La idea pensada hace más de 30 años de crear un distrito de riego que cobijara a los municipios de Coyaima, Natagaima y Saldaña en el sur del Tolima y cuyo objetivo era aportar al desarrollo agrícola de las comunidades indígenas y campesinas de este territorio, no solo se convirtió en un elefante blanco sino que la propia Contraloría General de la Nación, advirtió que “la inversión que ha realizado Estado ha incentivado la degradación del suelo en una zona ecosistémica sensible, generando grandes pérdidas”.
La obra arrancó en el año 2009, y abarca una extensión de 24.000 hectáreas aptas para riego y aparentemente beneficiaría a unas 7.000 familias en su gran mayoría indígenas, donde se podrían reincorporar al sector agropecuario cultivos como arroz, sorgo, ajonjolí y algunos frutales. El costo total del proyecto en el momento en que se planeó fue de 16 millones de dólares, de los cuales se invertirían $11,8 millones de dólares a la construcción de la presa, $929.000 para los estudios de interventoría y $300.000 se reservaron para garantizar la compra de los predios.
A la fecha se han invertido $337.400.496.998 pesos en la fase 1 y para la fase 2, $157.967.203.002 pesos.
A la fecha se han invertido $337.400.496.998 pesos en la fase 1 y para la fase 2, $157.967.203.002 pesos. Los trabajos han comprendido la captación, escalera de peces, paso de canoas, túnel, conducción y exclusión de sedimentos y la construcción de los 4 canales principales de distribución y secundarios, faltando la fase III.
Según el senador tolimense Miguel Barreto, quien ha adelantado varios debates al tema, hoy en la zona de la obra que ya debería haberse terminado, se presentan incendios forestales de manera constante y lo que se observa es menos suelos y más roca.
En el año 2007, Fonade contrató a Corpoica, hoy Agrosavia, para actualizar el plan agropecuario del distrito teniendo en cuenta las características del suelo, concluyendo que lo cultivable eran 20 mil 402 hectáreas para frutales, cacao, plátano, hortalizas, entre otros, recomendando la recuperación de las coberturas con árboles nativos y cultivos asociados, destacando además que no habría cultivos limpios, como los de arroz, sin embargo este último producto se sigue desarrollando en la zona, lo que está generando deterioro en el suelo al ser un sembrado que requiere de grandes cantidades de agua, lo que está obligando a las familias que se dedican a esta actividad a obtenerla de manera ilegal.
Barreto comentó a mediados de este año que “Cerca de $15 mil millones de pesos en instrumentos de tecnología se han perdido, muchos de los activos que tiene el Triángulo hoy ya no están, es lo que queremos evidenciar al país, al Gobierno nacional y defender los intereses de los tolimenses”.
Pero para la organización no gubernamental ambientalista y rural, Semillas, conformada desde 1994 que apoya a organizaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas, los problemas mayores son estructurales, en la medida que se puede comprender que existe agua en el territorio pero no existe distrito y menos aún un plan de manejo del mismo.
Denuncian que hay cuatro grandes amenazas que impiden el cumplimiento de la funcionalidad del distrito:
- La negligencia y desgreño estatal que terminan por promover la corrupción y el detrimento de un bien común y que ha llevado a la invasión de especuladores de la siembra de arroz con una alta carga de contaminación y degradación de suelos.
- Exfuncionarios estatales se involucraron en la promoción de una organización ilegal que se apropió indebidamente del agua, generó deterioros de maquinarias, equipos y promovió una práctica contraria al diseño del plan agropecuario como lo fue la siembra masiva de arroz con alta carga de agroquímicos, riego corrido, deforestación masiva.
- El atraso de las obras necesarias para la puesta en marcha del distrito, que bloquea con ello el acceso al agua de miles de familias indígenas principalmente. No se han construido los canales secundarios y no se ha dado el mantenimiento adecuado a la infraestructura existente.
- El riesgo que enfrentan las comunidades locales por ser más vulnerables frente a grandes amenazas que impone el extractivismo minero aguas arribas del distrito. Asuntos como la titulación y explotación minera en la cuenca abastecedora, afectan la disponibilidad y calidad de agua de este distrito.
Y aseguran que el interés se centró en privatizar el bien común a través de las alianzas público privadas. Cabe recordar que en la zona 88 de cada 100 personas, son indígenas pijao.
En resumen la obra, que estuvo a cargo por un tiempo del desaparecido Instituto para el Desarrollo Rural (Incoder) y pasó a manos de la Agencia de Desarrollo Rural; aún no termina después de 12 años y y el proyecto hoy es una enorme estructura de concreto por donde simplemente circula agua.
