8 de marzo 2022: se fuga de La cárcel La Picota en Bogotá Juan Larrinson Castro Estupiñánalias Matamba, exjefe del Clan del Golfo y mano derecha de ‘Otoniel’. El delincuente había sido trasladado del pabellón de máxima seguridad a uno de media, donde se estaría realizando una fiesta con licor. Allí, había realizado un “cambiazo” con un preso con rasgos físicos parecidos a él. Habría pagado una cuantiosa cifra para fugarse de La Picota. El monto rondaría «entre 4 y 5 millones de dólares” para concretar su fuga con la complicidad de por lo menos 10 guardias del Inpec. 

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Finales de febrero 2022: las escapadas de Carlos Mattos desde la cárcel La Picota a su oficina de Bogotá, lo ubican como protagonista de otro escándalo judicial del Inpec. El detenido por presunto soborno a dos jueces, aprovechó para desviarse de sus citas médicas –en al menos dos ocasiones– a reuniones con su hermano Jorge Mattos, y sus abogados Iván Cancino y Laura Kamila Toro

Octubre de 2019: La excongresista Aida Merlano cayó del tercer piso del Centro Médico La Sabana, ubicado en el norte de Bogotá, lugar de donde se fugó en octubre de 2019. Merlano acudía con permiso del Inpec a una consulta médica. Merlano salió de la cárcel el Buen Pastor con dos guardias del Inpec, como está establecido en el protocolo de seguridad de la entidad. 

Pasadas las 3:00 de la tarde de ese día, varios espectadores vieron descender del tercer piso y con una cuerda roja, que estaba atada a un escritorio a Aida Merlano. Abordó una moto que esperaba por ella y huyó. 

Diciembre de 2015: Sin hacer un solo disparo, a plena luz del día y en un concurrido centro médico de Cañaveral, (Bucaramanga), se registró la fuga de Óscar Camargo Ríos, alias ‘Pichi’, uno de los cinco delincuentes más buscados por la Policía en el área metropolitana de esa ciudad. Tras permanecer 56 días en la Cárcel de Palogordo, en Girón, se fugó al saltar de un segundo piso, cuando asistía al médico. ‘Pichi’ aprovechó el momento en el que uno de los guardianes le quitó las esposas para la revisión médica, salió corriendo, abrió una ventana y por allí se lanzó, ante la mirada atónita de los testigos. 

Marzo del 2020. Se presentó un motín de la cárcel La Modelo de Bogotá. En esa ocasión, las protestas y el intento de fuga de algunos presos, así como la cuestionada reacción del Inpec, dejaron 24 internos muertos y más de 100 heridos. Las investigaciones por este caso han revelado hechos de tortura, ocultamiento de evidencia y excesos de los guardianes del penal. 

Estos son algunos de los casos más relevantes y sonados, relacionados con la corrupción que durante décadas, ha primado en el Inpec.  

Según la Corporación Excelencia por la Justicia (CEJ), desde la creación de esa entidad, en diciembre de 1992, por la dirección han pasado 19 directores. Es decir, que cada 1.4 años una nueva persona asume la dirección de la entidad, solo cinco han sido civiles y solo dos mujeres han llegado al cargo. Con estos números en mano, la Corporación advirtió «la debilidad de una política pública penitenciaria de largo plazo, debido al hecho que desde la creación del Inpec ha existido una altísima rotación de su director». 

Capturas  

La fuga de Matamba, puso al presidente Iván Duque a hablar de una reforma al Inpec y motivó la suspensión del director de La Picota, mayor (R) Juan Javier Pepa Gordillo, quien apenas llevaba dos semanas en el cargo. Lo cierto es que las fugas de presos, la corrupción y delincuencia, sumadas a las condiciones de hacinamiento, son ya paisaje en las cárceles del país. 

En septiembre de 2019, fue capturado el entonces director de La Picota, mayor Luis Francisco Perdomo, con $20’000.000 en efectivo que corresponderían al pago hecho por los familiares de un extraditable a quien, supuestamente, favorecería con visitas no avaladas por el reglamento del penal. 

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al mayor Perdomo los mismos delitos (concusión y enriquecimiento ilícito), por nuevos actos de corrupción que están documentados y serán presentados en audiencia pública ante un juez de control de garantías de Bogotá. 

