La Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses al gobernador del Chocó Ariel Palacios Calderón mientras investiga un contrato de $2.000 millones de pesos que suscribió el mandatario en medio de la emergencia sanitaria decretada por el coronavirus.
De acuerdo con los primeros detalles de este caso, el millonario negocio se firmó con la Fundación Chocó Saludable, donde el contratista debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos, en sesiones de dos horas, sobre temas como: limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado y salud mental, lactancia materna, sexualidad, gestante, higiene respiratoria en el trabajo, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis, todas enfocadas en el coronavirus.
“La Procuraduría advirtió un supuesto desconocimiento de los principios de la contratación estatal, teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades a desarrollar en el objeto del contrato no son imperiosas ni podrían ser consideradas como un aporte significativo a la mitigación de la pandemia por el covid-19, máxime si se tiene en cuenta que existen necesidades urgentes y prioritarias como el pago de salarios, y la dotación de elementos de bioseguridad para el personal médico y de enfermería que tendría que atender a las personas que resulten infectadas con el coronavirus”, señaló el Ministerio a través de un comunicado de prensa.
En rueda de prensa conjunta que ofrecieron el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo y el Contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, dieron un balance de todas las investigaciones que se siguen por irregularidades, abusos de poder, y casos de corrupción en la contratación de distintos insumos, mercados y en general ayudas que se adquirieron en medio de la emergencia decretada por el coronavirus.
