Para algunos, se trata de una inferencia ilógica, pues el dogma imperante obliga a pensar que un atentado como el que acaba de ocurrir en Cúcuta fue realizado por grupos terroristas enemigos del gobierno y por lo tanto del ejército nacional, y nada tiene que ver con lo que hagan o dejen de hacer las mayorías del congreso par probar lo que a ellos le conviene.

No obstante, si analizamos el dogma imperante vemos que se nutre de correlaciones lingüísticas y silogismos que a la larga resultan ser falaces, por lo tanto, podemos atrevernos a decir que sí hay una inferencia lógica en el titular. Veamos.

El hecho de que haya un explosión en una guarnición militar no implica que haya sido un acto terrorista. Pues estadísticamente estos hechos no determinan una relación de causalidad (Explosión en base militar = acto terrorista). De lo contrario algo grave está pasando con la seguridad de las bases militares en Colombia.

Pero el discurso del dogma imperante está montado sobre silogismos como «todos los que protestan y reclaman sus derechos no están de acuerdo con las políticas del gobierno, los terroristas no están de acuerdo con el gobierno, por lo tanto quienes protestan son terroristas» o «los terroristas usan explosivos, y en la base militar X ocurrió una explosión, por lo tanto fueron los terroristas». Silogismos falaces que los medios de comunicación se encargan de difundir y convertirlos en «verdad».

Le recordamos que un silogismo veraz es como este: «Todos los gansos son blancos, Perla es un ganso, por lo tanto Perla es blanca». Este silogismo lo convertimos en falaz de la siguiente manera: «Todos los gansos son blancos, Perla es blanca, por lo tanto es un ganso». Es falaz porque Perla puede ser una gallina, o una paloma, o un pato.

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Y eso fue lo que hizo el ministro de defensa Molano la tarde de la explosión en la base militar de Cúcuta, articular silogismos que nutren un dogma imperante y fortalece el discurso de que todo lo malo que sucede en el país es culpa de quienes no están de acuerdo con las políticas del gobierno actual.

Mientras el país estaba absorto en el bombazo de Cúcuta y haciendo disquisiciones de cómo habían logrado entrar un camioneta cargada con explosivos a una guarnición militar, el congreso de la república sesionó y las mayorías adeptas (enmermeladas) al gobierno aprobaron el proyecto de Reforma a la Justicia, lo que hemos titulado «una bellacada» (o sea un acto que es malo moralmente y ruin).

Se trata de una renovada batería de normas con la cual se pretende modificar la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que está vigente desde marzo de 1996. Con 68 votos a favor y 15 en contra, el proyecto está a un paso de ser realidad, pues solo hace falta la conciliación de textos entre lo aprobado y la propuesta de la Cámara, que no tiene mayores diferencias, y el control a cargo de la Corte Constitucional.

Aunque esta decisión generó varias inconformidades en los colombianos, esto no fue lo único que pareció molesto. Otro factor que no encajó muy bien ante el “sí” a la Reforma de Justicia, fueron las circunstancias en las que el Senado tomó dicha determinación. Mientras se realizaba el debate, el país se veía impactado por un atentado en la base militar de Cúcuta, que dejó más de 30 heridos.

Los ojos del país estaban puestos en dicho atentado mientras la Reforma a la Justicia era debatida y aprobada, acto que generó rechazo por parte de varias personalidades, una de ellas, la actriz colombiana Carolina Guerra, quien expresó a través de su cuenta oficial de Twitter que dicha decisión era “otro gol”, haciendo entender que el Congreso habría aprovechado dicho atentado para aprobar la Reforma.

Fueron miles los usuarios de redes sociales que opinaron sobre la decisión tomada por el Senado y sus puntos más criticados, que traen consigo unas reglas que son toda una ruptura con la Ley Estatutaria que nos rige desde los 90′s.

Reforma a la Justicia: Corte Constitucional tiene la palabra 

Como suele pasar con los proyectos de reformas aprobados los últimos tiempos en el Congreso, relacionados con cambios profundos y significativos en las normas macros del país, ahora será la Corte Constitucional la que de la razón o la niegue a quienes desde sus curules cuestionaron varios artículos de la Reforma a la Justicia que ayer fue pupitreada en el Legislativo. 

Pese a los reparos que se escucharon de distintos voces, Senado y Cámara de Representantes le dieron el visto bueno al proyecto presentado por el Gobierno. 

De nada valieron las advertencias que se lanzaron sobre algunos puntos en concreto. 

El que más ampollas levantó, el que modificó los requisitos para ocupar altos cargos: Defensor del Pueblo, Fiscal General, Contralor o Registrador. La norma vigente establece que para ocupar cualquiera de estas dignidades, el aspirante debe tener al menos diez años de experiencia ejerciendo el derecho. Pero en un parágrafo aprobado, los requisitos se flexibilizan. 

