La Contraloría General de la República acaba de proferir fallo fiscal por valor de $25.821 millones de pesos contra dos exfuncionarias del nivel directivo del Banco Agrario y la firma Estrategia en Valores S.A., Estraval, por el detrimento patrimonial que resultó de la compra de cartera de libranzas a la entidad bancaria.
El Banco Agrario suscribió con la liquidada Estraval un contrato de compraventa de cartera de libranzas a descuento, el 17 de junio de 2014 y, en el proceso que culmina con este fallo fiscal, la Contraloría estableció que dicha firma incurrió en mora en las trasferencias de los flujos de cartera recibida, desde abril de 2015 hasta marzo de 2016, lo cual generó detrimento patrimonial al Estado, por la cuantía señalada.
Varias fueron las irregularidades que se presentaron en ejecución de este contrato:
- Flujos de los pagarés vendidos a los clientes que no generaron la rentabilidad prevista.
- Una misma libranza vendida varias veces.
- Libranzas sin recaudo y con pago a los inversionistas.
- Y libranzas con recaudo inferior al pago realizado a los inversionistas.
En desarrollo del contrato mencionado, en junio de 2016 el Banco Agrario adoptó la determinación de revocar el mandato de administración y recaudo de cartera, solicitando a las Cooperativas originadoras la trasferencia directa de las sumas de dinero descontadas a trabajadores y pensionados.
Para la Contraloría, se trató de una decisión tardía por cuanto Estraval ya se encontraba en proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades. Igualmente, las Cooperativas se negaron a aceptar esta solicitud del Banco argumentando que esos dineros se encontraban a disposición de la Superintendencia, en atención a que se trataba de recursos que fueron objeto de medida cautelar en contra de la firma de valores.
En efecto, tras una investigación que arrancó en el 2015 por parte de la Fiscalía General de la Nación, en febrero del 2017, una juez de garantías ordenó prisión para los fundadores de Estraval César Fernando Mondragón; Juan Carlos Bastidas Alemán y José Iván Castiblanco Fúquene, así como los exdirectivos de la firma Rosalba Fonseca Melo; Pedro Harold Carvajal; Fernando Joya Rodríguez y Ángela Marina Daza Saavedra, quienes no aceptaron los cargos que les imputaron.
Según las investigaciones, Estraval le ofrecía «a los inversionistas paquetes de libranzas y luego de hacer negocio, con la fuerza de ventas se iban a conseguirlas o a clonar pagarés en el mercado financiero». Además, la entidad estima que la firma de libranzas realizó un fraude total superior a $600.000 millones.
Los investigadores del caso encontraron 81.787 pagarés de libranza, de los cuales Estraval había duplicado 8.241, mientras que otros 9.812 ya habían sido cancelados por sus clientes, por lo que no tenía más flujo de dinero.
La Fiscalía agregó que «se registraron fraudes por $12.581 millones con la transacción de 860 pagarés de libranzas representadas en 8 compañías adscritas a Estraval, de estos 860 títulos unos 500 eran originales».
No obstante, los problemas de liquidez empezaron en el 2012, pues ese año, las cooperativas detuvieron la aprobación de nuevas libranzas a sus miembros, debido al aumento repentino de la siniestralidad de las libranzas entregadas previamente.
Esto es, los empleados que se adeudaron con libranzas, empezaron a fallar en sus pagos a las cooperativas. Esto tuvo un efecto cascada sobre los pagaré-libranza, ya que sin nuevas libranzas de las cooperativas, era imposible para Estraval y las empresas del mercado secundario reempaquetarlas como pagaré-libranza para su reventa a inversionistas.
Como consecuencia, Estraval dejó de percibir nuevo flujo de caja, lo que llevó a grandes desbalances financieros, y la imposibilidad de pagar cumplidamente a los inversionistas de los pagaré-libranza.
Y si bien solo entre 2015 y 2016 se presentaron las primeras denuncias y comenzó el pánico sobre los fallos de pago de Estraval y otras empresas similares, salta la pregunta de ¿cómo una entidad como el Banco Agrario, con capital del Estado, tuvo la “osadía” de firmar un contrato de recuperación de cartera con una firma que venía siendo cuestionada y que ya era conocido su problema de iliquidez?
Incluso, el Banco Agrario, es decir los directivos de la época, deciden mantener el contrato con Estraval hasta junio de 2016, cuando ya era más que evidente el robo descarado que hicieron a sus asociados y al mismo Banco.
La Superintendencia de Sociedades inició sus acciones contra Estraval en marzo de 2015, con una medida de fiscalización y ordenó su liquidación en agosto de 2016.
Por estos hechos la Contraloría acaba de encontrar como responsables fiscales a:
María Magdalena Fandiño Beltrán, en calidad de Vicepresidente de Banca Agropecuaria del Banco Agrario de Colombia, en su momento.
Rosmery Malaver Figueroa en su condición de Gerente Nacional – Gerencia de Ventas de Banca de Consumo del Banco Agrario de Colombia, en su momento.
Estrategias de Valores S.A. – Estraval, representada legalmente por César Fernando Mondragón Vásquez.
Y se declaró como tercero civilmente responsable a la firma Chubb Seguros Colombia S.A., garantizando el recaudo parcial del daño patrimonial sufrido por la entidad.
