El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia, enfrenta un nuevo escándalo de corrupción. La Sección Quinta, encargada de resolver disputas electorales, ha sido señalada de recibir millonarios sobornos para favorecer a la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano. ¿Se trata de un ataque infundado o de una revelación que expone las entrañas podridas de la justicia colombiana?

Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado.

Acusaciones explosivas: ¿Justicia a la venta?

Las denuncias apuntan a que magistrados de la Sección Quinta habrían recibido pagos para fallar en favor de Cortés Zambrano, quien enfrenta seis demandas de nulidad por doble militancia. Además, la recusación presentada contra todos los magistrados señala la supuesta manipulación del XXX Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en Villavicencio, evento que habría sido aprovechado para influir en la decisión judicial.

El magistrado Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado, rechazó la recusación y calificó las acusaciones como un intento de “mancillar” la imagen de la corte. Sin embargo, la defensa vehemente de la institución no ha logrado disipar las dudas.

La Procuraduría, ¿Cómplice o garante de Justicia?

Otro actor clave en este escándalo es la Procuraduría General de la Nación, que ha respaldado a la gobernadora, argumentando que las pruebas en su contra no configuran doble militancia. Sin embargo, detrás de esta defensa podría esconderse una estrategia política para blindar a sectores de poder que se benefician de su permanencia en el cargo.

Un sistema podrido: La Justica como botín político

Este caso es sólo un síntoma de una crisis mucho más profunda. La desconfianza en el sistema judicial colombiano no es casualidad: cada nuevo escándalo refuerza la percepción de que la justicia es un bien negociable y que las decisiones no dependen de la ley, sino del mejor postor.

La decisión final sobre la gobernadora del Meta se tomará el jueves 6 de febrero. Pero la verdadera pregunta es: ¿se hará justicia o se confirmará una vez más que en Colombia, el poder está por encima de la ley?

Las pruebas contra la gobernadora

La gobernadora enfrenta una denuncia formal por doble militancia, un delito que podría derivar en su destitución. Según la queja presentada ante las autoridades competentes, existen pruebas contundentes que demostrarían que, durante la campaña electoral, la mandataria mantuvo vínculos con más de un partido político, en abierta violación de las normas vigentes.

Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta.

Las pruebas presentadas incluyen registros fotográficos, grabaciones de reuniones privadas y testimonios de miembros de distintas colectividades políticas. Se le acusa de haber participado activamente en eventos de un partido diferente al que la avaló para la candidatura, e incluso de haber recibido apoyo financiero y logístico de sectores políticos con los que, en teoría, no debería haber tenido ningún nexo.

Esta denuncia cobra aún más relevancia debido al precedente que han sentado otros casos similares en el país. En varias ocasiones, mandatarios han sido destituidos por esta misma falta, lo que pone en riesgo la continuidad del gobierno departamental. Expertos en derecho electoral advierten que si se confirma la doble militancia, las consecuencias podrían ser drásticas, incluyendo la nulidad de su elección y una posible inhabilidad para ejercer cargos públicos en el futuro.

Además, surge la pregunta de qué papel jugaron los entes de control durante la campaña. ¿Cómo es posible que no se detectara antes esta falta? La falta de vigilancia efectiva genera suspicacias sobre el verdadero alcance de la lucha contra la corrupción en el país.


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