“Parágrafo 2. Para la experiencia de que trata el presente artículo, así como para ejercer el cargo de Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo y Registrador Nacional del Estado Civil, los abogados que cuenten con títulos adicionales en programas de educación superior podrán acreditar como experiencia profesional aquella adquirida en ejercicio de profesiones en ciencia política, gobierno, finanzas, relaciones internacionales, ingeniería, economía, administración de empresas y administración pública”, dice el texto. 

Esta modificación ha sido de la más cuestionada. 

Aunque en la sesión de este martes se eliminó la modificación en los requerimientos para ser magistrado, se mantuvo en estos cargos mencionados. Para los opositores a dicho punto, esta reforma al artículo 128 de la ley 270 de 1996 puede ser peligrosa ya que le abriría la puerta a que personas con estudios en derecho puedan aspirar a la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y Registraduría sin tener la experiencia suficiente, que es de 15 años en ejercicio como abogado.

Para varios sectores, este supuesto mico tendría como objetivo favorecer una futura aspiración del actual contralor, Carlos Felipe Córdoba, a la Fiscalía. La cabeza de la Contraloría estudió relaciones internacionales y actualmente se encuentra a la espera de su grado en derecho, por lo que la reforma aprobada este martes le permitiría aspirar a varios de los cargos (fiscal general, procurador, defensor y registrador) a los que hasta hoy se exigía que debía tener sí o sí una experiencia de 15 años como abogado.

No obstante, Córdoba señaló que esos comentarios son malintencionados, que efectivamente está terminando su carrera de Derecho, porque quiere “ejercerlo en Colombia y me parece importante ser abogado” y que no quiere ser fiscal. 

En el mismo sendero de los reparos, la presidenta de la judicatura cuestionó que se le entreguen funciones de índole administrativa a las altas cortes. Para López, se violaría la Constitución debido a que se desnaturalizaría “el sentido y la relación” con el Consejo Superior de la Judicatura, que está encargado de la administración y asignación de los recursos de la rama. De forma parecida, señaló que hay puntos que implican “presiones de gasto” que no se encuentran contemplados en el arco fiscal. 

Por esta razón, aunque el Consejo Superior de la Judicatura figura como uno de los autores del proyecto aprobado este martes, su presidenta advirtió que varios de sus puntos son inconstitucionales y se separó de ellos. Para esta, en el trámite se agregaron varios artículos con los que no estuvo de acuerdo. 

El proyecto que fue aprobado en la sesión de este martes contempla que la administración de justicia sea catalogada como un servicio público esencial. Aunque esto trae algunos avances en temas de presupuesto y de su fortalecimiento, algunos consideran que puede ser un arma de doble filo para los trabajadores de la rama judicial debido a que daría argumentos para que los paros fueran considerados como ilegales. 

En cuanto al tema presupuestal, el proyecto ha sido celebrado debido a que le otorga una mayor autonomía a la justicia, pues se espera que se le destinen unos $4 billlones anuales, es decir, un 3% del presupuesto de la Nación, y aunque la mayoría aplaudió este punto congresistas del Centro Democrático lo cuestionaron, como la senadora Paloma Valencia, quien consideró que un aumento en el presupuesto para la justicia en plena crisis económica no se justificaba.  

Curiosa posición, pues el Centro Democrático fue uno de los que aprobó, apenas a principios de esta semana, la reforma al Código Disciplinario, donde sin tener unidad de materia, se metió un artículo en el que se dan poderes al presidente Iván Duque para que aumente la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación

Parece que para las “entidades amigas” o allegados del Gobierno (Contraloría, Superintendencia de Salud), el presupuesto siempre alcanza, pero cuando se trata de garantizar recursos para sus “instituciones enemigas”, detractores u opositores (cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia, que hace parte de la Rama Judicial, es la que le adelanta un proceso al ex senador Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático), nunca hay plata.  

El proyecto también plantea la creación de figuras como los jueces itinerantes para fortalecer la administración de justicia en las regiones. Asimismo, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Stella López, destacó que el texto aprobado habilita el concurso de ascensos y la convocatoria pública para ingreso a cargos en las altas cortes. 

También, la iniciativa aprobada entra a reglamentar en profundidad la forma en que operará la Comisión de Disciplina Judicial. Este organismo es el responsable de la disciplina de los miembros de la rama desde la reforma del equilibrio de poderes de 2015. Sin embargo, solo hasta hace unos meses entró en funcionamiento debido a un fuerte debate jurídico sobre la elección de sus miembros. 

Entre otros puntos de la extensa reforma, con más de 90 artículos, se propone que los listados para aspirar a las magistraturas de las altas cortes deben estar compuestos en su 50% por mujeres. Este punto buscaría entrar a solventar la falta de equidad de género en los máximos tribunales. 

Tras el sí de la plenaria del Senado, el proyecto ya cumplió con sus cuatro debates y solo le queda pasar por la conciliación entre los textos de Cámara y Senado, que apenas tienen algunas diferencias. Luego, pasará a control de constitucionalidad automático en la Corte Constitucional, por ser una ley estatutaria -que entra a legislar sobre derechos fundamentales-, y a sanción presidencial. 

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