Publicidad

Por: Norman Alarcón Rodas

La Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Legislativo 580 de 15 de abril de 2020 por vicios de forma, ya que a dicha norma de Emergencia Económica le faltaban las firmas de dos ministros.

El Decreto 580 aumentaba los subsidios de agua, alcantarillado y aseo “máximo del 80% del costo de suministro para estrato uno; 50% para estrato dos y 40% para estrato tres”, los cuales tendrían que ser pagados por los municipios y distritos, pero no por el Gobierno nacional (Artículo 1).

También estipulaba que dichas entidades territoriales “hasta el 31 de diciembre de 2020 podrán asumir total o parcialmente el costo de los servicios de agua, alcantarillado y aseo, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos con que cuenten para el efecto”.

La única salida que le ve el Gobierno a este galimatías es ampliar el plazo de pago a los usuarios en forma diferido a 24 y 36 meses según el estrato, porque el fallo es de carácter retroactivo.

En cuanto a los servicios de energía y gas, según las Resoluciones 058 y 109 de la Creg, se les aplica a los usuarios la llamada opción tarifaria. ¿Qué quiere decir? Que las tarifas se pagarán a partir de agosto de manera diferida por 36 meses para los estratos 1 y 2, y por 24 meses para los estratos 3 y 4.

Publicidad

En el servicio de energía, el porcentaje de variación mensual será cero en el componente de consumo básico de subsistencia, que es de 173 kilovatios en la Costa por estar debajo de los mil metros sobre el nivel del mar, pero la empresa comercializadora cobrará una tasa de interés comercial, por lo cual no hay congelación real.  

En el servicios de gas los estratos uno y dos tendrán en el primer año de opción tarifaria un aumento según la inflación, y después de los doce meses, el aumento será el de la inflación más el seis por ciento.

En conclusión, el Gobierno del presidente Duque no ha contemplado ningún respaldo económico adicional a los subsidios de ley para los trece millones de usuarios de los servicios públicos domiciliarios del país, y tampoco contempla subsanar su error del Decreto 580 que tumbó la Corte Constitucional por error evidente y supino.

Es evidente la actitud cicatera y avara de Duque para con los sectores populares y la clase media durante la pandemia, al punto que es uno de los gobiernos que menos recursos le han irrigado a la sociedad, no más del tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la mayoría de países ha estado por encima del 10% del PIB, como lo demostró un estudio del Centro de Investigaciones de la Universidad Javeriana de Bogotá (*).

Amplios sectores del país han venido exigiendo al Gobierno de Duque aprobar una Renta Básica de un salario mínimo mensual que cubra a 30 millones de habitantes durante cuatro meses. El subsidio tendría un costo de $11 billones de pesos, una suma relativamente menor si se compara con los $196 billones de pesos de beneficios tributarios otorgados en los últimos veinte años a los superricos del país (0,01% de la población), según estudios del analista económico Aurelio Suárez.

Ante esta total inequidad y ante el hecho aquí comprobado de que el Gobierno no ha puesto un solo peso para solventar la difícil situación de millones de usuarios de servicios públicos, es necesario organizar las Ligas de Usuarios de Servicios Públicos en todo el país para unirse con las centrales obreras y otras organizaciones sociales y exigirle al Estado mejores condiciones de vida y de trabajo en medio de la peor crisis de la historia del país.

(*) https://www.dinero.com/pais/articulo/coronavirus-falta-de-transparencia-del-gobierno-en-el-gasto-durante-pandemia/290229

¿Te gustó el articulo? Tomate un momento para apoyar la lucha contra la corrupción en Patreon.
Publicidad ver mapa

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.