La UNP, el ICBF, la SAE, la UNGRD, y otras instituciones más del gobierno nacional, sin duda eran, y algunas todavía lo son, verdaderos nidos de “ratas”, donde impera el latrocinio y todas la modalidades de corrupción. En ninguna de estas instituciones se implementan verdaderos programas anticorrupción y desde que nacieron habían estado manejadas por los partidos tradicionales que han estado en el poder.

El DPS, Departamento de Prosperidad Social, no escapa de este diagnóstico y los hechos han demostrado el estado de podredumbre en que se encontraba esta institución.

El desafío anticorrupción que le espera a Gustavo Bolívar

Los primeros en criticar y rechazar el nombramiento del ex senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, en la dirección del Departamento de la Prosperidad Social (DPS), fueron los congresistas y militantes del Centro Democrático.

Y era de esperarse pues desde el año pasado los funcionarios que ha designado el presidente Gustavo Petro en esa entidad, han develado con el paso de los meses, el raponeo inmisericorde de que ha sido víctima esta entidad, por cuenta de funcionarios de pasadas presidencias, como las de Iván Duque, (Centro Democrático), Juan Manuel Santos (La U) e incluso de Álvaro Uribe.

Bolívar, acostumbrado a no amilanarse ante insultos, críticas o amenazas ya ha solicitado a los organismos de control su intervención para establecer los responsables de la corrupción que ha carcomido al DPS desde su creación en el gobierno de Uribe Vélez.

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Tras su posesión, Gustavo Bolívar aseguró que está sorprendido de ver como la corrupción ha impedido que se avanzara en proyectos que se suponía su principal objetivo era beneficiar a los colombianos más necesitados.

De 115 obras de infraestructura que están bajo responsabilidad del DPS, hay 100 paralizadas y 69 de ellas fenecidas, es decir, sin viabilidad. O sea, hay una corrupción enorme o hubo una corrupción enorme al interior de este Departamento y lo que nos proponemos es depurarlo al máximo, erradicar la corrupción desde el día cero”, afirmó.

Nos sorprendió que casi el 85% de las obras están paralizadas por corrupción, básicamente, la mayoría de ellas porque no se han cumplido los plazos, porque el contratista se fue con la plata y —ahí si no vemos a la Procuraduría y la Fiscalía activas—. Ahí los vamos a necesitar muy activos”, puntualizó.

Estas declaraciones coinciden con las entregadas este fin de semana por la exdirectora de la entidad, Cielo Rusinque Urrego, quien dijo que desde que el Gobierno Petro asumió la dirección de la entidad, se han encontrado numerosos hechos de corrupción y que la entidad se convirtió en una “caja menor de la politiquería” durante el Gobierno de Duque.

Rusinque señaló que encontraron un “entramado de corrupción” dejado por la administración anterior, liderada por Pierre García y Susana Correa, en el anterior Gobierno (Duque).

Afirmó que había una “feria de corbatas”, con altos salarios que no estaban justificados por el servicio prestado, sino que obedecían a acuerdos clientelistas. “Encontramos que personas que no sabíamos qué hacían, tenían sueldos de más de $15 millones de pesos. Un dato curioso: muchos de ellos residían en Tolima, departamento en el que Pierre García hacía su política”, añadió.

Cielo Rusinque Urrego, carucature by AI, Pixar style

Para contrarrestar esa situación, dijo Rusinque, se establecieron criterios objetivos de selección de personal en función de las necesidades del servicio y su nivel de experticia. “En esa misma resolución quedó que la oficina de control interno fuera incluida como participante de los procesos de contratación”, puntualizó la ahora Superintendenta de Industria y Comercio (SIC).

Cuando llevábamos tan solo tres meses de administración, siguiendo la directriz de austeridad de la presidencia, el DPS pasó de pagar un arriendo muy costoso en el sector privado a uno en el sector público, que nos ahorró mil millones de pesos anuales”, agregó.

Las denuncias de supuesta corrupción hechas por Bolívar y Rusinque ponen nuevamente de relieve la urgencia de que los entes de control avancen en las investigaciones sobre los billonarios recursos que años anteriores se han perdido en el DPS.

La antesala

Solo toca recordar que el pasado mes de diciembre, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Pierre García Jacquier (Centro Democrático), señalado de participar en el entramado de corrupción en el que está involucrado otro senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, además de funcionarios, particular y contratistas en el redireccionamiento de contratos en Quindío y Tolima.

García Jacquier, además de su paso por el DPS fue representante a la Cámara y se le imputaron los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, en cargos que el imputado no aceptó y de hecho hoy está prófugo de la justicia con una orden de captura internacional por parte de la Interpol.

La investigación en contra del exfuncionario y excongresista está relacionada con la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta Quindíoen un caso en el que, según el ente acusador, Pierre García habría aprovechado su cargo y presencia en los comités de contratación del Departamento de Prosperidad Social en 2021 para orientar de manera irregular la celebración de contratos.

Pero la presunta triangulación de contratos vía convenios, como el de Proyecta Quindío, no fue el único camino del DPS para consentir a los congresistas aliados del gobierno de Iván Duque. 

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En 2021, como reveló una investigación de La Silla Vacía, la dirección de Infraestructura de la entidad viabilizó y financió más de 366 obras. Entregó los recursos directamente a los municipios a través de convenios interadministrativos. En por lo menos 112 de esas obras un congresista o un político local dijo haber ayudado a que saliera adelante. Y en 86 de esos 112, el intermediario fue un aliado político del gobierno Duque.

En ese listado coinciden nombres que han aparecido en el expediente de “Las Marionetas”: Carlos Motoa, Juan Felipe Lemos, Ciro Ramírez, Sammy Mereg y Miguel Barreto. Pero fueron muchos más, principalmente de los partidos Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical y La U.

Los congresistas más favorecidos en ese momento fueron los de la Comisión Tercera, que tramita proyectos de plata. El presidente Iván Duque los necesitó especialmente porque presentó tres reformas tributarias.

Aquí entra a jugar la también exdirectora del DPS, Susana Correa, recordada por su pésima gestión al frente de la reconstrucción de las islas de San Andrés y Providencia. Una línea de interlocución para lograr la aprobación de esos proyectos regionales fue la designación de los directores territoriales del DPS, los cuales se dieron bajo el mando de Correa, las regionales fueron entregadas a aliados de congresistas uribistas y de otros aliados del gobierno.  

Pero como afirman Bolívar y Rusinque, el manejo político del DPS no ha sido exclusivo del gobierno Duque, pues Juan Manuel Santos también lo usó para mantener el equilibrio en la repartición de mermelada.

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