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La génesis del proceso en contra el exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt fue una multa de $250.000 millones que le impusieron a Fidupetrol (una fiduciaria petrolera) en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. La empresa petrolera fue encontrada responsable en el proceso en contra de Whitman Herney Porras, exgobernador del Casanare, por el saqueo a las finanzas del departamento. En respuesta, la empresa presentó una tutela ante la Corte Constitucional para no pagar la millonaria multa.

Para garantizar el éxito, los dirigentes de Fidupetrol contrataron como cabildante (lobista) a Víctor Pacheco, abogado conocido por su cercanía con el entonces magistrado Jorge Pretelt. Pacheco habría hablado con Pretelt sobre dicho caso en varias ocasiones hasta que el 18 de octubre de 2013, en una reunión en la vivienda personal del togado, Pretelt le habría informado que la tutela llegó al despacho de Mauricio González y que él, siendo gran amigo de este magistrado, podía convencerlo para que lo ayudara.

Sin embargo, para lograr que la tutela fuera fallada a favor de los representados por Pacheco, Pretelt le habría dado una costosa hoja de ruta: “el doctor Pretelt me informa que la tutela Fidupetrol le correspondió al doctor Mauricio González, que Mauricio González era una persona muy honrada y que no recibía plata de nadie y que tenía un mecanismo para que esta fuera airosa en su resultado final, cuál era el mecanismo, contratar al doctor Rodrigo Escobar Gil, y del componente de sus honorarios o remuneración darle una porción a Marcela Monroy y a un muchacho de diecisiete (exesposa e hijo del magistrado González respectivamente) ”. Estos honorarios tendrían un valor de $500 millones.

No está claro si Fidupetrol pagó el monto sugerido por el magistrado Pretelt. Lo que sí se tiene certeza es que, en el mes de noviembre de 2013, Rodrigo Escobar Gil entró a ser el representante ante la Corte de la empresa petrolera. Mientras el alto tribunal, en Sala Plena, estudiaba la tutela, se dio un almuerzo entre Pretelt, el magistrado Mauricio González y el abogado Rodrigo Escobar Gil, un encuentro en el que el ahora condenado ha señalado que nunca se habló del tema Fidupetrol mientras él estuvo presente.

Ya en Sala Plena, la tutela de Fidupetrol no tuvo oportunidad alguna, fue negada. Sin embargo, a finales de 2014, en la Corte Constitucional comenzó a crecer el rumor, gracias a comentarios de Pacheco, de que Jorge Pretelt había pedido una millonaria suma para favorecer esta solicitud. Este tema llegó a oídos del magistrado Luis Ernesto Vargas, calificado de “detestable y desagradable” por el propio Pretelt. Vargas citó a Víctor Pacheco en su despacho, y, con grabadora en mano, logró que el abogado le asegurara que el magistrado Pretelt le había pedido $500 millones de pesos para ayudarlo con la tutela Fidupetrol. Este testimonio fue obtenido el 2 de febrero de 2015.

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El escándalo se desató justo por la misma época en la que el magistrado Pretelt tenía su turno para ocupar la presidencia del alto tribunal, por lo que varios compañeros de tribunal se abstuvieron de votar por él hasta que la situación se aclarara. Mientras tanto, el 27 de febrero de 2015, el magistrado Mauricio González, quien había sido el encargado de la ponencia del caso Fidupetrol, presentó denuncia en contra de Jorge Pretelt por estos hechos ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Con esta denuncia, el 20 de marzo de 2015, la comisión realizó la apertura de instrucción en contra de Pretelt. Después de varias pesquisas, en las que se reciberon tanto el testimonio de Pacheco como del magistrado en tela de juicio y se recolectaron otras pruebas, el representante encargado de la investigación presentó acusación formal en contra de Jorge Pretelt el 16 de septiembre de 2015, proposición que fue votada afirmativamente el 15 de diciembre de 2015 por la Cámara en pleno. Cerca de 8 meses después, en agosto de 2014, el caso también tuvo el aval del Senado, por lo que la acusación fue radicada ante la Corte Suprema.

