En el marco de la estrategia de vigilancia y control denominada “Transparencia para la Emergencia”, construida por el bloque anticorrupción compuesto por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, se dieron hoy a conocer la serie de irregularidades que se encontraron en contratos y actividades que realizaron alcaldías, gobernaciones e incluso ministerios y entidades del orden nacional, haciendo uso de la urgencia manifiesta decretada por el Gobierno nacional con motivo de la pandemia del Covid-19.
Los entes de control han dispuesto revisar 31.938 contratos suscritos durante la emergencia sanitaria.
Lo encontrado por la Fiscalía
Por los lados de la Fiscalía General de la Nación, el líder de la entidad, Carlos Felipe Córdoba, aseguró que “Gracias a este trabajo conjunto, en 13 contratos, las entidades cuestionadas han reformulado unilateral o bilateralmente el valor de los mismos o han dado por terminados los contratos, evitando que se pierdan $17 mil millones de pesos”.
Este organismo abrió investigaciones preliminares contra el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Zea Navarro, los gobernadores de Vichada, Magdalena, San Andrés y Arauca, este último con dos casos. Estos procesos se seguiraìn ante la Corte Suprema de Justicia y en los proìximos diìas seraìn abiertas indagaciones contra otros tres gobernadores.
Adicionalmente, hay 38 casos en indagación preliminar, con apertura de noticia criminal, contra 41 funcionarios municipales en Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Cesar, Sucre, Boliìvar, La Guajira, NarinÞo, Antioquia, Quindiìo y Santander, al tiempo que se anunció que en las proìximas semanas se presentaraìn los resultados de imputaciones y medidas de aseguramiento.
Entre tanto, la Contraloría General de la República abrió sendas investigaciones fiscales por presuntos sobrecostos que ha detectado en contrataciones realizadas para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19.
La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción abrió 20 indagaciones preliminares, en casos que fueron declarados de impacto nacional. Y a su vez la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal abrió otras 7 indagaciones preliminares y evalúa 19 casos más, de los cuales 4 corresponden al departamento de Cesar.
También se abrirán 21 Actuaciones Especiales (con 24 casos) por parte de la Unidad de Reacción Inmediata de la CGR.
Un caso será remitido por la Contraloría a la Procuraduría y 4 a contralorías territoriales.
Los procesos
A través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, se abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 1.050 millones de pesos contra el gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo, su secretario de Gobierno Luis Merardo Tovar Altuna, la secretaria de Desarrollo Social y Equidad de Género, Carolina Muriel Zea y el coordinador de Gestión del Riesgo, Edward Enrique Portillo. Así como al contratista Multiservicios Mael SAS Zomac, representada legalmente por el señor Hebert Ernesto Espinoza Braga.
El organismo de control estableció un presunto sobrecosto del 31% en los kits adquiridos a través de este contrato.
Evidenció la Contraloría falta de planeación en esta contratación por 4.463 millones de peso: no están soportadas las cotizaciones realizadas y no existió análisis de los costos y gastos incurridos por el contratista (tampoco están soportados).
Relación de investigaciones especiales contra la corrupción
Ministerio de Defensa Nacional
Presuntos sobrecostos de aproximadamente $1.269 millones de pesos en el contrato 0047-ARC-CBN6-2020 del 8 de abril de 2020 suscrito entre la Armada Nacional Base Naval # 6 ARC Bogotá con Medivalle SF SAS, para la adquisición a todo costo de elementos de protección personal para el personal de servidores públicos de la Armada Nacional, con el fin de atender la emergencia sanitaria del Covid-19.
Secretaría de Salud Bogotá D.C.
Presuntos sobrecostos de aproximadamente 300 millones de pesos en el contrato 4531 de 2020 del 30 de marzo de 2020 suscrito entre la Subred Integrada de servicios de Salud Sur Occidente ESE de Bogotá D.C. y Medicox LTDA, para el suministro de insumos y dispositivos medico quirúrgicos (tapabocas N95), para dar respuesta a la urgencia intensificada por el nuevo virus respiratorio Covid-19 para las diferentes unidades de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente – ESE Bogotá.
Municipio de Medellín – Secretaría de Educación
Presuntos sobrecostos aproximados de $583 millones de pesos teniendo en cuenta los precios de referencia del DANE, en el contrato 4600085448 de 2020 del 20 marzo de 2020 suscrito por el municipio de Medellín con la Corporación Colombia Avanza, para el suministro de alimentación para la población estudiantil vinculada a la Secretaría de Educación durante el período de calamidad pública para garantizar su seguridad alimentaria.
