En el 2018 el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá logró que el concejo distrital en el gobierno de Enrique Peñalosa le aprobara el cobro de la contribución por valorización para financiar 16 obras de infraestructura en la ciudad.  

Pasados tres años, en noviembre del 2021, el IDU había recaudado 765 mil millones de pesos, pero aún no había contratado ninguna obra, y tenía plazo para hacerlo antes de 6 de diciembre, de no ser así tendría que devolver los recursos de los contribuyentes.

En una carrera contra el reloj el IDU finalmente contrató las 5 obras más grandes y costosas del paquete de valorización, que sumaban $500 mil millones de pesos, es decir, el 65% del valor recaudado.  

Sin embargo, en diciembre del 2021, la concejal de Bogotá por el partido Cambio Radical Carolina Arbeláez denunció que el plazo para iniciar obras de valorización había vencido el 6 de diciembre del año 2020, motivo por el cual el Instituto debía regresar los recursos a los contribuyentes. 

Palabras más, palabras menos, el IDU resultó ser muy solícito para cobrar, pero demasiado lento para construir y darle el uso que se esperaba a esos recursos. 

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Este es el tiempo que nos queda.

La concejal demandó al Distrito para que hiciera lo propio a los más de 350.000 propietarios y poseedores de bienes inmuebles que pagaron la contribución. 

Según Arbeláez el IDU no cumplió con el plazo de dos años para iniciar la construcción de obras que se financiarían con cargo a la contribución de valorización, según el Acuerdo 724 de 2018. 

«De acuerdo con el estatuto de valorización de la ciudad, Acuerdo 07 de 1987, establece que el IDU tiene un plazo máximo de dos años luego de la sanción del acuerdo para iniciar la construcción de las obras, y si transcurre este plazo y no se empieza la obra, está en la obligación de devolver el dinero a los contribuyentes», argumentó la concejala. 

La concejala encontró que siete de estas obras aún no habían iniciado su construcción y las demás infraestructuras empezaron después del 6 de diciembre de 2020, fecha en la que se cumplían dos años de la sanción del acuerdo «Es decir, no se cumplieron los términos máximos dispuestos por el Estatuto de Valorización», denunció Arbeláez

Para la concejal del Partido Cambio Radical, no es justo que los ciudadanos paguen las consecuencias de la falta de ejecución de la administración distrital y espera que, en cumplimiento de los principios de transparencia y certeza jurídica, se fijen reglas para la devolución de la contribución de valorización y se informe pronto a los afectados cómo se haría el proceso de reembolso. 

«Si bien en el Plan Distrital de Desarrollo el Concejo de Bogotá autorizó unificar a tres años el arranque de las 16 obras, ha habido algunas demoras con el desarrollo de las mismas, pero sobre todo ha habido un problema de falta de información. A la gente que le preguntamos sobre 11 de las 16 obras, siente que ha habido demasiada demora y que no ha sido informada.

Además de eso, la información que les han entregado sobre lo que se va a requerir de los vecinos ha sido inexistente. Por eso, lo que le quisimos pedir al IDU, que hizo y administró el recaudo, es que justifique muchas cosas que se derivan de las mismas y frente a las cuales la ciudadanía está a ciegas», precisó la concejal en su momento. 

Más recientemente, la semana pasada, otra concejal, en este caso, Marisol Gómez Giraldo, del Nuevo Liberalismo, volvió a poner el dedo en la llaga, al citar un nuevo debate de control político sobre las obras de valorización. 

Y la preocupación de Gómez, fue la misma de su colega:¿Qué ha pasado con los recursos financiados para la ejecución de las mismas? La percepción negativa y los testimonios de la ciudadanía exigen respuestas ante las obras inacabadas, mal hechas e inclusive en abandono. «Los errores enormes del pasado le restaron legitimidad al instrumento y limitaron el campo de maniobra del gobierno local», manifestó la cabildante. 

Quejas por las demoras en los tiempos de ejecución de las obras, vecinos que se sienten engañados por lo que están construyendo y comunidades afectadas por la inseguridad que les generan los encerramientos y la oscuridad que rodean las construcciones fueron evidenciadas por la concejal, al mostrar cómo van 10 obras por valorización que actualmente están en fase de ejecución en el Distrito. 

“En Bogotá hay una muy buena cultura de pago, que hay que honrar con cumplimiento en los plazos de las obras y con información suficiente y oportuna ante eventualidades que lleven a suspensiones de las obras”, sostuvo Gómez, quien presentó quejas de vecinos y propietarios de 10 obras de las 16 obras por valorización que se aprobaron en 2018. 

