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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema condenó a cuatro años y medio al exgobernador encargado del Chocó, Bismark Calimeño Mena, por los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros. Con ponencia del magistrado Ramiro Marín, el alto tribunal determinó que el exmandatario regional modificó ilegalmente dos resoluciones que terminaron favoreciendo económicamente a varios terceros, incluida su esposa, Carmen Rosa Rodríguez.

Según el expediente, Calimeño Mena expidió la resolución 0517 de 14 de abril de 2005, en la cual “reconoció y ordenó el pago de la sanción moratoria por no pago oportuno de prestaciones sociales a favor de” ocho personas en las que estaba incluida amigos del alto funcionario y su pareja. Estos, quienes eran extrabajadores del Fondo Educativo Regional (FER) de Chocó, también fueron beneficiados por otra resolución expedida por Calimeño del 27 de enero de 2005, en la que liquidó y ordenó el pago de prestaciones sociales a los mismos beneficiarios.

Con base en esta última resolución, los exfuncionarios del FER demandaron a esta entidad. En este proceso el juez del caso ordenó en enero pasado pagarles la suma de $100 millones. Sin embargo, posteriormente el Tribunal Superior de Quibdó tumbó la decisión de primera instancia. En 2009, el entonces gobernador del departamento Patrocinio Sánchez Montes de de Oca, miembro del poderoso clan político y también condenado por corrupción, denunció que las resoluciones firmadas por el exgobernador Calimeño Mena habían sido modificadas ilegalmente.

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“La búsqueda de los mencionados actos administrativos en el archivo de la Gobernación del Chocó permitió establecer que, conforme al libro radicador de la dependencia, la Resolución 0517 de 14 de abril de 2005 en realidad tenía por objeto ordenar una comisión oficial, mientras que la Resolución 0043 de 27 de enero de 2005, concedía una licencia de maternidad, actos administrativos que fueron sustraídos del archivo donde debían reposar”, señala la sentencia de la Corte Suprema. También se encontraron en el archivo histórico de la entidad las dos resoluciones falsificadas “con evidentes diferencias en su formato, tamaño y papel”.

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Para el alto tribunal el favorecimiento hecho por el exgobernador encargado a favor de los extrabajadores del FER es claramente contrario a ley, pues emitió un acto administrativo de carácter “particular y concreto, que adolece de falta de motivación sobre el fundamento fáctico y jurídico de los derechos subjetivos que otorga, en detrimento del debido proceso administrativo y contrariando los principios de publicidad, democrático y de legalidad de las actuaciones de los entes públicos”.

La corporación calificó como grave la actuación del exgobernador tanto por la afectación a la fe pública y administración pública, sino por la repercusión social del comportamiento. “AsÍ, que el Calimeño Mena hubiera optado por favorecer a un pequeño grupo de extrabajadores del extinto FER, todos de su circulo cercano -entre ellos su esposa-, alterando para ello la verdad en un acto administrativo para reconocer arbitrariamente a aquellas prestaciones cuya titularidad estaba en duda, demuestra el desapego total a los principios de moralidad, transparencia, eficacia e imparcialidad”, concluyó la Corte.

Calimeño Mena, además de pagar una multa de algo más de $672 millones, tampoco podrá ejercer cargos públicos en cinco años y siete meses. A su vez, la Corte Suprema le negó el beneficio de prisión domiciliaria y ordenó que fuera capturado de inmediato.

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