OHL ha sido catalogada como una segunda Odebrecht
Multada en España, investigada en México y sancionada en Colombia
El pasado 24 de julio el gobierno colombiano decidió liquidar de manera unilateral el contrato de concesión de obras del Aeropuerto del Café en Palestina (Caldas), con la firma española OHL, y que tenía un valor de $531 mil millones de pesos.
A la compañía le habían impuesto cinco multas en total: en noviembre del 2021, por no presentar el cronograma de la obra, la multa fue de $1.834 millones. Por incumplir la fecha de entrega del hito 2, prevista para el 28 de marzo, le aplicaron una cláusula penal pecuniaria por $28 mil 19 millones 744 mil 805. En el momento la medida está bajo estudio de la fiduciaria. Otra por incumplimiento por no contar con toda la maquinaria para ejecutar las obras. Son unas 40 volquetas, pero normalmente operan 30 o 35, esta multa fue por $7 mil 55 millones 436 mil 521, la cual está en trámite y estudio.
El tema está ahora en un tribunal de arbitramento y de quedar en pie, cinco multas, la empresa quedaría inhabilitada para seguir operando en el país..
Sin embargo, a pesar de las evidencias que finalizaron con la liquidación del mencionado contrato adjudicado a la firma española en marzo del 2021, el Gobierno decidió adjudicarle los primeros días de marzo de este año, una nueva vía de quinta generación (5G), que será clave para la movilidad en Bogotá.
Se trata del megaproyecto Accesos Norte 2, con el cual se mejorarán los ingresos y salidas a la capital del país, y que contempla obras de ampliación de la Autopista Norte y la Carrera Séptima.
La ganadora del proceso fue la concesión Estructura Plural Bogotá Norte, conformada por la filial en Colombia de la española Obrascon Huarte (OHLA) y Termotécnica Coindustrial. Su oferta económica fue de $1,42 billones.
Inexplicable que en medio del escándalo que ya había por el incumplimiento de los trabajos en el aeropuerto del café, el propio gobierno de Iván Duque termine adjudicándole semejante bicoca de más de un billón de pesos a la cuestionada empresa europea.
Si por acá llueve, por México y España no escampa
Y no es solo en nuestro país, sino en otras latitudes donde OHL enfrenta problemas e investigaciones por las mismas razones.
En México, la filial española hace frente a una tormenta que se desató al destaparse en el 2015, actuaciones corruptas en las que incurrieron para quedarse con millonarios contratos de obras.
Todo se remonta a cuando Enrique Peña Nieto siendo gobernador del Estado de México, entre 2006 y 2011, decide sacar adelante las obras de construcción del Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario. En ambas contrataciones participó la empresa española OHL, la cual junto al PRI son señalados por corrupción y financiamiento ilegal.
El escándalo de OHL y el PRI estalló hasta el 2015, cuando iba en la mitad de su mandato como Presidente de México, Peña Nieto.
Una serie de nueve grabaciones involucraron a funcionarios de OHL, tales como Pablo Wallentin y José Luis Muñoz, en un esquema para aumentar el peaje del Viaducto Bicentenario, obra autorizada durante el gobierno de Peña Nieto en Edomex.
OHL y el entonces partido en el poder también fueron señalados por fraude y malversar 90 mil millones de pesos del erario mexiquense, ya que la obra del Circuito Exterior Mexiquense se pagó a sobrecosto y terminó costando 63 mil 200 millones de pesos, en lugar de lo 5 mil 600 millones de pesos del proyecto original. Esta deuda se cobraría al Edomex y de ahí el inusitado aumento en las tarifas de peaje.
No todo terminó ahí. A OHL también se le acusó por financiar con 4 mil millones de pesos las campañas del PRI, esto gracias a una serie de acuerdos y todo un esquema de corrupción que se inició con la construcción de dichas obras en el Estado de México. Dichas pruebas fueron presentadas por el ahora senador Emilio Álvarez Icaza.
Inclusive, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, fue señalado por participar en el esquema de ‘favores’ entre OHL y el PRI, ya que supuestamente le pagaron la estadía en el hotel Fairmont Mayakoba, durante unas vacaciones que el funcionario hizo a la Riviera Maya.
Desde el inicio del mandato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), los organismos de justicia, entre ellos la Fiscalía mexicana, han investigado a los funcionarios ligados al caso OHL, entre los que destaca Ruiz Esparza y Peña Nieto; no obstante, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes falleció en abril de 2020.
Entre las investigaciones que ha hecho la FGR se encuentra una contra Emilio Lozoya, extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex) y también relacionado al caso Odebrecht, ya que la empresa española hizo 22 transferencias a Tochos, una compañía ‘fantasma’ hecha por el exfuncionario mexicano.