Sincelejo (Sucre)
Mediante los Autos No. 223 de 2020 y 224 de 2020, la Contraloría General de la República abrió sendas indagaciones preliminares por posibles sobrecostos y/o daños derivados de la ejecución en los contratos 003 de 2020 y 004 de 2020 celebrados entre la Alcaldía de Sincelejo y las empresas Surtiviveres Comercializadora y Distribuidora SAS y Abastos y Fruver El Paraíso SAS respectivamente.
Cada uno de estos contratos tiene el mismo valor (1.999 millones de pesos -el cual fue ajustado mediante otrosíes a la suma de $1.769.489.095 pesos, como consecuencia de la modificación de la prestación de transporte puerta a puerta por transporte a un punto de acopio).
Y los dos contratos tienen idéntico objetivo: suministrar 13.333 kits con alimentos no perecederos para población vulnerable del municipio.
Al revisar la Contraloría el valor unitario de cada uno de los kits contratados, y compararlo con el valor resultante de los precios certificados por el DANE, se encontró una diferencia de 19.978 pesos, lo que supone una variación porcentual del 18% y se traduce en un sobrecosto total equivalente a la suma de $266.360.274 pesos.
Gobernación del Valle del Cauca
Presuntos sobrecostos de aproximadamente 2.618 millones de pesos en el contrato 1.220.02.59.2-3315 del 30 marzo de 2020 suscrito entre la Gobernación del Valle del Cauca y Medical Pharmacy LTDA, para el suministro de insumos importados de uso médico para atender la emergencia sanitaria generada por el Covid-19 en el departamento del Valle del Cauca.
Presuntos sobrecostos de aproximadamente $2.024.875.880 pesos en el contrato 1.410-59-9.2-3320 del 31 marzo de 2020 suscrito entre la Gobernación del Valle del Cauca y Químocos GM S.A.S, para suministrar elementos de protección individual en bioseguridad, tapabocas, gel antibacterial, guantes y más.
Presuntos sobrecostos de aproximadamente 975 millones de pesos en el contrato 1.410-59-9.2-3314 del 30 de marzo de 2020 suscrito entre la Gobernación del Valle del Cauca y Medical Pharmacy LTDA para el suministro de tapabocas para los miembros de las autoridades administrativas, fuerza pública y entidades judiciales que garantizan la seguridad, el orden público y el cumplimiento de las medidas adoptadas por las autoridades nacionales, departamentales y municipales con ocasión de la emergencia del Covid-19.
Mediante auto No. 215 de 2020, abrió indagación preliminar por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución del contrato interadministrativo suscrito entre la Secretaria de Desarrollo Social y Participación de la Gobernación del Valle del Cauca, por valor de $2.330 millones de pesos.
Dichas irregularidades están relacionadas con los presuntos sobrecostos del 31.53% en la compra de 10.176 kits de víveres para adultos mayores de los centros de protección, centro de vida y centro día.
El costo total de los kits estimados por la Contraloría es de $1.771 millones de pesos, incluyendo gastos de operación, lo que indica que habría un sobrecosto superior a los 558 millones de pesos.
Gobernación del Tolima
Mediante Auto No. 0221 de 2020, se abrió indagación preliminar por la contratación por parte de la Gobernación del Tolima (Secretaría de Salud), por valor de $1.020 millones de peso, de la estrategia de comunicación denominada “Plan de Comunicación-Emergencia Covid-19-2020”, con la empresa León Gráficas SAS, dentro del marco del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno nacional.
Con la apertura de esta indagación preliminar, se ordenó igualmente la práctica de varias pruebas documentales. Es así como la Gobernación del Tolima deberá indicar a la CGR la razón jurídica y técnica por la cual se solicitó oferta económica a la firma León Gráficas SAS para presentar propuesta económica y técnica y, además, explicar por qué no se solicitó oferta económica a otras empresas.
Gobernación de Casanare
Mediante Auto No. 225 de 2020, se abrió indagación preliminar por posibles sobrecostos en un contrato de suministro suscrito entre el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación del Departamento de Casanare y la Fundación Emprendedores Sociales, por valor de $8.181.346.427 pesos, con el objeto de realizar el suministro de 33.702 raciones para preparar paquetes alimenticios no perecederos, para beneficiar a la población adulta mayor.
La irregularidad que da lugar a esta indagación preliminar hace referencia a presuntos sobrecostos del 29.8% por kit.
