La Fiscalía General de la Nación desmanteló con el apoyo del propio Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (invima) una red de corrupción, a la cual le incautaron de cerca de 800 kilogramos de medicamentos para tratar enfermedades como cáncer, hipertensión arterial, artritis y hasta enfermedades huérfanas, entre otras patologías. 

Igualmente, se decomisaron fármacos de uso institucional del Invima

En los operativos se capturaron a 13 presuntos implicados, quienes serán acusados de los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales; corrupción de alimentos, medicamentos o material profiláctico; concierto para delinquir; enajenación ilegal de medicamentos y cohecho por dar u ofrecer. 

Según indicaron, por condiciones de baja rentabilidad en su comercialización, lo incautado no se encuentra disponible en el país o al menos, las cantidades no son suficientes. 

La Fiscalía reveló que, los corruptos criminales, suministraban medicamentos oncológicos a clínicas como Los Cobos, el Hospital San Ignacio, Universidad Nacional, Hospital Méderi y Hospital San Juan de Dios

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Lo preocupante, de acuerdo con la Fiscalía, es que la red tenía como misión conseguir pacientes con enfermedades catastróficas especialmente con VIH y cáncer, a quienes les gestionan ante la EPS la entrega de medicamentos de alto costo, a través de tutelas. 

Dichos medicamentos los conseguían a través de importaciones de proveedores en Estados Unidos, India, China, pero la mayoría eran falsificados. 

Con el propósito de lograr dicho cometido, conseguían a médicos para formular los medicamentos a conveniencia a cambio de coimas. Pero, lo más grave es que contaban con la colaboración de funcionarios en el Invima a los que, a cambio de coimas les expidan autorizaciones para la importación de un medicamento vital no disponible en Colombia. 

Así lograron importar miles de medicamentos oncológicos, los cuales eran adquiridos en el mercado negro. Es decir, ayudaban a legalizar medicamentos que resultan mortales para la vida humana. 

El ente acusador señaló que en esta red delictiva estaría implicado un exfuncionario del Invima que estuvo vinculado a la entidad hasta abril de 2023, de quien no se sabe su nombre y el cargo que desempeñaba. 

Lo llamativo es que justo en marzo, fue que la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, anunciaba la salida del director del Invima, el médico, Francisco Rossi, quien estuvo encargado durante seis meses en la entidad. 

Rossi es un reconocido defensor de los medicamentos genéricos y estuvo envuelto en la polémica que se dio meses atrás por la aparente escasez de medicamentos. En su reemplazo fue designada en abril de este año la secretaria general del Invima, Mariela Pardo Corredor, para un encargo de 3 meses.  

También llama la atención que justo tras asumir el Gobierno Gustavo Petro, en los primeros seis meses del 2023, el Invima consiguió evacuar 10.416 trámites de registro sanitario, autorización de comercialización o renovación del registro de múltiples medicamentos en el país, que incluye cerca de registro de 10.000 trámites represados desde el 2020

Actualmente el Invima está en capacidad de sacar 3.200 de estos trámites en un mes y espera a cierre de año evacuar 29.000 procesos de este tipo, lo que representaría una diferencia de 9.000 trámites frente a los 21.000 que lograron hacer en todo el año pasado. 

Es decir que es evidente que las directrices dadas por el actual Gobierno, están dirigidas a eliminar los focos de corrupción que persisten en la entidad.

Y cabe aquí recordar que la corrupción al interior del Invima no es un tema nuevo. 

En el 2018 la Fiscalía desmanteló también una red de corrupción, que involucró a 12 funcionarios de la entidad, que ponían cuotas para adelantar trámites que llegaron a oscilar entre los 750.000 y los 14 millones de pesos.

Los investigadores encontraron que esta red facilitó, por ejemplo, trámites de renovación de registro sanitario de un producto y ventas de estudios de estabilidad de productos aprobados por el Invima que certifican la duración del principio activo del medicamento.

En el portafolio criminal de esta red también estaba ofrecer una reducción del valor de las multas derivadas de procesos sancionatorios y servicios de preauditorías para garantizar las certificaciones de los laboratorios cuando se recibieran visitas oficiales del Invima, por un valor de $14 millones de pesos, «advirtiendo que la tarifa no incluía tiquetes o viáticos»

Los doce funcionarios del Invima detenidos en aquel entonces, pertenecían a las direcciones de Registros Sanitarios, Medicamentos y Productos Biológicos, Dispositivos Médicos, y Control Disciplinario, entre otras y lo que hacían era agilizar la expedición de registros sanitarios para que los productos salieran al mercado y los funcionarios de la red habrían falsificado varios de estos documentos, «lo cual ha permitido que los colombianos adquieran estos elementos sin conocer su composición real, lo que representaría un atentado contra la vida de los consumidores», dijo en su momento la Fiscalía. 

Entre estos funcionarios estuvo, Claudia Lizeth Peñaranda, más conocida como la ‘tramitadora’ del Invima, quien firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el 2019, en el que aceptó los delitos de falsedad material en documento público y falsedad ideológicaLa pena contemplada era de 4 años y 7 meses de prisión domiciliaria. 

En este escándalo, el ente investigador explicó que Peñaranda montó un ‘Invima paralelo’ con la empresaria Stella Durán para vender productos fitoterapéuticos y cosméticos de manera fraudulenta. 

Sin embargo, Peñaranda desapareció de su domicilio en marzo del 2022, y hasta ahora las autoridades no han dado con su paradero. 

Es decir que podrían seguir saliendo a la luz pública más denuncias y procesos judiciales contra funcionarios o exfuncionarios del Invima, que tendrían que dar explicaciones sobre por qué había tantos trámites de diferentes tipos represados en la entidad. 

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