La “sociedad” Abelardo de la Espriella y Thomas Greg & Sons: qué está verificado, qué sigue bajo sospecha y por qué el verdadero escándalo es la erosión de la confianza electoral
No fue solo un hilo viral ni una pelea más entre campañas. La denuncia sobre un posible fraude con software electoral entre Abelardo de la Espriella y Thomas Greg & Sons dejó al descubierto algo más profundo: en Colombia, la sola idea de que una elección pueda ser manipulada ya resulta verosímil para millones de personas. Y esa verosimilitud, incluso antes de la prueba, es en sí misma una forma de colapso institucional.
Imagen de RTVC Noticias sobre la denuncia radicada ante la DNI.
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Sí existe rastro verificable de una denuncia formalmente recibida por la DNI y remitida a la Registraduría.
No existe, por ahora en fuentes abiertas verificadas, una prueba técnica pública concluyente de fraude consumado.
La Registraduría sostiene que los softwares electorales están auditados y que el código fuente fue expuesto a campañas, observadores y entes de control.
El caso revela una crisis más profunda: la democracia colombiana ya no solo necesita votos; necesita credibilidad comprobable.
El post que incendió la sospecha
El punto de partida fue un hilo de X. Juan Poe afirmó que el documento de la DNI que alertaba sobre un posible fraude con software electoral entre Thomas Greg & Sons y Abelardo de la Espriella era verdadero. En un post previo, habló de una grave denuncia “recepcionada oficialmente” por la Dirección Nacional de Inteligencia. El tono era inequívoco: alarma, escándalo, inminencia. La reacción pública fue inmediata.
Pero el trabajo periodístico empieza justo donde termina la consigna. No en repetir el grito, sino en desmontarlo. No en escoger bando, sino en separar el dato, la inferencia y la propaganda.
Lo que sí está verificado
Lo primero que puede afirmarse con sustento documental es que sí existe rastro verificable de una denuncia formalmente recibida. RTVC Noticias reportó que ante la DNI fue radicada una denuncia sobre presuntas irregularidades electorales relacionadas con un supuesto vínculo entre Abelardo de la Espriella, la familia Bautista y Thomas Greg & Sons en el manejo del software de escrutinio. Según ese medio, la denuncia advertía que algoritmos podrían alterar o multiplicar votos, y la propia DNI indicó que el asunto sería analizado y remitido a la Registraduría, como autoridad competente.
Eso importa. Porque significa que el documento no era simplemente un rumor fabricado en redes. Hubo recepción institucional. Hubo trámite. Hubo remisión. En términos periodísticos, eso impide desechar la historia como invención pura.
Lo que todavía no está probado
Pero esa constatación no autoriza un salto irresponsable. Que exista una denuncia no significa que exista, al mismo nivel, una prueba técnica pública concluyente de fraude consumado. Hasta ahora, en las fuentes abiertas verificadas, no aparece una pericia independiente que demuestre manipulación efectiva del escrutinio, ni un informe técnico divulgado que permita afirmar sin matices que hubo un acuerdo operativo para torcer votos.
Ese es el punto donde el debate público suele degradarse. En Colombia, demasiadas veces se cambia la palabra denuncia por la palabra verdad, y luego se exige a la ciudadanía que confunda sospecha con sentencia. Pero una democracia seria no puede funcionar así. La denuncia activa la investigación; no la reemplaza.
La respuesta política: negación, contraataque y ruido
Desde la otra orilla, la reacción fue la esperable. El Colombiano reportó que el equipo jurídico de De la Espriella pidió investigar al presidente Gustavo Petro y a miembros de la DNI por presuntas “chuzadas”, luego de publicaciones del mandatario sobre supuestas conversaciones entre el candidato y los hermanos Bautista. CAMBIO e Infobae recogieron después la respuesta del aspirante presidencial, quien negó cualquier vínculo con los Bautista, cuestionó la autenticidad del documento y retó al presidente a mostrar pruebas.
Lo que quedó instalado, en cambio, fue un libreto ya conocido: denuncia explosiva, negación rotunda, sobrecarga emocional y opinión pública empujada a escoger bando antes de ver expediente. El problema es que ese libreto ya no solo contamina el debate. También corroe la credibilidad del sistema.
Thomas Greg & Sons, los pasaportes y la sombra del poder técnico
La historia no estalla en el vacío. Thomas Greg & Sons ya venía ocupando un lugar crítico en disputas estatales de gran escala. La Procuraduría registró que, tras la declaratoria desierta de la licitación de pasaportes de 2023, la empresa buscaba la adjudicación del contrato o una compensación superior a $107 mil millones de pesos; más tarde informó que la conciliación fracasó y que el pleito podía superar los $117 mil millones. En 2024, además, el Ministerio Público reportó conversaciones para que la firma asesorara la implementación del nuevo modelo de pasaportes.