Las 16 obras de valorización cuestan en total cerca de 900.000 millones, de los que el IDU ha recaudado 792.000, es decir, el 87% de los propietarios ya han pagado su contribución. Las 10 que se construyen actualmente tienen un valor de $325 mil millones y las otras 6 apenas están en fase de estudios y diseños, precisó la cabildante. 

Pero lo peor del asunto es que el propio director del IDU, Diego Sánchez Fonseca, reconoció que por la inexperiencia de varios de los que se ganaron los contratos, se puso en riesgo la ejecución de la obra. “No me da pena decir que los pliegos tipo a los que nos obliga Colombia Compra Eficiente nos pone en dificultades porque no se exige pedir experiencia específica de construcción de obras en Bogotá. Se conforman consorcios de empresas que no tienen experiencia ejecutando obras en el Distrito”.

Acto seguido mostró la realidad de las obras: 

  • La del Puente Peatonal Calle 112 con Cra. 9ª fue contratada por $ 10.725.601.018, a cargo del Consorcio Infraestructura 2020. La obra está suspendida: se estuvo a punto de declarar caducidad del contrato. A último momento el contratista reconoció incapacidad para construir la obra y anunció cesión, que debe firmarse esta semana. 
  • Aceras y Ciclorrutas calles 92 y 94 desde Cra. 7ª hasta AutoNorte. Contratada por $33.858.057.994, con el Consorcio Vial IDU. Está demorada pues el contratista tiene dos procesos sancionatorios en curso. Hay plan de contingencia para superar atrasos. Tiene fecha de terminación para septiembre, pero se llevará dos meses más. 
  • Ciclopuente Canal Molinos (Suspendido por rediseño pedido por la comunidad), con un costo de $15.682.071.906, a cargo del Consorcio Puentes Capital 0720. Actualmente paralizadas las obras con un probable reinicio el 2 de mayo y una culminación prevista para septiembre. 
  • Calle 73, entre cras. 7ª y Av. Caracas, por valor de $15.443.390.378, a cargo de C.I. Grodco S.C.A – Ingenieros Civiles. Según el IDU, la obra está demorada porque el contratista es bastante lento. Tiene dos procesos sancionatorios. Esta semana se define si se declara caducidad del contrato. 
  • El mismo contratista tiene a su cargo las obras de la Calle 79B, entre cras 5ª y 7ª, por valor de $15.443.390.378, y las de la Calle 85, entre cras 7ª y 11 por $15.443.390.378
  • Corredor Ambiental Canal Córdoba, entre clls 128 y 170, contratado por $117.282.467.236 con el Consorcio Canal Córdoba MI. En este proceso, el Distrtito pagó por una ciclorruta, pero se está construyendo un bicicarrill. Según el IDU, no se está incumpliendo con la obra porque aunque no se está haciendo ciclorruta en acera, sí se está haciendo ciclorruta en calzada. 

El director de IDU, argumentó que «lamentablemente así se programen las obras con unos tiempos de entrega y busquen ejecutar en el plazo pactado, desafortunadamente por circunstancias ajenas a nuestra voluntad es necesario hacer re programaciones». 

Y como dando una excusa no pedida, señaló que «la valorización es una fuente para cofinanciar una obra, más no es una fuente de financiación de un 100% de un proyecto». 

De ser cierto lo que afirma, vale entonces preguntar, ¿sobre qué presupuestos entonces se cobra la contribución por valorización? ¿Tiene entonces la ciudadanía que pagar más aún de lo ya pagado?

Luego, la concejala Ana Teresa Bernal explicó que es alarmante la situación que viven las obras actualmente. Hizo un comparativo con relación a otros países que demuestran que sí pueden trabajar de manera eficaz y responsable «¿Qué reflexión nos puede dejar el balance de las 16 obras prometidas con el pago por la valorización?». 

Y como si fuera poco el descarado accionar del IDU, a los 20 mil propietarios que están en mora, les iniciaron cobro coactivo

Lo que está ocurriendo con estas obras en Bogotá, que supuestamente iban a ser financiadas con la contribución por valorización que miles de ciudadanos hicieron al Distrito, refleja de manera fiel el grado de corrupción que puede darse en entidades del Estado. Nada justifica que con recursos ya recaudados las obras no hayan avanzado conforme a lo prometido y en el peor de los casos, ni siquiera hayan iniciado.  

Muy ligeritas las instituciones públicas para exprimir los bolsillos de los colombianos, para desembolsar esos dineros a contratistas corruptos e incumplidos, que luego resultan bastante lentas para hacer el uso debido de esos recursos. Y peor aún las entidades estatales encargadas de impedir que esto no ocurra. 

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