La idea de vincular a los ex rectores a los Consejos Superiores de las universidades públicas se plantea en la Ley 30 de 1992 en dos artículos. En el 40, en donde vinculan tres de ellos a la junta directiva del ICFES: uno por las universidades públicas, de las privadas y de economía solidaria.

En el capítulo II sobre organización y elección de las directivas de las universidades públicas, artículo 64, señala que los Consejos Superiores se encuentra integrados por un delegado del Presidente de la República, uno del Ministro de Educación –controlados en la U. del Atlántico por el senador de Centro Democrático Carlos Meisel–, el gobernador del departamento que es su presidente, un representante de los profesores, de las directivas académicas, egresados –que ahora colocan a Concejal de Barranquilla en cabeza de Leyton Barrios merced a las OPS, órdenes de prestación de servicios–, los estudiantes, que tienen más de un año sin representante; el sector productivo o gremios –el ahora representante a la Cámara César Lorduy, fue voto decisivo para elegir a Carlos Prasca del partido Cambio Radical y un ex rector universitario.

El senador Arturo Char y el representante a la Cámara César Lorduy, para muchos, son el origen de la crisis de la universidad.

La idea de nutrir con la experiencia de los ex rectores en los Consejos Superiores funciona en otro tipo de universidades, pero en la Atlántico ha sido mal invento. Intervenida por los políticos como fortín burocrático y botín desde los años sesenta del siglo XX, por la rectoría han pasado intelectuales de valía y profesionales destacados, pero también, de mala manera, fue invadida por personajillos de opereta bufa, bandidos y títeres. Así que en la complicada matemática de votaciones del Consejo Superior, este voto de los ex rectores suele en ocasiones, ser el fundamento que incline la balanza hacia un lado u otro.

Durante el accidentado proceso de elección de Carlos Prasca sucedió ese hecho singular que un voto –en este caso el del representante Lorduy– dirimió el balance del proceso mediante una extraña y providencial tutela. En fin, lo importante es señalar que para el rector y el establecimiento, cada voto en las decisiones del Consejo Superior es vital, máxime que la Universidad del Atlántico es la única que en sus estatutos no le coloca periodo a los rectores que pueden ser despachados ipso facto en cualquier desavenencia de criterios con la mayoría de los consejeros. Una auténtica espada de Damocles y que en plata blanca traduce que el rector tiene que mantener “contentos” a los consejeros para que le guarden las espaldas en las buenas y en las malas.

Para desbancar al ex rector Vallejo, del partido Liberal, de su condición de miembro del Consejo Superior se armó una estrategia entre varios ex rectores cuyos negocios consisten –en el que quiera creerles el cuento– en brindar asesoría educativa. Por supuesto que ellos no aspiraban directamente al cargo de consejero superior pues los inhabilitaría para suscribir contratos directos con la universidad. Apelaron entonces a la figura arcaica y retrógrada de Guillermo Rodríguez Figueroa, que ya había sido consejero superior, para que los representará.

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Rodríguez es conocido en la historia de la universidad como el “rector policía”, pues a mediados de la década de los sesenta se dio a la pela de botar a cualquier brote político o ideológico que no fuese el suyo, empezando por los estudiantes, para acto seguido proseguir con los profesores fuesen de izquierda o derecha, con amigos suyos; en fin, la propia encarnación de la tiranía y lo más alejado que pueda pensarse de la amplitud de pensamiento de un rector universitario.

El promotor, según fuentes de la universidad, de la nueva llegada de Rodríguez al cargo de Consejero Superior partió del ex rector Ubaldo “Kike” Meza quien negoció con Carlos Prasca la desmontada de Vallejo y la entronización de este nuevo alfil de apoyo a cambio de contratos. Así fue. Rodríguez se convirtió en escudero de Prasca en las diversas votaciones del Consejo Superior e incluso, cuando fue suspendido por sus actos inmorales de proxenetismo, se sentó al lado del defenestrado Prasca, muy campante, mientras la Ministra de Educación le daba la acreditación institucional a la Universidad en el salón de actos de la gobernación. Pura llavería.

Al ex rector Ubaldo Meza, cuyo periodo fue el más sangriento en la historia de la universidad pese a sus afinidades con el Moir, le dieron un contrato de $620 millones. A otro ex rector, Pedro Falco, le otorgaron uno por $329 millones. Todo por la fidelidad del voto de los ex Rectores en cabeza de Rodríguez Figueroa en el Consejo Superior que también tiene sus cuotas pues su hijo Guillermo Rodríguez tiene una OPS y a su esposa Ruby Casalins, trabajadora social, le dieron un contrato como asesora por $6 millones. Todos, por supuesto, son prasquistas y ahora se acomodarán al rector encargado que proviene del Centro Democrático. Hagan sus apuestas.

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