Dos ex jueces de la República terminaron condenados esta semana por altos tribunales, luego de encontrárseles culpables de actuaciones corruptas al recibir coimas del condenado empresario Carlos Mattos para favorecerlo en la disputa judicial que mantenía con la empresa Hyundai.
Por un lado el Tribunal Superior de Bogotá condenó al exjuez sexto civil municipal de Bogotá, Reinaldo Huertas, a 115 meses (9 años y cinco meses) de prisión, por haber recibido el soborno de $700 millones de pesos a cambio de expedir medidas cautelares para beneficiar al expresidente de Hyundai en Colombia, Carlos Mattos.
Igualmente, impuso una multa de 414 salarios mínimos legales mensuales vigentes del año 2016 además, estará inhabilitado durante 139 meses (11 años y cinco meses).
Magistrados de la Sala Penal del alto tribunal le negaron el beneficio de la prisión domiciliaria que tanto Huertas como su abogado defensor, Marlon Díaz, habían solicitado.
En ese sentido, ordenó su captura inmediata por considerar que los delitos por los que fue condenado son de extrema gravedad y debe ser privado de la libertad en un centro de reclusión.
Debido a la gravedad de los hechos en los que participó, estará inhabilitado durante 139 meses (11 años y cinco meses).
«Reinaldo Huertas participó del plan criminal ideado por Carlos José Mattos Barrero, conocía de la necesidad de manipular el reparto para que el proceso llegase a su despacho judicial; por lo que es razonable que el acusado representase que la única manera de asegurar ese cometido era a través de su manipulación, lo cual demandaba que se seleccionaran los medios para entrar al sistema informático que realiza la distribución aleatoria de las actuaciones procesales que llegan para conocimiento de cada especialidad; en lo que se evidencia que el método a elegir, por la forma natural y subrepticia del plan ilícito demandaba el sigilo necesario que todo se mantuviera oculto y que se removiera; de ahí el dolo que gobierna la totalidad de las conductas para lograr el éxito del plan criminal», dice apartes del fallo.
De acuerdo con las investigaciones el corrupto plan fue propuesto a los jueces implicados por el propio Carlos Mattos, en octubre de 2015, cuando todavía ejercía como presidente de Hyundai en Colombia.
Se advirtió que Huertas manipuló a varias personas y al sistema para que el caso le fuera asignado por reparto y que fue partícipe de lo que el Tribunal consideró un acuerdo criminal.
«En consecuencia, ha de concluirse que la influencia de Reinaldo Huertas reforzó con éxito la materialidad de la conducta por medio de la cual se manipuló el reparto del sistema SARJ», explicó el Tribunal.
Y agrega que «Las conductas punibles en las que Reinaldo Huertas se vio inmiscuido a título de autor y de determinador afectaron sin justa causa los bienes jurídicos tutelados de La Administración Pública, La Libertad Individual, y la Protección de la Información y de Los Datos, al verse vulnerados de manera relevante para el derecho penal y sin que se advierta alguna causal de ausencia de responsabilidad que justifique o permita tal proceder».
Otra exjueza comprada por Mattos
De otra parte, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la destitución e inhabilidad por 18 años contra la exjuez 16 Civil Municipal de Bogotá Ligia del Carmen Hernández Pérez, quien aceptó $30 millones de pesos para favorecer al empresario Carlos Mattos en el mismo proceso civil que enfrentaba a la firma Global Car World S.A.S con Hyundai, según informó la revista Cambio.
Con ponencia del magistrado Alfonso Cajiao, la Comisión concluyó que la jueza incurrió en actos de corrupción judicial y que actuó con dolo al recibir el dinero que le fue entregado a través de Dagoberto Rodríguez.
«Faltó a la confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones, más cuando su función era la de administrar justicia, la cual se constituía en uno de los propósitos del Estado, siendo censurable que la disciplinable con tantos años de servicio en la rama judicial y su amplia formación, hubiese procedido de la forma como lo hizo», señala la sentencia.
De acuerdo a las investigaciones, la jueza dictó en 2016 medidas cautelares en contra de la empresa y con ello impidió la importación de repuestos y vehículos de marca Hyundai y prohibió utilizar los signos distintivos de la marca, favoreciendo de esta manera al empresario Carlos Mattos, que se dedicaba comercializar esta clase de repuestos.
Además, dijo que Hernández sabía que estaba cometiendo un delito, por lo que se traicionó la confianza pública y se logró «resquebrajar la recta y cumplida administración de justicia».
En octubre del 2020 ya la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había confirmado la condena a 20 meses de prisión, multa equivalente a 22.41 salarios mínimos legales mensuales e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cuarenta (40) meses contra la exfuncionaria.
Se supo que la funcionaria, a través del oficial mayor del juzgado sexto civil del circuito de Bogotá Dagoberto Rodríguez, recibió aproximadamente $150 millones en regalos enviados por Mattos entre 2016 y 2017.
En su momento, la defensa de la exfuncionaria argumentó que en el momento en que recibió los regalos la demanda ya no estaba en su despacho, y que la Fiscalía le imputó unos cargos (que aceptó) distintos a los que leyó en la acusación. La Corte Suprema le dio la razón en este último punto, sin embargo, confirmó la condena de 20 meses de prisión únicamente por un soborno de $30 millones, que fue el que Hernández aceptó.
«Es inaceptable que ante la claridad de la ley sobre el contenido de la imputación y la acusación en la actualidad se sigan presentado imputaciones como la trascrita en precedencia, que generan un desgaste significativo para la administración de justicia», dijo la Corte refiriéndose a la actuación de la Fiscalía.
