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El pasado 15 de febrero, cuando los precarnavales hacían de las suyas en la ciudad y en medio de aplausos sonoros por la decisión, el Distrito ordenó el cierre de la ESE Hospital de alta complejidad Cari de Barranquilla.

Ese día tras una larga disputa sobre si el centro asistencial más importante de la región Caribe debía o no ser manejado por un operador externo para superar su crisis financiera, el secretario de Salud del Distrito, Alexander Moscoso indicaba que se deshabilitaba el funcionamiento del Cari por no cumplir con los estándares para su funcionamiento.

Justo un mes después, cuando el guayabo de los carnavales ya había pasado, el coronavirus llegaba al país con toda su fuerza y furia para castigar de manera particular al Atlántico, ese mismo cuyos gobernantes se dieron el lujo, un mes antes, de cerrar el hospital más importante de la región.

Hoy, el Atlántico y su capital Barranquilla enfrentan la peor crisis sanitaria y económica de su historia. El último informe del Ministerio de Salud relaciona que el Atlántico tiene un total de 11.372 casos de coronavirus, casi 6 mil menos que Bogotá y casi el doble de Valle del Cauca que le sigue en la lista.

Un desesperado llamado de Juan José Márquez, presidente de la Asociación colombiana de Medicina Interna Capítulo Caribe.

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El origen de la crisis en Salud

Pero esta situación tiene su trasfondo y su origen no solo en la crisis generalizada que enfrenta todo el sector salud en el país, que algunos achacan a la Ley 100, otros a la posición dominante que el Estado les permitió asumir a las EPS y otros a políticas mal concebidas en el sector, en su mayoría para favorecer intereses particulares y no colectivos.

En el caso del Atlántico vale recordar la deficiente y cuestionada gestión que adelantó en la gerencia, del Cari, Rocío Gamarra, pero también la no muy honrosa gestión del ex secretario de Salud, del Departamento, Armando de la Hoz, durante el gobierno de Eduardo Verano, que dejó a los cuatro hospitales de mayor complejidad del Departamento en el mismo estado crítico.

Así lo confirma el informe de categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2019, donde trece de los 24 hospitales del Atlántico fueron calificados con alto riesgo financiero.

Además del Cari aparecen el departamental Juan Domínguez Romero de Soledad, el departamental de Sabanalarga y el Niño Jesús, se mantiene con un Plan de Gestión Integral del Riesgo, luego de caer en riesgo alto.

En el año 2016, cuando apenas De la Hoz arribó al cargo, esos mismos hospitales habían sido categorizados de la siguiente manera: hospital Niño Jesús y Departamental de Sabanalarga, sin riesgo financiero; hospital CARI riesgo medio y el Juan Domínguez Romero de Soledad en riesgo alto.

Ninguno de los cuatro mejoró su situación esos últimos cuatro años y por el contrario empeoraron.

¿Qué labor entonces desempeñó la Secretaría de Salud en cabeza de Armando De La Hoz, para mejorar los ingresos de los más importantes centros asistenciales de carácter público del Atlántico?

La no venta de servicios por parte de centros asistenciales de carácter público, conlleva que este vacío fueras ocupado por prestadores de salud del sector privado que son quienes resultan gananciosos con la crisis de los públicos.

Y ni hablar de las cifras de mortalidad infantil o muertes maternas, que dejaron un saldo bien desalentador a su salida de la Secretaría.

Por los lados del Distrito, aún cuando algo diferente, toca recordar la semiprivatización que se hizo de los puestos de salud que ahora se llaman Pasos y Caminos, pero que para que la gente tenga atención deben ser afiliados de cualquiera EPS, pero hay prioridad para los usuarios de las EPS socias de MiRed IPS, entidad de economía mixta que hoy administra la red pública.

En consecuencia, difícil esperar resultados distintos a los que hoy se presentan en medio de la pandemia que azota al mundo.

Las autoridades no han podido controlar el comportamiento irracional de la gente con respecto a la pandemia

Ni vigilancia, ni control 

Les cabe a las secretarías de Salud tanto distrital como departamental, la responsabilidad además de haber autorizado la apertura de sectores productivos sin el lleno de requisitos de protocolos de bioseguridad para sus empleados y atención a potenciales clientes.

E incluso el casi nulo control que ejercieron para evitar que otros sectores no autorizados abrieran sus puertas como de hecho sucedió.

El 15 de abril esta entidad territorial tenía 95 casos reportados, el 30 de abril se reportaron 56 nuevos casos, el 7 de mayo ya fueron 81 los casos nuevos reportados y el 30 de mayo la cifra ya era de 3.277 casos en el Departamento, superando incluso al Valle del Cauca y a Bolívar.

