Las Corporaciones Autónomas Regionales en Colombia han sido vendidas como guardianes del medio ambiente. Sin embargo, en la práctica, muchas de ellas se han transformado en fortines políticos y cajas menores para los clanes de la corrupción. Cardique, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, es un ejemplo vivo de cómo los intereses oscuros se entretejen con la gestión de los recursos públicos, desviándolos de su propósito original: proteger el entorno natural. Su última movida en la licitación para la recuperación del Laguito en Cartagena es un caso de manual de cómo se manipula la normatividad ambiental para favorecer a contratistas con conexiones políticas.

Licencias ambientales a la medida del mejor postor
El Decreto 2820 de 2010 establece con claridad que cualquier proyecto de impacto ambiental debe contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual es requisito indispensable para la obtención de una licencia ambiental. A pesar de esto, Cardique desestimó la experiencia de un proponente que había participado en la obtención de licencias ambientales, alegando que dicha experiencia no era válida. ¿El resultado? La adjudicación de la licitación a una empresa antioqueña con vínculos poco claros, dejando fuera a una empresa que contaba con la trayectoria técnica requerida.
Este acto no es un error aislado ni una simple omisión. Es una estrategia calculada para direccionar contratos hacia empresas afines a ciertos intereses políticos y económicos. Cardique no está actuando como garante de la normativa ambiental, sino como facilitador de un juego sucio donde el dinero importa más que la legalidad y la transparencia.
Cardique: Entre el negocio y el desastre ambiental
La pregunta que queda flotando es: ¿A quién sirve realmente Cardique? Porque está claro que no es ni a la naturaleza ni a las comunidades. La falta de transparencia en sus procesos licitatorios y su interpretación arbitraria de la ley demuestran que esta corporación es, ante todo, un nido de clientelismo. La gestión ambiental ha pasado a segundo plano, mientras que las conexiones políticas y la repartición de contratos se han convertido en la prioridad real.
Mientras tanto, la comunidad y los ecosistemas siguen siendo las víctimas silenciosas. La recuperación del Laguito, una necesidad ambiental urgente, se convierte en otra oportunidad para que los corruptos desangren los fondos públicos, asegurándose de que el dinero pase de la caja estatal a sus bolsillos privados sin que la obra se haga o se haga a medias.
Conclusión: ¿Hasta cuándo el saqueo ambiental?
Cardique y muchas otras CAR del país han demostrado que no están diseñadas para la protección ambiental, sino para la expansión de redes de corrupción. El caso de la licitación del Laguito es solo una muesca más en el cinturón de desfalcos que, disfrazados de gestión ambiental, continúan devastando no solo los ecosistemas, sino también la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Las preguntas son muchas: ¿Qué otras licitaciones han sido direccionadas de manera similar? ¿Quiénes son los beneficiarios reales de estas adjudicaciones? ¿Cuánto dinero ha sido desviado a lo largo de los años bajo la fachada de la protección ambiental?
No podemos permitir que el saqueo ambiental siga siendo la norma. Exijamos cuentas, denunciemos y no dejemos que los responsables se escuden en tecnicismos para justificar sus actos. Porque el verdadero crimen aquí no es solo la corrupción, sino la complicidad de quienes deberían proteger nuestro futuro ambiental.
Llamado a la acción: Comparte este artículo y exige respuestas. El medio ambiente no puede seguir siendo el botín de los corruptos. #CardiqueCorrupta #CorrupciónAmbiental #ProtejamosNuestroFuturo