«El negocio perfecto: $2.400 millones para que todo siga igual de violento en Atlántico»
Cada año, los atlanticenses aportan más de $120.000 millones en sobretasa de seguridad esperando protección. Pero aquí está el truco: la Gobernación del Atlántico ha encontrado la fórmula perfecta para malgastar esos recursos sin que técnicamente sea «ilegal». ¿Cómo? Contratando año tras año a la misma ONG para hacer exactamente lo mismo que no ha funcionado, mientras los índices de violencia se mantienen o aumentan.
SID ONG, cuya única experiencia demostrable es organizar eventos sociales y «comelonas», acaba de recibir $2.400 millones públicos para realizar las mismas 22 jornadas de socialización, los mismos talleres pedagógicos y las mismas caravanas que supuestamente prevendrían riñas y linchamientos. Spoiler: no lo han hecho.
El resultado es matemáticamente previsible: los atlanticenses seguirán pagando religiosamente su sobretasa, la violencia continuará igual o peor, y el secretario del Interior José Antonio Luque Gerosa podrá decir con cara seria que «se está trabajando» en el tema. Genial, ¿no?
El Mecanismo Expuesto – La Máquina de Reciclar Contratos
Bienvenidos al mundo de la «innovación» en contratación pública atlanticense, donde copiar y pegar contratos es todo un arte. Las cláusulas del convenio 2025 con SID ONG son «casi que un calco» de los contratos de 2024, 2023 y 2022. ¿Por qué cambiar una fórmula que funciona tan bien… para quienes la operan?
El mecanismo es elegante en su simplicidad: se identifica una problemática real (violencia, riñas, linchamientos), se diseña una «estrategia pedagógica» que suena técnica y responsable, se la empaqueta en jornadas de socialización y talleres participativos, y se le endosa a una ONG que firmará cualquier contrato millonario. Así, cuando los ciudadanos pregunten «¿qué están haciendo con nuestra plata?«, la respuesta será impecable: «Trabajando en prevención de violencia con metodología pedagógica y cartografía social«.
Lo que no mencionan es que esta metodología lleva cuatro años demostrando que sirve tanto como un paraguas de papel en un huracán. Pero claro, admitir eso sería reconocer que el problema requiere soluciones reales, no cosmética contractual.
Los Actores y Sus Roles – El Reparto de esta Comedia
En esta obra tenemos a José Antonio Luque Gerosa, secretario del Interior, quien junto a su «equipo jurídico» consideró que una ONG especializada en bufetes y almuerzos a domicilio tiene la «suficiente idoneidad» para manejar $2.400 millones en prevención de violencia. ¿Cuál fue el criterio? ¿Acaso pensaron que las riñas se resuelven con un buen almuerzo?
SID ONG, representada por Elkin Ricardo Serna Morales, ha encontrado en la Gobernación a su cliente más fiel. Sin experiencia previa en prevención de delitos, logró que le renovaran el contrato por valor idéntico al año anterior. Su página web habla de «grupos de música«, «logística de eventos» y una campaña de prevención vial para niños. Vamos, que su expertise en violencia doméstica es tan evidente como un elefante rosa.
Los «socios estratégicos» Lagit SAS y CECO funcionan prácticamente en el mismo sitio. Qué casualidad, ¿verdad? Porque en el mundo de la contratación pública, las casualidades son tan frecuentes como los milagros en Lourdes.
El Impacto Real – Mientras Roma Arde
Los números no mienten, aunque los funcionarios prefieran ignorarlos. Los datos de la propia Gobernación, la Policía y el Observatorio de Violencia de la Universidad del Norte coinciden: la reducción de lesiones personales y riñas es «mínima» en algunos municipios, y en otros ha aumentado. Las autoridades reportan incremento de homicidios generados en riñas.
¿Traducción? Los atlanticenses están pagando religiosamente sus $120.000 millones anuales en sobretasa para financiar un espectáculo que no funciona. Mientras las familias viven con miedo, mientras los jóvenes mueren en riñas que se pudieron prevenir, mientras las madres lloran a sus hijos, la Gobernación sigue invirtiendo en la misma estrategia fallida.
El costo de oportunidad es devastador: con $2.400 millones se podrían haber fortalecido los organismos de investigación, aumentado la presencia policial en zonas críticas, o implementado programas reales de prevención con organizaciones que sí tengan experiencia comprobada. Pero claro, eso requeriría trabajo real, no solo renovar contratos.
El Sistema que lo Permite – La Impunidad Perfecta
Este caso ilustra la perfección del sistema de corrupción legal: técnicamente todo está en regla, los procedimientos se siguieron, los contratos se firmaron, los informes se presentarán. Nadie irá a la cárcel porque no hay delito tipificado. Solo hay ineficiencia sistemática, recursos despilfarrados y ciudadanos desprotegidos.
La genialidad radica en que el sistema se retroalimenta: como la estrategia no funciona, la violencia persiste, lo que justifica seguir contratando la misma estrategia. Es el círculo vicioso perfecto, donde el fracaso garantiza la continuidad del negocio.
Los atlanticenses reclaman mayor presencia policial, mejor investigación criminal, estrategias sostenidas de prevención. Pero reciben talleres de cartografía social y cine al aire libre. Es como si llegaran al hospital desangrándose y les ofrecieran una clase de primeros auxilios.
La próxima vez que un atlanticense pague su sobretasa de seguridad, que sepa que está financiando un sistema diseñado para perpetuar la mediocridad. Que sus $120.000 millones anuales se evaporan en contratos que reciclan el fracaso como si fuera una virtud.
¿Cuántos jóvenes más tienen que morir en riñas prevenibles? ¿Cuántas familias más deben vivir con miedo mientras sus impuestos financian simulacros de seguridad? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que conviertan la tragedia social en oportunidad de negocio?
La respuesta no está en los despachos de la Gobernación, donde el copy-paste de contratos es todo un arte. Está en la exigencia ciudadana de resultados reales, no de informes bonitos. Porque al final, los muertos no resucitan con jornadas de socialización, y la paz no se construye con talleres pedagógicos.
El cambio empieza cuando dejamos de aplaudir el teatro y exigimos que la función termine.
La arquitectura invisible de la corrupción
Lo que ocurre en el Atlántico no es un error administrativo, es un ejemplo claro del mecanismo invisible que alimenta la corrupción estructural: una red de convenios interadministrativos que permite evadir procesos licitatorios rigurosos, favoreciendo entidades sin competencia real, pero con buenos contactos. La política no se juega en las urnas ni en los debates, sino en pasillos oscuros donde la ética no entra, pero el cálculo sí.
Este tipo de contrataciones replicadas año tras año no buscan prevenir la violencia, sino perpetuar la lógica clientelista de contratos fáciles, control político y ausencia total de resultados verificables. No hay seguimiento real, ni auditorías externas, ni consecuencias políticas.
Civismo: la verdadera estrategia de seguridad
Si algo queda claro es que sin civismo, no hay seguridad. No se trata solo de policías y campañas pedagógicas aisladas. Se necesita reconstruir el tejido social con base en la empatía, la corresponsabilidad y el respeto por lo público. Pero mientras funcionarios públicos actúan como dueños del erario y premian a ONG’s que solo saben organizar comelonas, estamos muy lejos de ese ideal.
¿Y la Secretaría de Transparencia?
Silencio absoluto. Como ya es habitual, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República brilla por su inacción. No hay registro de una sola investigación, alerta, observación o informe frente a este uso reiterado de la sobretasa de seguridad para convenios calcados con contratistas sin experiencia. Una entidad que debería vigilar, pero prefiere no incomodar.
