Próximo a cumplir diez años en el abandono permanece lo que iba a ser la sede oficial de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en la capital del Magdalena.
Ubicada en la Avenida Libertador de Santa Marta se encuentra lo que bien podría llamarse ‘un monumento al despilfarro y a la corrupción’, un edificio en obra negra que la propia Contraloría calificó hace tres años de ‘elefante blanco’.
La construcción del proyecto se inició el 5 de noviembre de 2011, y debía entregarse en diciembre de 2012, pero hoy después de cinco prórrogas es una obra inconclusa y abandonada, cuya principal recomendación es que debe ser demolida.
La inversión de este ‘elefante blanco’ superó los $5.600 millones, incluidas las adiciones presupuestales, porque inicialmente se calculaba que esta costaría $2.830 millones.
Lo más desalentador es que los trabajos se iniciaron siendo director de la ESAP, el el hoy senador del departamento del Magdalena, Honorio Henríquez (Centro Democrático), quien ejerció como director nacional de la entidad y tenía la responsabilidad de entregar a los estudiantes en la ciudad un edificio al que pudieran acceder y recibir las clases de manera cómoda y segura.
En el proceso estuvieron involucrados la firma interventora DPC Ingenieros SAS, el contratista Óscar Garzón Forero (inhabilitado en el 2016 por la Procuraduría para trabajar con el Gobierno Nacional durante cinco años) y el Fonade (hoy ENTerritorio), que estaba a cargo de la gerencia de la mencionada construcción.
Esa platica, se perdió
Cuando Elvia Mejía, actual gerente del PDET Sierra Nevada – Perijá, fue nombrada como directora de la ESAP en el 2013, recibió un proyecto inconcluso cuyos diseños, que ya venían con falencias, decidió modificar, cambiando la estructura base de seis pisos a ocho.
El tiempo avanzó y la edificación mantenía su estado de atraso, el Fonade, sin embargo, recibió las obras y más adelante la Escuela tuvo que inhabilitar dicha estructura, ya desfinanciada, por la larga lista de fallas que presentaba sin posibilidades de recuperación sin demoler.
En pocas palabras, se convirtió en un ‘elefante blanco’.
Mejía afirma haber sido quien apuró a los entes de control para que entraran a hacer seguimiento e investigación sobre lo que ocurría con la edificación en Santa Marta, que después de tres años seguía en obra negra.
En un principio, el contrato de construcción de la primera fase debía culminar en seis meses con seis pisos edificados con aulas de clases en cada uno, un tanque subterráneo y parqueadero.
Pero en el 2015, con el proyecto ya suspendido, la Contraloría pudo verificar que había faltas como daños en las placas y deformidades en las vigas que sostenían la infraestructura.
El documento que emitió el ente de control apunta a que los aparentes responsables de este detrimento fueron Germán Insuasty Mora, subdirector Administrativo y Financiero de la ESAP; Luís Eduardo Laverde Mazabel, subgerente Financiero del Fonade, así como la firma interventora y Óscar Garzón.
Además, le inició un proceso administrativo sancionatorio fiscal a Honorio Henríquez Pinedo como único implicado por conductas irregulares durante su periodo como director de la ESAP.
A pesar no haber sido señalado como responsable en la investigación que el ente adelantó en Santa Marta, sí figura en los archivos de la entidad por las malas conductas que llevó a cabo mientras ejercía este cargo.
Incluso en el control fiscal que ejerció para la época la Contraloría, se reportaron faltas graves en torno a la adquisición o construcción y dotación de sedes, la adecuación y mantenimiento de edificios, adecuación y fortalecimiento del desarrollo institucional de las entidades públicas y organizaciones sociales, mejoramiento fortalecimiento de la calidad de los programas de educación, el mejoramiento Administrativo y Operativo de la ESAP Nacional, esto debido a que “no alcanzaron el resultado programado para la vigencia por deficiente planeación y falta de celeridad en las acciones, en contravía del principio de eficacia establecido en el artículo 8° de la Ley 42 de 1993«.
Elcer Sabogal, presidente de la veeduría ciudadana Transparencia Administrativa, afirmó por su parte que, pese a que presentaron las correspondientes denuncias ante la Procuraduría y la Contraloría, y que en efecto sancionaron al interventor y al contratista, son sanciones ínfimas que en sí no recuperan el perjuicio patrimonial a la ESAP y a la comunidad del Magdalena.
Y añadió que «el edificio hay que derrumbarlo porque tiene fallas estructurales. Al lado de este edificio hay una clínica, mire el riesgo en caso que llegue a derrumbarse. Sería catastrófico».Mientras tanto, los corruptos responsables de este despilfarro del dinero público, siguen campantes y el principal responsable, ocupa una curul en el Senado de la República.
