Dos años de gobierno en el municipio que el propio alcalde llama «la parte más oscura del mundo»: un Índice de Desempeño Institucional que se desplomó de 68,17 a 25,74 en su primer año, regalías reportadas al CHIP con la misma cifra congelada durante 13 cortes consecutivos, una alcaldía que no existe en el SECOP, un Plan de Desarrollo que no está publicado y nueve de cada diez habitantes en pobreza multidimensional. Radiografía con fuentes oficiales de una administración que gobierna un territorio en calamidad permanente.
Semáforo legal: Naranja 🟠 | Estado: Publicable con réplica pendiente | Fecha de corte: 4 de agosto de 2026 | Periodo evaluado: vigencias 2024 y 2025 (con corte parcial 2026)
Apertura: el municipio donde el río manda y el Estado llega tarde
Alto Baudó se erigió como municipio el 25 de noviembre de 1958, con cabecera en Pie de Pató, a orillas del río Baudó, en el noroccidente del Chocó. Su territorio de 1.532 km² está surcado por ríos que son, a la vez, su carretera y su amenaza: no hay conexión vial terrestre con Quibdó, la capital departamental, ubicada a unos 80 kilómetros que solo se superan por aire o por agua.
Según las proyecciones del DANE, en 2025 el municipio tiene 31.745 habitantes, de los cuales apenas 3.263 viven en la cabecera: el 89,7% de la población es rural, dispersa en comunidades afrodescendientes organizadas en consejos comunitarios y en resguardos de los pueblos Emberá Dobida y Katío. Por su población y sus ingresos propios es un municipio de sexta categoría (Ley 617 de 2000), el escalón más bajo de la escala fiscal colombiana. No es municipio PDET: de los 12 municipios chocoanos incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (dataset oficial del DNP consultado el 4 de agosto de 2026), Alto Baudó no hace parte.
El contexto histórico es de abandono estructural y conflicto. El Índice de Pobreza Multidimensional del DANE ubica al municipio en 90,6% (medición 2022), casi ocho veces el promedio nacional de 12,9%. La Serranía del Baudó fue durante dos décadas escenario de guerra entre el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo, cuya Subestructura Baudó siguió activa hasta 2026. El municipio registra episodios recurrentes de confinamiento y desplazamiento masivo de comunidades indígenas documentados por OCHA, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Y padece una emergencia invernal casi anual: el río Baudó se desborda sobre las mismas viviendas una y otra vez.
La tesis de esta evaluación: los números fiscales muestran una administración que ejecuta presupuesto de inversión por encima del 80% y que logró un rebote espectacular en el índice institucional del DAFP, pero que convive con un colapso documentado de su primer año, reportes de regalías congelados, invisibilidad contractual total y un Plan de Desarrollo que la ciudadanía no puede leer porque no está publicado. La calificación final es 4,96/10, MEDIOCRE (PREOCUPANTE).
¿Gobernar es solo no robar, o es también cumplir?
El municipio y el hombre
Ariel Salazar Sarco fue elegido alcalde de Alto Baudó en las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023 y se posesionó el 1 de enero de 2024 para el periodo 2024-2027 (Chocó 7 días, 30 de octubre de 2023). La hoja de vida pública del alcalde no registra en fuentes abiertas una trayectoria administrativa previa documentada, y el portal municipal no publica su perfil: el sitio oficial no tiene un solo documento cargado desde 2024.
En abril de 2024, a cien días de gobierno, el alcalde Salazar describió así su propio municipio al diario local: gobernar el Alto Baudó es «estar en la parte más oscura del mundo» (Chocó 7 días, 10 de abril de 2024). La frase, dicha por el mandatario y no por un opositor, es el diagnóstico más citado de su administración.
