de la persona humana." Papa Francisco
Franklin Lozano De La Ossa, Subdirector Administrativo y Financiero y Director Financiero (e) de la Empresa Social del Estado “José Prudencio Padilla”, fue determinador en la apropiación de recursos de esa entidad para financiar al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandadas por Salvatore Mancuso Gómez y Rodrigo Tovar Pupo.
Desde finales de la década del 90, los departamentos de la Costa caribe, especialmente Magdalena y Córdoba, han sido escenarios de la consolidada presencia y accionar de grupos paramilitares con ocasión de la dinámica del conflicto armado.
Es evidente como la región Caribe fue proscenio propicio para el avance de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), comandadas por Salvatore Mancuso Gómez, como agente social ilegal que perturbó el sistema democrático colombiano y el régimen político y, además, ejerció su poder en todas las instancias políticas regionales.
El Bloque Norte de la AUC desplegó todo su accionar por medio de la “Reconfiguración Cooptada del Estado”, obteniendo sustancial provecho económico y mayúsculo poder político, impunidad legal y legitimidad social en el Caribe colombiano, a través del clientelismo armado.
Fue entonces cuando se produjo la captura de la administración pública y su contratación con pactos entre la dirigencia política regional y las AUC, teniendo como resultado la apropiación y control de los recursos públicos.
Así, en medio de la grave crisis que lesiona y afecta al Estado colombiano, por cuenta de la entronización de la corrupción y el delito en la administración pública, han quedado rezagadas y en el olvido las delictivas actuaciones de funcionarios determinadores del saqueo y quiebra de entidades públicas, mediante la comisión de toda suerte de delitos con la finalidad de alcanzar sus perversos objetivos, tales como el enriquecimiento ilícito de quienes las dirigían y la obtención, apropiación y desviación de recursos públicos en favor de las AUC; con el silencio cómplice de los Organismos de Control del Estado, cuyos funcionarios han desestimado y pasado por alto la responsabilidad de investigar, procesar y condenar a los responsables de la notoria instrumentalización del delito y la concertación criminal, concebidos a efecto de apresar recursos públicos.
Ello aconteció con la Empresa Social del Estado “José Prudencio Padilla”.
La ESE “José Prudencio Padilla”
En junio de 2003, el Presidente Alvaro Uribe y los ministros de Protección Social y Hacienda decidieron escindir, del Instituto de Seguros Sociales, la Vicepresidencia de Prestación de Servicios de Salud y todas sus Clínicas y Centros de Atención Ambulatoria.
Así mismo, ordenaron la creación de siete (7) Empresas Sociales del Estado, entre ellas la “José Prudencio Padilla”, como entidades públicas del nivel nacional, de categoría especial, descentralizadas, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscritas al Ministerio de la Protección Social, cuyo objeto fue la prestación de servicios de salud, como servicio público esencial o como parte del servicio público de la seguridad social.
Las nuevas empresas remplazaron al Instituto de Seguros Sociales en la prestación de servicios de salud a sus afiliados, bajo el régimen contractual establecido por las normas del derecho privado.
La ESE “José Prudencio Padilla” fue estructurada con un sólido patrimonio; sin pasivo alguno y con inmensas fortalezas financieras, contractuales y burocráticas, generadas y sustentadas en la compra y venta de servicios de salud y la administración y operación de las Clínicas y Centros de Atención Ambulatoria que hicieron parte del Instituto de Seguros Sociales en los departamentos de la Costa Caribe, así: Clínicas Norte, Centro y Sur de Barranquilla, Clínica Andes, Clínica Henrique de la Vega, Clínica Ana María, Clínica Ramón Gómez Bonivento y la José María Campo Serrano en Santa Marta; y los Centros de Atención Ambulatoria Los Andes, Sabanalarga, El Bosque, Central, Pedro de Heredia, Magangué, Mamonal, Turbaco, Aguachica, La Jagua de Ibirico, Codazzi, Albania – El Cerrejón, Hatonuevo, Maicao, Portete Puerto Bolívar, Ciénaga, Cundí, El Banco, Fundación, Pivijay, Plato, Orihueca, San Andrés, Corozal y Sincelejo.
Al haber sido adscrita al Ministerio de la Protección Social, la designación de los funcionarios directivos y ordenadores del gasto de la ESE “José Prudencio Padilla” siempre dependió del llamado “Computador de Palacio”.
