El rector que quiso reescribir las reglas para no soltar la Universidad de Pamplona

«La corrupción no solo se denuncia, se disecciona.»

El Consejo de Estado anuló en firme la tercera reelección de Ivaldo Torres Chávez. Detrás del fallo, un manual de cómo una institución pública termina administrada como una hacienda privada.

El fallo y el hombre que no quiso soltar el cargo

Nos encontramos en el municipio de Pamplona, Norte de Santander, la ciudad mirador donde funciona una de las universidades públicas más antiguas y respetadas del nororiente colombiano. Aquí, más allá de los titulares que anuncian un cambio de rector, hay una historia que conviene diseccionar despacio, porque explica cómo el poder aprende a durar. El 3 de julio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección de Ivaldo Torres Chávez como rector de la Universidad de Pamplona para el periodo 2025-2028. No fue una opinión ni una queja de redes sociales. Fue una sentencia en firme, sin recurso posible, que revocó lo decidido en primera instancia y dejó al descubierto algo más grave que una silla mal adjudicada: un estatuto reformado a la medida de quien lo iba a usar. Esto no es solo información. Es la anatomía de un mecanismo.

Ivaldo Torres Chávez no llegó ayer. Es ingeniero electrónico formado en la propia Universidad de Pamplona, con maestría y doctorado obtenidos en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, y un currículo académico que nadie discute. Ocupó la rectoría desde 2017. La cumplió, la repitió y, cuando el reloj estatutario marcaba el final, decidió que ocho años eran pocos. El Estatuto General de la institución era claro en un punto incómodo para sus aspiraciones: permitía la reelección del rector por una sola vez. Torres ya había sido reelegido. El tercer periodo consecutivo, el que iba de 2025 a 2028, chocaba de frente con esa norma. Ante un obstáculo así hay dos caminos. Uno es aceptar la regla. El otro es cambiarla sin que se note demasiado. En Pamplona se tomó el segundo.

Anatomía de la maniobra: cómo se armó la reelección

Aquí empieza el mecanismo, y conviene mirarlo de cerca porque se repite en media Colombia. El Consejo Superior Universitario designó a Torres para el tercer periodo mediante el Acuerdo 051 del 4 de diciembre de 2024. Para llegar a esa designación se activaron piezas internas que, vistas por separado, parecen trámites, y vistas en conjunto, forman una máquina. La primera pieza fue la Comisión Verificadora de Requisitos, la instancia que decidía quién quedaba habilitado para competir. Esa comisión estuvo integrada por el secretario general, el director de la Oficina Jurídica y el director de Gestión de Talento Humano. Los tres compartían una característica: eran subordinados directos del rector que aspiraba a reelegirse. El evaluador dependía del evaluado. Juez y parte, en la misma sala, con el mismo jefe.

La segunda pieza fue una consulta a estudiantes, docentes y egresados, presentada como respaldo democrático. Suena bien hasta que se lee el estatuto, donde esa consulta no aparece por ninguna parte. Se incluyó de manera irregular en el cronograma electoral, se corrió en una plataforma sin auditorías externas y, según los denunciantes, con vulnerabilidades que permitían manipular resultados. El 20 de octubre los estudiantes votaron masivamente por Torres, y ese entusiasmo se exhibió después como prueba de legitimidad. Conviene subrayarlo sin sarcasmo, porque el sarcasmo aquí sobra: una consulta que no está en las reglas no legitima nada, por más votos que reúna. Legitima la sensación, no el derecho.

La tercera pieza es la más fina, la que revela el diseño. Para sostener jurídicamente la aspiración se apoyaron en normas internas: el literal b) del artículo 27 del Acuerdo 027 de 2002 y disposiciones de los Acuerdos 031 y 043 de 2024. Es decir, mientras el rector jugaba la partida, la institución afinaba las reglas que él necesitaba para ganarla. El Consejo de Estado no se dejó. La Sección Quinta declaró la nulidad del Acuerdo 051, revocó la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander que había avalado el proceso, e inaplicó por inconstitucionales aquellas normas internas. En lenguaje llano: los peldaños construidos para subir al tercer periodo eran ilegales, y el tribunal los serruchó uno por uno. La decisión quedó en firme. No procede recurso.