Así mismo, mediante Auto No. 226 de 2020, la Contraloría abrió indagación preliminar por posibles sobrecostos de más de 118 millones de pesos en un contrato suscrito entre la Gobernación de Casanare y la Fundación Nacional para el Desarrollo de la Prosperidad –Fundexpo, por un valor de 1.090 millones de pesos, cuyo objeto es realizar el suministro de raciones para preparar en casa con el fin de beneficiar a los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales del departamento.
De acuerdo con la verificación de costo de mercado Colombia Compra Eficiente, el valor total de los 15.203 kits de suministros de raciones para preparar en casa era de $91.699.745 pesos, con lo cual se genera un presunto sobrecosto de $118.537.791 pesos.
La irregularidad que da lugar a esta indagación preliminar hace referencia a presuntos sobrecostos del 10.8% por kit.
Municipio de Malambo (Atlántico)
Mediante Auto No. 220 de 2020, se abrió indagación preliminar por presuntos sobrecostos en la ejecución de un contrato suscrito por el Municipio de Malambo, por 4 mil millones de pesos, con la Fundación Lirio de los Valles, cuyo objeto es el suministro de mercados básicos para la población vulnerable (80 mil paquetes alimentarios).
Se contrataron kits para 80 mil familias de población vulnerable, cuando en este municipio se han identificado –según el Índice de Pobreza Multidimensional- 41.869 familias en tal condición, lo que señala una diferencia de 38.131 beneficiarios.
La CGR no encontró publicados los respectivos estudios previos y para la escogencia del contratista no se ponderó más que su experiencia, y no su capacidad financiera (mediante sus estados financieros), a fin de evitar el riesgo de incumplimiento del contrato.
Municipio de Guaduas (Cundinamarca)
Mediante Auto 215 de 2020, la Contraloría abrió investigación por un posible caso de sobrecosto de 60,31% en la ejecución del contrato de suministro CS-0007 del 27 de marzo de 2020, por valor de 310 millones de pesos, que suscribió el Municipio de Guaduas con la Fundación PM. Se trataba del suministro de mercados y kit de aseo para población vulnerable.
El sobrecosto detectado equivale a 40.966 pesos, dado que cada kit de mercado y aseo fue adquirido por $108.894 pesos y los precios de referencia consultados por la CGR indican que debía valer $67.928 pesos.
Y mediante Auto 216 de 2020, se abrió indagación preliminar por un posible caso de sobrecostos en otro contrato que suscribió el municipio de Guaduas, también con la Fundación PM2, por valor de 250 millones de pesos, y cuyo objeto es el suministro de víveres y mercado para el Hogar de Bienestar (institución geriátrica).
La Contraloría encontró un presunto sobrecosto en los productos incluidos, tanto en el contrato inicial como en el otrosí (del 374% y del 67% respectivamente).
Tocancipá (Cundinamarca)
Mediante Auto No. 222 de 2020, la Contraloría General de la República abrió indagación preliminar por posibles sobrecostos en un contrato por 806 millones de pesos que suscribió la Alcaldía de Tocancipá con la Comercializadora Agrosocial SAS, para el suministro de paquetes alimentarios y elementos de aseo personal para la población vulnerable, donde cada paquete tiene un costo de $161.225 pesos y, de acuerdo con los valores de referencia del DANE, la CGR estableció que el costo real debería ser de aproximadamente 81.104 pesos.
Municipio de Girón (Santander)
Mediante Auto No. 219 de 2020, se ordenó la apertura de indagación preliminar por presuntos sobrecostos del 32% en la adquisición de 20.000 kits de mercado para población vulnerable, en un contrato por 1.400 millones de pesos suscrito entre el municipio de Girón, donde el valor de cada kit contratado es de $70.000 pesos, cuando la Contraloría calculó -con cifras del DANE- un precio de referencia de 53.191, para un total de $1.063.820.000 pesos, con lo cual se evidencia un sobrecosto de más de 336 millones de pesos.
En cuanto a la ejecución contractual, se pudo constatar ausencia de soportes que permitan evidenciar la cabal y efectiva entrega de los kits alimentarios a cada uno de los beneficiarios.
Municipio de Barrancabermeja (Santander)
Mediante Auto No. 228 de 2020, se abrió indagación preliminar por presuntos sobrecostos en el contrato No. 0419-20 del 27 de marzo de 2020, suscrito entre el Distrito de Barrancabermeja y la sociedad Disandi SAS, por valor de $815.905.200, cuyo objeto era el suministro de 5.000 kits alimentarios para la población vulnerable.
La Contraloría determino un presunto sobrecosto por kit alimentario del 41% y señaló, además, la ausencia de estudios de mercado y/o sector, así como falta de información sobre beneficiarios y valores unitarios dentro de los estudios previos y ofertas económicas.
