El Tribunal Superior de Bogotá acaba de condenar a siete años de cárcel al exfiscal Fabio Matrtínez Lugo, tras el preacuerdo que hizo con la Fiscalía por el caso de las chuzadas telefónicas en el que estuvo implicado.
El entonces Fiscal 32 de la Dirección Contra las Organizaciones Criminales fue imputado por el ente investigador por los delitos de prevaricato por acción, violación ilícita de comunicaciones, fraude procesal y concierto para delinquir.
Las interceptaciones telefónicas ilegales que se hicieron desde la Sala Diamante de la Fiscalía, se dieron en el año 2017, en el marco del paro de pilotos que realizaron miembros de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), como el capitán Julián Pinzón, en el momento en que la aerolínea Avianca y el Sindicato sostenían una dura “batalla” por mejoras laborales.
«Eran interceptaciones ilegales, so pretexto de investigar un caso de desplazamiento forzado, interceptaron por 30 días al jefe de seguridad aérea de Acdac, justo en el momento en que se estaba haciendo la negociación colectiva con Avianca», dijo en ese momento Néstor Humberto Martínez, el entonces Fiscal General, y agregó que tales interceptaciones se hicieron por parte de interesados en el caso de la aerolínea Avianca.
Y si bien hoy la justicia colombiana, sentenció al exfiscal Martínez Lugo, poco o nada han avanzado las investigaciones sobre quienes pagaron para practicar las chuzadas, es decir los directivos de la empresa Avianca; todo lo contrario, no solo siguieron en sus cargos, sino que además posteriormente fueron beneficiados con bonos que hizo la compañía aérea a sus altos mandos.
El exfiscal
Volviendo con el exfiscal, además de aceptar su responsabilidad en el caso de las interceptaciones ilegales pidió perdón a la comunidad por los daños causados y dijo estar verdaderamente arrepentido por lo que hizo.
Fabio Martínez fue capturado en el 2019 al comprobarse que fue el funcionario de la Fiscalía encargado de compartir todas las instrucciones al coronel retirado Jorge Humberto Salinas Muñoz para que pudieran interceptar de manera ilegal, las líneas telefónicas de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) y del presidente para Latinoamérica del Grupo Enel – Codensa.
Según las investigaciones entre el 18 de diciembre de 2017 y el 16 de enero de 2018, Martínez Lugo ‘chuzó’ los abonados telefónicos pertenecientes a varios miembros de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles como el capitán Julián Pinzón.
Y entre el 25 de junio al 14 de agosto de 2018 también interceptó los teléfonos de Felipe Jaramillo Londoño y Jorge Flores, quienes también fueron víctimas del caso. En 2019, la Fiscalía le imputó estos cargos a Martínez Lugo, pero este no había aceptado cargos, a pesar de que fue acusado por Luis Carlos Gómez Góngora, antes coordinador de la Sala Diamante de la Fiscalía.
Despedidos en Avianca
En medio de la huelga de pilotos, la aerolínea despidió a Pinzón y otros de sus colegas. Para justificar su salida, Avianca presentó una serie de fotografías, videos y publicaciones provenientes de las redes sociales, tanto del aviador como de varios de sus compañeros; dichas pruebas habrían sido obtenidas mediante las chuzadas que se hicieron desde la Fiscalía.
Pinzón interpuso una demanda y a pesar de haber sido ordenado el reintegro a sus labores como piloto comercial de Avianca – fallo del Tribunal Superior de Bogotá- Sala de Decisión Penal – la compañía aérea tomó de no cumplir con el fallo.
La empresa, a través de la vicepresidente de Talento Humano Ana María Rubio, el vicepresidente de Operaciones Eduardo Mendoza de la Torre y el director de Operaciones de Vuelo delegado por la Directora de Relaciones Laborales el señor Richard Antoine Vernot Hernández, se negaron a permitir al capitán Pinzón controvertir dichas pruebas, así como la colaboración con la Fiscalía, para que dichas pruebas en original fueran remitidas al ente investigador con la finalidad de poder analizarlas y determinar su origen y si las mismas fueron obtenidas mediante las interceptaciones ilegales.
Durante la huelga, Pinzón quien se desempeñaba como director de Seguridad Aérea de la Asociación, había recibido múltiples denuncias de pilotos sobre las condiciones técnicas y de infraestructura de Avianca, lo cual desembocó en varías investigaciones detalladas, presentadas a la Aerocivil; para la Junta Directiva de Acdac es incomprensible como dichas investigaciones no han generado hallazgos fiscales o sanciones disciplinarias contra Avianca, a pesar de la contundencia de las mismas.
El 7 de noviembre de 2018, Acdac envió una comunicación a la oficina de relaciones laborales de Avianca, con el fin de notificar que el Capitán Pinzón – en calidad de misión sindical – participaría como colaborador y testigo clave en la investigación adelantada por la Fiscalía dentro del proceso de las “chuzadas Ilegales” de las cuales fue víctima; en respuesta, la compañía negó haber sido notificada por el ente acusador sobre tal requerimiento y rechazó el permiso sindical.
Sumado a lo anterior, el capitán fue citado a proceso disciplinario, y 13 días después – el miércoles 21 de noviembre de 2018 – la aerolínea notifica mediante carta al Capitán Pinzón de su despido, argumentando su participación en el cese de actividades de 2017 «.
Investigación a directivos de Avianca no avanza
Mientras el exfiscal Martínez aceptó su responsabilidad en las chuzadas y su proceso avanzó rápido, no ha ocurrido lo mismo con los directivos de Avianca involucrados en el caso y que fueron los autores intelectuales del delito.
Por estos hechos, la Fiscalía abrió investigación a dos altos funcionarios administrativos de la aerolínea. que habrían ordenado interceptar de manera ilegal a integrantes del sindicato.
El 22 de mayo del 2019, la Fiscalía citó al vicepresidente de seguridad, ética y cumplimiento de Avianca, Eduardo Mendoza, así como a la jefa de litigios de Avianca, Ana María Ceballos, para que rindieran una declaración juramentada en medio del proceso por las interceptaciones ilegales.
«La Fiscalía ha tomado la decisión de llamar a declarar a oficiales de la empresa porque el país tiene que conocer cuál es el grado de responsabilidad corporativo para que se hubiera afectado la integridad del sistema de interceptaciones de la Fiscalía General de la Nación», aseguró el entonces Fiscal General Néstor Humberto Martínez.
Sin embargo, a la fecha poco o nada se ha vuelto a conocer sobre tales indagaciones.
En cambio, mientras que el fiscal sobornado recibió esta semana su sentencia por parte de la justicia colombiana, el directivo Eduardo Mendoza de La Torre, fue premiado por la aerolínea con una millonaria bonificación en el 2020, justo en medio de la pandemia, que golpeó duramente en sus ingresos económicos, a todas las aerolíneas del mundo.
A este exfuncionario Avianca le pagó el pasado 5 de julio del 20202 un bono por US$82.000 que se suma a otro del 21 de abril por US$691. Lo que equivale a un poco más de $287 millones.
Mendoza, quien también es piloto y abogado y se desempeñó como vicepresidente de operaciones de la aerolínea, fue viceministro de Justicia del gobierno de César Gaviria, y declarado insubsistente en 1992 luego del tristemente célebre episodio de la cárcel La Catedral, en donde estaba recluido el narcotraficante Pablo Escobar y se fugó.
El caso de Avianca es una muestra más de la corrupción que campea en entidades como la Fiscalía, pero además, de la impunidad en que quedan los delitos en los que incurren altos funcionarios o ejecutivos de grandes empresas en Colombia.
