Parece mentira, algo de no creer, que la diputada Isabella Pulgar, la hija de uno de los politiqueros más señalado como el summum de la corrupción en Colombia (hablamos de Eduardo Pulgar) haya sido la única que se opuso al entuerto propuesto por el gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa para manejar a su antojo recursos por un billón, provenientes de la tasa de seguridad que se le cobra mensualmente a todos los usuarios de la energía eléctrica.

Sin argumentos conceptuales de peso, o estudios que arrojaran luz para solucionar el problema de la inseguridad en el departamento del Atlántico, Isabella Pulgar sostuvo, por convicción, su negativa a votar por la Ordenanza que facultaba al ejecutivo a pignorar las vigencias futuras de la tasa de seguridad por un billón de pesos para que sean utilizados en supuestos programas de seguridad en Barranquilla y su área metropolitana.

Sostiene la diputada Pulgar que esta iniciativa, que pasará a la firma del gobernador Eduardo Verano tras su trámite, deja a los 22 municipios del Atlántico en una posición desfavorecida en cuanto a la distribución de fondos para prevenir y combatir delitos de alto impacto que afectan a las familias del departamento, como atracos, asesinatos y violaciones.

Isabella Pulgar, AI caricature.

Nadie propuso lo más importante

Sin embargo, ni Isabella Pulgar ni ningún otro diputado, incluido el Pacto Histórico, propusieron eliminar el cobro de la tasa de seguridad a los habitantes del Atlántico, la cual es crucial en el aumento del costo de las ya elevadas facturas de energía eléctrica en el departamento. Esta tasa de seguridad, junto con el impuesto de alumbrado público, constituyen casi el 30% del valor total de la factura de energía.

Recordemos que este es uno de los objetivos de los comités de ciudadanos que luchan por unas tarifas justas de los servicios de energía eléctrica. Estos comités buscan una interacción más equitativa y transparente en la gestión de los costos asociados al consumo de energía. Además, es fundamental mencionar la deuda de la Asamblea departamental del Atlántico para el desmonte de la tasa de seguridad, lo cual ha sido un clamor popular durante mucho tiempo.

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Igualmente importante es el compromiso que debe adquirir el Concejo del distrito de Barranquilla para desmontar el impuesto de alumbrado público, buscando aliviar la carga financiera sobre los ciudadanos y promover un acceso más justo a los servicios básicos. Este tipo de acciones reflejan un compromiso con la equidad y la justicia social, aspectos cruciales para el desarrollo sostenible de las comunidades.

Un claro interés por estos recursos

Además, denunció la diputada Pulgar la ironía de que en el recinto de la Asamblea hubiese más funcionarios de la alcaldía de Barranquilla que de la gobernación del Atlántico, interesados en la aprobación de la norma. La Secretaría de Hacienda nunca se presentó para explicar el impacto financiero de la Ordenanza.

Tanto Isabella Pulgar como diversas organizaciones civiles han expresado preocupación por el interés sobre estos recursos por parte de la administración Char, específicamente en relación con el considerable monto de dinero que ascenderá a un billón de pesos. El temor radica en que estos recursos, una vez liberados tras negociaciones con entidades bancarias, se desvíen hacia proyectos controlados directamente por el gobierno distrital. La crítica subyacente es que estos fondos, en vez de destinarse a iniciativas de amplio beneficio para la comunidad, terminarán siendo manejados por intereses particulares ya predeterminados, lo cual pone en tela de juicio la transparencia y la equidad en el uso de los recursos públicos.

«Parece que el gobernador Eduardo Verano no confía en su capacidad de gestión y ejecución de los recursos, prefiriendo delegar la decisión sobre la inversión de más de un billón de pesos a otros durante los próximos 10 años», indico Isabella Pulgar.

La pifia de la diputada del Pacto Histórico

Le dejamos a nuestro lector que analice este discurso flojo y raquítico que hizo la diputada Alejandra Moreno para defender su postura con la cual se adhirió a la aprobación de la Ordenanza que faculta al ejecutivo a pignorar las vigencias futuras de la tasa de seguridad por un billón de pesos.

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