La caída de un “intocable”
Carlos Cuenca Chaux, representante a la Cámara por Guainía y miembro prominente de Cambio Radical, acaba de recibir una condena de 92 meses y un día de prisión, además de ser inhabilitado para ejercer funciones públicas. El delito: compra de votos en la modalidad continuada, una práctica que, aunque habitual en las entrañas políticas de Colombia, raramente lleva a sus responsables al banquillo de los acusados.
Según el fallo de la Corte Suprema, bajo la ponencia de la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, Cuenca organizó en marzo de 2014 reuniones para asegurar su elección. Entre bultos de cemento, tejas de zinc y promesas a comunidades indígenas de Inírida, el congresista tejió una red que compró voluntades y sepultó la democracia en un pantano de corrupción.
Pruebas y estrategias: un manual para manipular la democracia
La sentencia, dictada el pasado 22 de enero de 2025, se basa en testimonios de votantes que recibieron materiales de construcción y otras dádivas a cambio de sus sufragios. Los testimonios y las fotografías fueron respaldados por peritajes que desnudaron el funcionamiento de esta maquinaria electoral.
Los bultos de cemento y las tejas, ofrecidos como si fueran caramelos, se entregaron a través de comercios locales como Comercializadora Castillo y Depósito Rivera. Esta cadena de favores no dejó cabos sueltos; cada voto fue asegurado con una “contraprestación”, consolidando la hegemonía política de Cuenca.
Por supuesto, Cuenca negó los cargos, argumentando inconsistencias en las fechas, pero los hechos eran demasiado contundentes. La Corte concluyó que lideró y financió actividades que atentaron contra los mecanismos de participación democrática, una sentencia que lo llevó directo al banquillo de los corruptos.

Las conexiones de un político “intocable”
Pero esto no termina con Carlos Cuenca. La investigación también destapó la complicidad de contratistas como Winston Onésimo Hernández Casallas, quien no solo financió las campañas de Cuenca, sino que operaba una red de corrupción que abarcaba Guainía y Amazonas.
Interceptaciones telefónicas, publicadas por el portal Vorágine, revelaron conversaciones directas entre Cuenca y Hernández días antes de las elecciones de 2018. En estas llamadas, se discutieron entregas de dinero y estrategias para garantizar los votos. Hernández, lejos de ser un espectador, fue un engranaje clave en este sistema de corrupción electoral.
Una red más grande de lo que parece
El caso de Cuenca es solo una pieza de un rompecabezas más grande. Otras investigaciones apuntan a un entramado en el que parlamentarios de varios partidos—incluidos Germán Varón Cotrino, Yenica Sugein Acosta y Elda Lucy Contento—habrían utilizado fondos ilícitos para financiar sus campañas.
Según un informe de policía judicial de 143 páginas, se registraron transcripciones de llamadas telefónicas y pruebas documentales que conectan a estos políticos con contratistas y redes de corrupción. ¿El objetivo? Comprar elecciones y consolidar feudos políticos, mientras los ciudadanos sufrían las consecuencias de una democracia prostituida.
La impunidad como protagonista
Aunque Cuenca recibió el beneficio de prisión domiciliaria, no se le concedió la suspensión condicional de la pena. Sin embargo, la verdadera pregunta persiste: ¿cuántos de estos actores serán realmente castigados? El entramado de corrupción sigue siendo tan grande que la condena de un político parece un simple “sacrificio” para calmar las aguas.
Conclusión: un sistema diseñado para el saqueo
El caso de Carlos Cuenca es un espejo de lo que ocurre en Colombia. Mientras los políticos corruptos usan recursos públicos para comprar votos, las comunidades indígenas, los estudiantes y los ciudadanos de a pie siguen atrapados en un ciclo de pobreza y abandono. La pregunta no es si habrá más casos como este, sino cuándo dejaremos de tolerarlos.
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