En enero de ese mismo año fue capturado el director de la cárcel La Modelo, coronel del Inpec César Augusto Ceballos Giraldo, y otras cuatro personas que habrían diseñado un esquema de corrupción para conceder beneficios a los reclusos, permitir el ingreso de drogas y otros elementos restringidos por el sistema penitenciario o avalar visitas en horarios no autorizados. 

Según las investigaciones, una vez ingresaba un detenido a la cárcel, el director de La Modelo hacía un estudio para establecer la capacidad socioeconómica del interno y definir el patio al que podía ser enviado. Por ejemplo, en el patio tres (3) eran ubicadas las personas con más dinero y, presuntamente, debían pagar $3 millones de pesos mensuales por su permanencia en ese lugar. Al parecer, ante cualquier incumplimiento en las ‘cuotas’ fijadas, los reclusos eran trasladados y, supuestamente, no les garantizaban su seguridad. 

La investigación puso al descubierto una especie de tarifario que habría sido impuesto por el personal del Inpec hoy investigado y los particulares que estarían vinculados a las irregularidades detectadas. Por ejemplo: 

• Permisos para cumplir citas médicas, al parecer, tenían un costo de 2 millones de pesos, pero si el chequeo era en EPS o medicina prepagada ascendía a 3 millones de pesos. 

• Ingresar whisky valdría $600 mil pesos; celulares, $400 mil; y droga, $500 mil la libra. 

• Autorizar el ingreso de personas en horarios no permitidos ascendería a $500 mil pesos al patio tres y $150 mil pesos a los patios comunes. 

Luego, en diciembre del 2020 en el departamento del Meta fueron detenidos guardianes del Inpec de la cárcel de Villavicencio, quienes ingresaban de manera clandestina celulares, Sim-Card y demás elementos tecnológicos, los cuales vendían a los internos en precios que oscilaban entre los $200 mil a $500 mil pesos, según la gama y referencia, quienes los utilizaban para realizar extorsiones. 

En esa ocasión fueron capturados cinco dragoneantes, quienes eran integrante de la banda delincuencial denominada ‘Los Carceleros’, además, se dio la captura de otros dos integrantes, en Acacías (Meta) y Paz de Ariporo (Casanare). 

Las operaciones judiciales se extendieron a cárceles de: Bogotá, Antioquia, Arauca, Atlántico, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, Meta, Putumayo, Risaralda Sucre y Valle del Cauca. 

En noviembre del 2021, el CTI de la Fiscalía capturó a siete dragoneantes del Inpec de la Penitenciaria de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar, por presuntamente hacer parte de la red delincuencial, conocida como ‘Red de la grande’, que delinquían mediante la extorsión en los departamentos del Cesar y La Guajira. 

Fueron detenidos: Wesly Palacio Mena, alias Niche; Henry Rendón Henao, Fabián Ricardo Cangrejo Castillo, Edgar Alejandro Martínez Arias, alias ‘Paspi’; Andrey Alejandro Durán Sánchez, alias ‘Chaval’; Jaime Alonso Herrera Flórez y Herney Fernando Novoa Martínez.  

Más recientemente, el pasado 7 de marzo, las autoridades pusieron al descubierto una red de corrupción que operaba en la cárcel de Villahermosa y de la que hacen parte funcionarios activos del Inpec. 

Se trata de la banda delincuencial ‘Los Azulejos’ integrada Edilberto Parra Villamil, encargado del área jurídica del Inpec; José Eliécer Suaza Suárez, Jhon Edwar Ospina Burgos, Jesús Andrés Figueroa Sánchez, William Mauricio Betancourth García, todos dragoneantes activos de la entidad. Además de Jorge Eduardo Gil, inspector del Instituto Penitenciario y Carcelario; Jorge Alfonso Rodríguez Lozano, exfuncionario del Inpec; los abogados Segundo Dagoberto España Landázuri y Jesús Alfredo Mesa Asprilla

Según las investigaciones, al interior de este centro de reclusión cobraban desde $300.000 hasta $ 4.000.000 millones de pesos, a cambio de permitir el ingreso de drogas para comercializarlas, otorgar permisos y reducir los tiempos de condena. 

«Esta estructura criminal estaría dedicada a la comisión de actos de corrupción, entre ellos, recibir sumas de dinero a cambio de realizar actos propios de sus funciones, como trasladar a las personas detenidas a sus lugares, donde debían cumplir una detención domiciliaria», dijo Sandra Eugenia González, directora seccional de Fiscalías Cali. 

Otra de las personas capturadas fue Vanessa Valderrama, esposa de un exfuncionario de este instituto, quien fue asesinado en febrero pasado y cuyos móviles tendrían relación con este caso. 