Es decir, la recién creada ESE entró a hacer parte de la repartija dispuesta con el fin de complacer a congresistas, de la región Caribe, comprometidos con el gobierno nacional en el trámite legislativo. El grupo de congresistas caribeños, atendidos desde el Palacio de Nariño y el Ministerio de la Protección Social, con nombramientos en cargos de ordenación y dirección en la “José Prudencio Padilla”, fue liderado por el senador Dieb Maloof Cuse.
Maloof Cuse había llegado al Senado de la Republica en noviembre del año 2000, al ser llamado a ocupar la curul que perdió el narrador deportivo Edgar Perea ante la Sala Plena del Consejo de Estado. Posteriormente, en los comicios celebrados el 10 de marzo de 2002, Dieb Maloof Cuse resultó electo senador con 67.864 votos, de los cuales 40.134 fueron obtenidos en el Magdalena, gracias al apoyo financiero y político que le dieron las AUC, en ese departamento, por disposición expresa del comandante Carlos Castaño.
Poco antes de esos comicios, en noviembre de 2001, Dieb Maloof se había comprometido ante las AUC, entre otras muchas cosas, a retribuir los votos que obtuviera su candidatura al senado, en marzo de 2002 en el Magdalena, con una representación burocrática nacional que entregaría a la dirigencia política de ese departamento, previa la exigida aprobación de las autodefensas.
Maloof Cuse cumplió su promesa. Al ostentar el manejo y control político, burocrático y contractual de la ESE “José Prudencio Padilla”, hizo designar a Franklin del Cristo Lozano de la Ossa como Subdirector Administrativo y Financiero de esa entidad, quien después fue encargado, por un periodo importante, de la Dirección Financiera.
¿Quien es Franklin Lozano de la Ossa?
Franklin del Cristo Lozano De La Ossa, es hijo de Franklin Lozano Pimienta, quien fue condenado, mediante sentencia anticipada, al reconocer y aceptar que incurrió en la comisión de los delitos tipificados como Concierto para Delinquir Agravado y Constreñimiento al Elector, en connivencia con las AUC.
Fue así como, el 12 de mayo de 2009, Lozano Pimienta suscribió, ante la Fiscalía General de la Nación, el Acta de Formulación y Aceptación de Cargos.
Lozano Pimienta, cuando se vio investigado por la Fiscalía General de la Nación, promovió la candidatura a la Asamblea del Magdalena de su hijo Franklin Del Cristo Lozano De La Ossa, en las elecciones de octubre de 2007, con el aval del Partido Apertura Liberal, sin resultar electo.
Sin embargo, Lozano De La Ossa obtuvo la credencial de Diputado por sentencia del Consejo de Estado (octubre de 2009), al haber demandado la elección de los Diputados en ese período. Franklin Del Cristo Lozano, más conocido en el Magdalena como Franklin Jr., fue escogido Presidente de la Asamblea del Magdalena para el período 2011 con el voto del diputado Luis Miguel “Mello” Cotes, quien resultaría elegido gobernador del Magdalena, en octubre de ese mismo año.
En marzo de 2014 y 2018, Lozano De La Ossa fue elegido Representante a la Cámara por el Magdalena con el aval del Partido Opción Ciudadana, antiguo Partido de Integración Nacional (PIN), el mismo que manejó Luis Alberto Gil, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia (enero 18 de 2012), al ser declarado responsable de cometer el delito tipificado como Concierto para Delinquir, al promover la conformación de grupos armados al margen de la Ley (Paramilitares).
Desde cuando el representante Franklin Lozano De La Ossa fue nombrado como Subdirector Financiero y Administrativo y encargado de la Dirección Financiera de la ESE “José Prudencio Padilla”, en virtud del cumplimiento de los compromisos que hiciera el senador Dieb Maloof, su mentor, con las AUC, ha estado directamente inmerso en las relaciones de la política con los paramilitares.
Su padre, Franklin Lozano Pimienta, como ya se afirmó, confesó su asociación con el Bloque Norte de las AUC y fue condenado penalmente; como Diputado y Congresista, Franklin Lozano fue avalado por Partidos que tuvieron directa y estrecha conexión con el paramilitarismo (Apertura Liberal y Opción Ciudadana).
