Dos años de gobierno, $128.500 millones en ingresos recaudados, el 65,8% del gasto volcado a inversión, un Índice de Desempeño Institucional que sube cuatro vigencias seguidas y una plaza de mercado de $12.672 millones como obra insignia. Pero también: contratación directa que saltó del 21,9% al 49,2% del valor contratado, un instituto de deportes institucionalmente hundido, un gobierno digital en pañales y $1.154 millones en regalías para vivienda rural devueltos sin poner un solo ladrillo.

Semáforo legal: Verde 🟢 | Estado: Publicable con réplica pendiente | Fecha de corte: 27-jul-2026 | Periodo evaluado: vigencias 2024-2025

Nos encontramos en el municipio de Anapoima. Vamos a auscultar la gestión municipal de Anapoima, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Camilo Andrés Ferro Calderón. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana: el CHIP-CUIPO de la Contraloría General de la República, el Sistema General de Regalías, el SECOP I y el SECOP II, el Índice de Desempeño Institucional de la Función Pública, el Plan de Desarrollo y los informes de gestión publicados por la propia administración.

Anapoima no es un municipio cualquiera. A 87 kilómetros de Bogotá, con el que se autoproclama «el mejor clima de Colombia«, es el balcón de fin de semana de la clase media y alta bogotana: miles de fincas de recreo, una población flotante que multiplica la residente cada puente festivo y un predial que engorda las arcas municipales como pocos municipios de su tamaño en el país. Gobernar Anapoima es gobernar con recursos propios —un privilegio que la inmensa mayoría de los 1.102 municipios colombianos no tiene— y por eso la exigencia sobre quien administra esos recursos debe ser mayor, no menor.

El mandatario y su mandato

Camilo Andrés Ferro Calderón llegó a la alcaldía con una avalancha: 5.518 votos (62,62%) por Cambio Radical, contra 2.243 (25,45%) de Yair Rodríguez Espinosa, 714 de Saúl Montilla y 247 de Alexander Espinosa. Votaron 8.955 de 13.033 habilitados (Registraduría, boletín 15, 100% de mesas). Un mandato sin discusión.

Herencia: la administración anterior (alcalde Bermúdez, 2020-2023) cerró con dos investigaciones de la Procuraduría —por presuntas irregularidades en obras de acueducto y alcantarillado (may-2023) y por un cuestionado viaje a Asia (abr-2023)— y con la advertencia de la Contraloría sobre riesgo de pérdida de $71.871 millones en el acueducto regional La Mesa-Anapoima (El Espectador, abr-2023). Ese es el punto de partida. Es justo anotarlo: esas pesquisas no corresponden a Ferro.

Metodología y escala de calificación

Cruce de cinco fuentes oficiales independientes: (1) CHIP-CUIPO a diciembre de 2024 y 2025 y marzo de 2026; (2) SGR y banco BPIN del DNP; (3) SECOP I, SECOP II y SECOP Convenios; (4) FURAG vigencias 2022-2025; (5) PDM «Anapoima en Marcha» (Acuerdo 002 de 2024), POAI e Informes de Gestión 2024 y 2025.

RangoCalificaciónIndicador
0,0 — 2,9PÉSIMO🔴 CRÍTICO
3,0 — 4,9MEDIOCRE🟠 PREOCUPANTE
5,0 — 6,9Regular🟡 VIGILAR
7,0 — 8,4Bueno🟢 BIEN
8,5 — 10,0Excelente🟢 BIEN

Las finanzas: el municipio que no depende de Bogotá

Primer hallazgo, y es de fondo: Anapoima ya no depende del gobierno central. En 2024 recaudó $60.249 millones: solo 27,4% de transferencias, 55,5% de impuestos propios. En 2025, $84.020 millones (+39,5%): 22,6% de transferencias, 45,5% tributarios. La dependencia típica de un municipio colombiano es 70-90%. Anapoima es, fiscalmente, una excepción nacional.

Concepto (recaudo, diciembre)2023 (admin. anterior)20242025
Total ingresos$79.091 M$60.249 M$84.020 M
Ingresos tributarios$30.174 M$33.455 M$38.211 M
Transferencias corrientes$13.278 M$16.490 M$19.004 M
Recursos de capital$31.772 M$4.937 M$22.445 M
% transferencias / total16,8%27,4%22,6%
% tributarios / total38,2%55,5%45,5%

El motor es el predial: $18.744 M (2024) → $22.182 M (2025, +18,3%), más sobretasa ambiental de ~$4.000 M anuales y delineación +77,8% —termómetro del boom de condominios. Del SGP recibió $9.894 M (2024) y $11.472 M (2025), fracción menor del presupuesto.