En julio de 2021, OHL cambio de nombre a OHLA, debido a la llegada de nuevos accionistas a dicho grupo. Alfredo del Mazo, actual gobernador del Estado de México, se comprometió a revisar los contratos con OHL, pese a que su campaña fue señalada por financiamiento ilícito de parte de dicha compañía.
Enrique Peña Nieto, expresidente investigado
Al día de hoy, el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto está siendo investigado por la Fiscalía General del país por tres casos de corrupción y que involucran a la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral como patrimoniales.
Además del caso de OHL, una investigación está relacionada con la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno, que en julio pasado reveló transferencias irregulares de más de 26 millones de pesos (unos 1,25 millones de dólares) entre 2019 y 2021 a cuentas de Peña Nieto. Y otra tiene que ver con enriquecimiento ilícito.
Sobre esta cuestión, el actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha negado que la investigación sea una «venganza» contra su predecesor, que rigió México entre 2012 y 2018.
Pero lo más llamativo en el tema de Peña Nieto, es que reside en España desde que dejó la presidencia.
Habrá que ver si en Colombia se abre una investigación de tal envergadura contra la firma española.
Todo nació en España
Volviendo a España, OHL está envuelta en un escándalo de similares proporciones, y cuyas investigaciones avanzan con la solicitud de la Fiscalía de poner tras las rejas a varios ex funcionarios de la Comunidad de Madrid.
Los hechos se remontan a los años 2006 y 2007.
Resumiendo, han pasado casi 15 años desde que OHL ganó el concurso de 360 millones de euros para unir con un tren Móstoles y Navalcarnero (Comunidad de Madrid). Ni uno solo ha circulado desde entonces. Las obras se paralizaron en 2010, por falta de financiación de la concesionaria y con 8 de los 14,4 kilómetros del proyecto ya ejecutados, según datos del Gobierno regional.
Desde entonces, la Comunidad y la constructora pleitean en los tribunales para dirimir de quién era la culpa de los “cambios en el proyecto” y la financiación.
En diciembre, de ese 2010, el Consejo de Gobierno de Madrid aún así, aprobó pagarle a OHL 162 millones más de euros.
Las investigaciones revelaron luego que las cuentas de OHL en el Banco Santander de México (¿coincidencia?) esconden el rastro de los 2,5 millones de dólares que presuntamente abonó la constructora en 2007 al entonces vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la adjudicación de la línea de tren de cercanías Móstoles-Navalcarnero. La compañía envió los fondos desde España a dos filiales mexicanas y después los transfirió desde ahí a un depósito en Suiza de la mercantil panameña Lauryn Group Inc., administrada por el empresario Adrián de la Joya, que debía encargarse de efectuar el pago final del supuesto soborno al dirigente del Partido Popular.
González, De la Joya y los exconsejeros de OHL Javier López Madrid y Rafael Martínez Nicolás se encuentran procesados desde el pasado verano por estos hechos, tras cinco años de investigación en la Audiencia Nacional en el marco de la pieza separada número 3 de la llamada operación Lezo.
Los dineros que viajaron de España, a México y Suiza
Los movimientos ocurrieron en apenas una semana y tuvieron lugar solo un mes después de que el Consejo de Gobierno de Esperanza Aguirre aprobara la adjudicación de la línea de cercanías a la constructora que entonces presidía Juan Miguel Villar Mir. En concreto, la decisión del Ejecutivo madrileño se produjo el 11 de octubre de 2007 y el dinero de OHL presuntamente destinado a Ignacio González llegó a México el 23 de noviembre de ese mismo año.
La cuenta de la mercantil Obrascón Huarte Laín SA de CV en el Banco Santander México, con numeración 65-50035805-8, contaba con una aportación de 12.604.000 pesos mexicanos, que en ese momento equivalían a 1.147.030 dólares (772.463 euros). Ese mismo 23 de noviembre, la cuenta de una segunda filial de OHL, Constructora de Proyectos Viales de México Co. SA de CV, recibió en un depósito del mismo banco, con numeración 65-50167269-2, otros 14.796.000 pesos, al cambio, 1.346.510 dólares (906.804 euros).
La llegada del dinero quedó anotada en ambas cuentas usando la fórmula “abono por traspaso de cuenta”, sin especificar el origen exacto de los fondos ni las razones que motivaban el movimiento. La suma de ambos importes arroja un resultado total de 2.493.060 dólares, una cantidad casi idéntica a los 2,5 millones de dólares de comisión que supuestamente pactó OHL con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Según las investigaciones, el 30 de noviembre de 2007, se efectuó una retirada de la cuenta de Obrascón Huarte Laín SA de 16.360.500 pesos o 1.496.210 dólares (1.011.540 euros). También ese mismo día, fueron extraídos otros 10.970.000 pesos, 997.417 dólares al cambio (674.359 euros), de la cuenta de Constructora de Proyectos Viales de México Co. SA de CV. La salida del dinero quedó apuntada en los depósitos con la frase “cargo por traspaso de cuenta”, sin ofrecer nuevamente más información.