La sombra heredada es pesada. En marzo de 2023 la exalcaldesa del municipio fue capturada en Medellín por sus presuntos vínculos con el ELN y por su supuesta colaboración en el secuestro del exalcalde Tulio Mosquera, quien estuvo privado de la libertad por esa guerrilla (Revista Semana y El Colombiano, 23 de marzo de 2023). El antecesor inmediato de Salazar fue Ulises Palacios Palacios (2020-2023), bajo cuya administración el desempeño institucional medido por el DAFP comenzó su caída. Salazar recibió, en síntesis, un municipio con la institucionalidad herida, la violencia activa y la pobreza más alta del país.
Componente 1 (25%): FURAG, el colapso y el rebote
El Índice de Desempeño Institucional (IDI) del Departamento Administrativo de la Función Pública es el termómetro más objetivo de la capacidad estatal municipal. La trayectoria de Alto Baudó, según el dataset oficial FURAG de datos.gov.co (consultado el 4 de agosto de 2026) y el informe oficial de resultados vigencia 2025, es una montaña rusa:
| Vigencia | IDI (0-100) | Quintil en su grupo par | Observación |
|---|---|---|---|
| 2022 | 68,17 | 4 | Último año de la administración Palacios, por encima del promedio de su grupo (59,28) |
| 2023 | 27,00 | 1 | Año de transición; caída de 41 puntos |
| 2024 | 25,74 | 1 | Primer año de Salazar; el peor quintil, contra un promedio de grupo de 59,11 |
| 2025 | 80,62 | Grupo 5 | Segundo año de Salazar, según el informe oficial DAFP |
El detalle de la vigencia 2024, verificado registro por registro en el dataset oficial, muestra el fondo del pozo: Talento Humano 40,06; Gestión con Valores para Resultados 32,09; Gestión del Conocimiento 21,13; Racionalización de Trámites 5,26; diagnóstico y planeación del servicio al ciudadano 4,76; y nueve subíndices en cero absoluto, entre ellos servicios ciudadanos digitales, decisiones basadas en datos, priorización de trámites e innovación pública digital. En 2024, la alcaldía de Alto Baudó era, medida por el Estado mismo, una de las peores administraciones de Colombia.
El informe oficial de la vigencia 2025 registra un rebote a 80,62, un salto de casi 55 puntos en un año, un movimiento estadístico tan violento como la caída que lo precedió. La metodología de esta casa toma como base el IDI más reciente (80,62, que convertido sería 8,06), pero aplica los topes de la rúbrica: el municipio cerró la vigencia 2024, la última verificable en datos abiertos, en el último quintil de su grupo par, y arrastra una dimensión por debajo de 50 puntos, por lo que el componente no puede superar 6,0. La volatilidad extrema, de 25,74 a 80,62, se reporta al lector como un dato que la propia alcaldía debería explicar.
Calificación componente 1: 6,00/10 — Regular (VIGILAR).
Componente 2 (20%): las finanzas, un presupuesto de inversión con cifras congeladas
Los datos provienen de los reportes CUIPO que el municipio carga al CHIP de la Contraloría General de la Nación (datasets OVCF de datos.gov.co, entidad 212527025, cortes de diciembre, consultados el 4 de agosto de 2026).
TABLA 1. Ejecución de ingresos, Alto Baudó 2024-2025 (millones de pesos)
| Concepto | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Recaudo total | $53.312,3 | $69.687,7 |
| Ingresos tributarios propios | $1.148,6 (2,2%) | $2.402,4 (3,4%) |
| Transferencias corrientes (SGP y Nación) | $48.019,2 (90,1%) | $59.333,0 (85,1%) |
| Recursos de capital | $3.801,5 | $7.146,9 |
El recaudo creció 30,7% entre 2024 y 2025. Los ingresos tributarios propios se duplicaron con creces, de $1.149 millones a $2.402 millones, empujados por las estampillas, que pasaron de $731 millones a $1.834 millones, un aumento del 151% que sugiere mayor actividad contractual gravada y, en menor medida, por el impuesto de industria y comercio ($313 millones en 2025). La sobretasa ambiental aporta $255 millones anuales estables. La dependencia de las transferencias del Gobierno central bajó de 90,1% a 85,1%, pero sigue siendo la de un municipio que vive de Bogotá: el SGP le giró en 2025 $13.567 millones para propósito general, $12.793 millones para salud, $5.586 millones para agua potable y saneamiento y $5.301 millones para educación.