El caso fue remitido al alto tribunal el 19 de septiembre de 2016, y, de esta forma, Jorge Pretelt se convirtió en el primer magistrado acusado y suspendido por presuntos actos de corrupción. Más allá del pago de los dineros o del posible favorecimiento a la tutela de Fidupetrol, el caso se centró en probar si Jorge Ignacio Pretelt Chaljub pidió o no los $500 millones a Víctor Pacheco.

La defensa de Pretelt y sus abogados se enfocó en señalar que Víctor Pacheco mentía y que su testimonio no tenía ninguna validez, esta última tesis debido a que Pacheco, supuestamente, cambió su testimonio en distintas ocasiones, desde que fue grabado por el magistrado Vargas hasta en sus comparecencia en la Cámara de Representantes y Corte Suprema.

“Asegura de manera enfática que nunca hizo solicitud alguna al abogado Pacheco para hablar con el magistrado González Cuervo sobre la tutela de Fidupetrol; en primer lugar, porque el mismo Pacheco lo reconoce; que si se observan todas las versiones del señor Víctor Pacheco, contradictorias, nunca ha dicho que le solicité dinero. Además que, asegura, nunca le habló al doctor Mauricio González ni a otro magistrado de las medidas cautelares, ni del asunto del proyecto que tenía a su cargo, ni a los doctores Rojas y Palacio sobre la selección de la tutela”, recoge la condena de la Corte Suprema frente a las declaraciones dadas por Jorge Pretelt.

Asimismo, Jorge Pretelt reiteró en múltiples instancias que nunca se llevó a cabo la reunión del 18 de octubre de 2013 , en la que habría hecho la solicitud del dinero. Este declaró que, en el momento en que Pacheco aseguró que se reunieron en su apartamento, este se encontraba en el Club el Nogal en el homenaje a dos colegas suyos de la Corte Constitucional. Mientras Víctor Pacheco aseguraba que la reunión fue a las 12 del día en la propiedad del togado, Pretelt afirmó que desde esa hora estaba en los preparativos de la ceremonia mencionada anteriormente.

Además, Pretelt aseguró que todo se trataba de un desquite de Pacheco por no quererle ayudar con la tutela de Fidupetrol. Supuestamente, el abogado le había pedido gestionar una cita con el magistrado Mauricio González, a lo que el togado le respondió que no podía. Frente a esta respuesta, Pacheco habría sentenciado “si es así de vicepresidente no me lo quiero imaginar como presidente (de la Corte Constitucional)”.

También, el exmagistrado negó haber enviado al fiscal Fernando Mendoza, amigo suyo, como mediador para pedirle a Pacheco que le bajara a la intensidad de sus testimonios: “esa es otra de las mentiras de Víctor Pacheco”. Y es que, en medio del proceso, el abogado Pacheco denunció que el extogado había enviado un emisario para tratar de convencerlo de que en sus testimonios “no le diera tan duro”.

Teniendo en cuenta las declaraciones de Víctor Pacheco y la defensa de Jorge Pretelt, el Ministerio Público, representado en ese momento por el ahora magistrado de la Sala Penal Jorge Emilio Caldas Vera, pidió que el acusado fuera condenado por el delito de cohecho. Para este, es más que probada la amistad entre Pretelt y Pacheco. Y que las visitas de este último aumentaron justo cuando la tutela de Fidupetrol estaba para selección en la Corte Constitucional. Además, para el Ministerio Público, está más que probado que el abogado sí estuvo en el apartamento de Pretelt el 18 de octubre de 2013, día de la supuesta propuesta.

“Cuando menos se percibe como poco saludable para la justicia y sí muy cuestionable que particulares, por demás litigantes, con procesos en curso ante ella, que no son expertos en la materia, puedan ejercer tal grado de cercanía con los magistrados, y lo que es peor, que ellos lo permitieran (…)Esa situación permite concluir que en el trámite de la tutela de Fidupetrol se presentó un problema de transparencia y que en medio de ella se encuentra el exmagistrado Pretelt”, fue la conclusión por la que el representante de la Procuraduría pidió la condena contra Pretelt.