Municipio de Puerto Gaitán (Meta)
Presunto sobrecosto de aproximadamente 260 millones de pesos en el contrato 20-12-10643357-9758464 del 20 marzo de 2020, suscrito entre el municipio de Puerto Gaitán y Soga de Colombia SAS para la adquisición de mercados básicos para personas en condición de vulnerabilidad en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus.
Municipio de Coveñas (Sucre)
Mediante Auto No. 227 de 2020, la Contraloría General de la República abrió indagación preliminar por posibles sobrecostos en un contrato suscrito entre el municipio de Coveñas y la Fundación Servicios y Consultoría Caribe –Funcarservicios, por valor total de 1.206 millones de pesos, “para la ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria de emergencia en el marco de la situación de calamidad pública declarada mediante el Decreto 045 del 20 de marzo de 2020”.
La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata –DIARI de la CGR estimó un presunto daño patrimonial en cuantía de $193.238.100 pesos, al establecerse que el kit de alimentos se adquirió por un valor superior en un 21% frente a los costos del mercado (reportados por el DANE).
Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal
Bogotá D.C. –Alcaldía Localidad de Santa Fe
Posibles sobrecostos en contrato interinstitucional FDLSF-CIPS-090-2000, para brindar a la población en condición de pobreza y vulnerabilidad residente en la localidad de Santa Fe, la atención humanitaria de emergencia mediante la provisión de bienes y servicios que permitan sus condiciones de vida dignas y su integridad personal ante el aislamiento preventivo obligatorio en el marco de las medidas de contención y mitigación por Covid-19.
En los kits alimenticios y de aseo no presentan precios, solo las cantidades, por los lo cual es difícil de calcular los sobreprecios.
Municipio de Chiriguaná (Cesar)
Posible sobrecosto el contrato de suministro 002 de 2020 del 25 de marzo de 2020 suscrito entre la Alcaldía de Chiriguaná y Saúl Téllez Pabón, para el suministro de ayudas humanitarias (paquetes nutricionales) a familias vulnerables para contrarrestar los riesgos de contagio del coronavirus (COVID-19) en el municipio.
Se presenta un presunto sobrecosto de $40.519.200 pesos (17.5% aproximadamente).
Municipio de Cota (Cundinamarca)
Presunto sobrecosto en el Contrato CPS-668-2020 del 24 de marzo de 2020 suscrito entre la Alcaldía de Cota y Alianza Eventos y Comunicaciones Ltda, para la Adquisición de kits e insumos de desinfección de manos y prevención de contagio, para la entrega a la población en riesgo del Municipio de Cota.
Municipio de Puerto Escondido (Córdoba)
Presuntas irregularidades en los contratos CPSAPE-065-2020 del 21-03-2020 ($101.500.000 pesos) y CPSAPE-066-2020 del 24-03-2020 ($100.000.000 de pesos), suscritos entre la Alcaldía de Puerto Escondido y la Fundación para el Desarrollo y la Convivencia – Fundecovi, para prestación de servicios de apoyo logístico para la ejecución del plan de acción, medidas de precaución, prevención y control de la infección por coronavirus (Covid-19) y la prestación de servicios de apoyo logístico para el suministro de mercados, como ayuda humanitaria para apoyar la emergencia social en el municipio de Puerto Escondido, en atención a la pandemia Covid-19.
Gobernación del Guaviare
Presunto sobrecosto en el contrato 543-2020 del 26 marzo de 2020 suscrito entre la Gobernación del Guaviare y Sapbiso SAS Zomac, para el suministro de kits alimentarios destinados a atender la calamidad pública en el departamento del Guaviare.
Municipio de Soacha (Cundinamarca)
Presunto sobrecosto en el contrato 494-2020 del 27 de marzo de 2020 suscrito entre la Alcaldía de Soacha – Secretaría General y la Corporación Vientos del Porvenir, para la Adquisición de kit de ayuda alimentaria y distribución de alimentos para población en estado de vulnerabilidad (Adulto Mayor), previa identificación, durante urgencia manifiesta declarada en el Municipio de Soacha mediante el Decreto 136 de 2020.
Municipio de Mapiripán (Meta)
Presunto sobrecosto en el contrato 061 de 2020 del 23 de marzo de 2020 suscrito entre la Alcaldía de Mapiripán e Inversión Comercial y Servicios S.A.S, para la adquisición de bienes, servicios y demás ayudas humanitarias con destino a superar la emergencia sanitaria y calamidad pública por causa del Covid-19 en el municipio.
Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo
Gobernación Valle del Cauca
Presunto sobrecosto en el contrato CO1.PCCNTR.1490966 del 6/04/2020 suscrito con el Centro de Acción Popular, para suministro de kits de alimentos para atender la declaratoria de calamidad pública en el departamento del Valle del Cauca, de acuerdo con el Decreto No. 1-3-0675 del 16 de marzo de 2020 y el plan específico para la recuperación, elaborado y aprobado por el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.
En el valor total contratado se encuentra un presunto sobrecosto por valor de 590.358.333 pesos (15.3%) atendiendo al valor de los productos a entregar, que, de acuerdo con los valores del mercado, suman 77.167 pesos, incluidos los costos indirectos y no 88.974 pesos.
Gobernación de Casanare
Presunto sobrecosto (del 29%) en el contrato 20-12-10640477-9755938 del 25/03/2020, suscrito con Las Electromedicinas, para adquisición de camas hospitalarias y camillas de transporte y recuperación para el fortalecimiento de la capacidad de atención en la red de prestación de servicios de salud.
De conformidad con el análisis establecido entre los precios de mercado y los valores del contrato, se establece un presunto sobrecosto del 29%.
Gobernación de Nariño
Presunto sobrecosto en el contrato GN1307-2020 del 31/03/2020 suscrito con Segundo Yovanny Izquierdo Estrella, para compra de insumos, equipos y elementos hospitalarios para atender la emergencia producida por el Covid-19.
El contrato registra 15 referencias de productos y equipos, de las cuales en 10 se evidenció un presunto sobrecosto de los precios en relación con la referencia del mercado.
Las 10 referencias analizadas y adquiridas por el ente territorial en 1.046.140.947 pesos, tienen un presunto sobrecosto del 45%, dado que su valor en el mercado, según cotizaciones, es de 722.849.486 pesos, (es decir, 323.291.461 pesos menos).
Gobernación de Vichada
Presunto sobrecosto en el contrato 366 de 2020 del 03/04/2020 suscrito con Jorge Eliécer Foreron Gaitán, para adquisición de mercados básicos para la población vulnerable de los municipios de Puerto Carreño, Cumaribo, La Primavera y Santa Rosalía en las zonas urbanas y rurales en el marco de la pandemia Covid-19 en el Departamento del Vichada.
Validado el costo de los productos teniendo como referente Colombia Compra Eficiente, grandes superficies y DANE, se observa un presunto sobrecosto del 14.45%, el cual asciende a 216.728.149 pesos.
Gobernación del Cesar
Posible sobrecosto en el contrato CD-SGR-0571-2020 del 26/03/2020 suscrito con Fundación Visión Caribe para adquisición de 2900 kits mercados para la atención de la población vulnerable en el marco de la urgencia manifiesta, declarada mediante decreto departamental no. 000088 de marzo 20 del 2020 para atender el estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica.
Si se toma el valor total de los 2.900 kit del contrato; se presenta la siguiente diferencia entre el Valor del contrato (367.140.000 pesos) frente a precios referencia de Colombia Compra Eficiente (268.090.790 pesos), con un presunto sobrecosto de $99.049.790, correspondiente a 37%.
La canasta de bienes del kit es de 13 productos, de los cuales 7 registran presuntos sobrecostos superiores al 40% con referencia a los precios de Colombia Compra Eficiente, y uno supera el 100%.
Posible sobrecosto en el contrato 2020-09-0013 del 26/03/2020 suscrito con Servicios Integrales del Caribe Colombiano, para la adquisición de 2600 kits de mercados para la atención de la población vulnerable en el marco de la urgencia manifiesta, declarada mediante decreto departamental no. 000088 de marzo 20 del 2020 para atender el estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica.
De acuerdo con reporte RUES del contratista, su actividad económica NO está relacionada con la compraventa de elementos de abastecimiento alimenticio para lo cual fue contratado, su objeto social se encuentra asociado con:
▪ Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica
▪ Actividades de consultoría de gestión
▪ Actividades de apoyo a la agricultura
▪ Y actividades de apoyo a la ganadería
De otra parte, el Registro Único de Proponentes (RUP) se encuentra sin renovar y cancelado desde el 08/04/2017.
Presunto sobrecosto en el contrato No. 2020-09-08 del 26/03/2020 suscrito con Fudsocial para adquisición de 3200 kits de mercados para la atención de población vulnerable.
El ejercicio comparativo frente a precios del mercado, tomando como referente información de Colombia Compra Eficiente, determinó un presunto sobrecosto del 28%, es decir la suma de 111.852.160 pesos, tomando los 9 productos que conformaron el kit a entregar.