Detén aquí la lectura un segundo y observa el patrón, porque es el corazón del asunto. Ninguna de las tres piezas grita corrupción. Cada una viste el uniforme del procedimiento. Una comisión que verifica. Una consulta que participa. Unos acuerdos que reglamentan. Ese es el mecanismo invisible en su forma más pura: el abuso no se esconde en la sombra, se disfraza de trámite y se sienta en la mesa principal con corbata. Y es también un ciclo, porque lo que se anuló en Pamplona no fue un hecho aislado sino un método de permanencia ya ensayado dos veces que pretendía perpetuarse una tercera. El poder que aprende a durar no rompe las reglas. Las redacta.

La ironía y quiénes resistieron en los estrados

La ironía tiene sabor amargo. La Universidad de Pamplona no es una institución cualquiera. Durante años ha prestado al Estado colombiano el soporte tecnológico para el examen del ICFES, ha administrado concursos de méritos para entidades como la propia Contraloría General de la República y ha sido sinónimo de rigor evaluativo en el nororiente del país. La casa que le mide el mérito a media Colombia terminó con su propia puerta de entrada bajo sospecha y con su máxima autoridad reelegida por una comisión de empleados suyos. El que examina a los demás no se examinó a sí mismo.

Conviene poner nombres, porque las estructuras se sostienen sobre personas concretas. Del lado que empujó la máquina estuvo el Consejo Superior Universitario que firmó el Acuerdo 051. Del lado que la frenó estuvieron ciudadanos y veedores que llevaron el caso a los estrados: Martín Alberto Santos Díaz, César Augusto Parra Méndez, Javier Alberto Manrique Caballero y Yoad Ernesto Pérez Becerra, entre otros. Antes, cuando el proceso apenas arrancaba, aspirantes como Óscar Fabián Cristancho Fuentes habían presentado tutelas denunciando que las cuatro personas de la lista de elegibles habían sido nombradas por el propio rector, y que las recusaciones fueron rechazadas. Un juez ordenó frenar el proceso como medida cautelar. La orden, según los denunciantes, no se cumplió, y la consulta avanzó igual.

Hay un detalle que merece párrafo propio, porque dibuja el tamaño de la telaraña. Las tutelas de los aspirantes cayeron en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pamplona, que las declaró improcedentes. La jueza que tomó esa decisión tenía una relación laboral previa con la universidad. En una ciudad universitaria pequeña, donde el alma mater es el mayor empleador y el mayor referente, esa cercanía no es un detalle menor: es la explicación de por qué la primera línea de defensa institucional falló, y por qué el caso tuvo que subir hasta Bogotá para encontrar un tribunal sin deudas con el investigado. La captura, diría un profesor de derecho administrativo, no siempre necesita sobornos. A veces le basta con la geografía.

El contrato de 151.000 millones y la sombra en Medicina

Mientras el pulso por la rectoría se libraba en los estrados, la administración de Torres cargaba con un expediente que va mucho más allá de una silla. El más voluminoso lleva número: el Contrato Interadministrativo 1840 de 2022, suscrito entre el Ministerio del Interior y la Universidad de Pamplona por un valor del orden de 151.000 millones de pesos, destinado a proyectos productivos de comunidades indígenas. El contrato se firmó el 8 de agosto de 2022, a pocos días de que terminara el gobierno anterior, mediante contratación directa, sin licitación, y se publicó en el SECOP en apenas veinticuatro horas. Cinco meses de plazo inicial para ejecutar una cifra de esa magnitud. Se prorrogó dos veces, hasta diciembre de 2023. Y a más de un año de firmado, las comunidades beneficiarias no habían recibido la totalidad de los proyectos prometidos.