¿Y en qué se va la plata? En inversión:

Ejecución del gasto (pagos)202320242025
Funcionamiento$15.042 M$15.086 M$16.337 M
Inversión$49.142 M$26.769 M$35.923 M
Servicio de la deuda$2.471 M$2.618 M$2.329 M
% inversión sobre pagos73,7%60,2%65,8%

En 2025, seis de cada diez pesos pagados fueron a inversión: $35.923 millones, unos $1,97 millones por habitante (DANE 2025: 18.246). El ahorro corriente es robusto ($45.237 M en 2025) y el servicio de deuda equivale a solo 5,2% de ese ahorro. Precisión de transparencia estadística: Colombia no publica en datos abiertos los formularios FUT de deuda pública y vigencias futuras municipales; el proxy disponible (cuenta 2.2 CUIPO + registros SECOP: $1.363 M de crédito interno comprometido en 2025 sin desembolsar) muestra pasivo manejable.

La anomalía que exige párrafo: al cierre de 2024 la administración dejó $17.190 millones comprometidos en reservas —incluida la Plaza de Mercado firmada el 20-dic-2024— de los que solo pagó $3.922 millones al 31 de diciembre, y reapropió $18.907 millones como recursos del balance en 2025. Legal, pero concentra decisiones gigantes de gasto en las últimas semanas del año, cuando la veeduría duerme.

Las regalías: medio bienio ejecutado, $1.154 millones devueltos

Anapoima no es PDET (Cundinamarca no tiene municipios PDET) ni zona productora: sus regalías son modestas. Bienio 2023-2024: $3.627 millones.

BPINProyectoValorEstado
2022250350060Ampliación alcantarillado San Antonio$2.667 MTERMINADO (100% física / 93% fin.)
2023250350017Vivienda rural en sitio propio$1.154 MDESAPROBADO

El alcantarillado de San Antonio se pagó completo en 2024 ($2.473 M). Pero el proyecto de vivienda rural fue desaprobado en el banco BPIN del DNP, y la cifra es quirúrgicamente exacta: $1.154.706.156, el mismo peso de la brecha entre lo recibido y lo ejecutado. En 2025 entraron apenas $453,6 M del nuevo bienio, comprometidos a diciembre sin un solo pago. Siendo justos: la desaprobación involucra al OCAD y al DNP, y devolver regalías es conducta prevista por la ley. Pero el efecto social es idéntico al de cualquier fracaso de gestión: mientras se construía una plaza de $12.672 M, las familias rurales que esperaban casa nueva se quedaron esperando.

La contratación: el giro silencioso hacia la contratación directa

SECOP II (NIT 890.680.097): 271 contratos por $27.185 M en 2024; 343 por $19.153 M en 2025. El problema es el cómo:

Modalidad (% del valor anual)202420252026 (parcial)
Licitación pública51,7%17,3%9,4%
Contratación directa21,9%49,2%53,8%
Mínima cuantía7,6%17,0%9,8%
Selección abreviada / concurso / subasta18,8%16,3%27,0%

El contrato del periodo: Plaza de Mercado Panche, $12.672 M por licitación de obra pública (20-dic-2024, «Cosorcio Plaza Anapoima» [sic], NIT 9018997219, Convenio ICCU 1265/2023) + $950 M de interventoría. Nota de rigor: el nombre del consorcio figura con error tipográfico en el propio SECOP y su NIT con un dígito de verificación anómalo de diez caracteres; la alcaldía y CCE deberían depurarlo.

El circuito de festivales repite patrón en 2024 y 2025 con precisión de relojería: logística por licitación a Mimesis (10 contratos, $2.219 M) y producción artística del mismo evento por contratación directa a Teatro Tal (9 contratos, $1.727 M, ~$500 M por evento). Mismo festival, dos contratistas, dos modalidades, dos años seguidos. Sumando Eventos y Producciones J A S.A.S ($818 M), los eventos concentran ~$4.700 M del bienio; los diez mayores proveedores, el 51,8% de lo contratado. Y hay al menos nueve casos de contratos gemelos bajo mínima cuantía (combustible, mantenimiento, refrigerios, recebo) con objetos idénticos y valores casi calcados en la misma vigencia: patrón compatible con fraccionamiento que la Contraloría debería revisar.