TABLA 2. Ejecución del gasto, vigencia actual (compromisos, millones de pesos)
| Concepto | 2024 | % | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|
| Funcionamiento | $5.986,4 | 13,7% | $6.391,3 | 11,3% |
| Servicio de la deuda | $0,0 | 0,0% | $4.516,8 | 8,0% |
| Inversión | $37.859,9 | 86,3% | $45.819,3 | 80,8% |
| Total | $43.846,3 | 100% | $56.727,5 | 100% |
El rasgo fiscal más llamativo de esta administración es la proporción del gasto volcada a inversión: 86,3% en 2024 y 80,8% en 2025, muy por encima del promedio municipal colombiano y con un funcionamiento contenido en torno al 12%. Los pagos alcanzaron $35.472 millones en 2024 y $52.790 millones en 2025. La contracara: en 2025 aparece por primera vez un servicio de deuda de $4.516,8 millones, pagado en su totalidad, un endeudamiento que el municipio no reportaba en 2024 y que compromete el 8% del gasto. Sobre los créditos que lo originan y las vigencias futuras no existen datasets abiertos nacionales, y el portal municipal tampoco los publica: es una deuda que la ciudadanía no puede examinar.
La anomalía de las regalías: el reporte que no se mueve. Aquí está el hallazgo forense más serio del componente. La cuenta raíz de recaudo del Sistema General de Regalías reportada por Alto Baudó al CHIP es exactamente la misma, $26.965.614.807, en 13 cortes consecutivos, desde diciembre de 2022 hasta marzo de 2026. Las obligaciones y pagos también estuvieron congelados en $8.505.818.969 durante 11 cortes (junio de 2022 a junio de 2025), y cambiaron una sola vez, a $5.821.274.933, cifra que se mantiene idéntica desde septiembre de 2025. Cuando un reporte se repite peso a peso durante tres años y medio, la explicación no es financiera sino administrativa: el municipio no está actualizando sus reportes SGR, un incumplimiento del deber de reporte oportuno que distorsiona el seguimiento de la Contraloría y de la ciudadanía. Con los datos congelados no es posible afirmar cuánto se ejecutó realmente del bienio, y esa imposibilidad es en sí misma el hallazgo.
En el banco de proyectos de regalías del DNP figura el proyecto que define la frustración histórica del municipio: el mejoramiento de la vía de Salvijo (La Victoria) a Pie de Pató, por $20.451 millones, radicado desde 2017, que al corte de esta investigación registra 14% de avance físico y 15% financiero. La carretera que conectaría al Alto Baudó con el mundo lleva nueve años y tres administraciones sin terminarse. En contraste, los muelles de acceso peatonal rural ($4.330 millones) y el Centro de Atención al Ciudadano de Pie de Pató ($2.990 millones) figuran como terminados.
El balance: inversión superior al 80% en ambas vigencias y esfuerzo fiscal visible, dentro de la banda 7,0-8,4 de la rúbrica, con dos descuentos documentados: la opacidad del nuevo endeudamiento y el reporte SGR congelado.
Calificación componente 2: 7,00/10 — Bueno (BIEN).
Componente 3 (20%): el Plan de Desarrollo que nadie puede leer
La metodología de esta casa exige contrastar los cinco problemas que más preocupan a la comunidad, identificados desde prensa, protestas y fuentes independientes, con los avances documentados del Plan de Desarrollo. En Alto Baudó ese ejercicio tropieza con un obstáculo previo y grave: el Plan de Desarrollo 2024-2027 no está publicado en el portal municipal. La sección de planes del sitio oficial solo contiene documentos de 2016-2019, y la API pública del portal confirma que no se ha cargado un solo documento desde 2024. Tampoco hay informe de gestión ni rendición de cuentas de las vigencias evaluadas. La evaluación del plan debe hacerse, entonces, contra la realidad documentada por terceros, y la no publicación del plan queda registrada como incumplimiento del deber legal de publicidad (Ley 152 de 1994, Ley 1712 de 2014).