Estas dos retiradas sumaron casualmente 2.493.627 dólares, una cantidad cercana igualmente a los 2,5 millones del presunto soborno por el cercanías de Navalcarnero y casi idéntica a la que había sido ingresada en las mismas cuentas solo una semana antes, aunque los cerebros de la operación jugaron con la distribución de los fondos (Constructora de Proyecto Viales recibió más dinero de España, pero OHL México aportó más al soborno) para tratar de ocultar aún más el supuesto cohecho.
En resumen, la constructora OHL, con más de 100 años de operación y uno de los seis mayores grupos empresariales del sector en España, utilizó el mismo “modus operandi” que la ya famosa firma brasilera Odebrecht, y quien sabe cuántas más, para quedarse con millonarios contratos en diferentes países del mundo.
eldiario.es de España explicó que el 27 de febrero de 2018, «los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron el domicilio de Paulino Hernández Ros y encontraron 21 archivos de audio grabados por el propio exdirectivo de OHL y en los que aparece él conversando con otros responsables de la empresa participada mayoritariamente por el Grupo de Juan Miguel Villar Mir. Las conversaciones fueron grabadas entre 2006 y 2009«.
Las noticias más recientes, el pasado mes de julio, sobre la compañía en el país ibérico, revelan que fue multada, junto a otros grandes emporios, entre ellos Sacyr, que también hace presencia en Colombia, por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La entidad les impuso una multa histórica a las principales constructoras españolas por, presuntamente, alterar contratos públicos y licitaciones durante 25 años mediante la creación de un “grupo” coordinado para compartir información. Y ahora se conoce la sanción, más de 200 millones de euros, aunque compañías como Acciona, OHL o Sacyr han pedido tener en consideración el impacto del Covid
En Colombia, ninguna investigación
Y entonces los lectores se preguntarán: ¿cómo el Gobierno colombiano, conocedor de estos antecedentes, porque han sido suficiente y ampliamente ventilados en medios de comunicación tanto españoles como mexicanos, sigue contratando con la cuestionada firma española?. ¿Será que la corrupta compañía presume que en nuestro país la justicia no actúa tan eficazmente como en otras latitudes y no tiene de qué preocuparse?
Pues parece que sí, porque a la fecha, ha conseguido hacerse desde la pasada década con varias licitaciones de considerables montos.
Todo comenzó en 2010 con la Hidroeléctrica El Quimbo, el megaproyecto en el departamento del Huila que Álvaro Uribe promocionó con bombos y platillos durante su gobierno y adjudicó en 2008, se convirtió en la puerta de entrada de la constructora Obrascon Huarte Lain (OHL) a Colombia. El megaproyecto de energía fue entregado a Emgesa, empresa controlada por los españoles de Enel, que a su vez buscaron a OHL para que se encargara de las principales obras civiles de la hidroeléctrica.
Desde entonces OHL se ha abierto camino en el país en donde los proyectos de infraestructura son ferozmente peleados por los millonarios recursos que el Estado entrega constantemente. En 2015, además, el Invías adjudicó a la constructora la Vía Málaga-Los Curos (Santander), por US$26 millones y el proyecto Parques del Río (Medellín), por US$48 millones. Y en 2017, OHL anunció la construcción de una planta de producción de cemento para Ecocementos en una licitación de US$238 millones.
Mientras esto ocurría en nuestro país, en el 2014 un tribunal de España abrió la investigación contra la cúpula de la constructora por presuntos sobornos a funcionarios públicos españoles a cambio de adjudicaciones. Juan Miguel Villa Mir, quien para esa época era el presidente del Grupo Villa Mir sociedad matriz de Obrascón Huarte Lain (OHL), se le indició por prevaricato, malversación, fraude en contratación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y corrupción.
Pero, como el que es corrupto no pierde la maña, uno de los primeros “fracasos” de la española OHL en Colombia fue el de la 4G Autopista Río Magdalena, la cual se la ganó por licitación en 2014. Poco tiempo después la compañía vendió el derecho de concesión al poderoso fondo de inversión australiano, IFM. Se mantuvo el contrato de ejecución de obra con OHL, pero el asunto se complicó cuando se presentaron retrasos en las obras por cuenta de la firma española. El tema terminó mal y la filial australiana terminó ejerciendo el control total de la concesión.