El otro lado de la moneda es la gestión interinstitucional, y ahí Ferro saca nota alta: más de $30.000 millones atraídos en dos años — ICCU $10.082 M ($6.500 M Centro de Integración Social, $1.400 M cubierta polideportivo Compartir, una docena de placas huella), Empresas Públicas de Cundinamarca $3.998 M (alcantarillado Patio Bonito $2.421 M, compactador), Secretaría de Salud departamental $2.896 M en equipos biomédicos del nuevo Centro de Salud, ENTerritorio-DNP $2.898 M (Centro de Escuelas de Formación), IDECUT e INDEPORTES (festivales y Clásica de Ciclismo). A eso se suman los $39.000 M departamentales del acueducto regional La Mesa-Anapoima y los terceros carriles La Mesa-Mosquera, la obra vial más importante de la historia reciente del municipio.

El termómetro institucional: el FURAG dice que la máquina mejora

El IDI de Función Pública —el instrumento más objetivo para medir una administración— muestra ascenso sostenido: 75,70 (2022) → 78,80 (2023) → 79,99 (2024) → 83,03 (2025): +7,33 puntos, siempre sobre su grupo par, puesto 27/116 en Cundinamarca (promedio departamental 69,52). Referencia: la Gobernación obtuvo 98,95, la mejor del país.

Dimensión MIPG 2024AnapoimaProm. grupoDif.
D1 Talento Humano90,6275,92+14,70
D2 Direccionamiento y Planeación88,1585,12+3,03
D3 Gestión con Valores74,2175,61−1,40
D4 Evaluación de Resultados68,2078,08−9,88
D5 Información y Comunicación70,8067,68+3,12
D6 Gestión del Conocimiento80,0059,57+20,43
D7 Control Interno91,3883,12+8,26

Las políticas rezagadas dibujan el mismo mapa: Seguridad Digital (43,00), Gestión de Información Estadística (45,77), Racionalización de Trámites (52,38) y Gobierno Digital (59,93), con dos subíndices en cero absoluto (servicios ciudadanos digitales; priorización de trámites). En criollo: la alcaldía gestiona bien por dentro, pero el ciudadano que intenta un trámite en línea se estrella contra una administración analógica.

El contraste que duele: el IMDER de Anapoima lleva cuatro vigencias hundido —34,35 (2022), 28,30 (2023, percentil 1, el fondo de su grupo), 31,80 (2024), 32,93 (2025)— cincuenta puntos por debajo de la casa matriz. El deporte recibe plata para eventos pero no ha construido institucionalidad.

El Plan de Desarrollo contra el sentir de la gente: los cinco problemas y sus cinco notas

El PDM «Anapoima en Marcha» tiene cinco ejes, 216 metas y articulación expresa con los ODS. Los informes autorreportan: 2024, 160 metas programadas, 89,4% sobresalientes; 2025, 184 metas, 89,7% sobresalientes, eficacia financiera 91,04% ($50.811 M de presupuesto final), avance del cuatrienio 43,07% —levemente bajo el 50% lineal, razonable para un plan que carga la obra grande al segundo bienio. Del diagnóstico participativo y la evidencia de inversión emergen los cinco problemas que Ferro se comprometió a resolver:

Indicador 1 — Agua potable y saneamiento básico: 8,0/10

Alcantarillado San Antonio terminado con regalías; $2.421 M gestionados para Patio Bonito; prestadores comunitarios fortalecidos; acueducto regional avanza con $39.000 M departamentales. Tacha: en 2025 hubo reparto de agua en carrotanque en veredas y escuelas durante la escasez. ODS 6: cumplimiento sustancial.

Indicador 2 — Vías terciarias y movilidad: 7,5/10

Doce convenios ICCU de placas huella (~$1.737 M), obras IDACO con JAC, reapertura de la vía Apulo tras El Copial, arranque de terceros carriles. Fragilidad: la red terciaria depende de gestionar en Bogotá más que de recursos propios. ODS 9 y 11.

Indicador 3 — Salud de primer nivel: 7,5/10

Afiliación subsidiada superó meta (5.658), PAE al 100% (2.182 estudiantes), 24 campañas de vacunación contra 10 programadas, $8.697 M transferidos a la I.P.S. Dusakawui, $2.896 M en equipos del nuevo Centro de Salud (que iba al 48% en nov-2024). Salvedad: la capacidad de salud depende casi toda de terceros. ODS 3.

Indicador 4 — Vivienda y hábitat urbano: 5,5/10

Cara: Plaza de Mercado Panche, 100% de solicitudes de saneamiento de predios atendidas. Cruz: $1.154 M de regalías para vivienda rural devueltos sin obra, en un municipio donde el déficit de vivienda digna rural convive con la opulencia de las fincas de veraneo. ODS 11: cumplimiento a medias, peor donde más duele.

