Corrupción en la Gestión de Recursos para Ancianos en Soledad

Expedir una resolución para justificar una contratación directa, que por su monto sería mucho más transparente hacerla a través de una licitación pública conforme lo estipula la ley, es ya de por sí un acto que despierta sospechas de actuaciones corruptas por parte de funcionarios públicos.

Eso fue lo que hizo el municipio de Soledad, y no en una sola ocasión sino desde años atrás, sin que las autoridades encargadas de velar por la transparencia y el cuidado de los recursos públicos hayan hecho algo para evitarlo.

Contrato con Fundación Pilas Colombia Social

Bajo la justificación de una “deficiencia” en la capacidad para atender a los adultos mayores de esa población atlanticense, la Alcaldía de Soledad firmó un convenio interadministrativo y así entregar a un operador el Centro de Vida Adela de Char por la nada despreciable suma de $4.694 millones de pesos, donde el Municipio aporta $3.286 millones y la ONG Fundación Pilas Colombia Social, $1.408 millones de pesos, para atender a 300 abuelos.

Para dar legalidad a esta contratación, el secretario general encargado, Bernardo Enrique Pardo Ramos, expidió el 26 de abril del 2024, la resolución número SG-26-04-2024-001, justificando el convenio a través de contratación directa, como quien dice, explicación no pedida, culpa admitida.

Aclarando que tal resolución se promulgó el mismo día en que se firmó el contrato entre el Municipio y la fundación Pilas Colombia Social. Mientras que el acta de inicio fue firmada por Mireya Avendaño Rojas, secretaria de Gestión Social de Soledad, con el representante legal de la ONG, Jesús Narváez Torregrosa.

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El secretario general Pardo Ramos fue delegado por la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez, mediante el decreto 002 del 11 de enero del 2024, para la contratación y ordenación del gasto del Municipio y actuar como su representante legal. Es decir que Sandoval, dejó en manos de su secretario general absolutamente toda la responsabilidad contractual y presupuestal del municipio, que, aunque lo puede hacer, deja mucho que decir sobre el grado de responsabilidad con el mandato que le entregaron los soledeños.

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Actividades con ancianos

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Antecedentes de Contratos Directos

Volviendo al contrato, además de hacerse de forma directa, el contratista no es más que una organización no gubernamental que hace un tiempo figuraba como una SAS y desde hace menos de 2 años se modificó a entidad sin ánimo de lucro.

Los únicos contratos que le figuran, además, son los que ha tenido con la propia alcaldía de Soledad, siendo el más jugoso, el firmado bajo la misma modalidad el 11 de noviembre del 2022, por $1.080 millones de pesos, también para atender el Centro de Vida y brindar atención a 400 adultos mayores, durante un total de 51 días, que en realidad fueron menos sacando los días festivos y fines de semana.

Y también en esa ocasión se expidió una resolución a las carreras justificando la contratación directa.

Irregularidades en los Contratos

Posteriormente en el 2023 hicieron parte de una unión temporal con otra ONG denominada Fundación Integral de Profesionales para el Desarrollo Social y Empresarial del Caribe (Corprocaribe), con sede en Barranquilla. La Unión Temporal Atención Centro de Vida 2023 firmó con el municipio de Soledad el contrato SG-CA-2023-006, con el objeto de “Aunar esfuerzos administrativos y financieros, para la atención integral a la población adulto mayor en el centro de vida del municipio de Soledad”, durante cinco meses, por un valor de $3 mil millones de pesos. En ese entonces la contratación se hizo bajo la figura de prestación de servicios de manera directa.

En cuanto a Corprocaribe se trata de otra organización cuya experiencia en temas relacionados solo se remite al municipio de Manatí (Atlántico). Tampoco cuenta con una página web oficial y en su red social de Instagram solo tiene 15 publicaciones, la última del 7 de junio del 2023.

María Elvira Pérez Galindo, quien para entonces fungía como representante legal de la Fundación Pilas Colombia Social, fue quien firmó el contrato en representación de la UT.

Finalizado este convenio Pilas Colombia Social, vuelve a ser contratada por el municipio de Soledad con el mismo propósito antes de finalizar el 2023. Mediante el contrato número SG CA 2023-033 se le adjudica nuevamente la operación del centro de vida de Villa Adela por un lapso de 82 días, que en realidad terminan siendo menos pues fue firmado el 11 de octubre y se finiquitó antes del 20 de diciembre.

Por este nuevo convenio el municipio de Soledad le pagó a la mencionada Fundación $1.307 millones de pesos, y la ONG puso una contrapartida de $560 millones de pesos.

A los pocos días, el Municipio aprobó adicionar tres otrosí a dicho contrato de prestación de servicios. El más llamativo de ellos es el primero, que en su cláusula primera señala:

«Cláusula primera-objeto: El presente acuerdo tiene por objeto: A) Modificar la cláusula quinta del convenio, la cual quedará así: Cláusula  quinta: desembolso de los aportes. El valor de los aportes a efectuarse por parte del municipio, será entregado a SIEC SEM SAS, de conformidad con el siguiente detalle: A) Un primer desembolso equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de los aportes del municipio, es decir la suma de seiscientos cincuenta y tres millones quinientos mil peos m/l ($650.500.000), una vez iniciada la ejecución del convenio; y aprobado el plan de trabajo por parte del supervisor del convenio. El restante del valor del convenio se desembolsará, de acuerdo con el avance de la ejecución del convenio, mediante la presentación de acta y/o actas parciales, hasta completar el valor total de seiscientos cincuenta y tres millones quinientos mil pesos m/l ($650.000.000), previa aprobación del supervisor del contrato y recibido a satisfacción de la entidad y presentación de certificación de encontrarse a paz a salvo con los aportes parafiscales y en lo referente a la seguridad social integral y certificación bancaria».