Los cinco problemas prioritarios, reconstruidos desde la prensa local y regional, la Defensoría del Pueblo y los reportes de emergencia:
1. Agua, saneamiento y gestión del riesgo (4,0/10). Es la tragedia cíclica del municipio. En marzo de 2024 el desbordamiento del río Baudó dejó entre 5.000 y 9.000 familias damnificadas y al menos dos menores fallecidos (Radio Nacional, El Tiempo, Infobae). En noviembre de 2024 el alcalde reportó 7.000 familias afectadas (Caracol Radio). El 2 de noviembre de 2025 el municipio se declaró en calamidad pública con más de 10.000 damnificados (Infobae). En julio de 2026 un vendaval dañó viviendas. La respuesta ha sido reactiva: declarar emergencias y pedir ayuda. La mitigación estructural llegó recién en julio de 2026, con un contrato de la Gobernación del Chocó por $1.880 millones para muros de hydroblock. El SGP le gira al municipio $5.586 millones anuales para agua y saneamiento: la pregunta ciudadana es dónde se ven.
2. Salud (4,0/10). El Chocó vive una crisis de suicidios de jóvenes indígenas, 30 muertos al corte de febrero de 2026, con el Baudó entre los territorios señalados (Revista Semana). La Procuraduría hizo seguimiento en noviembre de 2025 al cumplimiento de la sentencia que protege a la niñez indígena del departamento. La prestación del servicio corre por cuenta de la Gobernación, que firmó entre 2024 y 2026 al menos ocho contratos de salud pública que mencionan el Baudó por más de $8.400 millones. La capacidad municipal propia no es visible en ninguna fuente.
3. Educación (3,5/10). La imagen del periodo es el colegio de Chachajo, destruido y en abandono (Chocó 7 días, abril de 2024). El SGP giró $5.301 millones para educación en 2025. El único resultado documentado con nombre propio es departamental: 100 jóvenes chocoanos graduados por la estrategia SIMES del Ministerio de Educación (noviembre de 2025). La dimensión educativa es uno de los componentes que explica el IPM de 90,6%.
4. Vías y transporte fluvial (5,0/10). La vía Salvijo-Pie de Pató, $20.451 millones en regalías, cumple nueve años al 14% de avance. Hay, sin embargo, avances parciales verificables: los muelles rurales de regalías terminados y, en marzo de 2025, un contrato de la Gobernación por $1.402 millones para recuperar la navegabilidad de los ríos Pepe, Dubasa y Berebe, las verdaderas carreteras del municipio. Es el frente con más obra documentada, aunque la obra grande sigue sin llegar.
5. Seguridad y garantías de derechos humanos (3,0/10). En marzo de 2024 se documentó desplazamiento y confinamiento indígena en el río Catrú; en octubre de 2024 la Defensoría del Pueblo pidió «intervención urgente» ante un masivo confinamiento en el municipio. La Subestructura Baudó del Clan del Golfo operó en la zona hasta que ocho de sus miembros se sometieron al Ejército en julio de 2026. La seguridad no depende de un alcalde de sexta categoría, pero la articulación institucional para proteger a las comunidades, que sí es su deber, no dejó rastro documental: ni plan de gestión del riesgo actualizado, ni consejos de seguridad publicados, ni informes.
El promedio de los cinco indicadores es 3,9, castigado además por la imposibilidad de verificar el plan rector.
Calificación componente 3: 3,90/10 — MEDIOCRE (PREOCUPANTE).