Indicador 5 — Ambiente y gestión del riesgo: 6,0/10

Sobretasa ambiental ejecutada (~$3.940 M), 4 obras de mitigación, atención a vendavales, conservación de la microcuenca Campos. Pero el propio informe 2025 lo confiesa: gestión del riesgo es el sector más rezagado del PDM: 71,4% de eficacia y dos metas críticas. En un municipio de quebradas y temporales, no es un detalle. ODS 13 y 15: insuficiente.

Promedio de los cinco indicadores: 6,9/10.

Los ajustes transversales y la nota final

Suman: autonomía fiscal excepcional; 60-66% del gasto en inversión; FURAG en ascenso (83,03); $30.000 M gestionados de terceros; control interno de 91,38; rendición anual verificable (5-dic-2025). Restan: giro a contratación directa; contratos gemelos; dúo Mimesis-Teatro Tal; regalías de vivienda devueltas; IMDER quebrado (32,93); gobierno digital en cero; rezago en gestión del riesgo.

Dimensión ponderadaPuntajePeso
Gestión fiscal y presupuestal8,520%
Contratación pública5,520%
Transparencia7,515%
Resultados y ejecución física7,515%
Control interno8,010%
Rendición de cuentas y participación7,010%
Contexto y vulnerabilidad7,510%
Nota ponderada7,3

Combinando el promedio comunitario (6,9) con la evaluación ponderada (7,3):

CALIFICACIÓN FINAL: 7,1/10 — BUENO (🟢 BIEN), con advertencias que la ciudadanía debe vigilar de cerca

¿Prevaricato por omisión? No: los elementos del tipo penal no se configuran

El artículo 413 del Código Penal castiga al servidor que «omitiera hacer lo que legalmente debe hacer» en provecho propio o ajeno. Esta casa no usa esa figura a la ligera. En el caso de Camilo Ferro, los elementos del tipo no se configuran con la evidencia disponible: (1) no hay omisión programática —ejecución presupuestal del 91,04% en 2025, 65,8% del gasto a inversión, cifras consistentes entre el autorreporte y las fuentes fiscales independientes, algo que no ocurre en los municipios que esta casa ha calificado como mediocres—; (2) las dos fallas más graves (regalías de vivienda devueltas, giro a contratación directa) no prueban por sí solas la finalidad dolosa que exige el prevaricato: la desaprobación de un BPIN involucra al OCAD y al DNP, y la contratación directa es modalidad legal cuya razonabilidad se juzga caso por caso; ambas son, hoy, objetos de veeduría y control fiscal, no de imputación penal; (3) no existe investigación disciplinaria, fiscal o penal conocida contra Ferro por esta gestión —las pesquisas de la Procuraduría corresponden a su antecesor y así lo certifican sus fechas.

La advertencia vale: si la Contraloría estableciera que los contratos gemelos fueron fraccionamiento deliberado (art. 25, Ley 80 de 1993), o que la vivienda rural se sacrificó por omisión culpable en la radicación ante el banco de proyectos, el panorama cambiaría. La diferencia entre gestión vigilable y gestión delictiva se decide con documentos, y los de Anapoima, hoy, hablan de una administración que funciona con manchas, no de una que delinque.

Lo que debe hacer Anapoima para consolidar su independencia

Ya recauda más de la mitad de lo que gasta; el esfuerzo es de calidad: (1) actualizar el catastro multipropósito —cada condominio nuevo fuera del avalúo es predial perdido—; (2) blindar la sobretasa ambiental hacia las microcuencas que la generan; (3) formalizar el turismo como base gravable (ICA turístico, estampillas) en lugar de depender del evento ocasional; (4) profundizar la gestión interinstitucional que ya funciona; y (5) cerrar la brecha digital: un municipio rico que no atiende en línea a quien paga impuestos desde Bogotá cobra al estilo del siglo XXI y atiende al estilo del XX.

Respuesta del mandatario

[RESPUESTA DEL ALCALDE PENDIENTE] Corrupcionaldia.com enviará a la Alcaldía un cuestionario sobre: el destino de los $1.154 M de vivienda rural y el banco de proyectos del bienio 2025-2026; la justificación del salto de contratación directa; los contratos gemelos de mínima cuantía; el error tipográfico y NIT anómalo del consorcio de la Plaza en el SECOP; y el plan de choque para el IMDER y el gobierno digital. Su respuesta se publicará íntegra.

La pregunta que queda sobre la mesa no es si Anapoima avanza —los números dicen que sí—, sino si avanza para todos: mientras la plaza de mercado y los terceros carriles se levantan, la casa de la familia campesina que esperaba su vivienda rural con regalías sigue sin cimientos. ¿Vigilará la ciudadanía la segunda mitad del mandato con la misma lupa con la que esta casa examinó la primera?

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