La Contraloría General de la República no se quedó callada. Emitió una advertencia especial dirigida al Ministerio del Interior y a la Universidad de Pamplona, señalando falencias sustanciales en la planeación y la ejecución, un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos y algo de fondo: esa modalidad de contratación implicaba delegar en un tercero funciones misionales del propio Ministerio, y no cumplía los requisitos de la contratación directa en Colombia. Hay que ser precisos con las palabras, porque de eso vive el periodismo serio. Una advertencia de la Contraloría no es una condena ni un fallo de responsabilidad fiscal. Es una alarma preventiva. Pero una alarma sobre 151.000 millones de pesos que debían llegar a comunidades indígenas y no llegaron completos no es un ruido de fondo. Es el sonido de recursos públicos en riesgo.

Traduzcamos esa cifra, porque los números grandes anestesian. Del orden de 151.000 millones de pesos es una suma con la que se financiarían miles de matrículas universitarias completas, decenas de acueductos veredales o varios hospitales de primer nivel en municipios que llevan décadas esperándolos. Esa es la aritmética de la oportunidad perdida. Cada proyecto indígena que no se ejecutó a tiempo es una comunidad que siguió esperando lo que ya estaba pagado. No es abstracto. Tiene rostro, tiene territorio y tiene fecha de vencimiento.

Y está el frente académico, que en una universidad debería ser sagrado. En los últimos años se instauraron denuncias ante la Procuraduría y la Contraloría contra Torres por presuntas irregularidades en el programa de Medicina, al admitir, según esas denuncias, a personas que no cumplían el requisito del puntaje del ICFES, aspirantes por debajo de los 300 puntos. Aquí toca frenar de nuevo y decirlo con todas las letras: son denuncias, están en investigación, y sobre ellas pesa la presunción de inocencia. Nada está probado en firme. Pero el solo hecho de que la puerta de entrada a una facultad de Medicina, la que forma a quienes tendrán vidas en sus manos, esté bajo sospecha, dice algo sobre el estado de las cosas. Cuando el mérito se vuelve negociable, el diploma deja de valer lo que dice valer.

Lo que explican los expertos

Aquí es donde el caso deja de ser una anécdota de Norte de Santander y se convierte en un espejo. El economista James Buchanan, premio Nobel, explicó que en toda comunidad libre las reglas del juego deben pactarse antes de jugar, no durante la partida y menos por quien va ganando. Cuando el jugador reescribe el reglamento a su favor mientras compite, el orden deja de ser legítimo aunque conserve la forma de la ley. Eso fue, exactamente, lo que ocurrió en Pamplona. Los acuerdos internos que el Consejo de Estado inaplicó no cayeron del cielo: fueron el reglamento hecho a la medida del que ya estaba adentro. La institución dejó de ser un espacio de reglas comunes para volverse un tablero con las casillas movidas.

El profesor Alejandro Nieto, en El desgobierno de lo público, describió cómo el Estado degenera cuando es capturado por una clase que deja de servir al interés general para servirse a sí misma. La Comisión Verificadora integrada por subordinados del rector, la jueza con vínculos previos con la universidad, la consulta sin sustento estatutario: cada pieza es un ejemplo de manual de captura institucional. No hacía falta un maletín de billetes. Bastaba con que quienes debían controlar dependieran de quien debían controlar. Ese es el desgobierno de lo público en su versión universitaria: una autonomía que, mal entendida, se convierte en feudo donde el rector nombra a quienes lo verifican, y los verificados lo verifican de vuelta.

