La Ley 996 de 2005 o Ley de garantías electorales que se suponía buscaba que la contienda democrática se cumpliera en condiciones igualitarias y transparentes para los electores, en la medida en que establecía unas restricciones a la contratación estatal para que no fuera utilizada como medio para la campaña electoral para favorecer a uno o varios candidatos, fue anoche borrada de un tajo en el Congreso de la República.
En efecto, con 54 votos a favor y 30 en contra, el Senado de Colombia aprobó el cuestionado y criticado artículo 125 del Presupuesto General de la Nación para 2022, presentado por el Gobierno nacional, a través del cual se modifica la Ley de Garantías.
En el gobierno anterior, los que hoy ostentan el poder se pronunciaron en contra de acabar con la Ley de Garantía.
Durante el segundo debate del proyecto de ley de presupuesto para el próximo año por $350,3 billones y el cual contenía este y otros 163 artículos, se determinó que los convenios que se suscriban, los cuales se podrán realizar durante época electoral, tendrán un control especial por parte de la Contraloría General de la Nación.
Además del riesgo inminente que representa la eliminación de estas restricciones para la democracia, por la corrupción al elector que se pueda presentar cuando se ofrezcan puestos de trabajo y contratos a cambio de votos, algunos juristas consideran que haber incluido un artículo dentro del proyecto de presupuesto, y no un proyecto para modificar la Ley, es ya de por sí una “jugadita“, con tufo de inconstitucionalidad.
«Modificar la Ley de garantías entrados ya en la campaña electoral no es conveniente. Hay también grandes dudas sobre la pertinencia de hacerlo a través del mecanismo escogido. Ojalá el Congreso tenga la sabiduría de no cometer ese error», señaló el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, quien ha manifestado su inconformidad con este artículo defendido por el Gobierno nacional.
Representantes a la Cámara que votaron para eliminar la ley de garantías. Legalizan la compra de votos en las elecciones del 2022.
— DavidRacero (@DavidRacero) October 20, 2021
Compartir por favor. pic.twitter.com/XzawLzOEBO
En su momento, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, argumentó que con el fin de que no se vieran interrumpidas contrataciones, como las de infraestructura vial y proyectos de agua potable durante la época electoral, se impulsaba este artículo, que «no suspenderá la Ley de garantías».
Este artículo, que dividió a las bancadas del Centro Democrático y de Cambio Radical para su votación, y el cual fue rechazado por diferentes sectores como los empresarios del país, deberá ser aprobado por la Cámara de Representantes para su aval, pero prácticamente lo único que resta es la conciliación de textos.
“Qué se podía esperar de las mayorías de un Senado que jamás ha representado intereses del pueblo colombiano. Acaban de hacerle el quiebre a la Ley de garantías para que entidades del Estado puedan contratar en medio de elecciones. ¡Otro golpe al corazón de la democracia!”, aseveró el precandidato presidencial Camilo Romero.
Por su parte, el líder de izquierda y precandidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, advirtió que, «lo que acaba de aprobar el Congreso es que las elecciones del año entrante no tendrán garantías. Buscan el fraude masivo partir de comprar votos con el erario».
#leydegarantias
— Ariel Ávila (@ArielAnaliza) October 20, 2021
Modificación de ley de garantías garantizaría que miles de millones de pesos de recursos públicos se utilicen para financiar las campañas de los políticos tradicionales y corruptos de la coalición de gobierno.@IvanDuque y su coalición de corruptos pic.twitter.com/Ny0UTGyapF
La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) también había manifestado su preocupación frente al artículo presentado por el Gobierno nacional en el Proyecto de Presupuesto Nacional, con la cual se pretende suspender el artículo 38 de la Ley de Garantías.
«Con esta modificación, fundada en darle continuidad al proceso de reactivación económica y no limitar la ejecución de presupuesto de las autoridades territoriales, consideramos que no es conveniente ya que afecta el proceso de transparencia, garantías y objetividad en las elecciones, dado que estamos a puertas de la celebración de estas en el próximo 2022», expresaron los empresarios en esa ocasión.
En entrevista con Canal Institucional el abogado penalista, Francisco Bernate, explicó detalles sobre la ley.
«Dada la influencia que tiene la contratación dentro los procesos electorales en Colombia, se expidió la Ley de Garantías, que impone unas restricciones a las autoridades locales, departamentales o nacionales para adelantar procesos de contratación, es decir, no pueden realizar contratos como adjudicar obras, aprobar el suministro de bienes o servicios», dijo el jurista.
Iván Duque antes no quería eliminarla, ahora, su mayor defensor para desaparecerla
La polémica por esta cuestionada propuesta del Gobierno, también tuvo como protagonista principal al propio presidente Iván Duque quien justificó la modificación diciendo que «En Colombia ya no hay reelección, es una circunstancia distinta», como si las únicas elecciones donde se suspenden las contrataciones fuera en las presidenciales, o en lenguaje coloquial, haciéndose el “bobo”.
«En Colombia ya no hay reelección presidencial y eso implica que tengamos una circunstancia distinta. Además hay que mirarlo en otro contexto pensando en los alcaldes y gobernadores que se eligieron y tomaron posesión enero del año 2020, y que les ha tocado enfrentar una pandemia que les ha truncado muchas de las aspiraciones y programas», comentó Duque.
Asimismo, el mandatario indicó que el proceso se deberá realizar con un seguimiento de parte de los organismos de control.
Lo que más han criticado sus opositores es que en años anteriores, cuando se presentó la misma iniciativa, Duque fue uno de sus más ferréos opositores y decía que eliminar estas restricciones daba pie a aumentar el clintelismo y atentar contra la transparencia e igualdad de condiciones de los candidatos.
Uno de los críticos de Duque ha sido el propio expresidente Uribe, quien hizo un llamado a su bancada a que respalden la postura de las senadoras Milla Romero y María del Rosario Guerra, quienes han pedido que este artículo no se modifique.
«Apoyemos a Milla Romero y a María del Rosario Guerra para no derogar ley garantías. Protejamos la honra del Gobierno. Habría sido al inicio no en vísperas electorales. Con licitación y pliegos tipo el Gobierno Nacional, sin intermediarios, puede ayudar a todas las regiones de Colombia», escribió Uribe en Twitter.
