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Justo dos días después de que la Corte Suprema de Justicia le hubiera dictado una medida de aseguramiento de carácter preventivo al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno y falsedad procesal, el juzgado 35 de control de garantías de Bogotá envió a la casa por cárcel al abogado Diego Cadena vinculado al mismo proceso cuando se desempeñaba como abogado del expresidente.

El caso se sigue contra Cadena y su colega Juan José Salazar, quienes están sindicados de haber ofrecido dinero a ex paramilitares en distintas cárceles del país para cambiar una versión de los hechos y así beneficiar al senador Uribe en una demanda que este último le interpuso al senador del Polo Democrático, Iván Cepeda por injuria y calumnia.

Para el juez no hay elementos de juicio para considerar que los imputados hayan ejecutado actos para entorpecer la labor de la Fiscalía en este proceso puntual por lo que no le concedió la medida intramural. 

El abogado Cadena deberá firmar un acta de compromiso en el que se establece comparecer ante los requerimientos de la justicia, y permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia. 

La determinación no cobijó al también abogado Juan José Salazar que también está vinculado en el proceso, sin embargo, el penalista seguirá bajo investigación y deberá comparecer ante las autoridades cuando sea requerido. El delegado de la Fiscalía apeló la decisión. 

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El juzgado en su decisión final aseguró que “se puede inferir que sí hubo un ofrecimiento de dinero. Para el despacho no resulta de recibo que se trataba de viáticos”, esta aseveración la hizo el juez debido a que Cadena ha hecho mención que el dinero entregado a Vélez ha sido producto de “ayudas humanitarias y viáticos”. 

Además la Fiscalía cuestionó a los abogados Cadena y Salazar por no haber denunciado la supuesta extorsión de que fueron víctimas del exparamilitar luego de realizar la entrega de dinero. 

El delegado de la Rama Judicial también le reprochó la omisión de Cadena en ese caso y, por su parte, le recordó que lleva ejerciendo como abogado penalista desde hace 10 años por lo que le es reprochable que incurriera en acciones irregulares como lo fue “falsear elementos y engañar a la Corte Suprema de Justicia”. 

El proceso  

El fiscal Daniel Hernández expuso, en audiencia de imputación de cargos, ante el juzgado que la investigación se remonta a julio de 2017, momento en el cual, el abogado Cadena abordó a Carlos Enrique Vélez alias ‘Víctor’, confeso paramilitar quien fue condenado y se encuentra en la cárcel de Palmira, con el fin de ofrecerle 200 millones de pesos para que anunciara ante la Corte Suprema de Justicia que el senador Iván Cepeda lo había abordado previamente para que cambiara la versión respecto de la declaración que iba a entregar contra el también senador Uribe Vélez. 

“De los 200 millones, solo se hizo entrega de 48 millones con el fin de que Vélez declarara falsamente ante la Corte Suprema de Justicia, y cambiara su versión respecto de que el senador Iván Cepeda lo había abordado para que cambiara su versión sobre el senador Uribe Vélez”, señaló el fiscal. 

Hernández reseñó que la investigación hecha por el ente acusador da cuenta que estaban frente a una “división de trabajo” por parte de Cadena y Salazar, con el que pretendían enmarcar unos hechos de soborno. 

Otro suceso que relató el fiscal vincula al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien según el delegado del ente acusador, también fue abordado en febrero de 2018, para ofrecerle apoyos y asesorías jurídicas con el fin de que este declarara de la misma manera como se lo ofrecieron a Vélez. 

“A raíz de esto se desprenden actividades encaminadas a generar engaños en contra de la Corte Suprema de Justicia, por parte de los dos ciudadanos. Para surtir estos efectos, el doctor Cadena se presentó con documentos realizados con su membrete, en el cual únicamente necesitaba la firma de los exparamilitares”, reseñó el fiscal. 

Sin embargo, lo que expuso Hernández es que era extraño que dos personas que no se conocían que estaban en cárceles totalmente diferentes, fueran abordados bajo los mismos parámetros que, presuntamente, fraguó Cadena para que el proceso de Uribe Vélez saliera bien librado. 

Lo que dijo el fiscal es que pese a que el abogado Cadena quien, presuntamente, llegó con documentos membretados para que estos fueran firmados, los condenados se rehusaron a hacerlo y, por su parte, reseñaron que los documentos, con testimonios falsos, llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia hechas a mano, e indujo en error al alto tribunal. 