Y cuando la denuncia llegó, apareció la última capa del sistema, la comunicacional. La institución respondió, en su momento, con comunicados que defendían el buen nombre del rector y pedían a las autoridades investigar a quienes difundían señalamientos en redes. La operación es vieja y eficaz, y tiene nombre técnico: la ley de Brandolini, o principio de asimetría. Producir la narrativa oficial cuesta un comunicado. Refutarla con documentos, sentencias y cifras cuesta meses de trabajo, abogados y veedurías que arriesgan su tranquilidad. El poder lo sabe y por eso inunda el terreno de ruido: no necesita convencer, le basta con cansar. Contra ese cansancio, el único antídoto es el dato verificado y la sentencia en firme. En este caso, los tuvo.

El relevo y la pregunta que queda abierta

Tras la presión de estudiantes, docentes y veedurías, y con la decisión del Consejo de Estado en la mano, el Consejo Superior designó a Laura Patricia Villamizar Carrillo como nueva rectora. Ingeniera de sistemas, doctora en Tecnología Educativa, pamplonesa, con décadas en la institución donde fue vicerrectora académica. El relevo es una buena noticia, pero no cierra la herida. Lo que quedó anulado fue una elección; lo que sigue abierto es la pregunta de fondo. Una universidad pública no es la finca de su administrador. Es un contrato entre generaciones: los que pagan impuestos hoy para que otros estudien mañana. Cuando ese contrato se reescribe en la oficina del rector, con la firma de sus propios subordinados, lo que se rompe no es un artículo del estatuto. Es la confianza. Y la confianza no se reforma con una firma. La pregunta no es si las reglas se torcieron. Es cuántas veces más vamos a esperar hasta Bogotá para que alguien las enderece.

Índice forense adaptado

Advertencia metodológica. La metodología forense de corrupcionaldia.com fue diseñada para alcaldes municipales, con insumos financieros de un municipio (SGR, CHIP, CUIPO, SECOP, Terridata, FURAG), que una rectoría no genera. Para este caso no se dispuso de datos presupuestales ni académicos de la universidad. El índice adaptado no califica la gestión académica integral, sino la legalidad de la permanencia, la transparencia del proceso electoral y el riesgo en el control fiscal e integridad, con base en hechos verificados.

Índice global adaptado: 3.1 / 10 (Deficiente). El puntaje está dominado por lo único que hoy es definitivo: la ilegalidad de la permanencia, declarada en firme. Los componentes de contratación e integridad académica se mantienen en zona de alerta, no de condena, porque corresponden a advertencias e investigaciones abiertas sujetas a presunción de inocencia.

Sobre el Prevaricato por Omisión (Art. 414 C.P.). La skill forense lo activa cuando la calificación baja de 4.0, pero en esta matriz fáctica no aplica: no hay omisión de un acto propio del cargo. Lo firme es una nulidad electoral. Los marcos pertinentes son la autonomía universitaria y sus límites (Ley 30 de 1992), el régimen de inhabilidades y conflicto de interés, y las competencias de Procuraduría, Contraloría y Fiscalía.

Taxonomía de precisión legal

Tres enfoques expertos debaten

Buchanan (economía constitucional): El problema no es que Torres quisiera seguir, sino que las reglas que se lo permitían se escribieron cuando él ya estaba adentro. Cuando el jugador redacta las reglas de su propia reelección, la institución deja de tener reglas y pasa a tener un dueño.

Nieto (desgobierno de lo público): Una comisión de subordinados verificando a su jefe no es un descuido, es captura. La autonomía universitaria, que existe para blindar la academia del poder político, se invirtió y sirvió para blindar al rector del control.

Brandolini (asimetría de la desinformación): Es más barato emitir un comunicado que refutar un expediente. La versión conveniente circula en un tuit; la verdad necesitó una sentencia del Consejo de Estado que tardó desde 2024. El periodismo anticorrupción no compite en volumen, compite en firmeza probatoria.

Síntesis: el caso Unipamplona no se explica por la ambición de un hombre, sino por un diseño institucional que premia la permanencia y castiga el control. Se anuló una elección. Falta blindar el estatuto.

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