Como si lo anterior fuese insuficiente, su suegro, el ex congresista Alonso de Jesús Ramírez Torres, también fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a siete años de prisión, al incurrir en la comisión de los delitos tipificados como Concierto para Delinquir Agravado y Constreñimiento al Elector, por cuenta de su vinculación con el Frente Resistencia Tayrona de las AUC que operó en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Por otra parte, se debe advertir cómo Lozano De La Ossa y Lozano Pimienta, utilizando sus nexos y representación política, lograron acrecentar su patrimonio al ser “favorecidos”, desde el año 2006, con multimillonarios desembolsos de un Fondo de iniciativa público-privada administrado por el Banco Mundial, impulsado por el Gobierno Nacional en programas de Reforestación Comercial, a través de los Certificados de Incentivo Forestal, con el concurso del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Cormagdalena, Finagro y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal “CONIF” y la Oficina Nacional Forestal de Francia.
Con ese malsana intencion, los Lozano han utilizado las fincas Chimborazo, Cuatro Esquinas y La Camachera, localizadas en Zapayan (Magdalena), cuyos titulares de propiedad son Franklin Lozano Pimienta, Franklin del Cristo Lozano De La Ossa y la sociedad Ganadería e Inversiones Lozano De La Ossa, de la que Franklin Jr. es gerente suplente, accediendo a multimillonarios recursos públicos.
De igual manera, resulta valido anotar como a través del poder político ostentado, el exrepresentante Lozano De La Ossa “manejó” a su antojo y discreción la Secretaria de Salud del Magdalena durante la administración de la investigada y procesada gobernadora Rosa Cotes, haciendo nombrar para ese cargo a Manuel Navarro Rada, su cota política.
Ya en el gobierno del “Mello” Cotes (2012-2015), Lozano De Ossa había controlado y dispuesto la administración financiera y administrativa de cinco hospitales en el Magdalena, entre ellos el Hospital “Santander Herrera” de Pivijay, el mismo que literalmente entro en quiebra financiera y desgreño administrativo y asistencial bajo su control político.
Franklin Lozano De La Ossa, el Bloque Norte de las AUC y la quiebra de la ESE “José Prudencio Padilla”
El exparlamentario Franklin Lozano De La Ossa, al desempeñarse como Subdirector Financiero y Administrativo y Director Financiero encargado de la ESE “José Prudencio Padilla”, concibió instrumentalizar los delitos tipificados como Concierto para Delinquir Agravado, Peculado por Apropiación Agravado en concurso homogéneo, Enriquecimiento Ilícito y Enriquecimiento Ilícito de Particulares, entre otras conductas punibles, con el protervo propósito de lograr la obtención, apropiación y desviación de recursos públicos en favor de las AUC y de si mismo.
Fue de tal gravedad lo acaecido en la Empresa Social del Estado “José Prudencio Padilla”, con el accionar de Franklin Lozano De La Ossa, que el gobierno nacional tuvo que disponer de urgencia, en julio de 2006, la supresión y liquidación de esa entidad, adscrita al Ministerio de la Protección Social.
Cuando habían transcurrido tan solo tres (3) años de haber sido creada, esa ESE ya estaba “quebrada”, con notable desequilibrio financiero y deficiencias en la calidad de los servicios de salud que ofrecía a los usuarios. Los informes del Revisor Fiscal de la ESE “José Prudencio Padilla” evidenciaron como persistía un alto riesgo de pérdidas económicas “por errores e irregularidades en el manejo de los fondos e insumos de la empresa y por la ausencia de controles internos de autorización, registro, existencia y salvaguarda sobre las transacciones y el control de los activos y pasivos de la entidad”.
Es innegable que el sector público de la salud fue una de las principales fuentes de financiación del paramilitarismo, convirtiéndose en su “caja menor”’ a efecto de sufragar costos de la guerra.
Para la mayoría de los grupos paramilitares ese era el negocio más rentable, por tal razón se infiltraron en ese sector de la administración pública con el nombramiento de sus propios gerentes y funcionarios en Empresas Sociales del Estado (ESE), tal como ocurrió en la “José Prudencio Padilla” con la designación de Lozano De La Ossa, Entidades Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con el ánimo de disponer y apropiarse de los recursos públicos.
Como parte de la evidencia del contubernio presentado entre los funcionarios directivos y ordenadores del gasto de la ESE “José Prudencio Padilla” con las AUC, incluido el concurso del ex congresista Franklin Lozano De La Ossa, para apropiarse de millonarios recursos de la Entidad, transcribimos apartes de la investigación realizada por la revista Semana y publicada, el 10 de mayo de 2011, bajo el titular “Los negocios de los paras”:
“Sobre la economía de los paramilitares. De eso habla el libro ‘Los negocios de los paras’, una investigación hecha por la Corporación Nuevo Arco Iris que pone en relieve cuáles son esas redes de corrupción en la que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) lograron meterse.