Ese contexto no demuestra fraude electoral. Pero sí explica por qué el nombre de la empresa ya no circula como una referencia neutra. Cuando una firma acumula poder técnico, litigios multimillonarios y presencia constante en funciones sensibles del Estado, deja de ser solo contratista y se convierte en símbolo. Y en Colombia, los símbolos de opacidad se propagan más rápido que los comunicados de tranquilidad.
El argumento institucional: auditoría, código fuente y controles
Aquí aparece el otro lado del expediente, y también merece leerse sin caricaturas. La Registraduría ha sostenido que los sistemas de información vinculados al proceso electoral de 2026 —preconteo, escrutinio, jurados y consolidación— están siendo auditados por CAPEL, una instancia internacional especializada. La entidad también informó que realizó la exposición del código fuente de los softwares ante partidos, observadores nacionales e internacionales y organismos de control. Además, desde 2022 había señalado que el software nacional de escrutinio era de propiedad de la organización electoral y podía ser auditado por campañas y misiones.
Eso no liquida toda sospecha, pero sí obliga a formularla mejor. Si hubiera una manipulación real del sistema, el problema no sería únicamente una empresa o una candidatura. Sería una falla —o una captura— de múltiples capas de vigilancia institucional. Y eso eleva el estándar del debate: ya no bastan consignas. Harían falta pruebas técnicas, trazabilidad, hash de versiones, cadena de custodia, auditorías cruzadas y revisión pública efectiva.
Abelardo de la Espriella y su relación con el escrutinio
Hay otro elemento que vuelve esta discusión especialmente delicada: la trayectoria pública del candidato frente a la crítica. La FLIP advirtió que De la Espriella ha usado reiteradamente recursos judiciales contra periodistas y medios, en un patrón que la organización considera intimidatorio. Vorágine documentó que entre 2008 y 2019 la fundación contabilizó 109 denuncias por injuria y calumnia promovidas por él contra comunicadores, y describió demandas desgastantes, largas y costosas, más eficaces para silenciar que para triunfar en sede judicial. En 2021, además, perdió una demanda contra Cecilia Orozco.
Nada de esto acredita un fraude electoral. Pero sí dibuja un perfil de poder poco tolerante con el control público. Y ese rasgo no es ornamental cuando se trata de evaluar la confiabilidad democrática de un aspirante presidencial.
Como contraste necesario, también debe recordarse que Verdad Abierta rectificó que una investigación por presuntos nexos de De la Espriella con paramilitares había sido precluida por la Fiscalía. Ese dato importa porque el rigor no consiste en acumular sombras indiscriminadamente, sino en separar lo probado de lo descartado.
El verdadero escándalo: una democracia que ya no inspira confianza automática
Tal vez el dato más inquietante no esté en el documento, ni en el trino, ni en la réplica del candidato. Está en el clima moral que hizo posible que la historia resultara inmediatamente creíble para una parte enorme del país. No porque todos tengan pruebas, sino porque demasiados ya tienen memoria. Memoria de contratos opacos. De funciones críticas tercerizadas. De organismos de control reactivos. De escándalos que se archivan. De explicaciones oficiales que llegan tarde, mal o incompletas.
Ese es el corazón del problema. La crisis no es solo la sospecha de una maniobra. La crisis es que la democracia colombiana ha sido administrada durante demasiado tiempo como si la ciudadanía debiera conformarse con un acto de fe. Y la fe pública, cuando se desgasta, no se recupera con declaraciones solemnes. Se recupera con evidencia, acceso, trazabilidad y control verificable.
Conclusión
La pregunta no es únicamente si esta denuncia terminará confirmándose o cayéndose por su propio peso. La pregunta más seria, más amarga y más urgente es otra: ¿cómo llegamos al punto en que un presunto fraude algorítmico parece plausible antes de ser probado?
Tal vez porque el país se acostumbró a vivir entre el secreto y la improvisación. Tal vez porque demasiadas decisiones estratégicas del Estado han sido gestionadas lejos de la vista pública. O tal vez porque en Colombia la corrupción ya no se percibe como excepción, sino como arquitectura.
Por eso, el desenlace de este caso importa. Pero importa todavía más la lección que deja desde ya. Una democracia en la que el fraude parece posible antes de ser demostrado no está simplemente atravesando una polémica electoral.
Está revelando su agotamiento moral.
