La Procuraduría Provincial de Armenia (Quindío) suspendió, de forma provisional, al alcalde del municipio de Calarcá, Luis Alberto Balsero Contreras; a su secretario administrativo, José Winser Garzón Tobaria; y otros funcionarios, por alterar presuntamente contratos relacionados con la compra de mercados para atender la emergencia de la pandemia en la localidad.
La investigación se abrió después que el representante del Supermercado ‘El Progreso’, un proveedor de alimentos y reconocido comerciante del municipio de Calarcá, denunciara la irregularidad de un contrato en el que aparece su nombre con un valor totalmente diferente.
El proveedor argumentó que los funcionarios compraron productos por un valor de $15.000.000, sin embargo, aparece un contrato por cerca de 396.000.000, con una firma que no es la suya.
Diego Trujillo, procurador delegado para asuntos de tierras, argumentó que “en este tipo de situaciones no se puede improvisar más, se tienen que tomar decisiones inmediatas como la presentada en Armenia suspendiendo al alcalde de Calarcá”.
Se trata del primer mandatario local suspendido en medio de las investigaciones que abrieron tanto la Procuraduría como la Contraloría General de la República, a cientos de contratos que se firmaron amparados en la emergencia por el coronavirus y que han resultado cuestionados.
La Procuraduría Provincial de Armenia también investiga a Juan José Correa Lopera, Gesnet Arneth Rengifo Arias, Laura Estefanía Arenas y Natalia Vanessa Castillo, en sus calidades de Subsecretario Administrativo, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Secretaría de Servicios Sociales y Salud, y contratista del municipio de Calarcá.
Así las cosas, el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, quien ya fue notificado de esta suspensión debe proceder a elegir un alcalde encargado para los siguientes tres meses.
Se conoció, de forma preliminar, que la abogada Paula Andrea Huertas Arcila, reconocida funcionaria de Armenia, sería la personas designada como alcaldesa encargada de Calarcá.