A través de varios casos, todos sorprendentes, se devela de qué forma la inoperancia de las instituciones de control y regulación estatales permitieron que los ‘paras’ se fueran apropiando, poco a poco, de las regalías del petróleo y del carbón, la tierra y hasta de los recursos de la salud.
En este último caso, el nombre del senador Dieb Maloof sobresale. Según la investigación de Nuevo Arco Iris, él, en alianza con el Bloque Norte de las AUC, logró saquear a la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla.
Mauricio Romero, coordinador editorial de la investigación, señala que a lo largo del trabajo, que tardó casi un año, se evidencia cómo los resultados de las reformas en el sector de la salud en las zonas en donde las AUC tuvieron influencia, como en la costa del país, son desalentadoras.
“La privatización de los servicios y su financiación, que buscaba crear empresarios en el sector salud y de juegos de azar, terminó creando ventajas para delincuentes y oportunistas, quienes se han alzado con los recursos del sector, en medio de un mar de necesidades”, se lee en el libro.
El caso de Dieb Maloof
«Lo de Dieb Maloof es una cosa muy calculada, lo que hace es legislar en beneficio propio", dijo recientemente en una entrevista radial el director de Nuevo Arco Iris.
La red familiar y de amigos políticos creada por el exsenador, señala la investigación, es un ejemplo de cómo una red ligada con los paramilitares del Bloque Norte se apoderó de una parte importante de los recursos de la salud en los departamentos de la costa caribe, a través del saqueo de la ESE José Prudencio Padilla.
La modalidad, agrega el estudio, era crear una red de cooperativas de trabajo asociado manejadas por personas cercanas al exsenador Maloof. El texto elaborado por Nuevo Arco Iris recuerda que Dieb Maloof fue ponente en la reforma realizada a la ley 100 en el 2006 con la que se fortaleció a las EPS para el manejo de los recursos públicos.
(…)
Como consecuencia de los malos manejos, la ESE José Prudencio Padilla, que reemplazó al ISS en la costa norte, fue liquidada en el 2006. El caso de la ESE José Prudencia Padilla es solo uno de los muchos que el libro ‘Los negocios de los paras’ utiliza para reflejar cómo políticos, paramilitares y herederos se la idearon para robarse los recursos del sector.
(…)
El texto señala y destaca cómo la receta para el saqueo a los recursos de la salud y la apropiación de regalías del petróleo y del carbón “combinaba la amenaza y ejercicio de violencia y la ubicación de personas de confianza en puestos claves en las administraciones locales, instituciones prestadoras de servicios, y cooperativas”. Ver (https://www.semana.com/los-negocios-paras/239627-3/)
El exparlamentario Franklin del Cristo Lozano De La Ossa, cuando se desempeñó como Subdirector Financiero y Administrativo y Director Financiero (e) de la Empresa Social del Estado “José Prudencio Padilla” habría incurrido en la comisión de los delitos tipificados como Concierto para Delinquir Agravado, Peculado por Apropiación Agravado en concurso homogéneo, Enriquecimiento Ilícito y Enriquecimiento Ilícito de Particulares, entre otras conductas punibles, con la pretensión de lograr la desviación, obtención y apropiación de recursos públicos en favor de las AUC y de sí mismo.
Por ello, la señora Vice Fiscal General de la Nación debe disponer la pertinente investigación de carácter penal, teniendo como indiciado al ciudadano Franklin del Cristo Lozano De La Ossa, habida consideración de lo denunciado en este artículo, el cual es el resultado de objetivas, metódicas y juiciosas investigaciones.
A esa investigación deberán ser convocados, en calidad de Declarantes, los señores Salvatore Mancuso Gómez y Rodrigo Tovar Pupo, con la finalidad de obtener mayores elementos materiales probatorios y de evidencia física, a efecto de establecer, con probabilidad de verdad, la comisión de los delitos endilgados a Lozano De La Ossa.
