Un juez penal del circuito de Riohacha condenó a cuatro y cinco años de cárcel a cuatro exfuncionarios en el municipio de Albania (La Guajira) por usar dinero del sistema de salud para financiar una campaña política.
Los hechos de corrupción se dieron en el 2011, mediante la celebración de un contrato entre la Alcaldía de Albania, en La Guajira, y el Hospital San Rafael. En el acuerdo de $18.900 millones de pesos se pretendía desarrollar un programa de salud para evitar la mortalidad de niños y madres gestantes. Sin embargo no se realizó actividad alguna y si cobraron sus honorarios los cuales iban destinados a la campaña de la candidata Oneida Pinto.
La Fiscalía General de la Nación afirmó que los condenados recibían los dineros a través de cheques que eran cambiados por efectivo para poder guardarlos en bolsas de basura y entregados a la campaña de la entonces aspirante a la Gobernación Oneida Pinto.
La investigación también evidenció que los beneficiarios de los múltiples contratos debían cumplir tres requisitos. El primero era tener inscrita la cédula de ciudadanía para votar en el municipio de Albania, ser seguidores de la candidata a la gobernación del momento y aceptar un pago menor al establecido en las órdenes de prestación de servicios.
La medida se impuso por el delito de peculado por apropiación en favor de tercero.
La Fiscalía explicó que «el centro asistencial no tenía la capacidad técnica ni operativa para cumplir con las obligaciones contractuales». Por esa razón, hallaron que 10 profesionales de distintas áreas fueron subcontratados para dar la apariencia de desarrollar el proyecto de salud.
«Estas personas se dedicaron a vincular mediante contratos fachada a 1.459 ciudadanos para que realizaran las consultas, tratamientos y valoraciones, al igual que las visitas de campo a las comunidades afectadas por falta de alimento, agua y medicamentos», se lee en el comunicado entregado por la Fiscalía.
Los hechos fueron aceptados mediante preacuerdos con el ente investigador por cuatro profesionales sentenciados:
– Glenis Josefina Ojeda Rivadeneira, quien firmó seis contratos para el subprograma de lactancia por valor de $1.130 millones de pesos y dispuso de la contratación de 133 personas.
– Emel Antonio Rodríguez Amaya, señalado de contratar 672 personas para el subprograma de salud mental por un valor superior a $1.230 millones de pesos.
– Mayerlis Soto Carrillo, involucrada en la celebración de seis contratos con el Hospital de Albania por $1.269 millones de pesos. A su vez, subcontrató a 244 ciudadanos.
– Yira Patricia Montaño Manjarrez, quien contrató 244 personas y cobró $1.203 millones de pesos.
La Fiscalía señaló que los profesionales recibieron penas de cuatro años de prisión, a excepción de Glenis Josefina Ojeda Rivadeneira, quien fue condenada a cinco años y 10 meses en la cárcel.
Lo más aberrante del caso es que esta práctica corrupta se da en La Guajiora un departamento donde «las poblaciones indígenas padecen niveles desproporcionados de pobreza que les impiden ejercer sus derechos sociales y económicos. Según un informe de 2022 de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), en 2021, al menos 32 niños y niñas de menos de cinco años — en su mayoría de comunidades indígenas wayuus — murieron en el departamento de La Guajira, por desnutrición».