Componente 4 (15%): SECOP, la alcaldía invisible
La búsqueda sistemática en las dos plataformas oficiales de contratación pública arroja un resultado que en sí mismo es la noticia: la Alcaldía de Alto Baudó no tiene un solo contrato registrado a su nombre ni en SECOP II ni en SECOP I (verificado el 4 de agosto de 2026 por variantes del nombre de la entidad en los datasets oficiales de datos.gov.co). En SECOP II, la búsqueda por «Baudó» solo devuelve un hospital de Boyacá de nombre parecido; en SECOP I, únicamente aparece un centro educativo indígena del municipio.
Un municipio que ejecuta $43.846 millones en 2024 y $56.727 millones en 2025, según sus propios reportes CUIPO, no puede no contratar: lo que no hace es publicar sus contratos en la plataforma que la ley le ordena usar para garantizar la publicidad. La ausencia puede deberse a contratación por fuera del sistema, a cargue deficiente o a ejecución a través de terceros; las tres hipótesis son incompatibles con el deber de transparencia (Directiva 001 de 2015 de Colombia Compra Eficiente, Ley 1712 de 2014). Esta investigación no afirma que haya detrimento: afirma que la ciudadanía del Alto Baudó no tiene forma de saber quién contrata su alcaldía, a qué precio y con quién.
Lo que sí se ve es la inversión de otros en el territorio. La Gobernación del Chocó (NIT 891.680.010) firmó 26 procesos que mencionan el Baudó entre 2024 y 2026 por $13.913 millones: salud pública, mitigación del riesgo con muros de hydroblock ($1.880 millones, julio de 2026), recuperación de la navegabilidad fluvial ($1.402 millones) y acompañamiento a consejos comunitarios ($702 millones). El INVIAS registra procesos por $36.130 millones que mencionan la zona. El Estado llega al Alto Baudó, pero llega por encima de su alcaldía.
Calificación componente 4: 3,50/10 — MEDIOCRE (PREOCUPANTE).
Componente 5 (10%): los ODS en el municipio más pobre de Colombia
Sin plan de desarrollo publicado ni sistema municipal de seguimiento, la evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se apoya en indicadores oficiales de terceros:
- ODS 1, fin de la pobreza: IPM de 90,6% (DANE, 2022), el nivel más alto del país. Retroceso o estancamiento: 2,5.
- ODS 3, salud: crisis de suicidios indígenas sin respuesta municipal documentada; prestación tercerizada en la Gobernación. Estancamiento: 4,0.
- ODS 4, educación: infraestructura escolar destruida en comunidades como Chachajo; SGP educativo en aumento. Estancamiento: 3,5.
- ODS 6, agua y saneamiento: calamidades anuales sobre las mismas viviendas; mitigación estructural recién contratada en 2026 por el departamento. Estancamiento: 3,5.
- ODS 16, paz e instituciones: confinamiento masivo documentado por la Defensoría; presencia del Clan del Golfo hasta 2026; pero rebote del índice institucional FURAG en 2025. Estancamiento con un signo positivo: 4,0.
Promedio: 3,5.
Calificación componente 5: 3,50/10 — MEDIOCRE (PREOCUPANTE).
Componente 6 (10%): percepción ciudadana, entre la resignación y la calamidad
No se documentan protestas ni movilizaciones contra la administración Salazar en el periodo, una calma que en el Alto Baudó dice menos de satisfacción que de la dificultad de organizarse en un territorio confinado y disperso. Lo que registra la prensa es un alcalde que gobierna entre emergencias: la declaración de calamidad pública de noviembre de 2025 fue la medida administrativa más visible de su mandato. La columna más citada del periodismo local sobre su gestión usa como fuente principal la propia frase del mandatario, «la parte más oscura del mundo», y concluye que el municipio «necesita mucha atención» (Chocó 7 días, abril de 2024). A favor de la administración cuenta el rebote institucional de 2025, el crecimiento del recaudo y la ausencia de escándalos de corrupción con su nombre, un contraste relevante frente a la captura de su antecesora política. En contra, el bloqueo de los canales formales de participación y rendición: sin informes públicos, sin plan publicado, sin portal actualizado.
