“Los jueces no tenemos partidos políticos
”, afirma el magistrado Octavio Tejeiro, flamante presidente de la Corte Suprema de Justicia. Una declaración que en un país ideal inspiraría confianza, pero en Colombia, donde la política y el poder judicial han tejido una red de complicidades históricas, suena más a un chiste cínico que a un compromiso. Con cada reforma que se anuncia y cada promesa de independencia, el sistema parece avanzar un paso hacia adelante mientras retrocede dos en una danza cuidadosamente coreografiada con la corrupción.

El espejismo de la reforma judicial
Tejeiro asume la presidencia en medio de una supuesta revolución judicial impulsada por reformas que buscan una justicia “efectiva”. Sin embargo, más allá de las palabras grandilocuentes, la reforma a la Ley 906 y la creación de la Jurisdicción Agraria parecen otro ejercicio para calmar las críticas mientras las verdaderas estructuras del poder judicial permanecen intactas. Desde el Basel Institute—cuyos informes revelan cómo la corrupción opera a nivel global—queda claro que el problema no está en la falta de leyes, sino en la aplicación selectiva de las mismas.
Independencia judicial: entre el discurso y la realidad
La declaración de Tejeiro sobre la separación de poderes suena casi utópica. Mientras el magistrado insiste en que las cortes cumplen con “colaboración armónica”, la realidad muestra que esta colaboración muchas veces no es más que un sinónimo de subordinación al poder ejecutivo de turno. Las palabras del presidente Gustavo Petro, acusando a las cortes de estar “politizadas” y de dar “golpes blandos”, exponen una fractura entre las ramas del poder público que amenaza con ser más profunda de lo que parece.
El papel de la sociedad: cómplice silenciosa o víctima resignada
Quizá el comentario más revelador de Tejeiro sea cuando afirma que la “protección de los jueces” es responsabilidad de la sociedad. Esta frase, más que una declaración, parece una acusación velada: una sociedad que no exige cuentas claras ni se moviliza es una sociedad que perpetúa la corrupción. Los informes del Basel Institute subrayan que el cambio sólo puede darse cuando los ciudadanos dejan de ser observadores pasivos.
Género e inclusión: un espejismo de equidad
A pesar de los avances aparentes, como el aumento progresivo de mujeres en cargos judiciales, la afirmación de que “no es un problema serio
” la falta de paridad de género en la Corte Suprema no deja de ser alarmante. Cuando sólo seis de los 23 magistrados son mujeres, queda claro que la inclusión sigue siendo más una excepción que una regla.
Conclusión:
En un sistema donde las reformas se anuncian con bombos y platillos, pero el impacto real es apenas perceptible, el discurso de independencia judicial suena hueco. Como bien subraya el Basel Institute, la corrupción no es sólo un acto individual sino un mecanismo institucionalizado que exige diagnósticos profundos y respuestas integrales. Mientras los jueces sigan diciendo que no tienen partidos políticos pero continúen jugando en las sombras de un sistema politizado, los ciudadanos seguirán siendo los grandes perdedores.