Presunto sobrecosto en el contrato 2020-09-0012 del 26/MARZO/2020 suscrito con Granero La Delicia de la Paz, para adquisición de 2400 kits de mercados para la atención de la población vulnerable en el marco de la urgencia manifiesta, declarada mediante decreto departamental no. 000088 de marzo 20 del 2020 para atender el estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica.
Con respecto a los precios de referencia DANE, el presunto sobrecosto asciende en valores absolutos a 40.188.000 pesos (un 15%).
En relación con los precios de referencia Colombia Compra Eficiente, el sobrecosto en valores absoluto asciende a 54.640.800 pesos (21%).
Municipio de Montería (Córdoba)
Presuntos sobrecosto en el contrato 354 de 2020 del 31/03/2020 suscrito con Oscar Darío Giraldo Franco, para adquisición de mercados para atender la emergencia sanitaria Covid-19.
Municipio de Cali (Valle)
Presunto sobrecosto en el contrato CO1.PCCNTR.1490966 del 6/04/2020 suscrito con el Centro de Acción Popular, para suministro de kits de alimentos para atender la declaratoria de calamidad pública en el departamento del Valle del Cauca, de acuerdo con el Decreto No. 1-3-0675 del 16 de marzo de 2020 y el plan específico para la recuperación, elaborado y aprobado por el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.
Municipio de Puerto Carreño (Vichada)
Presunto sobrecosto del 15% en Contrato 121 DE 2020 del 27/03/2020 suscrito con Multiservicios JYN SAS, para compraventa de kits alimenticios (mercados) de asistencia nutricional para la población vulnerable del casco urbano y zona rural del municipio de Puerto Carreño – Vichada afectados por la emergencia sanitaria
Municipio de Granada (Meta)
Presunto sobrecosto en el contrato 210.29.07 03 del 30/03/2020 suscrito con CORP. VIDA DE COLOMBIA para adquisición y suministro de víveres secos no perecederos con destino a la población vulnerable, para ser entregados durante la cuarentena decretada por el Gobierno nacional para superar la emergencia del Covid-19 en el municipio.
Municipio de Susacón (Boyacá)
Presunto sobrecosto en el contrato MSB-CD-24-2020 del 24/03/2020 suscrito con Comercializadora Tecnology Live, para suministro de mercados para la población vulnerable en el marco de la declaratoria de calamidad pública y de emergencia por Covid-19 en el municipio de Susacón departamento de Boyacá.
Municipio de Abejorral (Antioquia)
Presunto sobrecosto en el contrato 20-12-10638986-9754880 del 31/03/2020 suscrito con Mónica Baena Botero, para suministro de víveres para personas en situación de vulnerabilidad, elementos de aseo y bioseguridad para contener y prevenir los efectos generados por la pandemia mundial coronavirus Covid-19 en el Municipio de Abejorral.
Municipio de Tumaco (Nariño)
Presunto sobrecosto en el contrato 014-2020 del 25/03/2020 suscrito con Asociación Mujer y Género, para adquisición de paquetes alimenticios para población vulnerable, adulto mayor, y agua para para habitantes de la zona urbana del distrito de Tumaco, como medida de atención ante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional en el marco de la emergencia generada por el brote de enfermedad por coronavirus (Covid-19).
Presunto sobrecosto en el contrato 015-2020 del 25/03/2020 suscrito con Fundación Compartir, para adquisición de paquetes alimenticios para población vulnerable, adulto mayor, y agua para para habitantes de la zona rural del distrito de Tumaco, como medida de atención ante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional en el marco de la emergencia generada por el brote de enfermedad por coronavirus.
Municipio de Curumaní (Cesar)
Posible sobrecosto en el contrato No. 93-2020 del 30/Marzo/2020 suscrito con Sindry Milena Peña López para el suministro de 2000 kits de mercados con destino a las comunidades vulnerables y de pobreza extrema que afrontan la actual situación de emergencia sanitaria ocasionada por la medida preventiva de aislamiento usada como estrategia de contención ante la situación epidemiológica causada por el COVID-19 en el municipio de Curumaní, departamento del Cesar.
Municipio de Ramiriquí (Boyacá)
Posible sobrecosto en el contrato C-MR-CD-035- 2020 del 08/Abril/2020 suscrito con Diana Alejandra Gómez González, para adquisición de bienes y servicios a fin de proveer a la entidad de artículos y elementos básicos (víveres y provisiones) con el fin de brindar un kit alimentario a 2000 familias en extrema pobreza y vulnerabilidad del municipio de Ramiriquí – Boyacá.