En el 2019, OHL, quizás huyendo de los escándalos, y acudiendo a los malabares jurídicos que le permite la laxa reglamentación de Colombia frente a estos temas empresariales, renueva su figura jurídica en Colombia con una nueva filial recién fundada. Según la Agencia de Periodismo Investigativo, el 26 de junio de ese año dos colombianos, “Carlos Javier Morales Castro y Katherine Henao Montoya con poder en mano, dieron vida jurídica a OHL Construcciones”. Se trata de una nueva filial cuyo único socio es Obrascón Huarte Lain Construcción Internacional S.L domiciliada en Madrid España, una de las tres empresas socias que se fusionaron en los años para crear el emporio OHL.
Dicha filial se estrenó con una licitación con Ecopetrol por 124 mil millones de pesos para la construcción del acueducto de Cúcuta, pocos meses después de ser habilitada ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Los gerentes nombrados en el documento privado de constitución de empresa fueron Álvaro Manchado Mayayo y José María Pérez Lasheras, ambos ciudadanos españoles. La empresa es objeto de señalamientos e investigaciones en España por el denominado caso Lezo.
El brazo empresarial de Obrascón Huarte Lain, otra empresa socia, recibió, luego de declarar desierto un proceso de selección simplificada en mayo de 2020, la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, la adjudicación de la construcción del Museo de Memoria Histórica a dicha empresa que deberá edificar 14.139 metros cuadrados con un costo de $64.281 millones. Los mismos dueños, con diferentes caras y nombres pues de esta otra compañía, Perez Lashera también figura como Representante Legal.
El 10 de agosto del 2021, se informó a la Cámara de Comercio de Bogotá que Obrascón Huarte Lain S.A., ejercía como casa matriz o controlante de Obrascón Huarte Lain SA sucursal Colombia, OHL Colombia SAS, Construcciones Colombianas OHL SAS y las dos empresas que conformaron un consorcio y se quedaron con el viaducto OHL Infraestructura SAS y Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania SA, así lo hizo saber el representante de la casa matriz José Pont Pérez.
Por su parte, el grupo español OHL global fue la que logró la adjudicación para construir la primera fase del Aeropuerto del Café.
Pero también está el megaproyecto viaducto de 750 metros de longitud en el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio, que durante décadas ha sido el tormento de los viajeros y del propio Sarmiento Angulo, que controla la concesión de la carretera a través de Coviandina, por los constantes derrumbes. El pasado 28 de septiembre el Consorcio Vial de Oriente se ganó la licitación que le adjudicó el INVIAS por $119.000 millones.
Según revela el portal Las 2Orillas, OHL es quien controla por completo el consorcio, pues aunque este está integrado por OHL Infraestructura SAS y Agrupación Guinovart Obras y Servicios SAS, con una participación del 50% cada una, esta segunda empresa fue creada en 2013 como sucursal de la sociedad extranjera con el mismo nombre y domiciliada en Barcelona, España. Según la Agencia de Periodismo Independiente, el registro mercantil de Barcelona muestra que uno de los administradores de la sociedad es Obrascón Huarte Lain S.A.
En el caso de la construcción del Museo de la Memoria, la Unidad Investigativa de El Tiempo, estableció que en la construcción del edificio también hay atrasos reiterados del contratista e imposición de multas, al igual que en el contrato del Aeropuerto del Café.
“En enero pasado, se impuso una primera multa a OHL, por 642 millones de pesos, por no ejecución de obras de acueducto y alcantarillado, retrasos en la ejecución de los elementos estructurales de nivel sótano y ejecución de la primera placa del entrepiso”, señala el informe del periódico capitalino.
En ese momento se advirtió que los retrasos de obra eran reiterativos y progresivos. Ahora, con corte al 27 de julio de 2022, el porcentaje de avance ejecutado del programa general de obra del edificio del Museo de Memoria Histórica es de 58,46 por ciento versus el 83,44 por ciento del programa.
Y agregaron que la primera multa aplicada por parte de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. como vocera y administradora del patrimonio autónomo al contratista OHLA tuvo como causa el retraso en la ejecución respecto al Programa General de Obra.
Y el pasado 22 de julio, la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. dio aplicación de una segunda multa, por el atraso entre el avance programado y el ejecutado correspondiente al capítulo estructura.
Y lo cierto es que, mientras las multas avanzaban por las obras del Aeropuerto del Café y del Museo de Memoria Histórica, OHLA se hacía con la megaobra junto a una socia colombiana, de la APP del Acceso Norte de Bogotá, con una inversión de 1,3 billones de pesos.
El trasegar de OHL en Colombia, parece que avanzará sin aparentes contratiempos por ahora, pues los organismos de control (a excepción de la Contraloría), y judiciales en nuestro país, no han iniciado ningún tipo de investigación en contra de la constructora. Así que como dijo el ciego: “amanecerá y veremos”.
