Esta semana la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) informó que al 18 de abril las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL), habían entregado 2.434.958 elementos de protección personal, los cuales están siendo distribuidos de manera progresiva y con prioridad a las IPS públicas y privadas localizadas en las regiones con mayores casos de Covid-19.
La cantidad anunciada por el gremio de aseguradoras corresponde tan solo al 12.2% de los 19.896.456 de los elementos que se distribuirán en lo que resta del mes de abril.
Y anunciaban que para esta semana, del 20 a 27 abril, estimaban entregar 3.322.307 elementos, atendiendo a 1.466 IPS y empresas.
Y que como “parte del paquete de ayuda para fortalecer el sistema de salud en esta contingencia, continuarán con la entrega de elementos de protección personal para los trabajadores de la salud, en cumplimiento de los decretos 488 y 500 de 2020”.
Pero se les olvida a las empresas agremiadas en Fasecolda, que esta entrega no corresponde una “ayuda” al sistema de salud, sino que hace parte de su obligación como aseguradoras
Lo primero que hay que recordar es que los recursos destinados por las ARL, como lo determinó el Gobierno nacional, corresponden al 7% de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales.
Lo segundo es que el Decreto 1072 de 2015 estableció las obligaciones que las ARL tienen con sus afiliados:
- Llevar a cabo programas, campañas y actividades de educación y prevención. Todas orientadas a que las empresas afiliadas, conozcan y cumplan las normas y reglamentos técnicos en salud ocupacional.
- Prestar asesoría básica en el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Implementar la capacitación básica para el montaje de brigada de emergencias, primeros auxilios y sistema de calidad en SG-SST. (Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo).
- Ofrecer capacitación al Vigía y/o Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) de las empresas afiliadas.
- Adelantar acciones para el fomento de estilos de vida y trabajo saludables.
- Investigar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales que afecten a los trabajadores afiliados.
- Desarrollar programas regulares de prevención y control de riesgos laborales y de rehabilitación integral.
- Apoyar, asesorar y desarrollar campañas enfocadas al control de los riesgos laborales. Así como el desarrollo de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la evaluación y formulación de ajustes al plan de trabajo anual de las empresas.
- Implementar acciones para prevenir los daños secundarios y secuelas en caso de incapacidad permanente parcial e invalidez. Esto, para logar la rehabilitación integral y facilitar los procesos de readaptación y reubicación laboral.
- Asesorar en la implementación de áreas, puestos de trabajo, máquinas, equipos y herramientas para los procesos de reinserción laboral. Con el objeto de intervenir y evitar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Prestar asesoría técnica para la realización de estudios evaluativos de higiene ocupacional o industrial, diseño e instalación de métodos de control de ingeniería. Esto, según el grado de riesgo, para reducir la exposición de los trabajadores a niveles permisibles.
Es decir que les cabe la responsabilidad de garantizar, por el monto que paga cada empresa o cada trabajador independiente, su seguridad laboral.
Existe una figura denominada cupos de reinversión que son los recursos que destinan las ARL para atender lo arriba detallado, y que es obligación de todas las aseguradoras cumplir por ley, pero que en muchas ocasiones si las empresas o incluso los profesionales independientes no los piden, no los ejecutan, tal como ahora está ocurriendo con el suministro de elementos de bioseguridad para profesionales y trabajadores de distintos sectores.
Según cifras de la Superintendencia Nacional de Salud, las ARL que funcionan en el país –AXA Colpatria, Colmena Seguros, Equidad Seguros, Positiva Seguros, Seguros Alfa, Seguros Aurora, Seguros Bolívar y SURA-, tuvieron unos ingresos en el 2018 de 3 billones 843 mil millones de pesos y unos costos, es decir siniestros pagados, por el orden de 1 billón 488 mil millones de pesos.
Lo que demuestra que su margen de actuación financiera no es nada estrecha.
De ahí que más que justificado estuvo el jalón de orejas que tanto la Contraloría General de la República y como la Procuraduría General de la Nación les hicieron por no dar cumplimiento oportuno a su responsabilidad de suministrar de manera integral, urgente y eficiente, los elementos de protección personal (EPP) a los trabajadores del sector de la salud que tienen riesgo de exposición directa al coronavirus, lo que constituye una amenaza para la vida de estas personas.
Y es que no es solo el sector salud el que elevó su queja por la situación, sino que esta semana las Empresas Colombianas de Seguridad Privada (ECOS), advirtió que lo establecido en el decreto 488, expedido por el Gobierno nacional el pasado marzo, en el que se obliga a las ARL a entregar elementos de bioseguridad al sector de la vigilancia privada no se está cumpliendo.
“Hacemos un llamado a Fasecolda y a las administradoras de riesgos laborales en general, para que cumplan con la ley y entreguen los elementos de bioseguridad correspondientes a nuestro sector, los recursos no pueden ser una excusa, porque la industria ha pagado millonarias sumas por mucho tiempo, los elementos que requerimos son necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria”, dijo el presidente del gremio José Saavedra.
Cabe precisar que las empresas afiliadas a ECOS han tomado las medidas de control y prevención para mitigar el impacto del COVID -19 sobre la industria que emplea a cerca de 450 mil hombres y mujeres en todo el país.
Desde varias orillas entonces se les cuestiona a las ARL su falta de respuesta efectiva y oportuna en tareas que son de su completa responsabilidad.