ESE Imsalud (Norte de Santander)
Presuntos sobrecostos en el contrato 20-4-10679774-9795097 del 30 de marzo de 2020 suscrito con Ana Dolores Pacheco Corredor para compra de material médico quirúrgico (ALMACEN) para la red prestadora de servicios de salud de la ESE IMSALUD.
La Contraloría identificó 7 ítems en los cuales existen presuntos sobrecostos. En los ítems 8 y 9 se contratan manómetros para balas de oxígeno grande y portátil respectivamente, por un valor unitario igual en ambos casos del orden de $459.000. Según la verificación de la CGR, los sobrecostos en estos dos ítems pueden alcanzar más de $40.000.000.
PROCURADURÍA
Por último la Procuraduría General de la Nación, desde el 23 de marzo, tras la declaratoria de emergencia sanitaria, ha priorizado 1.286 casos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a las ayudas humanitarias, para atender la emergencia derivada del covid-19, o para alzar la voz y llamar la atención sobre temas de salud, como la deuda con la red pública hospitalaria, que supera los 5,4 billones de pesos, o la necesidad de proveer equipos de bioseguridad que protejan a los hombres y mujeres que hacen frente en la primera línea a esta pandemia.
De esos 1.286 casos priorizados, la Procuraduría inició 990 procesos preventivos, que incluyeron, entre otras acciones, vigilancia a la contratación.
Simultáneamente, abrió 296 registros, de los cuales en 123 se inició proceso disciplinario y en cada uno de ellos ya se ha tomado alguna decisión. Otros 132 se encuentran en etapa preliminar y 41 fueron archivados.
Se iniciaron 24 expedientes por contratación en 14 gobernaciones y 70 procesos en 55 alcaldías. También se revisan contratos que vinculan 24 entidades del orden nacional y territorial.
Por presuntas irregularidades en la contratación se adelantan 40 procesos, por sobrecostos en la adquisición de mercados 28 y por sobrecostos en adquisición de elementos de protección 6, por trasgresión del aislamiento obligatorio 9, por vulneración de derechos de la población carcelaria con ocasión de la pandemia 3, por extralimitación de funciones de servidores públicos 2, y por otros hechos 34.
Juzgamiento disciplinario
Por primera vez en la historia, la PGN citó a audiencia de juzgamiento disciplinario, mediante el procedimiento verbal en estado de excepción, a un funcionario. Se trata de la alcaldesa de El Socorro, Santander, Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, por presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos por más de 325 millones de pesos. De acuerdo con lo establecido en la Ley 137 de 1994, este es un procedimiento rápido o expres que podría tomar días.
Se investiga un aparente sobrecosto en un primer contrato por 200 millones de pesos para la entrega de mercados a 2.000 familias del municipio, y aparentes irregularidades en un segundo contrato, celebrado con la esposa del primer contratista, por más de 125 millones de pesos para el apoyo a la atención del adulto mayor vulnerable en la modalidad centro vida, a través de la Corporación Rayos de Esperanza, creada 30 días antes de la celebración del contrato.
También fue citado a audiencia de juzgamiento disciplinario el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por 570 millones de pesos.
Fue suscrito el 14 de abril de 2020, sin que, al parecer, se hubiera tenido en cuenta la emergencia sanitaria por el covid-19. Al gobernador se le reprocha la presunta violación al principio de planeación y de transparencia, que comporta el deber de selección objetiva y de responsabilidad de la contratación estatal.
En otro proceso, también contra el gobernador de Arauca, se abrió investigación y se vinculó a los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Medardo Tovar Altuna; de Desarrollo Social, Carolina Muriel Zea; al gerente de Contratación, Heivind Palomino Gutiérrez, y al profesional universitario coordinador de gestión del riesgo del departamento, Edwar Enrique Portillo, por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias del departamento por 4.463.379.180 pesos.
También se llamó a juicio disciplinario al alcalde de Guaduas, Cundinamarca, Germán Herrera, por presuntos sobrecostos en dos contratos, por 560 millones de pesos, para el suministro de mercados y elementos de aseo, presunta falta de idoneidad del contratista y productos incompletos o sin el gramaje completo.
APERTURA DE INVESTIGACIÓN
Se abrió investigación al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, se ordenó su suspensión por 3 meses y se solicitó la suspensión del contrato 0198 de 2020, por más de 2.000 millones de pesos, al advertir que “resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por el Covid-19, los recursos del Estado no estén dirigidos a garantizar los derechos fundamentales a la salud, a la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas, y del personal médico y de enfermería que tendría que atender a los pacientes”.