El fiscal explicó que el error al que indujeron a la Corte es porque, inicialmente, se adelantaba una investigación en contra del senador Cepeda por tales hechos, sin embargo, al corroborar que la información carecía de pruebas, el alto tribunal determinó cerrar el proceso investigativo contra el senador del Polo Democrático y avanzar otro contra el senador Uribe. 

No obstante, lo que reprocha el fiscal es que los abogados Cadena y Salazar tenían conocimiento que sus actuaciones estaban fuera de lo enmarcado en lo legal. 

“Doctor Cadena, doctor Salazar estos hechos que le acabo de narrar los encuadra en dos escenarios judiciales: el de soborno en concurso con fraude procesal. Ustedes sabían y conocían que le estaban pagando 48 millones con el fin de que atestiguaran falsamente. Ustedes con su actuar violentaron el bien jurídico contra la eficacia, sin que existiera justa causa. No se ha podido vislumbrar en el proceso la causa por la que lo hicieron”, argumentó el fiscal. 

De acuerdo con Hernández, para la época de los hechos, hasta agosto de 2018 los abogados tenían capacidad en su actuar y determinación. “Reitera este despacho: decidieron cometer la falta. Ustedes son abogados para ustedes era conocible saber que el ofrecer sumas para que una persona declare falsamente es un delito, ustedes sabían y conocían que eso es un delito en el territorio nacional”, reseñó el fiscal en la audiencia. 

Por estos hechos, el delegado del ente acusador decidió endilgarle los delitos de soborno y fraude procesal. 

La Defensa 

A su turno, el abogado Iván Cancino, quien defiende los intereses de Cadena, desvirtuó lo expuesto por la Fiscalía y alegó que su defendido no había sobornado a nadie. Mientras que Felipe Caballero, abogado de Salazar, le dio un giro al proceso y aseguró que su defendido se ha enfrentado a una extorsión por parte de los confesos paramilitares. 

“Carlos Enrique Vélez ha pensado sacarle 200 millones de pesos, más no porque el abogado Diego Cadena haya ofrecido esa cantidad”, anunció Caballero, a la vez que añadió que entregará al juez un video en el que se aprecia una declaración jurada de alias ‘Víctor’, donde menciona que Diego Cadena no le ofreció dinero. 

A juicio de Caballero, esa declaración les permite “corroborar que ni Diego Cadena ni José Salazar han tenido la intención de corroer el proceso”. Cancino, por su parte, aseguró que no existe delito en que un abogado se dirija a la cárcel y escriba junto con la aprobación de un recluso un testimonio, dado que eso se registra a menudo en su profesión. 

“El debate no es si se escribió el testimonio de un testigo. El debate es si en realidad se pretendía engañar a la Corte Suprema de Justicia con los falsos testimonios”, aseguró el abogado Cancino y en su intervención de casi dos horas señaló que la Fiscalía no realizó la tarea de investigar cada una de las pruebas que expuso en la audiencia de imputación de cargos. 

De acuerdo con Cancino, el fiscal le reprochó a Cadena que no se tenga respaldo de los pagos hechos a los exparamilitares, sin embargo, el abogado reseñó que existe evidencia que está notificada en notaria como también lo ha mencionado su defendido. 

Además de ello, la defensa ha reseñado que Vélez es un “testigo mentiroso”, si bien ha mencionado que Cadena no le ofreció dinero, en su declaración también ha dicho lo contrario. “El señor Vélez declara cuando lo citan en agosto y dice que no le ofrecieron dinero por esa declaración. En las demás declaraciones, él va para un lado y va para otro y cada cosa que dice para inculpar a Cadena o Salazar carece de sustento y cuando pone a su familia a declarar cae en su propio invento”. 

A juicio de Cancino, el delegado de la Fiscalía de “manera irresponsable pide una medida de aseguramiento sin tener suficientes pruebas (…) no tiene sentido ni explicación que a un (exparamilitar) le ofrezca 200 millones de pesos, y a otro asesoría judicial”. Esto último lo mencionó el abogado porque se ha dicho que Cadena, presuntamente, ofreció beneficios en la Jurisdicción 

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