Con los argumentos de la defensa, los testimonios de Víctor Pacheco y el dictamen del Ministerio Público, los magistrados entraron a estudiar los cargos en contra del exmagistrado Petrelt. “El contexto en el cual el acusado hizo la petición de dinero al abogado Pacheco Restrepo era idóneo para generarle temor de pérdida en caso de que no accediera al mecanismo o camino propuesto”, fue una de las principales conclusiones del alto tribunal.

De igual manera, los magistrados se centraron en estudiar la confiabilidad del testimonio de Víctor Pacheco Restrepo. De las 6 declaraciones de las que se tiene registro, los magistrados destacaron que en ningún momento Pacheco se contradijo: siempre mencionó la contratación del constitucionalista Rodrigo Escobar Gil y la entrega de un “regalo” (de $500 millones) como las exigencias de Jorge Pretelt para que la tutela fuera fallado a favor de sus clientes. Aunque hubo variaciones en sus testimonios, estos nunca fueron en su núcleo, sino en detalles de poca relevancia, destacó el alto tribunal.

Asimismo, la Sala de Primera Instancia destacó que no existía razón alguna para que Pacheco mintiera en sus declaraciones, sobre todo cuando era obvio que lo llevaría a enfrentar un proceso penal en su contra. “Precisamente, para el caso en concreto no se advierte ningún interés de Víctor Pacheco para mentir, máxime si como aquí ocurrió inclusive su actitud sirvió para que fuera penalmente imputado al punto que fue condenado y purgó la sanción impuesta. Por el contrario, bien pudo haber guardado silencio y evitar así su cuestionamiento no solamente penal, sino social y familiar”, reza la condena en contra de Jorge Pretelt.

También, se entró a estudiar la realización o no de la reunión en la que Pretelt habría exigido los $500 millones. Aunque ante la Comisión de Acusaciones y la Corte Suprema el exmagistrado siempre negó su realización, el alto tribunal tuvo acceso a un documento de la Corte Constitucional en la que exmagistrado afirmaba todo lo contrario. En el acta 013 de marzo 2 de 2015 quedó registrado que Pretelt aceptó que el “18 de octubre de 2013 el abogado Víctor Pacheco estuvo en su residencia de esta ciudad capital”.

Esta declaración se dio en una sala extraordinaria, justo 5 días antes de que en la Comisión de Acusaciones de la Cámara fuera radicada la denuncia en contra el entonces magistrado. Para el alto tribunal, es más que obvio que la reunión se dio, ya que Pretelt no solo lo admitió ante sus colegas, sino que no tiene ninguna disculpa que lo pusiera en otro lugar. Los registros del Club el Nogal lo muestran llegando a la 1:10 p.m. y no a las 12 del mediodía, como había dicho, y un testimonio de su hijo tiene varias inconsistencias para darle validez.

El juicio en contra de Pretelt terminó en abril de 2018, pero como en ese año entró a funcionar la doble instancia en la Corte Suprema, el proceso fue remitido el 18 de julio de 2018 a la naciente Sala Especial de Primera Instancia. Después de un largo análisis, el alto tribunal le dio credibilidad a lo dicho por Víctor Pacheco y, soportado en otras pruebas, condenó a 6 años y 6 meses de prisión al exmagistrado Jorge Pretelt. Sin embargo, la sentencia no ha sido ejecutada ya que el condenado tiene derecho a la apelación. Una instancia que la defensa ya anunció que recurrirá.

“Seguro de lo inocencia de mi cliente, tengo confianza de que la administración de justicia podrá hacer una valoración serena y ponderada del acervo probatorio que obra en el expediente y que confirma que el doctor Pretelt Chaljub no cometió el delito que le fue imputado”, señaló el abogado Abelardo de la Espriella en su cuenta de Twitter. De esta forma, el caso Fidupetrol, uno de los escándalos más sonados de la justicia en los últimos años, tendrá una segunda parte en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema.

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