Y si bien algunos argumentan que se habían empezado a realizar más pruebas de ahí los resultados, lo cierto es que la curva ha seguido creciendo de manera vertiginosa.

La desinformación

Pero además los gobiernos departamental y distrital, poco o nada hicieron por advertir a la ciudadanía sobre la gravedad de lo que se venía. Desde la declaratoria de emergencia escasa información real y científica llegaba a la comunidad, lo que permitió una avalancha de información y desinformación que en vez de generar conciencia, lo que hizo fue satanizar a médicos, centros asistenciales y a la información real.

Videos, memes, imágenes de burla, circulaban por las redes sin ningún control, demeritando la presencia del virus y sus consecuencias, lo que a la postre comenzó a pasar factura de cobro.

La desestimación escaló hasta el 8 de junio cuando el médico intensivista José Julián Buelvas denunció amenazas de muerte contra su vida. Le llegaron dos coronas fúnebres con sus respectivos sufragios que lo amenazaban de muerte, uno a su casa en el norte de Barranquilla y otra en su lugar de trabajo la Clínica Adelita de Char en el municipio de Soledad, Área Metropolitana de Barranquilla.

Ya estas alturas poco había que hacer, la desinformación escaló en la misma proporción que los contagios.

Los primeros días de junio las cifras de contagios reportados se dispararon, y de la burla y el descrédito al personal de la salud y de la veracidad de la presencia del virus, se pasó al de la incertidumbre.

Clínicas y hospitales colapsados

No obstantes los insistentes mensajes del alcalde Jaime Pumarejo en sus redes sociales sobre una supuesta capacidad instalada suficiente para enfrentar el virus, clínicas y hospitales en la ciudad han comenzado a verse en apuros para atender los pacientes que llegan a sus urgencias por Covid y No Covid.

Circula este video que muestra escenas dantescas en uno de las clínicas de Barranquilla.

Algunos médicos reconocen en redes sociales, que los ventiladores con los que cuentan en algunos el centros de atención resultan insuficientes para atender la avalancha de pacientes con problemas respiratorios, que no necesariamente dan positivo para Covid-19.

Clínicas como la General del Norte, la Bonadonna y la Clínica Murillo ya tienen copadas sus urgencias y salas de UCI, tal como lo informaron de manera pública.

Mientras desde Santa Marta el médico intensivista Jaisan Granados, aseguró que ya “Barranquilla empieza a llorar los muertos. No sé cómo no pueden las autoridades decir la verdad. La ciudad de Barranquilla está colapsada y desde el sábado pasado se viene diciendo. Que digan la verdad, hay pacientes que están siendo trasladados a las UCI de Santa Marta”.

Una médica tuiteó “Estoy de turno hoy en una clínica de Barranquilla, y tengo que ventilar 4 pacientes y dispongo de 1 solo ventilador. No hay cama en UCI, están en remisión los pacientes y no hay respuesta respecto a la aceptación. Se requieren medidas urgentes @jaimepumarejo @alcaldiabquilla”.

Granados fue enfático al señalar que “el gobierno engaña mucho al pueblo, y al pueblo hay que decirle la verdad, entre más diga la verdad, la gente toma más conciencia. Tienen más de 400 camas de UCI pero cuantas tienen ventiladores, unas 250”.

Mientras que En Santa Marta hay 160 camas de UCI, las cuales pueden tener 70 ventiladores, porque se pueden adaptar las de las UCI neonatal “y con fe podemos llegar las 100, pero la situación no aguantará los contagios de la ciudad”.

En respuesta, tras una reunión que sostuvieron con autoridades del orden nacional, el alcalde Pumarejo decidió, quizás de manera tardía, de declarar la alerta naranja en la ciudad de Barranquilla.

Algunos consideraron que debió declararse la roja, ante la gravedad de la situación. Y el Gobierno nacional, que se ha hecho el ciego, sordo y mudo, tal vez por cuestiones políticas ante lo que está ocurriendo en Barranquilla, este martes envió a Barranquilla con el viceministro de Salud, Luis Alexánder Moscoso, 49 ventiladores marca Zoll.

29 de dichos ventiladores serán instalados en el Camino Universitario Distrital Adelita de Char y 20 en el Camino Ciudadela 20 de Julio, que hacen parte de Mi Red IPS. Y volvió a insistir el Alcalde que con esta entrega se amplía la capacidad total de las ucis en Barranquilla a 541 camas, cosa que no es cierta porque un gran porcentaje están ocupadas.

La cacareada indisciplina social

Uno de los argumentos más esgrimidos por las autoridades para explicar el aumento exponencial de los casos de coronavirus en el Atlántico y su capital, es el de la indisciplina social de sus habitantes, quienes han violado en todas sus formas las restricciones del confinamiento.

