Coronavirus deja al descubierto la gran corrupción en recursos de la gestión del riesgo en salud

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Carmiña Estupiñán tiene 48 años, 25 de los cuales ha fumado. En época de coronavirus se ha mantenido totalmente confinada en su residencia. Carmiña, de acuerdo a las características de los pacientes a quienes más ha golpeado el virus, hace parte del grupo de personas en alto riesgo, pues padecen comorbilidades de tabaquismo, obesidad, diabetes, hipertensión, principalmente.

Carmiña afirma que pese a que cada vez que consulta al médico por algún chequeo de rutina o por algún malestar que la obliga a acudir a su IPS, menciona su adicción al cigarrillo, nunca ha sido requerida por su aseguradora (EPS), para siquiera hacerse un examen de espirometría, un análisis común de consultorio utilizado para evaluar cómo funcionan los pulmones midiendo cuánto aire inhalas, cuánto exhalas y con qué rapidez exhalas. Y se utiliza para diagnosticar el asma y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), común entre fumadores.

María Contreras tiene a su hijo de 5 años con sobrepeso. Su pediatra hace las evaluaciones del caso durante sus consultas, pero pese a ello, aún no le ha ordenado una cita con un nutricionista que le formule una dieta a seguir al menor, con el propósito de reducir su peso y así evitarle complicaciones de salud más adelante.

Este par de ejemplos reflejan la deficiente y el casi que intencional descuido en que incurren en particular las Empresas Promotoras de Salud (EPS), con su compromiso fundamental de gestión del riesgo en salud, al cual el gobierno le invierte miles de millones de pesos cada año.

El aseguramiento en salud

El aseguramiento en salud se define como una estrategia de política pública diseñada para lograr el acceso oportuno, efectivo, equitativo, eficiente y de manera sostenible de la población a los servicios incluidos en el Plan de Beneficios (DNP, 2018), a través de la afiliación de todos los colombianos al sistema de salud.

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Bajo esa premisa, son las EPS responsables por la gestión del riesgo en salud de sus afiliados, la organización y garantía de la prestación de los servicios de salud, la representación de los afiliados y la administración del riesgo financiero derivado (Ley 1122, 2007, Artículo 14).

Para este propósito desde que se expidió la Ley 100 de 1993, el Estado colombiano reconoce a cada EPS el valor de una prima por persona afiliada denominada Unidad de Pago por Capitación, UPC, la cual permite la protección integral de las familias a la maternidad y cubre el riesgo de ocurrencia y tratamiento de la enfermedad general en la población afiliada.

En síntesis, la GIRS se anticipa a las enfermedades y los traumatismos para que éstos no se presenten o se detecten y traten precozmente para impedir, acortar o paliar su evolución y consecuencias. Una prima adecuadamente estimada es un requisito para el equilibrio financiero del sistema y la sostenibilidad del aseguramiento.

Estas actividades están contempladas en el gasto o en el giro de la UPC que el Estado hace a las EPS quienes deben invertir un 3,5% de ese rubro en Promoción y Prevención de gestión del riesgo individual, en el caso de las del régimen contributivo, pero no así en las del régimen subsidiado, pese a que los determinantes de salud impactan más a los usuarios de estas últimas.

Si tomamos el valor que en el 2020 se le asignó a la UPC un promedio de $900 mil pesos para el régimen contributivo, para el aseguramiento de 24 millones de colombianos, incluyendo a 2 millones de regímenes especiales, ese 3,5% para la gestión del riesgo, equivaldría a $757.720 millones de pesos anuales.

Por otra parte, también están en la obligación de hacer gestión del riesgo en salud las entidades territoriales a través de sus secretarías de salud, bien departamentales, distritales o municipales, quienes tienen a su cargo el Plan de Intervención Colectiva PIC, que hace parte de la política de salud pública. Es decir la responsabilidad de las EPS se limita a la promoción individual, mientras que las entidades territoriales están llamadas a hacer prevención colectiva entre la comunidad.

La promoción y prevención es de carácter primaria (hábitos de vida saludable, seguimiento de crecimiento y desarrollo que realizan médicos generales, enfermera). Mientras que la gestión del riesgo es prevención secundaria que realizan médicos especialistas.

En el año 2016, los recursos que se transfirieron a entes territoriales para salud pública, que incluye la promoción y prevención, estuvo por el orden de los 780 mil millones de pesos y constituyen el 10% de la bolsa para salud del Sistema General de Participaciones. 55% de ese presupuesto se dirige a los departamentos mientras que el 45% se destina a los municipios.

Mandato obligatorio

La resolución 518 del 2015 estableció adicionalmente que las EPS deben coordinar con las entidades territoriales a través de las secretarías de salud que las actividades incluidas en el POS se realicen de manera complementaria y articulada al llamado Plan de Intervenciones Colectivas y apunten al logro de los resultados en salud a lo largo del curso de la vida.

Es decir que los recursos que le llegan a las EPS y a los entes territoriales de manera específica para prevenir enfermedades y hacer seguimiento a población con patologías prevenibles, está por el orden del billón y medio de pesos anual.

Sin embargo, los indicadores en general de salud en Colombia demuestran que ni las unas ni las otras invierten lo que deben en dichas acciones.

Luego, ¿qué se hacen los recursos que deben dirigirse a esta política pública?

Hoy con la crisis del coronavirus, la poquísima inversión en prevención está ayudando a poner la cuota de las víctimas mortales.

La tasa de mortalidad infantil en Colombia es de 13,2 por cada mil nacidos vivos, por encima de Jamaica que está en 12.4, Venezuela con 11,9 o Argentina cuya tasa es de 9,5.

La tasa de mortalidad materna está en 83 muertes por cada 100 mil niños nacidos vivos, superior a la de países como Panamá (52), El Salvador (46) o Costa Rica (27).

La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional, elaborada por el Ministerio de Salud, en el 2019 reveló que el 56,4% de la población presenta exceso de peso.

Y la tasa de diabetes en Colombia por cada cien mil habitantes es de 7,4 menor al promedio mundial que está en 8,6, pero superior a la de Ecuador (5,5), la de Perú (6,6) y a la de Argentina (5,9).

Así las cosas, es reiterativa la pregunta, ¿a dónde van a parar los recursos para prevención y riesgo en salud?

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