Calificación componente 6: 4,00/10 — MEDIOCRE (PREOCUPANTE).
El cálculo ponderado final
Calificación final = (C1 × 0,25) + (C2 × 0,20) + (C3 × 0,20) + (C4 × 0,15) + (C5 × 0,10) + (C6 × 0,10)
= (6,00 × 0,25) + (7,00 × 0,20) + (3,90 × 0,20) + (3,50 × 0,15) + (3,50 × 0,10) + (4,00 × 0,10)
= 1,500 + 1,400 + 0,780 + 0,525 + 0,350 + 0,400
= 4,955 ≈ 4,96/10
4,96/10 — MEDIOCRE 🟠 (PREOCUPANTE). Al ser la calificación inferior a 6,9, se activa el análisis del Prevaricato por Omisión del artículo 414 del Código Penal.
Prevaricato por Omisión: las omisiones documentadas
El artículo 414 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 54 de la Ley 1474 de 2011, sanciona al «servidor público que omita, retarde o no ejecute acto propio de su cargo» con prisión de dos a cuatro años, multa e inhabilidad (texto vigente consultado vía Secretaría del Senado, agosto de 2026).
| Elemento | Contenido normativo | Aplicación al caso (hechos documentados) |
|---|---|---|
| Sujeto activo | Servidor público | El alcalde Ariel Salazar Sarco, máxima autoridad del municipio y ordenador del gasto |
| Conducta | Omitir, retardar o no ejecutar | No publicar el Plan de Desarrollo 2024-2027 ni informes de gestión; no cargar la contratación al SECOP; no actualizar los reportes de regalías al CHIP durante 13 cortes consecutivos |
| Objeto | Acto propio del cargo | Deberes de publicidad y reporte de las leyes 152 de 1994, 1712 de 2014, 80 de 1993, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y la Directiva 001 de 2015 de CCE |
| Elemento subjetivo | Dolo | La persistencia de las omisiones durante dos vigencias completas descarta el error aislado: el portal lleva más de dos años sin un solo documento nuevo |
| Resultado normativo | Incumplimiento del deber funcional | Un IDI de 25,74 en 2024 (último quintil), seguimiento ciudadano imposibilitado, Contraloría y Procuraduría operando sobre reportes congelados |
El análisis de omisiones por frentes:
- Omisión de control: el desplome del IDI a 25,74 en 2024, con nueve subíndices en cero, evidencia un año sin gestión de las políticas mínimas de funcionamiento estatal que el propio DAFP mide.
- Omisión en garantía de derechos: agua, salud y educación con retroceso o estancamiento documentado pese a transferencias SGP crecientes ($36.287 millones en 2025 entre propósito general, salud, agua y educación).
- Omisión de supervisión contractual: la total invisibilidad de la contratación municipal en SECOP impide verificar supervisión alguna; lo que no se publica no se puede vigilar.
- Omisión de planeación plurianual: un Plan de Desarrollo no publicado es, a efectos ciudadanos, un plan que no existe; la vía de Salvijo cumple nueve años al 14% sin que la planeación municipal la destrabe.
Los datos sugieren que podría configurarse un patrón de incumplimiento de deberes funcionales. Este análisis no acusa: corresponde a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía determinar si los indicios reunidos justifican la apertura de investigación, y a la Contraloría revisar la calidad y oportunidad de los reportes fiscales del municipio. Se hace bajo presunción de inocencia y con base exclusiva en información pública.
Conclusiones
Lo que la administración hizo bien. Duplicó los ingresos tributarios propios y redujo la dependencia de transferencias de 90,1% a 85,1%. Mantuvo la inversión por encima del 80% del gasto en ambas vigencias, con funcionamiento contenido. Logró, según el informe oficial del DAFP, un rebote del IDI de 25,74 a 80,62 en un solo año. Y su nombre no aparece asociado a escándalos de corrupción, un piso ético que en la historia reciente del municipio no puede darse por descontado.
