Un juez de la República en Barranquilla concedió esta tarde de viernes la casa por cárcel al suspendido secretario de Educación del Atlántico, Dagoberto Barraza Sanjuan, a quien se le sigue un juicio por actos de corrupción con dineros del Programa de Alimentación escolar (PAE).
La decisión del Juez se da pese a que la Fiscalía General de la Nación solicitó privación de la libertad intramural en contra de Barraza y otros tres capturados, considerando que son un peligro para la seguridad de la comunidad; destacando que Barraza y Emil Pacheco, como funcionarios públicos involucrados en este caso “de particular de connotación nacional”, pusieron en juego la vida de los niños beneficiarios, por la presunta corrupción en contratación estatal.
Además según la Fiscalía hay un riesgo de que Barraza salga del país, teniendo en cuenta que estuvo recientemente en Nueva York; y que se de una manipulación de documentos y testigos, pues durante la diligencia judicial se ocultaron documentos solicitados en el marco de la investigación.
En la audiencia judicial que duró dos días la Fiscalía General de la Nación imputó al secretario de Educación del Atlántico los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, abuso de función pública y peculado por apropiación en favor de terceros por más de 3.000 millones de pesos.
El exfuncionario no se allanó a los cargos, como tampoco lo hicieron el funcionario público Emil Armando Pacheco y los contratistas Uriel Eduardo Reyes y Félix Enrique Barrios pero todos quedaron imputados formalmente, al considerar que “se puso en juego la alimentación de niños de escasos recursos entre los 4 y 12 años, que habitan los 20 municipios no certificados del Atlántico”.
Para la Fiscalía, Barraza durante la contratación del PAE para el año 2016, “desconoció” el principio de transparencia para dar la puntuación de las uniones temporales seleccionadas para celebrar los contratos en 2016. Faltó a la verdad al no vigilar la experiencia de los contratados para prestar el servicio de alimentación y “ninguna” de las uniones contratadas “llenaron los requisitos técnicos de los pliegos”, debido a que no aportaron “experiencia en el manejo de alimentos”.
En medio de la audiencia se reveló que los contratos del 2016, primer año de mandato de Eduardo Verano de la Rosa, fueron manejados por el ‘zar’ del PAE en la Costa, Alejandro Hernández Vidal, a quien la Fiscalía tiene identificado como “dueño de los contratos para la operación del programa” en varios municipios de la Costa.
Estas contrataciones se hacen a través de unas fundaciones que suministran servicios a las uniones temporales y opera en Córdoba, Sucre, Atlántico y La Guajira. Según la Fiscalía este personaje ha llegado a manejar recursos por el orden de los 780 mil millones de pesos a través del PAE.
Hernández Vidal “ejerció control” sobre una fundación que se desprestigió por la prestación de un mal servicio, razón por la que cambió el nombre a Fundación Colombia Digna. “Luego tomó el control de la fundación sin ánimo de lucro Fundación Rey de Reyes, inicialmente representada por el señor Uriel Reyes, que luego se denominó Fundación Alcanzando Nuestros Sueños”, dijo la fiscal durante la audiencia.
“El contratista incumplió con lo pactado al brindar alimentos de baja calidad. Se incumplió en ciclo de minutas. Las raciones dadas no correspondían a las que exigía el contrato. Las comidas tenían menos peso a lo que se había acordado, eso fue un detrimento de las especificaciones en la ejecución del contrato”, dijo la fiscal y añadió que el valor del contrato inicial fue por 16.400 millones de pesos.
En el segundo día de audiencia, el organismo acusador explicó cómo se habría dado esta presunta apropiación de recursos, y que nunca fueron justificados. En los contratos del 2016 aparecen valores de raciones industrializadas no justificadas por más de 820 millones de pesos, materias primas no compradas para la preparación en el sitio por más de 710 millones de pesos y raciones no entregadas y subsanadas con la alteración de planillas por más de 304 millones de pesos.
Informes de interventoría reseñaron que en varias instituciones se observó también “irregularidades” en la calidad proteica de los alimentos entregados en varios colegios.
Finalmente la Fiscalía, que ha insistido en el incumplimiento de los dos contratos actualmente investigados, señaló que en medio de estos se habrían pagado favores políticos, en lo que posiblemente estaría involucrado el funcionario Emil Pacheco.