El órgano de control investiga supuestas faltas disciplinarias relacionadas con la celebración del contrato con la Fundación Chocó Saludable, donde el contratista debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos, en sesiones de dos horas, sobre temas como: limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado y salud mental, lactancia materna, sexualidad, gestante, higiene respiratoria en el trabajo, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis, todas enfocadas en el coronavirus.
La Procuraduría advirtió un supuesto desconocimiento de los principios de la contratación estatal, teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades a desarrollar en el objeto del contrato no son imperiosas ni podrían ser consideradas como un aporte significativo a la mitigación de la pandemia por el covid-19, máxime si se tiene en cuenta que existen necesidades urgentes y prioritarias como el pago de salarios, y la dotación de elementos de bioseguridad para el personal médico y de enfermería que tendría que atender a las personas que resulten infectadas con el coronavirus.
Se abrió investigación disciplinaria al alcalde de La Palma, Cundinamarca, John Jairo Pulido Pulgarín, por presuntas anomalías contractuales relacionadas con posibles sobrecostos e irregularidades en la selección de contratistas para la firma de un convenio por 65 millones de pesos, para la entrega de productos básicos a las familias más vulnerables del municipio.
En este proceso el material probatorio, en su gran mayoría, fue recopilado con ayuda de los ciudadanos, y en menos de 15 días la indagación dio curso a una investigación disciplinaria.
Para el caso del alcalde de Calarcá, en el Quindío, Luis Alberto Balsero Contreras, y el Secretario Administrativo del municipio, José Garzón, se ordenó la apertura de investigación y la suspensión del cargo por 3 meses por presuntas irregularidades con contrato de suministro No. 007 de 2020 por 396.951.000 pesos.
Se investigan la queja presentada por el representante legal de la empresa “Inversiones Echeverry S.A.S.”, propietario del establecimiento de comercio “Supermercado El Progreso”, quien desconoce su firma en la suscripción del contrato que fue publicado en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP I.
A la investigación también fueron vinculados el subsecretario Administrativo de Calarcá, Gesner Arneth Rengifo Arias; la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Laura Estefanía Arenas Arias, y la secretaria de Servicios Sociales y Salud, Natalia Vannesa Castillo Martínez.
EVALUACIÓN DE PRUEBAS
En el caso de la alcaldía de Armenia se abrió indagación por un contrato por $300 millones, con la empresa ´Guitarra & Coffee´, para el suministro de servicios logísticos, operativos, asistenciales y de restaurante para el personal administrativo, fuerza pública, organismos de control o voluntariado, que apoyan la gestión del municipio para atender la emergencia generada por el covid-19. El contrato fue suspendido por petición de la PGN.
Para la Procuraduría este contrato podría constituir un quebrantamiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal.
En los casos de las alcaldías de Malambo y Soledad, en el Atlántico, y las gobernaciones de Cesar y Tolima, así como en otros 11 procesos más, avanza la indagación preliminar para evaluación sobre posible juicio disciplinario o la apertura de investigaciones disciplinarias.
En este momento un equipo de investigadores del programa ´Transparencia por la emergencia´, de la CGR, la FGN y la PGN, se encuentra en la sede de la Gobernación de Tolima recopilando pruebas determinantes para decidir en los próximos días si se convoca a audiencia de juzgamiento disciplinario.
Al gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, se le vinculó formalmente a una indagación preliminar por presuntas irregularidades en la vigilancia de la delegación que hizo en la Secretaria General del departamento, Lorena Paola Hernández Dangón, para suscribir 37 contratos, por más de 14.065 millones de pesos, para la adquisición de 88.700 kits de mercados, abarrotes y tarjetas o bonos para redimir en establecimientos de comercio.
Este proceso tiene origen en el expediente que se abrió por presuntas irregularidades y malos manejos en la contratación y uso de recursos destinados por la gobernación del Cesar para atender necesidades de la población. En este caso se están revisando 37 contratos y dos adiciones.
Así mismo, se indaga a los diputados Raúl Romero Rodríguez y Petra Romero, por presunta participación en política en la entrega de ayudas alimenticias en el departamento, posible extralimitación de funciones y quebrantamiento de las medidas de la cuarentena.
Por el caso de los subsidios Ingreso Solidario se adelanta un proceso preventivo y otro disciplinario, en el que se evalúa si se presentaron irregularidades en la planeación y ejecución que hubieran podido causar un detrimento en el monto de las ayudas.
Frente a las denuncias sobre presuntas irregularidades y sobrecostos en la entrega de un millón de mercados por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la Procuraduría abrió indagación preliminar en contra de su director, Eduardo José González, y funcionarios por establecer de la UNGR.