Es decir, que el pago del convenio no se haría a la mencionada Fundación, sino que iba a parar a otros bolsillos, una empresa SAS con sede en Bogotá, dedicada a las asesorías, principalmente técnicas en obras civiles, así como a organizar eventos; es decir, ninguna actividad relacionada con la operación de centros de adultos mayores.

Sin embargo, en un segundo otrosí modificando el primero, se estipula otra cosa respecto al objeto del pago del contrato.

«Cláusula primera-objeto: El presente acuerdo tiene por objeto: A) Modificar la cláusula quinta del convenio, la cual quedará así: clausula quinta: desembolso de los aportes. El valor de los aportes a efectuarse por parte del municipio, será entregado a la Fundación Pilas Colombia Social, de conformidad con el siguiente detalle: A) Un primer desembolso equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de los aportes del municipio, es decir la suma de seiscientos cincuenta y tres millones quinientos mil pesos m/l ($653.500.000,00), una vez iniciada la ejecución del convenio; y aprobado el plan de trabajo por parte del supervisor del convenio. Un segundo desembolso, por valor de cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000,00), cumplidos 15 días de iniciada la ejecución del convenio y el saldo del valor del convenio se desembolsará, de acuerdo con el avance de la ejecución mediante la presentación de acta y/o actas parciales, hasta completar el valor total del convenio previa aprobación del supervisor del contrato y recibido a satisfacción de la entidad y presentación de certificación de encontrarse a paz y salvo con los aportes parafiscales y en lo referente a la seguridad social integral y certificación bancaria».

Y como si no bastara ya el olor nauseabundo a corrupción que expiden todos estos procesos realizados por el municipio de Soledad, la entonces secretaria general Amalfi Gaviria Ramos firma un tercer otrosí para el mismo convenio, donde se lee:

«Clausula Primera-Objeto: El presente acuerdo tiene por objeto: a) Adicionar al valor del contrato, la suma de seiscientos millones de pesos ($600.000.000,00) con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No.062301049 del 21 de noviembre de 2023. Otrosí modificatorio 003 al convenio de Asociación no. SG-CA-2023-033, suscrito entre el municipio de Soledad y la Fundación Pilas Colombia Social.

«Clausula segunda – forma de pago: Modificar la cláusula Quinta del convenio de asociación No. SG-CA-2023-033, la cual quedará así: Cláusula quinta: desembolso de los aportes: El valor del presente convenio se desembolsará así: A)  Por parte del municipio se desembolsará un primer aporte por valor de trescientos millones de pesos ($300.000.000,00), pagaderos el día 27 de noviembre de 2023, un segundo aporte por valor de trescientos millones de pesos ($300.000.000,00), pagaderos el día 12 de diciembre de 2023 y un tercer aporte por valor de doscientos cincuenta y tres millones quinientos mil pesos ($253.5000.000,00) pagaderos el día 20 de diciembre de 2023. Estos aportes serán cancelados previa presentación de la respectiva certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por parte del supervisor del convenio».

O sea que por esta contratación de poco más de dos meses, el municipio de Soledad terminó pagando a dicha ONG, no menos de $1000 millones de pesos y haciendo trapisondas de todo tipo para “acomodar” cuentas como si se tratara del presupuesto de una tienda de barrio, a saber para favorecer a los contratistas.

Todo un concierto para delinquir

En total, entre el 2022 y el 2023, la fundación Pilas Colombia Social resultó favorecida con contratos por el municipio de Soledad por un valor total de $9.231,3 millones de pesos, donde además del tema de atención a los adultos mayores figuran otros como atención a población infantil vulnerable.

Una suma nada despreciable para una Fundación que no cuenta siquiera con una página web, ni redes sociales, fundamentales hoy día para cualquier empresa o entidad que quiera darse a conocer o mantener una imagen. Lo cual además deja mucho que pensar frente a su compromiso con la transparencia.

Además una fundación sin experiencia y con apenas $500.000.000 de patrimonio. Es fundamental hacer una auditoría forense a ese patrimonio para ver si es real y si sus socios aportaron la cuota reglamentaria para crear la fundación.

Además, su matrícula de inscripción en la Cámara de Comercio de Barranquilla data del 25 de mayo del 2022, justo antes de empezar a contratar con el municipio de Soledad, y no está registrada en el Registro Único de Proponentes, lo que explica la contratación directa que ha hecho el Municipio de Soledad, pues según la ley no se requiere estar inscrito en el RUP para acceder a una contratación directa, pero sí para participar en una convocatoria bien sea licitación pública o subasta.

En el 2022, cuando se firmó el convenio similar, según el presupuesto del contrato los 400 ancianos iban a recibir un almuerzo de $12.000 pesos y desayunos de $5.500 pesos. Es decir que, en el contrato firmado en abril pasado, teniendo en cuenta que su duración no será superior a 157 días, a lo mejor los almuerzos que recibirán los 300 abuelos del Centro de Vida, no costarán menos de 20 mil pesos cada uno, más costosos que el llamado “corrientazo” bien despachado y balanceado.

En resumen, las gentes más vulnerables de Colombia, en este caso de Soledad, siguen siendo utilizadas por funcionarios y personas particulares o empresarios corruptos para robar de manera descarada los recursos públicos. Y lo peor, frente a las narices de veedores y entidades encargadas de impartir justicia y evitar que estos hechos ocurran.

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