Fiestas y reuniones por doquier en los municipios del Atlántico

Los casos de contagio llegaron a tal punto que las administraciones distrital y departamental decidieron decretar el toque de queda en todo el departamento la semana pasada, todos los días entre las 8:00 pm y las 5:00 am del día siguiente y todos los fines de semana desde el sábado hasta el lunes a las 5:00 am.

No obstante las aglomeraciones, celebraciones, hasta cultos y concentraciones en canchas de fútbol estuvieron a la orden del día el fin de semana pasado.

De acuerdo con la Policía, a lo largo del primer puente festivo de junio se intervinieron 284 fiestas que se realizaban sin autorización entre Barranquilla y los municipios del Atlántico. Además de atender 121 riñas en los pueblos y suspendidas dos galleras, justo cuando el Departamento registraba oficialmente 1.045 casos nuevos de coronavirus.

Y las parrandas, encuentros callejeros, piscinazos, etc, no son exclusivos de ciertos sectores.

En Rebolo barrio del suroriente jugaron fútbol y hasta se organizó un culto de adoración evangélico con muchas personas.

En la cancha del barrio Simón Bolívar, también en el suroriente las autoridades sorprendieron a futbolistas aficionados.

Mientras que en el norte de la ciudad, de estratos altos, vecinos denunciaron la organización de asados, ‘piscinazos’ y parrandas en edificios.

La semana pasada se conoció el caso de la actual reina del Carnaval de Barranquilla, Isabella Chams, y la ex reina de la misma fiesta, Marcela García Caballero, quienes iban en compañía de estos familiares y pareja hacia El Piñón (Magdalena) desde el norte de Barranquilla.

Lograron salir de la ciudad, a pesar de que estos traslados no están permitido a menos que entren en la lista de excepciones, pero las autoridades del departamento vecino les impidieron llegar hasta esta población, ya que sus documentos con los que justificaban el viaje a través del ejercicio de la ganadería, no fueron suficientes.

También se difundió el video donde aparece el secretario de Gobierno del municipio de Galapa, Marco Tulio Rojas Ayala, almorzando en un restaurante, cuando se supone que no deben estar atendiendo comensales, es decir doble infracción, tanto del restaurante que abre sus puertas, como del funcionario que sin ningún desparpajo se sienta a manteles con otros funcionarios, sin siquiera un tapabocas y violando la normatividad que se supone él debe hacer cumplir.

Cuatro días después, el sábado, circularon otras fotografías donde la alcaldesa de Luruaco, Marly Gutiérrez, otra población del Atlántico, aparece con concejales de esa localidad, almorzando también en un restaurante a orillas de la Ciénaga de Luruaco.

“Gracias a mi Dios por todo. Hoy almuerzo con mis Concejales. Hoy es un día histórico. Se aprobó el plan de desarrollo Luruaco, mejor para todos 2020-2023 por el bien de nuestro municipio”, se leía al pie de la fotografía en el Facebook de la funcionaria, mensaje que luego borró.

Vale recordar que esta misma alcaldesa fue la que recibió un subsidio de 160 mil pesos del Gobierno, por aparecer inscrita como población vulnerable en la base de datos del Sisben.

En conclusión, la expansión del virus en el Atlántico, mal podría achacársele al supuesto desorden colectivo de una clase social, sino a todos, empezando por los mismos funcionarios públicos que creen que los cargos les dan la potestad de violar normas y no lo contrario, ser ejemplo para sus gobernados.

Y en efecto, por qué culpar a las víctimas de su propia muerte, en vez de admitir que los que menos tienen -incluidas cultura y educación- son responsables de una debacle cuyo origen es la falta de empatía y gestión social de los gobernantes.

En Barranquilla en particular, los pobres salieron a vender lo que pudieron en medio de la pandemia porque no se podían morir de hambre, los “coletos” salieron a “mamar frías” a la esquina porque hace años les dijeron que ese era un rasgo del barranquillero mientras un “man” (Alex Char, el ex alcalde) con una cachucha llegaba a tirar pases de salsa con ellos. Los barranquilleros están actuando como les enseñaron a actuar, pero ahora los culpan de su propia desgracia.

Ello sin contar que el 60% de la población vive de la informalidad y así quedó evidenciado. Y parte de las acciones para enfrentar la pandemia debían enfocarse a entregar soluciones sociales como alimentos, kits de aseo, alivios para el pago de los servicios públicos y asistencia médica en casa, pero nada de eso fue posible.

En resumen el coronavirus está pasando factura de todo tipo al Atlántico y su capital Barranquilla por asuntos neurálgicos dejados de atender por los gobiernos de los últimos tiempos, que aún no despiertan de los guayabos de muchos carnavales.

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