Lo que no hizo o hizo mal. Gobierna sin publicar: ni el Plan de Desarrollo, ni informes de gestión, ni un solo contrato en el SECOP, ni un documento nuevo en el portal desde 2024. Reporta las regalías con cifras congeladas desde hace tres años y medio. Contrajo en 2025 una deuda de $4.517 millones sin transparencia sobre su origen y destino. Y la realidad territorial no mejora: 90,6% de pobreza multidimensional, calamidades invernales anuales sobre las mismas familias, colegios destruidos, confinamiento masivo y una vía de 30 kilómetros que lleva nueve años al 14%.
Calificación final: 4,96/10 — MEDIOCRE 🟠 (PREOCUPANTE).
¿Gobernar es solo no robar, o es también cumplir? En el Alto Baudó la pregunta tiene una vuelta más: gobernar también es dejarse ver. Una alcaldía que ejecuta plata y no publica nada le está negando a su gente el primer derecho de la democracia local: saber. La ciudadanía del Baudó, sus consejos comunitarios y sus cabildos indígenas tienen en este artículo los datos y las fuentes para exigir cuentas. La vigilancia ciudadana no necesita permiso: necesita información. Aquí está.
La corrupción no solo se denuncia, se disecciona.
Fuentes y fecha de corte
- CUIPO-CHIP, OVCF Ejecución de Ingresos (dataset 9axr-9gnb) y Ejecución de Gastos (4f7r-epif), entidad 212527025, cortes DIC-2024, DIC-2025 y MAR-2026. Consulta: 4 de agosto de 2026.
- SGR, OVCF Ejecución de Ingresos (28y9-jj6s) y Gastos (qkv4-ek54), misma entidad, 15 cortes 2021-2026. Consulta: 4 de agosto de 2026.
- DNP, Banco de Proyectos SGR (mzgh-shtp), ejecutor 27025. Consulta: 4 de agosto de 2026.
- FURAG-DAFP, dataset daed-z4fw (vigencias 2022-2024) e informe oficial de resultados vigencia 2025 (anexo). Consulta: 4 de agosto de 2026.
- SECOP II (jbjy-vk9h) y SECOP I (f789-7hwg), verificación por nombre de entidad; contratación territorial de la Gobernación del Chocó (NIT 891.680.010). Consulta: 4 de agosto de 2026.
- DNP, Municipios PDET (idrk-ba8y). Consulta: 4 de agosto de 2026.
- DANE, proyecciones de población e IPM 2022 (vía Wikipedia y Chocó 7 días, 10 de abril de 2024).
- Prensa: Chocó 7 días (30-oct-2023, 10-abr-2024), Caracol Radio (13-nov-2024), Infobae (16-mar-2024, 2-nov-2025), El Tiempo (17-mar-2024), Radio Nacional (14-mar-2024), Defensoría del Pueblo (24-oct-2024), Revista Semana (23-mar-2023, 16-feb-2026), El Colombiano (23-mar-2023), Proclama del Pacífico (1-jul-2026), Ejército Nacional (10-jul-2026), Procuraduría General de la Nación (21-nov-2025).
- Portal municipal altobaudo-choco.gov.co (API pública de contenidos; última actualización documental 2023). Consulta: 4 de agosto de 2026.
Fecha de corte de la evaluación: 4 de agosto de 2026.
Nota de verificación: la cifra IDI 80,62 vigencia 2025 proviene del informe oficial de resultados del DAFP (anexo aportado por el equipo editorial); el dataset abierto de datos.gov.co llega hasta la vigencia 2024. El NIT de la alcaldía no pudo verificarse en fuentes abiertas; la ausencia en SECOP se verificó por variantes del nombre de la entidad en ambas plataformas. Las cifras SGR se reportan tal como el municipio las carga al CHIP; su congelamiento sugiere reportes desactualizados, no necesariamente ausencia de ejecución real.
Artículo elaborado con la metodología de calificación forense de corrupcionaldia.com.