«También expedían documentación, certificados, computaban tiempo para redimir para las penas y expedían documentos falsos para justificar la presencia en lugares distintos al de su detención, introducían estupefacientes y omitían las acciones de vigilancia en los lugares de prisión domiciliaria», agregó González. 

Tras ser presentados ante un juez, fueron enviados a prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio, cohecho impropio, concusión, falsedad ideológica en documento público, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego o municiones. 

El hacinamiento 

Además de los fenómenos que evidencian las fallas estructurales del sistema las extorsiones, estafas y crímenes que se cometen a diario desde las cárceles del país, se destaca el problema de hacinamiento.  

Según datos del Inpec, la capacidad de los centros penitenciarios del país es de 80.928, mientras que la población de reclusos asciende a más de 120.000. 

Desde el Sindicato Penitenciario y las organizaciones sociales reclaman acciones estructurales y no cambios de mando. La reforma prometida por el presidente Iván Duque tardará varios meses y no llegaría durante este mandato.  

«El sistema penitenciario de Colombia se encuentra demasiado hacinado y carece de supervisión. Esto ha permitido el surgimiento de los denominados “caciques” —que generalmente son capos de la mafia, comandantes guerrilleros o líderes paramilitares— quienes controlan ciertos espacios o “patios” y cobran impuestos por bienes que son ingresados de manera ilegal a las prisiones, como teléfonos celulares, drogas y licores», señala una investigación de InSight Crime. 

Vínculos entre uniformados y delincuentes 

Lo que también ratificó la fuga de alias Matamba, es el vínculo que ha ido en aumento, entre militares y policías activos o retirados, con bandas delincuenciales que operan al interior de los centros penitenciarios. 

En un comunicado divulgado tras la huida del líder del Clan del Golfo; la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos; La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos; la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica y el Movimiento Político y Social Congreso de los Pueblos, afirmaron que recientemente se conoció que el coronel (R) del Ejército Robinson González del Río fue recapturado porque, al parecer, sería parte de una estructura criminal al servicio de Matamba. 

Posteriormente también se conoció un documento reservado de la Fiscalía donde se investiga también por sus nexos con el grupo paramilitar Cordillera Sur o Cordillera II al General (R), Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, ex comandante de las Fuerzas Militares, ex candidato a la gobernación del Cauca por el Partido Centro Democrático y asesor del Plan de Atención Oportuna PAO del ministerio del interior, por ser parte del “Clan del Golfo” con el alias “El Padrino”.  

«Todo lo anterior es una prueba más de que existen importantes alianzas de integrantes activos o retirados de instituciones estatales con los grupos ilegales y criminales, las cuales seguimos denunciando ante la comunidad nacional e internacional», señala el comunicado de las organizaciones. 

Mafia que urge ser liquidada 

En el 2019 el periódico UN de la Universidad Nacional, publicó una información que tituló: «El Inpec es una mafia y nadie se atreve a liquidarlo». 

En ella se señala que el Inpec atraviesa por una de sus crisis más fuertes de los últimos años, tanto así, que se dio vía libre para que se considere la idea de liquidarlo. Pero no es una tarea fácil pues en la institución existen más de 80 sindicatos, los recursos son limitados y cada preso cuesta al año entre $10 y $15 millones de pesos

Fabio Humar, abogado penalista de la Pontificia Universidad Javeriana, sugierió en dicha publicación que «el Inpec lo tuvieron que haber liquidado hace décadas para buscar alguna forma de entregarle esto a una mixtura entre abogados y militares; allí no hay respeto por los derechos humanos sino quistes de corrupción, no manda el Inpec sino las mafias». 

Mientras que Juan David Posada Segura, doctor en Derecho y especialista de Sociología Penal de la Universidad de Antioquia al explicar que este organismo público se creó en 1915, cuando se estructuraron las primeras cárceles, como institución viene funcionando desde 1992, con una amplia tradición de corrupción que «solo cambiaba el logo de sus uniformes y seguía en los mismos malos manejos». 

Por su parte, Hugo Acero, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), indicó que el Instituto ya ha presentado posibilidades de reestructuración que incluyen que pase a ser parte de la Policía y que ellos se encarguen de la resocialización, o crear una unidad adjunta al Ministerio de Defensa. Sin embargo considera que esto no es viable, pues el Inpec requiere una liquidación y creación de una nueva institución. 

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