De igual manera, la señora Vice Fiscal General de la Nación se servirá considerar la obtención de una grabación, como elemento material probatorio de singular relevancia, en la que se muestra como los señores Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, unos pocos meses antes de que fueran extraditados a los Estados Unidos en mayo de 2008, se reunieron en el centro de reclusión de La Ceja con Fredy Rendón Herrera, conocido en las AUC como “El Alemán”, para preparar todas las declaraciones e informaciones que entregarían ante los Tribunales de Justicia y Paz.
A esa reunión asistieron una abogada y el asesor de los paramilitares, el argentino Juan Rubini. Según lo afirmaron los tres ex jefes paramilitares, en la grabación conocida por Caracol Radio y difundida en su momento por el portal VerdadAbierta.com, era necesario que el país conociera toda la verdad de sus vínculos con el Estado colombiano, entre las que estaría la verdad de lo acontecido con la apropiación de los recursos públicos de la ESE “José Prudencio Padilla” con el concurso del entonces funcionario Lozano De La Ossa.
“VerdadAbierta.com analizó la grabación de dos horas en la que los ex jefes paramilitares explican cómo se tomaron el país llegando a sustituir al mismo Estado y exponen como se dio el robo del sistema de la salud, el control sobre los gobiernos y las regalías regionales y municipales y las alianzas con políticos, empresarios y comerciantes, lo cual permitió que los tentáculos del paramilitarismo llegaran a magnitudes inimaginables.
Mancuso, ex jefe del Bloque Catatumbo y de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ‘El Alemán’, comandante del Bloque Elmer Cárdenas y ‘Jorge 40’, ex jefe del Bloque Norte de las AUC, fueron los cerebros que dirigieron la expansión del paramilitarismo y su infiltración en la política y la economía en conjunto con los desaparecidos Carlos y Vicente Castaño. Por esta razón, se considera que los tres ex jefes de las autodefensas guardan gran parte de la verdad acerca del paramilitarismo en el país.”
Adicionalmente a lo ya expuesto, debe considerarse cómo la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investigará el entramado criminal en el que miembros de la fuerza pública, otros agentes de Estado, terceros civiles y paramilitares se asociaron para cometer crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra la población civil. Para ese efecto la JEP abrió el caso No. 8.
La concentración de las investigaciones, en el caso No. 8, se organizará en función de las motivaciones de la acción criminal. Es así como, en este caso, se investigarán los crímenes motivados, entre otros, por el control de la función pública; los crímenes que buscaron la captura de rentas provenientes de la administración estatal para el fortalecimiento de la estrategia de expansión y consolidación regional y nacional de estructuras paramilitares, pero también la posibilidad de ampliar sus bases sociales mediante el control de la oferta de servicios burocráticos, electorales o de contratación pública, al considerar que los paramilitares se apoyaron en miembros de la fuerza pública, otros agentes de Estado y terceros civiles por ser sus intermediarios en la captura de la función y aparato públicos.
Entre los primeros territorios críticos del caso No. 8 está, entre otros, el Gran Magdalena (Cesar-Guajira-Magdalena).
De igual manera, la JEP determino realizar dos audiencias públicas con víctimas y el Ministerio Público con el objeto de evaluar si Salvatore Mancuso Gómez y Rodrigo Tovar Pupo fueron sujetos incorporados funcional y materialmente a la fuerza pública. En esas audiencias, los dos exjefes paramilitares deberán decir toda la verdad sobre el conflicto armado. De los aportes que haga cada uno de ellos, dependerá su eventual sometimiento ante la JEP. (https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-ultima-oportunidad-Mancuso-Jorge-40.aspx)
Ver: Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40) comprometido a contarle al país, las Víctimas y a la justicia colombiana toda la verdad.
Teniendo en consideración que la acción penal, por los delitos en cuya comisión habría incurrido el ex congresista Franklin del Cristo Lozano de la Ossa, cuando se desempeñó como Subdirector Financiero y Administrativo y Director Financiero (e) de la Empresa Social del Estado “José Prudencio Padilla”, no ha prescrito, valorando la apertura del caso No. 8 y la decisión adoptada por la JEP de escuchar a los señores Salvatore Mancuso Gómez y Rodrigo Tovar Pupo, comandantes de las AUC, en las audiencias públicas programadas con Victimas y el Ministerio Publico, la Fiscalía General de la Nación cuenta con la oportunidad y escenario procesal requeridos para establecer cuales han de ser las responsabilidades penales imputables al ex congresista Franklin del Cristo Lozano De La Ossa, de conformidad con los hechos expuestos en este documento.
El contenido de este artículo es responsabilidad exclusiva de su autor
